Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 16 de Septiembre de 2014
| Fecha de Resolución | 16 de Septiembre de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad |
TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Años 204° y 155°
PARTE RECURRENTE: Ciudadana L.B.D.Z., quien ostentaba para la fecha de la interposición de la demanda la cualidad de PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO ARAGUA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-2.752.311.
Apoderado Judicial: Ciudadanos abogados, PERKINS ROCHA CONTRERAS y J.D.C., Inpreabogado Nº 28.613 y 466, respectivamente.
PARTE RECURRIDA: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO ARAGUA.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Acción de A.C..
ASUNTO: DE01-G-1995-000014
ANTIGUO: 4263.
Sentencia: Interlocutoria.
I
En fecha 12 de enero de 1995, fue recibido por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay, estado Aragua el escrito presentado por el ciudadano abogado Perkins Rocha Contreras actuando en su carácter de apoderado judicial de la Procuraduría General del Estado Aragua t de la Ciudadana L.B.d.Z., parte accionante.
En fecha 26 de enero de 1995, el Tribunal admitió el Recurso Contencioso Administrativo y ordenó las notificaciones respectivas., con respecto a la Solicitud de A.C., admitió cuanto ha lugar en derecho y ordeno la notificación de la Asamblea Legislativa del Estado Aragua, parte presuntamente agraviante.
En fecha 24 de febrero de 1995, el ciudadano Alguacil dejo constancia de la Notificación del Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. (ver folios 56, 57 y 58, 59.
En fecha 25 de abril de 1995, el Abogado PERKINS ROCHA CONTRERAS, presentó escrito de Reforma., el cual fue agregado a los autos.
En fecha 08 de mayo de 1995, el Tribunal admite el escrito de Reforma y ordena la notificación de la Asamblea Legislativa del estado Aragua, a los f.d.I.d.L. con respecto a la Solicitud de A.c. y con respecto al Recurso de Nulidad ordena la notificación a los fines de la remisión de los Antecedentes del caso.
En fecha 24 de septiembre de 1996, se avoca al conocimiento de la causa el Dr. E.M.L., en virtud de haber tomado posesión de este Tribunal y asimismo se INhibio de conocer del presente procedimiento.
En fecha 02 de octubre de 1996, se procedió a convocar a la primera suplente del Tribunal a fin de que conozca de la Inhibición.
En fecha 20 de enero de 1997, el Alguacil del Despacho dejo constancia de que no pudo practicar la Convocatoria.
En fecha 21 de enero de 1997, el Tribunal ordena notificar al Dr. F.R., en su condición de Segundo conjuez.
En fecha 27 de enero de 1997, es Notificado el Dr. F.R., en su condición de Segundo conjuez, agregándose a los autos.
En fecha 03 de febrero de 1997, el Dr. F.R., en su condición de Segundo conjuez.
Manifestó su aceptación al cargo.
En fecha 06 de febrero de 1997, mediante Acta fue juramento el Dr. F.R., en su condición de Segundo conjuez, para conoce de la presente causa.
En fecha 06 de febrero de 1997, se pasa el Expediente al Tribunal Accidental.
En fecha 06 de febrero de 1997, es constituido el Tribunal accidental, y se nombran como Secretario y Alguacil a los mismos del Tribunal natural.
En fecha 17 de febrero de 1997, es declarada Con Lugar la Inhibición.
En fecha 04 de marzo de 1997, se ratifica el contenido del auto de fecha 08 de mayo de 1995.
En fecha 04 y 05 de marzo de 1998, fueron debidamente practicadas las notificaciones ordenadas, según diligencia suscrita por el ciudadano Alguacil de este despacho.
En fecha ‘9 de marzo de 1998, la Abogado M.G.A. D’Milita, presentó escrito en cumplimiento al artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo.
En fecha 09 de marzo de 1998, es fijada la oportunidad procesal en la cual se celebrara la Audiencia Constitucional, a dicho acto hizo compareció la parte recurrente, se dejó constancia que la recurrida no hizo acto de presencia.
En fecha 28 de enero de 2000, el Abogado F.R., remite el expediente al Tribunal natural, dado al decreto de Emergencia Judicial, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente y aplicado por la Inspectoría General de Tribunales.
