Decisión de Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 22 de Septiembre de 2015
| Fecha de Resolución | 22 de Septiembre de 2015 |
| Emisor | Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo |
| Ponente | Ronald Orangel Flores RamÃrez |
| Procedimiento | Nulidad De Acto Administrativo |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
ASUNTO: AP21-N-2015-00206.
Estando en el lapso previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal pasa a pronunciarse en cuanto a la admisión de la demanda en los siguientes términos:
I
COMPETENCIA
Visto que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244, de la misma data; este Tribunal acuerda la tramitación del presente recurso conforme a lo previsto en los artículos 76 al 86 eiusdem., en dicha Ley se le otorga -aunque no expresamente- la competencia a los Tribunales del Trabajo, tal como se puede deducir en su artículo 25 numeral 3º que establece lo siguiente “Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de: (…) omissis (...) 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”. De allí, que estima este Tribunal que la competencia hoy en día para conocer recursos de nulidad ejercidos contra las decisiones tomadas por las Inspectorías del Trabajo en materia de inamovilidad, (despido, traslado y desmejoras sin justa causa) le corresponde a los Tribunales con competencia en materia del Trabajo, al referirnos a la inamovilidad laboral, resulta necesario mencionar lo establecido en el Decreto Nº 6.603 del 29 de diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.090, el cual ampara a los trabajadores regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, a saber: “Los trabajadores amparados por la prórroga de la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo” reza el referido decreto en su segundo artículo. Razón por la cual este Juzgado resulta competente por corresponder su conocimiento, concretamente a los Tribunales de Juicio, y así se decide.
II
ADMISIBILIDAD
Vista la acción contenciosa administrativa de nulidad interpuesta por la entidad de trabajo C.A. PRODUCTOS RONAVA, por medio de su ponderado judicial abogado J.V.A., Inscrito en el Inpre-abogado bajo el N° 7.691, contra P.A. de fecha 16 de junio de 2015, el cual riela en el expediente Nº 027-2013-05-001, dictado por el Inspector del Trabajo M.E., el cual declaró la existencia de tercerización de los ciudadano J.M., Y.A., R.F., O.B., S.R., C.R., R.M., WILSON BASTOS Y DISNEIDA MOLINA,, este Tribunal la admite en cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En consecuencia, este Tribunal ordena notificar mediante oficio a la Inspector del Trabajo M.E., a quien se le solicita la remisión del expediente administrativo a este Tribunal dentro de un lapso de 10 días hábiles siguientes a la constancia por el Alguacil de la notificación practicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 78 en concordancia con lo establecido en el artículo 79 eiusdem.
Asimismo, este Tribunal ordena notificar a la Procuradora General de la República de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la Fiscal General de la República, y al SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES SOCIALISTAS DE LA EMPRESA C.A. PRODUCTOS RONAVA, en representación de los ciudadanos J.M., Y.A., R.F., O.B., S.R., C.R., R.M., WILSON BASTOS Y DISNEIDA MOLINA, en su condición de tercero beneficiados de la p.a. recurrida en nulidad, las cuales se deberán practicar por oficio, de conformidad con lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Se deja constancia que las notificaciones ordenadas en este auto se practicarán una vez que conste en autos las copias fotostáticas de la demanda, de los recaudos producidos por el actor y del presente auto, por lo que se INSTA a la parte recurrente a consignar las mencionadas copias, en un lapso de cinco (5) días hábiles al de hoy exclusive, a los fines de su certificación para que acompañen las notificaciones correspondientes, quienes deberán ser entregados por el Alguacil, y dejar constancia inmediatamente en el expediente de las notificaciones practicadas y de los datos de identificación de la persona que recibió el oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Igualmente se deja constancia que una vez que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas y luego de transcurrido el lapso de quince (15) días hábiles siguientes a la constancia en autos por el Alguacil de la notificación practicada a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este Tribunal fijará la oportunidad para que tenga lugar la audiencia de juicio, a la cual deberán concurrir las partes y los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
DEL A.C.
Pues bien, estando dentro de la oportunidad legal para decidir lo relativo a la solicitud de la apoderada judiciales de la C.A. PRODUCTOS RONAVA en cuanto a que se acuerde medida de a.c. de suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, fundamentando su petición, según a decir del demandante, de la siguiente forma: Arraigado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto ha de llenar, ciertas condiciones de admisibilidad, la existencia de un proceso principal (juicio pendiente) y la ponderación de los intereses generales y los intereses en lucha (principio de la proporcionalidad), y en pos de este propósito debe mediar un juicio de admisibilidad, al componer un presupuesto en estos asuntos, en que existe un proceso previo, dado su carácter instrumental de asegurar el cumplimiento de la sentencia final; igualmente señaló que la denuncia de tercerización se propuso en violación al artículo 555 LOTTT, antes de haber corrido el plazo de no mayor de tres (3) años (11 de marzo de 2013) dese la promulgación de la Ley, ocurrida en abril de 2012, y que la denuncia es inadmisible y desemboca en una declaratoria de tercería conforme a los art. 47 y 48.1 LOTTT, y la recurrente fue enjuiciada por normas no vigentes, y por tal motivo denuncian la infracción constitucional del encabezamiento del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; indicó que Inspector de trabajo quebrantó el principio del Juez Natural y se produjo una desviación del procedimiento; que las reglas de procedimientos no fueron cumplidas, por cuanto la Inspectoría del Trabajo incorporó mesas de dialogo durante la tramitación de la denuncia de tercerización, lo que no cabe dentro del procedimiento administrativo ordinario; que se debió iniciar el procedimiento no por denuncia sino a instancia de parte interesada; señaló que la Inspectoría se pronunció sobre cuestiones de derecho, asunto reservado al poder judicial; solicitan la suspensión de los efectos de la Providencia hasta tanto dure este proceso.-
Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sentencia Nº 402, de fecha 20 de marzo de 2001, reinterpretó y precisó los lineamientos a seguir para el conocimiento y sustanciación de la acción de amparo ejercida conjuntamente con la acción de nulidad, particularmente en lo que respecta al trámite que se le ha venido otorgando, al indicar que una vez admitida la causa principal al mismo tiempo se debe emitir pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto.
