Decisión nº 1310 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 12 de Mayo de 2008
| Fecha de Resolución | 12 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central |
| Ponente | Jose Alberto Yanes Garcia |
| Procedimiento | Suspencion De Efecto |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL
Exp. N° 1486
SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 1310
Valencia, 12 de mayo de 2008
198º y 149º
El 22 de febrero de 2008, se le dió entrada en este tribunal al recurso contencioso tributario conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos interpuesto el 12 de febrero del presente año, ante este tribunal, por la ciudadana N.M.d.V., titular de la cédula de identidad N° V-1.377.338, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 122.180, actuando en su carácter de apoderada judicial de PROAGRO C.A., inscrita originalmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda el 07 de julio del 1977, bajo el N° 2, tomo 104-A Segundo y posteriormente en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el 29 de abril de 1996, bajo el N° 1, Tomo 45-A, domiciliada en el Edificio Protinal, Avenida E.M., diagonal al Estadio J.B.P., Valencia, estado Carabobo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° RL/2007-11-919 del 26 de noviembre de 2007, emanada de la Dirección de Hacienda Pública Municipal del Municipio Valencia, estado Carabobo, en la cual resolvió formular reparo fiscal, multa e intereses moratorios por la cantidad total de bolívares quinientos treinta y cinco millones setecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y nueve con setenta y nueve céntimos (Bs. 575.766.979,79) (BsF: 575.766,98).
El recurrente solicita la suspensión de los efectos de los actos administrativos recurridos. A tal efecto, corresponde en esta oportunidad conocer y decidir la solicitud de suspensión de efectos planteada atendiendo al contenido del artículo 263 del Código Orgánico Tributario, sin entrar a decidir sobre el fondo de la demanda, lo cual se deja para la definitiva.
I
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO
El apoderado judicial de la contribuyente solicitó se declare la suspensión de efectos de los actos administrativos recurridos atendiendo al contenido de la norma antes referida por la existencia del peligro de daño por mora (periculum in mora) y de la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), en tal sentido alegan: “...solicito, de conformidad con el artículo 263 de Código Orgánico Tributario de 2001, que se declare la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución objeto del presente Recurso Contencioso Tributario”.
…solicito que se tengan por automáticamente suspendidos los efectos del acto administrativo impugnado en lo que respecta a la pretensión sancionatoria de la Administración Tributaria Municipal y así se declare expresamente, sin necesidad de analizar los supuestos exigidos por el articulo 263 del código Orgánico Tributario del 2001
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II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR DE LA
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECURRIDO
En tal sentido, constata quien decide que del contenido de la norma prevista en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario se desprenden los supuestos de procedencia de dicha suspensión, los cuales se corresponden con la demostración de los graves perjuicios que podría causar al interesado la ejecución del acto impugnado (periculum in damni) y la apariencia de buen derecho evidenciada de los fundamentos de la impugnación (fumus boni iuris).
Analizando previamente el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, no basta la simple afirmación del interesado, pues haría la norma inútil, sino por el contrario el juez debe apreciar la existencia de un derecho que pueda ser verosímil. Constata este juzgador que el representante del contribuyente, además de insistir en la violación que produce el reparo de las competencias tributarias de los municipios, la improcedencia de los otros reparos y de los intereses moratorios; “En el caso que nos ocupa hay sobradas razones para considerar que mi representada esta asistida de una fuerte presunción de buen derecho, lo cual puede ser comprobado por el Tribunal a partir de la lectura integra de los alegatos invocados a lo largo del presente escrito recursorio.”
