Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Cumaná), de 3 de Junio de 2005

NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 28 de mayo de 2004, a los fines de conocer de la demanda interpuesta por el ciudadano H.C.R., ya identificado, actuando en su carácter de Director General de la empresa IMPORTADORA CORDI, C.A., también identificada, contra VENEZOLANA DE TELEVISIÓN C.A.

La competencia para conocer de la presente causa corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital…”. (Cfr. Sentencia N° 01209, de fecha 02 de septiembre del año 2004, caso Importadora Cordi C.A contra Venezolana de Televisión C.A).

Asimismo la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 22 de septiembre del año 2004, en el juicio de Barinas Ingeniería, C.A (BAICA) contra Municipio Ibarren del Estado Lara estableció lo siguiente:

Sobre el Tribunal competente, por la cuantía, para conocer de las demandas en caso de contratos administrativos. Se decide que el competente es el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, adjunto a Oficio Nº 1010 de fecha 24 de mayo de 2004, recibido en esta Sala el 21 de junio del mismo año, remitió el expediente contentivo del juicio que interpusieron las abogadas M.A.V.S. y M.C.S.Y., inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 75.069 y 90.072, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil BARINAS INGENIERÍA, C.A. (BAICA), inscrita en el Libro de Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, bajo el Nº 45, folios 118 al 122, Tomo II, de fecha 18 de abril de 1978, contra el MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA.

Remisión que se hizo en virtud de la declaratoria de incompetencia pronunciada por el referido Juzgado, mediante sentencia de fecha 14 de mayo de 2004, al considerar que era esta Sala la competente para conocer de dicha causa, de conformidad con lo establecido en el ordinal 14 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El 23 de junio de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2002, recibido por distribución en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, las abogadas M.A.V.S. y M.C.S.Y., actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil BARINAS INGENIERÍA, C.A. (BAICA), antes identificadas, demandaron al MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, con la finalidad que dicha Alcaldía le pagare a su representada la cantidad de treinta y un millones seiscientos siete mil cuatrocientos ochenta y nueve bolívares con veinticinco céntimos (Bs.31.607.489,25), por concepto de cobro de bolívares e indemnización de daños y perjuicios, causados por la mora en el pago de valuaciones derivadas de los contratos Nros. 0479-CB-97 y 0484-CB-97, que tenía celebrado con la mencionada Alcaldía para “...la construcción de pavimento de asfalto caliente en los sectores 3 y 4, respectivamente, de la barriada Tierra Negra, vía El Ujano de esta ciudad (...) y el Drenaje Superficial (aceras y Brocales) para los sectores A y B ( a su vez, sectores 1, 2, 3 y 4); así como la construcción de Pavimento de Asfalto Caliente para los sectores 1, 2, 3 y 4...”.

Por auto de fecha 22 de mayo de 2002, el Tribunal de la causa admitió la demanda y ordenó la notificación del Síndico Procurador del Municipio Iribarren del Estado Lara.

Una vez citado el Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 11 de noviembre de 2002, la abogada Dinalys M.S., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 55.980, actuando con el carácter de apoderada judicial del Municipio Iribarren del Estado Lara, dio contestación a la demanda y en tal sentido negó, rechazó y contradijo la misma en todas sus partes, tanto en los hechos como en el derecho.

Por diligencia de fecha 30 de septiembre de 2003, una de las apoderadas de la parte actora, solicitó se realizara el cómputo de los días de despacho transcurridos luego del acto de contestación de la demanda.

En auto de fecha 17 de octubre de 2003, el Tribunal dejó constancia que “desde la fecha de la contestación de la demanda, efectuada el 11/11/02 (exclusiva) hasta el 06/12/2002 (inclusive) transcurrieron quince días de despacho, evidenciándose de esta forma que transcurrió íntegramente el lapso de promoción de pruebas, y por cuanto no fueron agregadas las mismas, este Tribunal en aras de la certeza de los actos procesales y del derecho a la defensa, acuerda agregar las pruebas promovidas por las partes”. En tal sentido, fue agregado el escrito de promoción de pruebas de la parte demandante, presentado en fecha 2 de diciembre de 2002.

El 21 de octubre de 2003, el Tribunal acordó notificar a la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara, en la persona de su apoderada judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, “...que fue agregadas las pruebas promovidas por la parte Actora...”, indicándole que una vez que constase en auto su notificación, comenzaría a correr el lapso indicado en el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. Dicha notificación se cumplió en fecha 7 de noviembre del mismo año.

En escrito del 17 de noviembre de 2003, la apoderada judicial del Municipio Iribarren del Estado Lara, formuló oposición a la admisión del escrito de promoción de pruebas promovidas por la parte demandante.

