Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 23 de Noviembre de 2011

Que la recurrente, si bien no denuncia en concreto la disposición contenida en nuestra Carta Magna, de la lectura de sus alegatos se extrae, que dichos argumentos se dirigen a la infracción de la garantía constitucional consagrada en el artículo 49 ordinal 2° relativo a la presunción de inocencia por haber decretado medida judicial privativa de libertad.

Examinadas las actas procesales y la decisión impugnada aprecia la Sala que al imputado de autos no le ha resultado violada la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

En efecto, uno de los fines de las medidas privativas de libertad durante el proceso es asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo. En interés de la víctima - a quien le ha sido atacado un bien jurídico objeto de tutela penal- y de la pretensión punitiva del Estado quien está obligado a exigir responsabilidad penal a quien ha cometido una conducta que se reputa indeseable, deben adoptarse los mecanismos cautelares para que las finalidades del proceso penal sean cumplidas, mecanismos cautelares éstos que constituye un límite al derecho del procesado a presumirse inocente hasta tanto exista la plena certeza procesal de su culpabilidad.

Al generar la anterior situación un conflicto entre el Estado y el imputado, se consagran a favor de éste una serie de garantías judiciales que constituyen verdaderos límites al ejercicio del ius puniendi, pero los jueces penales y los jueces constitucionales al resolver una determinada situación en el que se aflija el estado de libertad del procesado penalmente, no pueden desconocer la finalidad del proceso, que conforme al artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal es “establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho”.

Sobre los fines de la medida privativa de libertad en el proceso penal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 27 de noviembre de 2001, la cual se dictó de manera expresa con carácter vinculante, estableció:

“…Como es bien sabido, las distintas medidas cautelares en el proceso penal tienen por objeto, como carácter general, asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del proceso. El resultado del juicio, como es bien sabido, puede potencialmente conllevar la aplicación de penas previstas en la legislación material, principales o accesorias, medidas de seguridad o la responsabilidad civil derivada de la comisión del hecho delictivo, dependiendo del caso específico sometido a examen, las cuales se podrían ver frustradas de no ser ordenadas oportunamente.

Sin embargo, el interés no sólo de la víctima, sino de todo el colectivo en que las finalidades del proceso penal sean cumplidas, encuentra un límite tajante en el derecho del procesado a presumirse inocente hasta tanto exista la plena certeza procesal de su culpabilidad. En el proceso penal, esta garantía se hace extrema ante la desproporcionalidad de la fuerza del aparato estatal frente al individuo, la funesta posibilidad de fallo injusto que pueda implicar equívocos y, sobretodo, el reconocimiento de encontrar en la acción delictiva una eventualidad que, de suyo, no se reconoce como normal y deseable en una sociedad civilizada regida por la justicia. Sin embargo, la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas.

En este orden de ideas, tal y como afirma la Exposición de Motivos del citado Código Orgánico, el proceso penal debe constituir “un conjunto de reglas que, preservando las garantías procesales, le permita al juez conocer la verdad de los hechos, y aplicar la norma que corresponda según la ley y el derecho. Tal y como lo expresaran Horst Schönbohm y Norbert Lösing, lo justo es encontrar el camino entre la necesidad de la investigación para la realización del derecho penal material y la protección de los derechos del imputado: esa es la misión del derecho procesal penal” (Subrayado de la Sala).

Luego, con relación a la protección de la libertad del imputado en el proceso, la regla consagrada por la propia Carta Magna sobre la inviolabilidad de la libertad personal, tiene por fundamento el numeral 1 del artículo 44 que dispone que la persona encausada por hecho delictivo “será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” (Subrayado de la Sala). Por ende, de entrada, rigen dos principios esenciales para determinar la procedencia de la prisión preventiva de acuerdo al texto constitucional: a) el estricto cumplimiento del principio de legalidad en cuanto a la verificación y examen de los supuestos en que procede la disposición en cuestión; b) Que la medida debe ser dictada por un organismo judicial. Tal y como afirma el Profesor J.M.C., “la gravedad de la injerencia en la esfera subjetiva de la persona que supone una privación de libertad obliga a que ésta sea acordada por una autoridad revestida de las garantías de independencia e imparcialidad, como lo es el juez”. (CASAL, J.M., “El Derecho a la Libertad y a la Seguridad Personal”, p. 269, en XXV Jornadas D.E.). Es por lo tanto, dentro del contexto del balance de interés individual y colectivo en la penalización del delito y la reparación del daño, por un lado, y los derechos fundamentales del encausado, por otro, que debe ser sometido a estudio el punto bajo examen…”