Es evidente, entonces, que mi representada posee fundamentos sólidos para discutir la determinación de oficio plasmada en la Resolución objeto del presente Recurso Contencioso Tributario, motivo por el cual existen elementos que permiten a este Tribunal apreciar que existe un apego a Derecho de la posición de mi reprensada versus la sostenida por la Administración Tributaria Municipal en el acto recurrido
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Sin embargo, para facilitar la consideración de los elementos que determinan la aparente razonabilidad de dichos alegatos, a continuación hacemos una síntesis de los que consideramos más relevantes:
- El falso supuesto de hecho en que incurrió la Administración Tributaria Municipal en relación a la naturaleza de las actividades desarrolladas por mi representada. En el presente caso, la Administración Tributaria Municipal pretender incluir dentro de la base imponible del impuesto a las Actividades Económicas, los ingresos obtenidos por mi representada por la cría de pollos y pollas reproductoras y pollos de engorde, su posterior beneficio y venta, todo ello bajo el argumento de que la crianza de los pollos no la realiza mi representada de forma directa y que su actividad se limita al beneficio de las aves y su posterior ventas para el consumo. A juicio de la Administración Tributaria Municipal, la actividad realizada por mi representada es una actividad comercial considerando erróneamente que PROAGRO solo realiza beneficio y venta de pollos, desconociendo el acto administrativo impugnado que en realidad su actividad es una actividad agropecuaria desarrollada en forma integral y vertical desde la propia incubación de los pollos, su nacimiento, crianza de los mismos pero que solo en algunos casos y además solo referida a una parte del proceso, esta crianza es desarrollada en forma conjunta a través de conveníos o asociación conjunta para la crianza de pollos con terceros(granjeros) que aportan infraestructura en esta asociación . (Negrilla de ellos)
El falso supuesto de derecho al pretender calificar como una actividad mercantil a la actividad de cría de pollos que desarrolla mi representada. De igual modo, alega mi representada el falso supuesto de derecho al pretender calificar como una actividad mercantil a actividades de beneficio y venta de pollo beneficiado, como eslabones o etapas finales de la actividad de integración vertical de la cría de pollos, que es necesario aducir en este escrito aun cuando mi representada no beneficia pollo y obtiene ingresos por la sola actividad de beneficio, sino que lo cría y procede a la venta de los pollos y pollitas que han nacido en sus instalaciones y que ha criado a través de su propio esfuerzo y, solo parcialmente en una de las etapas del proceso de cría, con la ayuda o esfuerzo mancomunado con otros granjeros como se explicará y desarrollara a través del presente escrito…
La improcedencia de los intereses moratorios liquidados mediante la Resolución recurrida, en virtud de la improcedencia del reparo.
La improcedencia de la multa impuesta a mí representada, en vista de la improcedencia del reparo.
La existencia de circunstancias eximentes de responsabilidad penal tributaria, al haber incurrido nuestra representada en un eventual error de derecho excusable…
Frente a tal afirmación y en virtud de los amplios poderes del juez contencioso tributario para decretar medidas cautelares cuando lo considere pertinente, se pasa a revisar la existencia del fumus boni iuris, lo cual requiere la comprobación por una parte, de la aparente existencia de un derecho o interés del recurrente en la presente acción y, por otra, la probabilidad de que los actos administrativos impugnados sean inconstitucionales o ilegales.
Con base a lo anterior, quien decide observa que la presunción de buen derecho que opera a favor de la contribuyente se desprende en primer lugar del hecho de que la misma, ejerce la actividad lucrativa de su preferencia, y desde la jurisdicción local del Municipio V.d.E.C., aduciendo la existencia de una diferencia de impuestos causados y no liquidados y la improcedencia de los intereses moratorios correspondientes en el ramo de industria y comercio
En cuanto a la valoración preliminar de la presunta inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos impugnados, quien decide observa, que los actos administrativos impugnados tienen como fundamento de hecho, la presunta violación de las competencias tributarias establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Alcaldía del Municipio V.d.E.C. por considerar que la contribuyente PROAGRO COMPAÑÍA ANONIMA, omitió ingresos brutos de los ingresos provenientes de su actividad económica, como lo es la elaboración de alimentos preparados para animales, mayor de productos veterinarios excepto medicina, trasporte de carga y beneficios de aves y otros animales excepto ganados, contenida dentro de los supuestos del artículo 78, ordinal 6º, de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio, en consecuencia existe crédito fiscal a favor del fisco municipal de Valencia por conceptos de impuesto causados y no liquidados.Sin embargo, del contenido de los alegatos que sustentan el recurso interpuesto, se desprende que la manifestación de voluntad de la administración prevista en los actos impugnados, aparentemente podría encontrarse viciada en su causa por falso supuesto.
En atención a tales consideraciones, este tribunal sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia, considera que a la contribuyente le rodea una apariencia de buen derecho a su favor en el ejercicio del presente recurso, por lo que se encuentra satisfecho al segundo supuesto (fumus boni iuris) previsto en la norma dispuesta en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.
En cuanto al requisito del periculum in mora, se observa que los argumentos formulados por el representante de la recurrente como fundamento de la solicitud de suspensión de efectos, consisten en que su representada deberá pagar un impuesto inconstitucional y multas impuestas, intereses moratorios y recargos calculados improcedentemente.
En cuanto a tal formulación, este juzgador constata que salvo el señalamiento del daño patrimonial que supuestamente sufriría el actor en virtud del pago exigido, no se evidencia de las actas que componen el presente expediente, prueba alguna de la existencia de dicho daño en la esfera del recurrente, además de que la demandada puede ser condenada en costas en caso de ser vencida en el litigio.