En fecha 21 de noviembre de 2003, la apoderada judicial del referido Municipio solicitó al Tribunal, que declinara la competencia ante la Sala Político-Administrativa de este Alto Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 14 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Por auto de fecha 24 de noviembre de 2003, el Juzgado admitió las pruebas promovidas por la parte actora, excepto las marcadas con las letras “S” y “U”, al considerar que eran ilegales e impertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

Por sentencia interlocutoria de fecha 14 de mayo de 2004, el juzgado remitente se declaró incompetente para conocer la presente causa y declinó la competencia en esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 14 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:

Observa este Tribunal que efectivamente, los contratos Nos. 0479-CB-97 u 0484-CB-97 suscritos entre las partes el día 09/03/98 y que rielan en autos distinguidos con las letras (...) reúnen las condiciones para ser catalogados como contratos administrativos, a saber: 1º) una de las partes contratantes, el Municipio Iribarren del Estado Lara, es un ente público; 2º) la finalidad de los contratos se encuentra vinculada a una utilidad o servicio público, cual es la construcción de pavimento de asfalto caliente en los Sectores 3 y 4 del Barrio Tierra Negra de esta ciudad de Barquisimeto, y 3º) la presencia de ciertas prerrogativas de la Administración en dichos contratos, consideradas como exorbitantes, aún cuando no se encuentren expresamente plasmadas en los textos de dichos contratos.

(...omissis...)

En razón de todo lo cual este Juzgado concluye que los contratos que fundamentan la presente demanda son sin duda alguna de naturaleza administrativa, resultando aplicable al presente caso la norma contenida en el artículo 42, 14 (sic) de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que otorga a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para conocer de las acciones de cualquier naturaleza que se interpongan con ocasión de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos celebrados por la República, los Estados o los Municipios...

.

Mediante auto del 24 de mayo de 2004, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró definitivamente firme la antes mencionada sentencia y ordenó la remisión junto con oficio del expediente respectivo, a esta Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal.

II

COMPETENCIA DE LA SALA

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

En el presente caso, se ha intentado contra el MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, una demanda estimada en la cantidad de treinta millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete bolívares con cincuenta y cinco céntimos (Bs.30.424.457,55).

Asimismo, se constata a los folios desde el cuarenta y uno (41) hasta el cincuenta y tres (53) del expediente, dos (2) contratos para la construcción de pavimento de asfalto caliente en los sectores 3 y 4, respectivamente, de la barriada Tierra Negra y el Drenaje Superficial (aceras y Brocales) para los sectores A y B ( a su vez, sectores 1, 2, 3 y 4); así como la construcción de Pavimento de Asfalto Caliente para los sectores 1, 2, 3 y 4, suscrito por el Alcalde del referido Municipio Iribarren del Estado Lara, signados con los Nros. 0479-CB-97 y 0484-CB-97 y la empresa demandante.

Ahora bien, el numeral 25 y el primer aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942 de fecha 20 de mayo de 2004, establecen que es competencia de esta Sala:

25. Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los estados o los municipios, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.)

.

La norma arriba transcrita contiene una cláusula general que le otorga competencia a esta Sala, para conocer de toda acción intentada en razón de un contrato administrativo, bien que éste sea el objeto mismo del recurso o bien cuando se impugne una actuación administrativa distinta, pero directamente vinculada a aquél, en los cuales sean parte la República, los estados o municipios, y que su cuantía sea superior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.)

En efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala han señalado como características esenciales de los contratos administrativos, las siguientes: a) que una de las partes contratantes sea un ente público; b) que la finalidad del contrato se encuentre vinculada a una utilidad pública o servicio público; y c) como consecuencia de lo anterior, debe entenderse la presencia de ciertas prerrogativas de la Administración en dichos contratos consideradas como exorbitantes, aun cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto de los mismos.

De acuerdo a lo expuesto, se evidencia del expediente, que el contrato dio origen a la demanda, cumple con las características arriba señaladas, toda vez que: una de las partes es un órgano público, perteneciente a uno de los entes políticos-territoriales mencionados en la disposición antes citada, como lo es el MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA y el contrato tiene por objeto “...la construcción de pavimento de asfalto caliente en los sectores 3 y 4, respectivamente, de la barriada Tierra Negra, vía El Ujano de esta ciudad (...) y el Drenaje Superficial (aceras y Brocales) para los sectores A y B ( a su vez, sectores 1, 2, 3 y 4); así como la construcción de Pavimento de Asfalto Caliente para los sectores 1, 2, 3 y 4...”, de donde se infiere la finalidad de utilidad o interés público del contrato, y también se encuentran ciertas prerrogativas a favor del ente contratante, tales como:

DÉCIMA: Es entendido que si ‘LA CONTRATISTA’, no termina y entrega la obra en el plazo estipulado en la cláusula anterior, o en el de sus prórrogas, si las hubiere, pagará al ‘MUNICIPIO’, sin necesidad de requerimiento, la cantidad de (...), por cada día laborable de retraso, Igual cantidad pagará, por cada día laborable de retraso en iniciar la obra en el plazo máximo de inicio previsto en este contrato o en el de sus prórrogas, si la hubiere. ‘EL MUNICIPIO’ se reserva el derecho de rescindir el presente contrato unilateralmente en cualquier momento mediante simple participación dada por escrito a ‘LA CONTRATISTA’, sin que ésta nada tenga que reclamar a ‘EL MUNICIPIO’, especialmente por las siguientes causales: a) Por no comenzar la obra dentro del plazo señalado; b) Por paralización de los trabajos durante más de siete (7) días continuos o interrupciones repetidas que hagan presumir a ‘EL MUNICIPIO’, que ‘LA CONTRATISTA’ no habrá de terminar y entregar la obra en el tiempo señalado en la cláusula NOVENA (...)

. (Subrayado de la Sala).

No obstante, constata la Sala que la presente demanda fue estimada en la cantidad de treinta millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete bolívares con cincuenta y cinco céntimos (Bs.30.424.457,55), cantidad ésta que inferior a las setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), establecido en la norma anteriormente transcrita, siendo que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs.24.700,oo), resultando en consecuencia la suma de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs.1.729.024.700,oo), como límite mínimo para la procedencia del fuero atrayente de esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el cual le atribuye el conocimiento de las acciones interpuestas en virtud de los contratos administrativos en los que sea parte la República, los estados o los municipios.

Ahora bien, es necesario señalar que mediante ponencia conjunta de fecha 2 de septiembre de 2004, caso: Importadora Cordi, C.A., contra Venezolana de Televisión, C.A., esta Sala por ser la cúspide y rectora de la jurisdicción contencioso administrativo, fijó las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo y de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a las acciones previstas en los numerales 24 y 25 del artículo 5 de la ley que rige este M.T., y cuya cuantía sea inferior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), en los siguientes términos:

... 1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, o los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs.247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs.24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

2. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente Público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs.247.000.000,00), hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), la cual equivale a la cantidad de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs.1.729.024.700,oo), por cuanto la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs.24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

3. La Sala Político-Administrativa, conocerá de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), lo que equivale actualmente a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs.1.729.024.700,oo), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs.24.700,oo), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal. (...)

.

Por tanto, visto que la cuantía de la presente demanda es por la cantidad de treinta millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete bolívares con cincuenta y cinco céntimos (Bs.30.424.457,55), monto éste inferior a diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), es por lo que con fundamento en lo anteriormente expuesto, corresponde su conocimiento al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental. Así se decide.

III

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 14 de mayo de 2004, a los fines de conocer de la demanda, interpuesta por las abogadas M.A.V.S. y M.C.S.Y., antes identificadas, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil BARINAS INGENIERÍA, C.A. (BAICA), también identificada, contra el MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA.

La competencia para conocer de la presente causa corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, en el cual continuará el procedimiento en el estado en que se encuentra”. (Ramírez & Garay Jurisprudencia venezolana, Tomo CCXV Págs. 416 al 421).

Por tanto, y visto que la cuantía en la presente demanda es por la cantidad de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 49/100 CTS (Bs. 27.975.998,49), monto este inferior a las diez mil unidades Tributarias (10.000 UT). Es por lo que, en virtud de los razonamientos antes expuestos éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE y en razón de ello DECLINA la competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nororiental, ubicado en la Ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui y, en tal sentido ordena la remisión del presente expediente al prenombrado juzgado.

Y siendo que la presente sentencia fue dictada fuera del lapso legal respectivo, se ordena la notificación de las partes; en consecuencia, una vez conste en autos que la mismas se encuentran a derecho, comenzará a computarse el lapso correspondiente a objeto de que interpongan los recursos previstos en la Ley; una vez precluído dicho lapso sin que hubieren interpuesto las partes recurso alguno, se ordenará por auto separado librar oficio a los fines de remitir el presente expediente al Juzgado ut supra referido. Líbrense las correspondientes Boletas de Notificaciones.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, En Cumaná, a los Tres (03) días del mes de Junio del año Dos Mil Cinco (2005).

LA JUEZ PROVISORIO

Abog. YLIMAR OLIVEIRA DE CARABALLO.

LA SECRETARIA.,

Abog. R.V. PATIÑO R.

Nota: En ésta misma fecha, siendo las 12:00 p.m. se dictó y publicó la anterior sentencia previo el anuncio de ley y a las puertas del Despacho. Que Conste.

LA SECRETARIA.,

Abog. R.V. PATIÑO R.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON CARÁCTER DE DEFINITIVA

Exp. N° 5746.03

MATERIA: CIVIL

YOdC/mvyf