(omissis)

De igual manera se evidencia, a juicio de esta Sala, que dicha posición interpretativa desconoce la finalidad del proceso, que a rigor del artículo 13 es precisamente “establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho”. Si la aplicación del derecho se viera frustrada por la interpretación incorrecta de los mecanismos adjetivos a través de los cuales, bajo estricta necesidad, se procura brindar seguridad a la verificación de sus resultados, no cabe duda de que ello podría resultar en la inocuidad del proceso, propósito que definitivamente no orientó al legislador, ni al constituyente, ni puede ser el fin último de un ejercicio consciente de la función jurisdiccional….”

… Esta interpretación es conteste con lo previsto en el derogado artículo 101 del Código Orgánico Procesal Penal (ahora artículo 104), en cuanto que “los jueces velarán por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. No podrán, bajo pretexto de sanciones disciplinarias, restringir el derecho de defensa o limitar las facultades de las partes” (Subrayado de la Sala). Del texto transcrito se colige que velar por la regularidad del proceso permite al juez hacer uso de todo lo necesario para restituir el orden procesal cuyo normal desenvolvimiento pueda estar amenazado potencial o efectivamente.

…Ahora bien, considera la Sala necesario recalcar que el ejercicio de las señaladas potestades cautelares debe ajustarse a los parámetros dispuestos por el propio Código Orgánico Procesal Penal. Ello es resultado necesario del principio de legalidad que rige las distintas medidas cautelares, entre las cuales destaca la prisión provisional como la de mayor gravedad, a la cual ya se ha hecho referencia ut supra.

Finalmente, es importante recalcar que el Juez que resuelva la restricción de la libertad del imputado debe atender al principio pro libertatis, es decir, tal y como básicamente lo señalaba el artículo 265 del anterior Código Orgánico Procesal Penal y ahora lo establece el artículo 256, “siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada” alguna de las medidas previstas en ese mismo artículo.

La presunción de inocencia y el principio de libertad, tal y como se afirmó ut supra, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esta Sala y por los restantes tribunales de la República por imperativo del propio texto constitucional y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal. No obstante, ello no implica que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance de las finalidades del proceso, pues lo contrario sería admitir una interpretación que, en casos concretos, podría favorecer la impunidad

.

En el caso de autos la recurrente pretende que se revoque la medida acordada a su representado, por cuanto no procedía la medida privativa de libertad decretada, por inexistencia de elementos. Ahora bien, ha constatado la Sala que se le imputan los delitos de HURTO, ACCESO INDEBIDO Y MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS O INSTRUMENTOS ANÁLOGOS, lo que nos obliga a examinar los hechos acreditados por la Representación Fiscal y verificar si existe la subsunción de los mismos en las normas acogidas por la Juez de la recurrida, a saber:

Disponen los artículos:

Art. 6 “Acceso Indebido. Toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias”.

Art. 13 “Hurto. Quien a través del uso de tecnologías de información, acceda, intercepte, interfiera, manipule o use de cualquier forma un sistema o medio de comunicación para apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial sustrayéndolos a su tenedor, con el fin de procurarse un provecho económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias”

Art. 16 “Manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos. Toda persona que por cualquier medio, cree, capture, grabe, copie, altere, duplique o elimine la data o información contenidas en una tarjeta inteligente o en cualquier instrumento destinado a los mismos fines; o la persona que, mediante cualquier uso indebido de tecnologías de información, cree, capture, duplique, o altere la data o información en un sistema con el objeto de incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes o modifique la cuantía de éstos, será penada con prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a mil unidades tributarias.

En la misma pena incurrirá quien, sin haber tomado parte en los hechos anteriores, adquiera, comercialice, posea, distribuya, venda o realice cualquier tipo de intermediación de tarjetas inteligentes o instrumentos destinados al mismo fin, o de la data o información contenidas en ellos o en un sistema”.