A tal efecto, en opinión del sentenciador con fundamento en el criterio sostenido en la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 25 de junio de 2002, número 00874, en casos como el de autos, es imprescindible tomar en consideración la estabilidad económica del sujeto sancionado, elemento éste que no puede deducirse de meros alegatos genéricos como los planteados en el asunto bajo examen. En este sentido, quien solicite la suspensión de efectos de un acto impugnado, además de afirmar que se le han causado o se le podrían causar perjuicios irreparables o de difícil reparación, debe señalar hechos o circunstancias concretas y aportar elementos suficientes y precisos que permitan al órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del daño por la definitiva.
En razón a las consideraciones anteriores, es criterio de este Juzgador que no ha sido demostrada de manera fehaciente la existencia del periculum in mora. Así se decide.
Pasa ahora este tribunal a considerar si la existencia de uno sólo de los dos requisitos contenidos en el artículo 263 eiusdem es suficiente para que proceda la aprobación de la suspensión de los efectos del acto recurrido o no, es decir, si son concurrentes o no.
A tal efecto este juzgador considera necesario y oportuno ratificar, en esta oportunidad el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00737 dictada por la Sala Político Administrativa el 29 de junio de 2004, Caso: M.B.V., S.A, que al respecto estableció lo siguiente:
…esta Sala estima que las exigencias enunciadas en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, no deben examinarse aisladamente, sino en forma conjunta, porque la existencia de uno sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal, cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado…
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(…) Tan es así que las previsiones generales en materia de medidas cautelares contenidas en el Código de Procedimiento Civil, exigen la concurrencia de los requisitos de procedencia de tales medidas, no existiendo en el ámbito contencioso tributario como tampoco ocurren en el contencioso administrativo una razón lógica para soportar lo contrario, esto es, la procedencia de la medida cautelar de que se trata por la sola verificación de uno de los aludidos extremos…”
(…) En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de efectos procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultara favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés publico involucrado…”
Ante la ausencia de uno de los dos requisitos para que proceda la solicitud de suspensión de los efectos, el periculum in mora, este tribunal decide que al no concurrir con el fumus boni iuris, no es causa para la suspensión solicitada.
Sin embargo, y producto del análisis supra hecho por este juzgador, el hecho que el recurrente haya solicitado la suspensión de los efectos en el recurso contencioso tributario interpuesto y la administración tributaria no haya ejercido el juicio ejecutivo para hacer efectivo el acto administrativo hasta la fecha, y que si lo hace a partir de la interposición del recurso, tiene que hacerlo ante este mismo tribunal, con lo cual el juez tiene la oportunidad de decidir a la luz de los hechos, y que el tribunal no encuentra necesario pronunciarse sobre una probable acción en la vía ejecutiva cuando esta no ha sido ejercida y está pendiente un recurso contencioso tributario, en el cual debe pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de las partes, a no ser que las condiciones implícitas en los hechos hagan aconsejable cualquier medida cautelar prevista en la ley durante el proceso, considera el juez que no debe suspender los efectos del acto recurrido al no existir interposición del juicio ejecutivo, por no haber concurrencia del fumus boni iuris y del periculum in mora y por considerar que en este caso sólo debe pronunciarse cuando exista concurrencia de los dos institutos jurídicos o en la eventualidad que el juicio ejecutivo sea interpuesto por la administración tributaria en el transcurso del proceso. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara:
SIN LUGAR la suspensión solicitada de conformidad con el artículo 263 del Código Orgánico Tributario por la ciudadana N.M.d.V., titular de la cédula de identidad número V-1.377.338, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 122.180, actuando en su carácter de apoderada judicial de PROAGRO C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° RL/2007-11-919 del 26 de noviembre de 2007, emanada de la Dirección de Hacienda Pública Municipal del Municipio Valencia, Estado Carabobo, en la cual resolvió formular reparo fiscal, multa e intereses moratorios por la cantidad total de bolívares quinientos treinta y cinco millones setecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y nueve con setenta y nueve céntimos (Bs. 575.766.979,79) (BsF: 575.766,98).
Notifíquese de la presente decisión al Sindico Procurador de la Alcaldía del Municipio V.d.E.C. y Contralor General de la República con copia certificada una vez que la parte provea lo conducente. Líbrese los oficios correspondientes. Cúmplase lo ordenado.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los doce (12) días del mes de mayo de dos mil ocho (2008). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
El Juez Titular,
Abg. J.A.Y.G.
La Secretaria Titular
Abg. M.S.
En la misma fecha se libraron los oficios correspondientes. Se cumplió con lo ordenado.
La Secretaria Titular
Abg. M.S.
Exp. Nº 1486
JAYG/ms/ycv
