Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Agosto de 2010

Para que se declare EL INCUMPLIMIENTO REITERADO EN EL PAGO OPORTUNO DE LA CUOTA DE CONDOMINIO correspondiente al apartamento N° 2, del EDIFICIO “KENTUCKY”, ubicado en la calle Maury, parcela 125°, de la Urb. Las Mercedes, sección Los Naranjos, Municipio Baruta del Estado Miranda.

Para que declare el incumplimiento en los acuerdos de Asamblea de Propietarios y de la Junta de Condominio, según lo previsto en los artículos 13, 14 y 25 de la Ley de Propiedad Horizontal, así como el incumplimiento de las obligaciones referidas a la pacifica convivencia, irrespetando lo preceptuado en el artículo eiusdem.

Para que condene a las demandadas a la venta forzada de los derechos del apartamento N° 2, del Edificio KENTUCKY, ubicado en la calle Maury, parcela 125°, de la Urb. Las Mercedes, sección Los Naranjos, Municipio Baruta del Estado Miranda.

Para que paguen la indemnización por daños y perjuicios causados a la comunidad de propietarios estimados en la cantidad de CIENTO DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 110.000,00).

Las costas procesales de la presente acción.

DE LA CONTESTACIÓN

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA

En la oportunidad de dar contestación el abogado en ejercicio R.M.G., de la parte demandada las ciudadanas H.E.N. y M.C.N., antes identificadas, presento escrito de contestación a la demanda; y opuso sus defensas en los siguientes términos:

Opuso como primera defensa la falta de cualidad e interés de las demandadas en el presente proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 361 de Código de Procedimiento Civil, fundamentando en que es un hecho irrefutable que el abogado accionante no determinó a la persona contra la cual quiere hacer valer sus pretensiones, que sólo se limitó a culpar a ambas y por igual, de hechos inexistentes; y en conclusión estima que sus representadas no tienen cualidad e interés alguno para sostener la presente demanda y pide que así sea declarado por el Tribunal.

Seguidamente, al contestar el fondo de la demanda, aceptó como cierta la propiedad de sus representadas sobre el apartamento antes descrito, igualmente negó, rechazo y contradigo en todas y cada una de sus partes el libelo de demanda, tanto en los hechos como en el derecho invocado, por ser los hechos narrados inexistentes y no encuadrar en los presupuesto de ley recurridos, asimismo negó, rechazo y contradigo que sus representadas reiteradamente pagaran de forma extemporánea las cuotas de condominio.

Que tampoco sus representadas o por interposición de terceros realizaron la supuesta rotura del piso del área común del estacionamiento o la colocación de objetos en espacios comunes y tampoco que éstas hubiesen impedido el libre tránsito de los propietarios del estacionamiento.

También negó, rechazo y contradigo que alguna de sus representadas hayan causado unos supuestos daños sobre un vehículo, hecho o acontecimiento que sus representadas reiteran no tener conocimiento y que temerariamente en el libelo de demanda se les pretende hacer responsables, no demostrando el actor ni siquiera que las mismas tengan la intención de realizar acciones ilícitas contra bienes y personas o que son de conducta violenta, no acreditando por ende en el expediente para sustentar sus inciertos alegatos, que el hecho que generó el presunto hecho ilícito fuese un acto proveniente directa o indirectamente de sus poderdantes a fin de que le fuere plenamente imputable el mismo.

Que a pesar de que sus representadas desconocen los hechos, el actor las acusó a ambas en el libelo de demanda, de realizar insultos y amenazas verbales contra propietarios del Edificio Kentucky y las incrimina de realizar daños a un vehículo, para luego presentar al folio (54) del expediente, copia simple de una supuesta boleta de denuncia ante el CICPC, donde una tercera persona extraña a este expediente, involucra osadamente y sin fundamento, sólo a una de sus representadas.

Que a todo evento, quería dejar expresa constancia que a sus representadas no se les ha citado para comparecer ante alguna autoridad policial o de investigación, en atención a cualquier hecho relacionado o pretendido en la presunta denuncia ante el CICPC.

Que sus representadas no se encuentran dentro de los supuestos contemplados en los artículos 1185 y 1196 del Código Civil y mucho menos dentro de lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Propiedad H.p.l. que niega que las mismas deban pagar indemnización a los propietarios del Edificio Kentucky y tampoco pueden ser obligadas legalmente a vender forzosamente el inmueble de su propiedad.

Que el abogado actor no proporcionó alguna prueba, junto con el escrito de demanda, que determinara o demostrara que alguna de sus representadas se negara reiteradamente a cumplir con sus obligaciones de pago de los gastos comunes del Edificio Kentucky. Que sólo se limitó a consignar una supuesta comunicación en copia simple, sin firma, dirigida a él mismo, acompañada con facturas de condominio, sin alguna otra señal, comunicación. Señaló que rechazaba y desconocía en todo su contenido las facturas presentadas, tratando de demostrar una supuesta extemporaneidad de pagar cuotas de condominio por parte de sus poderdantes.