En fecha 28 de febrero de 2000, es recibido el expediente por el Juzgado Natural, ordena el reingreso en los libros respectivos, solo a los fines de convocar al Segundo conjuez. DR. V.A.S..
En fecha 22 de marzo de 2000, es notificado de la convocatoria el Dr. V.A. para el conocimiento de la presente causa, según diligencia suscrita por el Alguacil de este Despacho.
En fecha 04 de abril de 2000, mediante acta es Juramentado el Dr. V.A., como Juez accidental.
En fecha 04 de abril de 2000, se pasa el Expediente al Tribunal Accidental.
En fecha 13 de abril de 2000, es constituido el Tribunal Accidental, designándose Secretaria y Alguacil.
En fecha 25 de abril de 2000, EL Tribunal dictó auto mediante el cual ordenó notificar al as partes a los fines de que pasados que sean diez (10) días de Despacho se fije el tramite procesal a seguir.
Por cuanto la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010, acordó el traslado de quien suscribe el presente auto, Dra. M.G.S., como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, del cual tomó posesión en fecha 17 de enero de 2011, con este carácter se aboca al conocimiento de la presente causa
Verificado el estudio de las actas procesales que anteceden, corresponde a este Juzgado Superior hacer las siguientes consideraciones:
II
DE LA COMPETENCIA
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial N° 39.451 del 22 de junio del presente año, debe este Juzgado Superior reexaminar su competencia para conocer de la presente causa, dado que el referido texto normativo contiene disposiciones expresas al respecto (cfr., artículo 25).
En tal sentido, considera procedente reiterar, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, la aplicación del principio contenido en los artículos 3 del Código de Procedimiento Civil y 12 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, conforme al cual la jurisdicción y la competencia del órgano jurisdiccional se determina -mientras la ley no disponga expresamente lo contrario- por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la demanda.
En efecto, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece:
Artículo 3.- La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa
.
Este principio general, cuyo origen proviene del derecho romano, se denomina perpetuatio jurisdictionis, y tradicionalmente la doctrina ha abarcado en él a la jurisdicción y a la competencia.
Sin embargo, cuando el asunto se refiera en particular a la competencia, el principio más apropiado es el de la llamada perpetuatio fori, conforme a lo expuesto por el Maestro L.L. (Ensayos Jurídicos: “Principios Fundamentales en la reforma del Código de Procedimiento Civil Venezolano”, Fundación R.G.. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987); en el entendido que dicho principio se aplica a las circunstancias que constituyen los criterios atributivos sobre los cuales un tribunal puede conocer una causa, esto es la materia, el valor, el territorio, o el grado del tribunal. (Vid., entre otras, Sentencias Nros. 02176 y 00962 del 5 de octubre de 2006 y 5 de octubre de 2010, respectivamente, dictadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
Al respecto, la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 25 numeral 3º, prevé:
Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley
.
Visto así, en observancia a lo dispuesto en los artículos 26, 257 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Juzgadora en su carácter de garante de los principios y valores constitucionales, entiende que al no haber establecido la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa disposición expresa que afecte la competencia de las causas que actualmente conoce, en aplicación de las premisas expuestas y conforme al principio de la perpetuatio fori, reafirma su competencia para conocer y decidir la presente controversia, y así se decide.
III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Revisadas exhaustivamente las actuaciones que conforman el presente expediente, este Tribunal observa, que desde el día 13 de marzo de 2000, oportunidad en la cual compareció la ciudadana abogada M.P. y consignó poder, quedando así facultada para representar a la parte querellante, desde esa actuación hasta la presente fecha, han transcurrido más de diez (10) años, sin que conste en el expediente judicial actuación alguna de su parte tendiente a impulsar la continuidad del presente juicio, lo cual evidencia una absoluta inactividad procesal durante el período que se señaló por parte del recurrente. Ante esa situación, se hace imprescindible requerir a la parte accionante que manifieste su interés en la continuación del proceso.
Es de destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado el criterio conforme al cual resulta improcedente declarar la perención de la instancia en las causas en las cuales se ha dicho “Vistos”; no obstante, ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.