En este mismo orden de ideas, vale acotar que la jurisprudencia ha precisado que el carácter accesorio, instrumental y cautelar del amparo ejercido de manera conjunta con la acción principal y que su finalidad es otorgar protección temporal en la forma más breve y eficaz posible a los derechos de rango constitucional, dada la naturaleza que revisten mientras se dicta decisión definitiva en el juicio principal.
Igualmente importa traer a colación el siguiente criterio señalado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 13, de fecha 17/01/2014, a saber:
…Con respecto al peligro de daño conviene hacer referencia al criterio de la Sala Político Administrativa expuesto, entre otras, en sentencia número 975 de 8 de agosto de 2012, en la que señaló:
(…) ha reiterado en varias oportunidades la jurisprudencia, que la amenaza de daño irreparable que se alegue debe estar sustentada en un hecho cierto y comprobable que deje en el ánimo del sentenciador la certeza que, de no suspenderse los efectos del acto, se le estaría ocasionando al interesado un daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva, por tanto, no es suficiente fundamentar la solicitud en un supuesto daño eventual. (Énfasis de la Sala)…
.
Pues bien, como se señaló supra, advierte este órgano jurisdiccional que lo pretendido por la parte demandante con el a.c., es lograr la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado; a tal efecto este Juzgador se permite efectuar las siguientes consideraciones previas:
En primer termino, debe analizarse el fumus boni iuris con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante.
En cuanto al periculum in mora, se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in límine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. (Ver, Sentencia Nº 00966, de fecha 13/08/2008 proferida por esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
Ahora bien, al a.l.c. de tiempo, modo y lugar expuesta precedentemente y adminicularse con el ordenamiento jurídico, se indica que lo solicitado no se ajusta a derecho, toda vez que el accionante se limitó a enunciar los derechos constitucionales que a su decir le fueron vulnerados, y a referir supuestos hipotéticos que le causarían perjuicios, sin acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para la sociedad mercantil C.A. PRODUCTOS RONAVA, aunado ello se observa que en el presente caso dicho petitorio se corresponde con el fondo de la pretensión principal del caso bajo análisis, lo que implicaría estudiar necesariamente el contenido del acto administrativo, para lo cual se requiere del análisis de la legalidad del Acto Administrativa de fecha 16/06/2015, (hoy recurrida), lo que indiscutiblemente sería dar un adelanto de opinión sobre el fondo de la controversia, cuestión que le está vedado al Juez en la presente etapa, circunstancias estas que conllevan a la improcedencia del a.c. solicitado, pues el riesgo manifiesto que implica que de quedar definitivamente firme el fallo quedaría ilusoria su ejecución, no esta suficientemente acreditado, siendo que en atención a la jurisprudencia pacífica y reiterada de nuestro M.T., al no haberse aportado a los autos lo conducente, mal puede acordarse la acción constitucional incoada, en consecuencia, es forzoso para quien decide declarar la improcedencia de esta petición. Lo que hace igualmente improcedente la Suspensión de efectos del Acto Administrativo Impugnado.- Y ASÍ SE DECIDE.-
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SE ADMITE la demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad interpuesta por la Sociedad Mercantil C.A. PRODUCTOS RONAVA., contra el acto Administrativo de fecha 16 de junio de 2015, el cual riela en el expediente Nº 027-2013-05-0001, dictado por el Inspector del Trabajo M.E., el cual declaró la existencia de tercerización de los ciudadano J.M., Y.A., R.F., O.B., S.R., C.R., R.M., WILSON BASTOS Y DISNEIDA MOLINA.- SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de a.c. solicitada por la representación judicial de la precitada sociedad mercantil. TERCERO: Improcedente la Suspensión de efectos del Acto Administrativo Impugnado. CUARTO: En virtud de la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas. QUINTO: Dado que no han sido afectados los intereses patrimoniales de la República, no es menester que se ordene notificación alguna.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y REMITASE
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO DUODECIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.- En Caracas, a los Veintidós (22) días del mes de Septiembre de dos mil Quince (2015). Años 205° y 156°.
R.F.
EL JUEZ
ABG. ALONSO SOTO
EL SECRETARIO