Por otro lado, los hechos descritos en la audiencia precalificados por la Vindicta Pública son los siguientes:

Acta de Investigación Penal, de la cual se lee:

(omisis) Encontrándome en espera para realizar retiro de dinero de mi cuenta bancaria personal, en el cajero automático del Banco Venezuela, ubicada en la avenida principal de R.P., específicamente detrás de esta sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Parroquia Caricuao, Distrito Capital, justo en el momento en que me disponía a realizar uso del cajero antes mencionado, hizo acto de presencia un ciudadano quien presentara las siguientes características fisionómicas (sic), de 1,70 cms aproximadamente, de piel morena, cabello liso, entre cano, de contextura delgada, portando como vestimenta una chemisse de color blanco, un pantalón blue jeans, calzado deportivo, de color negro, no portando identificación alguna, quien expreso que era técnico del Banco de Venezuela EL CUAL PERTENECE AL ESTADO VENEZOLANO) y que debía realizar una revisión al cajero antes mencionado, así mismo sacó un destornillador de color amarillo y negro, de uno de los bolsillos del pantalón que portaba para el momento, acto que me pareció bastante sospechoso, ya que no parecía ser un procedimiento administrativo correcto del ente financiero; por lo que procedí a identificarme como funcionario de este cuerpo de investigaciones; donde justo en eses momento tres ciudadanos que se encontraban adyacente a la persona antes descrita emprendieron velos huída, por lo que hice uso de las respectivas medidas de seguridad solicite al ciudadano que me mostrara su identificación que lo identificara como empleado del Banco de Venezuela, expresando dicho individuo no tener identificación alguna; seguidamente le solicite al mismo que me acompañara hasta la sede de este despacho con la finalidad de verificar dicha situación irregular; una vez en este despacho a la persona en cuestión se le logro identificar de la manera siguiente: M.U.F., de nacionalidad peruana, fecha de nacimiento 9/12/1974, de 37 años de edad, casado, de profesión u oficio obrero, residenciado en Colinas de Bello Monte, desconociendo más datos, cédula de identidad E-82.226.982, acto seguido amparado en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, se le realizó una revisión corporal, con la finalidad de hallar objeto alguno de procedencia ilícita, logrando ubicar en el bolsillo derecho trasero del pantalón que portaba para el momento, un teléfono celular, marca LG, color negro y rojo, serial N° 103FCXM431802, con su respectiva tarjeta SIM de la empresa MOVILNET, serial N° 8958060001028746879, y su respectiva batería serial N° LSBPL0090504DCLLLDC110319, cuatro tarjetas magnéticas telefónicas de empresa CANTV, de la denominación de cinco bolívares, códigos de barras 1) 0000002131004262, 2)0000002131004249, 3)00000021305512815 y 4) 0000002131414431, un pasaporte de nacionalidad peruana N° 3888781, que lo identifica como M.U.F., documento de identidad 08164219, u una copia fotostática de un comprobante de identificación venezolana, que lo identifica como M.U.F., E-82.226.982, fecha de nacimiento 9/12/1974, residente, seguidamente procedí a trasladarme hacia el área donde funciona el Sistema Integrado de Información Policial de este cuerpo de investigaciones con la finalidad de verificar posibles registros policiales o solicitudes que pudiera presentar el mismo, una vez allí y luego de introducir los datos aportados por el ciudadano logre constatar que no posee registro policial o solicitud alguna, Acto seguido se le realizó llamada telefónica al ciudadano EDAGARDO (sic) BERROTERAN, Gerente de Servicios de la referida sede bancaria, con la finalidad de constatar, si tenia conocimiento de algún procedimiento de mantenimiento o servicio, que se le realizaría al cajero antes citado, manifestando dicho ciudadano no tener conocimiento de procedimiento alguno en relación al cajero automático citado; al ser incoado en referencia al hecho irregular que se suscitaba manifestó de manera ESPONTANEA LIBRE DE COACCIÓN Y APREMIO, manifestó (sic) no ser empleado de la empresa financiera perteneciente al Estado (BANCO DE VENEZUELA) y que su propósito era desconectar un dispositivo que habría instalado en el cajero automático donde fuera aprehendido conjuntamente con los tres ciudadanos que huyeron, para recopilar de manera ilegal la información de las tarjetas de debito y crédito así como la información tanto de las cédulas como de las claves correspondientes a los usuarios del referido cajero automático y de la misma forma expresó que a el sólo le correspondía la colocación vigilancia y retiro del dispositivo y que la persona a quien le haría entrega del mismo sólo lo conoce por el nombre GUSTAVO de quien sólo sabe que puede ser localizado por el número móvil 0412-597-73-92, situación que se le informó al Inspector Jefe G.V., Jefe de Investigaciones de este despacho, quien conjuntamente de manera inmediata se trasladó con comisión de este despacho conformada con los funcionarios, inspector J.M., Agente D.P. (TÉCNICO); hacia la sede del Banco Venezuela, con la finalidad de verificar la información supramencionada, estando allí fueron abordados por dos ciudadanos quienes se identificaron de la siguiente manera: (Se suprime el nombre de los adolescentes al momento de su divulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), manifestando que se encontraban haciendo espera para hacer uso del cajero automático, pero que les había llamado la atención que varios ciudadanos que utilizaban el cajero momentos antes, habrían presentado diversos inconvenientes al usarlo, tales como doble transacción y les requería la clave en varias oportunidades, motivo por el que se le solicitó que presenciaran el procedimiento que realizaríamos en el cajero, a continuación procedimos a realizar la respectiva revisión, logrando constatar que en efecto se encontraba instalado un dispositivo de fabricación casera el cual se utiliza para recopilar información de las cuentas personales de los usuarios, comúnmente denominado (PESCADORA), la cual se procedió a fijar fotográficamente, colectar y embalar para su traslado a este despacho para la posterior realización de las experticias de rigor, una vez realizado este acto le solicitamos a los ciudadanos antes citados y quienes presenciaran (sic) el procedimiento, que nos acompañaran a este despacho a objeto de rendir entrevista en torno al hecho que se investiga, manifestando dichos ciudadanos no tener inconveniente alguno en acompañarnos