Asimismo, ha sostenido la aludida Sala que “…el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva-, pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos”. (Vid., Sentencia de la Sala Constitucional N° 1.153 del 8 de junio de 2006. En igual sentido, el fallo Nº 00302 del 21 de abril de 2010, dictado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
De lo anterior se concluye, que este Tribunal Superior no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
Concretamente, la M.I.C. por decisión de fecha 9 de 2007, con ponencia del MAGISTRADO: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, señaló:
Respecto a procesos en los cuales sólo resta la producción de la norma individualizada en que se resuelve el fallo judicial y en donde las partes no han solicitado al tribunal correspondiente que se pronuncie sobre el conflicto planteado o sobre la decisión de instancia que le corresponde revisar, la Sala se ha cuestionado sobre el efectivo interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, toda vez que la inactividad y la apatía han sido las constantes a lo largo del tiempo transcurrido entre el nacimiento de la obligación del Poder Judicial en decidir y el momento presente. Tal inacción –ha entendido la Sala– no sería más que una renuncia a la justicia oportuna, desvirtuable sólo a través de su actuación en el expediente, ya sea de manera espontánea o como consecuencia de la notificación a que está obligado el juez efectuar antes de declarar, como lo tiene decidido este Alto Tribunal, extinguida la acción.
Ello así, como quiera que han transcurrido casi tres años desde que se dijo «vistos» en la presente causa, sin que la demandante haya efectuado pedimento alguno, en obsequio del derecho a la tutela judicial efectiva, se ordena notificar a los apoderados judiciales de la parte actora, bien en su domicilio procesal o por cartel en caso de no haberlo indicado -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia- a objeto de que en un lapso de treinta (30) días continuos a partir de su notificación ratifique su interés en que se decida el presente proceso. En caso de que la accionante no haga constar en el expediente su interés en el mismo, esta Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal (cf. Sent. n° 1017/2001 de 12 de junio, caso: Asociación Bancaria Nacional). De no producirse respuesta de la parte recurrente dentro del plazo fijado, la Sala considerará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes, supuesto para el cual se ordena el archivo del expediente, habilitándose al Juzgado de Sustanciación para que proceda al archivo. Así se decide (…)”.
Por tanto, de conformidad con el precedente jurisprudencial antes referido y siendo que ha transcurrido un largo período desde la oportunidad en que la parte actora actuó por última vez en el presente juicio, y asimismo, estando esta causa en la oportunidad de dictar decisión, con respecto a la Solicitud de A.C., esta Sentenciadora ordena notificar a la parte recurrente, para que informe en un plazo máximo de cinco (05) días de despacho, contados a partir de que conste en autos su debida notificación, su interés en culminar este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, en acatamiento al criterio de la Sala Constitucional antes referido.
Transcurrido dicho lapso sin que la parte informe sobre su deseo de continuar la presente causa, este Tribunal Superior declarará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. TSJ/SPA. Sentencias Nros. 00740 y 01402 de fechas 19 de junio y 6 de noviembre de 2008, respectivamente).
Respecto a la forma como ha de practicarse dicha notificación, la Sala Constitucional en su decisión N° 4294 de fecha 12 de diciembre de 2005, indicó que la notificación del actor debía efectuarse “en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal”.
De esta manera, esta Juzgadora estima necesario ordenar la notificación de la parte recurrente en su domicilio procesal, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, para que manifieste su interés en que se decida el mérito de la causa, y así se establece.
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena NOTIFICAR al ciudadano, PROCURADOR GENENRAL DEL ESTADO ARAGUA, para que dentro de un lapso de Cinco (05) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en autos la practica de su notificación, manifieste su interés en que se decida el mérito de la causa. En consecuencia, transcurrido dicho lapso sin que la parte actora manifieste su interés, este Juzgado Superior declarará extinguido de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal, EL Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con solicitud de a.c., contra la Asamblea Legislativa del Estado Aragua.
Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada y Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre del año dos mil catorce (2014) Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR TITULAR.
DRA. M.G.S.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABG. I.R..
En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libró la notificación ordenada, así como el oficio.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABG. I.R..
ASUNTO: DE01-G-1995-000014.
ANTIGUO: 4263.
MGS/IR/mr
