Decisión nº KE01-X-2007-000239 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 19 de Diciembre de 2007
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Freddy Josue Duque Ramirez |
| Procedimiento | Amparo Cautelar |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, diecinueve de diciembre de dos mil siete
197º y 148º
ASUNTO: KE01-X-2007-000239
QUERELLANTE: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO.
REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: R.H.H.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.627.038, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 8.093, actuando en su carácter de Procurador General del Estado Trujillo, domiciliado en la ciudad de Valera, Estado Trujillo.
QUERELLADO: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO
MOTIVO: A.C.
I
Síntesis de la Controversia :
En fecha 06 de Junio de 2007 llega a este tribunal el presente Recurso de Nulidad con medida cautelar de suspensión de Efectos conjuntamente con A.C. incoada por la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO, a través del abogado R.H.H.C., actuando en su carácter de Procurador General del Estado Trujillo en contra de INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO.
En fecha 19 de diciembre este tribunal admitió la presente acción y acordó la apertura de cuaderno separado de a.c.. Revisadas como se encuentran las actas del presente expediente este juzgador pasa a pronunciarse acerca del a.c. solicitado en base a las consideraciones siguientes:
II
Consideraciones para Decidir
Considera la legislación venezolana, la posibilidad de efectuar una pretensión de a.c., conjuntamente con un recurso de inconstitucionalidad de leyes y demás actos estatales normativos o con un recurso contencioso administrativo de anulación o de abstención, tal posibilidad fue establecida por el legislador, en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.
Ahora bien, el artículo 3 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en su único aparte señala:
"La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia (rectius: Tribunal Supremo de Justicia), si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad".
Por otra parte el artículo 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, expresa:
"La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad, conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria y efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos mientras dure el juicio".
De igual forma el párrafo 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que se podrán suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Es así, que la suspensión provisional de lo efectos de un acto administrativo de carácter particular constituyen una excepción al principio de ejecutoriedad y ejecutividad que rige a los actos administrativos, es decir, que enerva la eficacia material de un acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad hubiere sido demandada, por lo que la suspensión es de naturaleza excepcional y extraordinaria, sujeta a dos condiciones, la primera de ellas cuando lo permita la Ley o bien para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva que se pueda causar al recurrente, y la segunda cuando este pronunciamiento cautelar no signifique una ejecución anticipada del juicio principal ni, mucho menos, un pronunciamiento anticipado de lo que sería el mérito de la causa principal.
En sentencia de fecha 20 de marzo de 2001, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa (Caso: M.S.V.), determinó la naturaleza del a.c. en los siguientes términos:
…Así, invariablemente ha entendido la doctrina del Alto Tribunal que en el caso de la interposición de un recurso contencioso-administrativo o de una acción popular de inconstitucionalidad de leyes y demás actos normativos, ejercidos de manera conjunta con el a.c., éste último reviste un carácter accesorio de la acción principal, al punto de que la competencia para conocer de la medida de tutela viene determinada por la competencia de la acción principal.
Dentro de ese contexto, luce adecuado destacar el carácter cautelar que distingue al amparo ejercido de manera conjunta y en virtud del cual se persigue otorgar a la parte afectada en su esfera de derechos constitucionales, una protección temporal, pero inmediata dada la naturaleza de la lesión, permitiendo así la restitución de la situación jurídica infringida al estado en que se encontraba antes de que ocurriera la violación, mientras se dicta decisión definitiva en el juicio principal…omissis…
En consecuencia, todo a.c., incluyendo por supuesto el cautelar, versa sobre elementos de orden constitucional ya que su objeto es justamente la protección de los derechos y garantías que otorga la Constitución, por lo que la solicitud de amparos cautelares solo puede considerarse si la pretensión se dirige a normas de rango constitucional.
Precisado lo anterior, considera este tribunal señalar que en el presente caso, no se evidencia presunción alguna de la solicitud de a.c. que derecho de rango constitucional le ha sido vulnerado a la parte recurrente, para así reestablecer la supuesta situación jurídica infringida consistente en la trasgresión de un derecho constitucional, puesto que esta es la naturaleza del a.c., ya que de no ser así, se estaría utilizando la vía extraordinaria del amparo para fines que no le son propios como lo puede ser la revisión de normas de carácter sublegal, lo que se contrae al presente caso cuando el recurrente alega que se le han vulnerado los principios constitucionales del Derecho a la Defensa y Debido Proceso en razón de que el Inspector del Trabajo basó su decisión en pruebas que no demuestran que el ciudadano P.B. haya laborado como trabajador desde el 13-01-2002 hasta el 16-10-2006 para la Gobernación el Estado Trujillo. Se observa entonces que el a.c. cautelar tiene como característica diferencial, que la posición jurídica del accionante se concrete en un derecho o una garantía constitucional. Es decir, de todo a.c. cautelar surge la necesidad de la apariencia de certeza o de credibilidad de un derecho constitucional invocado por parte del sujeto que solicita en amparo, y es esto último lo que ciertamente no ocurre en el caso de marras y así se decide.
De igual forma la parte solicitante no expone los requisitos de procedencia que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del a.c. (fumus boni iuris y periculum in mora) lo que impide a este Tribunal determinar si en el caso de autos se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedencia.
En mérito de las anteriores consideraciones quien aquí juzga debe forzosamente declarar IMPROCEDENTE la solicitud de a.c., sin que tal decisión prejuzgue sobre el pronunciamiento del recurso principal, y así se decide.
III
Decisión
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:
Se declara IMPROCEDENTE el A.C. intentado por PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO en contra de INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del año dos mil siete (2007). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
El Juez Titular,
Dr. F.D.R.
La Secretaria Temporal,
Abogada A.K.R.
Publicada en su fecha a las 4:00 p.m.
La Secretaria,