. (Folios 4 al 6).

Acta de entrevista tomada al ciudadano (Se suprime el nombre de los adolescentes al momento de su divulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de 17 años de edad quien manifestó:

(omisis) Resulta que el día de hoy 22/10/11, a las 11;20 horas de la mañana, cuando me encontraba en el cajero automático del Banco de Venezuela, ubicado en la avenida principal de R.P., adyacente a la redoma de R.P., parroquia Caricuao, Caracas, Distrito Capital, en compañía de mi primo de nombre (Se suprime el nombre de los adolescentes al momento de su divulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), realizando retiro de mi cuenta personal, se hicieron presentes varios funcionarios del C.I.C.P.C (sic) de Caricuao, y me manifestaron que había un inconveniente con el cajero, que por tal motivo debía permitirle el acceso al mismo y que así mismo me quedara para presenciar el procedimiento que realizarían, seguidamente ellos procedieron a quitar del cajero lo que ellos llamaron una pescadora, y me informaron que debía acompañarlos a este despacho para rendir una entrevista, motivo por el que estoy aquí, cabe destacar que varias personas quienes estaban haciendo uso del mismo cajero antes que yo presentaron inconvenientes para realizar las transacciones de sus cuentas

. (Folio 9).

Acta de entrevista, tomada a (Se suprime el nombre de los adolescentes al momento de su divulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), el cual indicó:

(omisis) Resulta que el día de hoy 22/10/2011, a las 11:20 horas de la mañana, cuando me encontraba en el cajero automático del Banco de Venezuela, ubicado en la Avenida Principal de R.P., adyacente a la redoma de R.P., parroquia Caricuao, Caracas, Distrito Capital, acompañado de mi primo de nombre (Se suprime el nombre de los adolescentes al momento de su divulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), realizando retiro de dinero de su cuenta personal, se presentaron varios funcionarios del C.I.C.P.C, de Caricuao, manifestando que el cajero que utilizábamos tenia un aparato ilegal, que por tal motivo debía permitirle el acceso al mismo y que así mismo nos quedáramos para presenciar el procedimiento que realizarían seguidamente ellos procedieron a quitar del cajero lo que ellos llamaron una pescadora, y nos informaron que debíamos acompañarlos a este despacho para rendir una entrevista, motivo por el que estoy aquí, es de hacer notar que varias personas quienes estaban haciendo uso del mismo cajero antes que nosotros presentaron inconvenientes para realizar las transacciones de sus cuentas

. (Folio 11).

De lo anterior tenemos que:

La presunta conducta del ciudadano F.M.U., se dirigió a tratar de revisar el cajero automático, ubicado en el Banco Venezuela, situado en la Avenida Principal de R.P., específicamente detrás de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual está destinado para efectuar transacciones bancarias; sin embargo, previamente, le habían realizado presuntamente algunas modificaciones a dicho equipo, a fin de permitir recopilar de manera ilegal, la información de las tarjetas de débito y crédito, así como la información tanto de las cédulas como de las claves, correspondientes a los usuarios de dicho cajero automático, plasmando el funcionario en dicha acta de investigación que el citado imputado había manifestado, que a el solo le correspondía la colocación, y vigilancia de dicho cajero, y una vez detectada la presunta actitud sospechosa del ciudadano F.M.U., fue aprehendido por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

De las normas citadas y los hechos acreditados por la representación Fiscal tenemos que:

1. - Para el delito de acceso indebido, contenido en el artículo 6 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos se encuentra acreditada, la presunta comisión por cuanto esta dirigida a la intervención del ciudadano F.M.U., sin autorización en la interferencia y utilización de tecnologías de información, ello es el cajero automático perteneciente al Banco de Venezuela.

2. - En lo que respecta al delito de Hurto, previsto en el articulo 13 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, se aprecia en esta primera fase, que el ciudadano F.M.U. presuntamente utilizando la máquina bancaria, interfirió y manipuló, información para procurarse un provecho económico en perjuicio de los usuarios.

3. - Finalmente en lo que respecta a la conducta que debe ser subsumida en el artículo 16, de la tantas veces mencionada norma, se aprecia que, el ciudadano F.M.U. presuntamente, mediante un manejo fraudulento, es decir con la modificación del cajero, recopiló de manera ilegal información de las tarjetas de débito y crédito, así como las claves de los usuarios, lo cual se subsume perfectamente en la norma citada.

Visto el análisis precedente, tenemos que la razón no asiste a la recurrente, pues el Ministerio Público acreditó los elementos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 250 de la norma adjetiva penal, elementos estos que en ésta primera fase engranan perfectamente en las normas trascritas, que permiten estimar que el ciudadano F.M.U., es el presunto autor de los delitos objeto del presente proceso, sin que ello signifique un análisis absoluto, pues estamos en la fase primigenia del proceso, donde los resultados de la investigación pueden variar a favor o en contra del imputado de autos, pues dichas pre-calificaciónes son provisionales y pueden cambiar en el transcurso del proceso, de acuerdo a los resultados que arrojen los actos de investigación y las pruebas que aporten al proceso el imputado de auto con representación y asistencia técnica, es decir, que el Ministerio Público una vez realizadas las investigaciones correspondientes, si observare que los hechos objeto del proceso, de continuar siendo típicos y atribuibles al investigado, se subsumen en otra norma sustantiva, podrá advertirlo en su respectivo acto conclusivo.

En lo que respecta al tercer requisito contenido en la citada disposición, ello es la presunción razonable del peligro de fuga, considera este Órgano Colegiado que verificada la pena que establece los delitos precalificados atendiendo al cómputo que arrojen los mismos en lo que respecta a la pena que pudiera aplicarse se observa que el limite superior para el delito de MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS INTELIGENTES O INSTRUMENTOS ANÁLOGOS, es igual o superior a 10 años, con ello queda acreditada la exigencia descrita en la norma adjetiva.

Con fundamento en lo precedentemente expuesto debe la Sala DECLARAR SIN LUGAR las presentes denuncias de infracción, toda vez que de lo analizado y constatado en autos así como de la decisión recurrida se encuentran acreditados los elementos contenidos en los artículos 250 en sus tres numerales, 251 numerales 2, 3 y parágrafo primero y 252 numeral 2 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA DE MANERA EXPRESA.-

-V-

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala No, 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación, interpuesto por la profesional del derecho G.J.S.M., en su carácter de defensora privada del ciudadano F.M.U., en contra de la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 23 de octubre de 2011, en la audiencia para oír al imputado, en la cual decreta “medida judicial preventiva privativa de libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 en sus tres numerales, 251 numerales 2, 3 y parágrafo primero y 252 numeral 2 todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de HURTO, ACCESO INDEBIDO Y MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS O INSTRUMENTOS ANALOGOS, previstos y sancionados en los artículos 13, 6 y 16 de la Ley Especial Contra Delitos Informáticos”.

Publíquese, diarícese y regístrese esta decisión. Déjese copia autorizada de la misma. Remítase la incidencia, anexo a oficio, en su debida oportunidad legal.

Se ordena suprimir el nombre de los adolescentes al momento de su divulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

LA JUEZ PRESIDENTE

DRA. M.M.

LA JUEZ

DRA. PATRICIA MONTIEL MADERO

LA JUEZ-PONENTE

DRA. GLORIA PINHO

LA SECRETARIA

ABG. YOLEY CABRILES

En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA

ABG. YOLEY CABRILES

MM/PMM/GP/YC/da.-

EXP. N°3138-2011 (Aa)-S-6.