Que consideraba que aclarar la extemporaneidad de sus representadas en el pago de sus cuotas de condominio, sería preciso que el actor demostrara el estado o no de morosidad de todos los copropietarios del Edificio Kentucky y su exacta temporalidad en el pago de sus correspondientes cuotas, ya que la comunidad no puede solicitar mejor comportamiento que los que ellos mismos no demuestran, pretendiendo en consecuencia por este retardo la venta forzosa de inmuebles. Que obviamente se olvidó que es el cobro de intereses, tal como lo estatuye el artículo 1.277 del Código Civil, que a falta de convenio en las obligaciones que tienen por objeto una cantidad de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento, consisten siempre en el pago del interés legal.

Que no consta en el expediente prueba alguna presentada junto al escrito de demanda, que demuestren los alegatos esgrimidos por el actor, que sólo se limitó a consignar un grupo de anexos junto al escrito de demanda, incongruentes con su relato, ya que no tienen relación ni sostén ni asidero jurídico. Que rechazaban y desconocían en su contenido y forma los anexo señalados en el libelo, bajo los numerales 3.1.5.; 3.1.7.; 3.1.8; 3.1.9.; 3.1.10 y 3.1.11, toda vez que se pretende con dichos anexos, demostrar unos hechos inexistentes o daños y perjuicios supuestamente causados por sus mandantes y la desatinada solicitud de venta forzosa de sus derechos de propiedad sobre su inmueble.

Que en especial, señalaba y desconocía el Acta No. 25 de la presunta Asamblea de Propietarios, celebrada supuestamente el 16 de julio de 2008, por cuanto dicha Asamblea adolece de vicios de forma y de fondo que violan normas de convocatoria y plazo de celebración, violan derechos fundamentales, como el derecho constitucional a la propiedad privada, viola normas de la Ley de Propiedad Horizontal, imputando inexistentes hechos a sus representadas, cercenando en confabulación su derecho a la defensa y debido proceso, por lo que se reservaban tomar las acciones legales pertinentes y a lugar por este abuso.

Finalmente señalo que en atención a todo lo planteado, solicita al Tribunal declare con lugar todas las defensas de fondo como las previas antes planteadas, con todos los pronunciamientos de Ley o en su contrario declare en la definitiva sin lugar tan temeraria acción contra sus representadas, en todas y cada una de sus partes.

Seguidamente, de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal pasa a analizar las pruebas producidas por las partes, de la siguiente manera:

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:

• Informes:

El representante judicial de la parte actora, basándose en que las pruebas documentales promovidas junto con el libelo, se encuentra en poder de la Administradora y otros son documentos emitidos por terceros; promovía prueba de informes para ratificarlos conforme el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil de las documentales que se encuentran especificadas en el escrito de Promoción de Pruebas que riela de los folios 203 al 206.

Al respecto el Tribunal A-Quo mediante auto de fecha 07 de mayo de 2009, observo que la prueba idónea para ratificar documentales que ya cursan en el expediente y emanan de terceros, no es la de informes, sino la testimonial, de conformidad con lo previsto en el artículo 431 del Código Adjetivo, y que las demás emanan de la misma parte por lo que las declaro inadmisibles por haber sido ilegalmente promovidas, por lo que siendo que no consta en las actas procesales que conforman el presente expediente que se hubieren evacuado, este Juzgado no tiene nada que valorar al respecto. ASÍ SE ESTABLECE.-

• Inspección Judicial:

En cuanto a la Prueba de Inspección Judicial, la cual fue promovida durante el lapso probatorio, y que el Tribunal de la causa admitió por ser legal y pertinente solo a los fines de dejar constancia del estado en que se encuentra el puesto de estacionamiento correspondiente al Apartamento N° 2 y sus alrededores; negándosele el nombramiento de un experto Ingeniero Civil para determinar loa daños causados, por cuanto no se trata de una experticia, la cual fue realizada por el mismo Juzgado de la causa en fecha 22 de mayo de 2009. Por cuanto la inspección bajo análisis fue realizada en los términos establecidos en el Artículo 472 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, esta Sentenciadora le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE DECLARA.-

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:

• Documentales e Informes:

El apoderado judicial de la parte demandada en su oportunidad legal promovió una serie de documentales y prueba de informes al BANCO FEDERAL, C.A., para demostrar la forma de pago de las cuotas de condominio. Al respecto el Tribunal A-Quo, tomando en consideración la forma en que la parte demandada contesto la demanda, ese Juzgado estableció los hechos mediante auto de fecha 24 de abril de 2009, cuales eran los hechos a probar y declaró que correspondía hacerlo a la parte actora, y que del escrito de promoción de pruebas se evidencia que la accionada pretende probar unos hechos que no fueron alegados en el libelo ni en la contestación, se observó que entonces trajo nuevos hechos que se pretenden demostrar, por lo que en consecuencia el Juzgado de la causa declaró inadmisibles dichas pruebas por ser manifiestamente ilegal su promoción por lo que siendo que no consta en las actas procesales que conforman el presente expediente que se hubieren evacuado, este Juzgado no tiene nada que valorar al respecto. ASÍ SE ESTABLECE.-

-III-

PUNTOS PREVIOS

1. - DE LA CUALIDAD LEGÍTIMA DEL QUERELLADO

   De las actas que conforman el presente expediente se desprende, que la parte demandada en su escrito de contestación presentado en fecha 10 de marzo de 2009, opone como defensa y excepción, la falta de cualidad e interés de la parte actora, y en el escrito consignado expone lo siguiente:

   …Oponemos como defensa de fondo la falta de cualidad e interés de nuestras mandantes en el presente proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 361 de Código de Procedimiento Civil, basando nuestra petición de la siguiente manera:

   En principio es un hecho irrefutable que el abogado accionante no determinó a la persona contra la cual quiere hacer valer sus pretensiones, que sólo se limitó a culpar a ambas y por igual, de hechos inexistentes, incumplimientos y daños, en discordancia a las pruebas inoperantes y carentes de valor presentadas por el mismo.

   En atención a todo lo antes planteado, estimamos que nuestras representadas no tienen cualidad e interés alguno para sostener el presente proceso y solicita que así sea declarado por el Tribunal…

   En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis en lo establecido con respecto a la cualidad como elemento procesal previo necesario para la declaratoria de admisibilidad, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1919, de fecha 14 de julio de 2003 (Caso: A.Y.C.), establece:

   Al efecto, en primer lugar es necesario determinar lo que debe entenderse por falta de cualidad y cuál es la oportunidad procesal para oponerla de acuerdo a lo pautado en nuestra vigente ley adjetiva procesal.

   En el derogado Código de Procedimiento Civil de 1916, existía la posibilidad de oponer la falta de cualidad de las partes como excepción de inadmisibilidad. En el código vigente, la falta de cualidad no puede ser opuesta como cuestión previa, sino como una defensa de fondo, conforme lo dispone expresamente el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el ordinal 4° del artículo 346 eiusdem, contiene la cuestión previa de ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se atribuye, y se refiere es al problema de la representación procesal de la parte demandada, específicamente, a la falta de representación de la persona citada como representante del demandado, que es la llamada legitimatio ad processum, y no de la falta de cualidad o de la legitimatio ad causam. Es decir, en el caso de la legitimatio ad processum, se refiere a un presupuesto procesal para comparecer en juicio; esto es, un requisito indispensable para la constitución válida de toda relación procesal y para garantizar al demandado su adecuada representación en juicio.

   En tanto, que la cualidad o legitimatio ad causam debe entenderse como la idoneidad de la persona para actuar en juicio; como titular de la acción, en su aspecto activo o pasivo; idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito; la cual, de acuerdo a lo antes expresado, no puede ser opuesta conforme al Código de Procedimiento Civil vigente, como cuestión previa

   .

   De lo antes trascrito y de lo referido en precedencia se colige que por tanto, si las ciudadanas H.E.N. y M.C.D.N., venezolanas, mayores de edad, titulares de las Cédula de Identidad Nros. V-3.989.876 y V-13.993.933 son las propietarias inmueble constituido por un apartamento signado con el N° 2, del Edificio KENTUCKY, ubicado en la calle Maury, parcela 125°, de la Urb. Las Mercedes, sección Los Naranjos, Municipio Baruta del Estado Miranda, según consta de documento de compraventa celebrado en fecha 30 de octubre de 2006, ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, bajo el N° 02, Tomo 5, Protocolo Primero, y visto que la acción ejercida en este caso está contemplada en el artículo 39 de la Ley de Propiedad Horizontal, referida a la “VENTA FORZADA DE DERECHOS SOBRE INMUEBLE”, que puede ser ejercida contra el propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones, además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás. Es decir, que este tipo de demandas presupone en primer lugar que la parte demandada sea el propietario del inmueble, y observando también que el apoderado de la parte demandada reconoció que sus representadas efectivamente tienen el carácter de propietarias del inmueble cuya venta se pretende en este juicio, lo cual evidencia que sí tienen cualidad para sostener el juicio, es por lo que quien aquí decide concluye que la demandada tiene interés jurídico propio, para ser accionadas en el presente juicio, como en efecto se hizo, lo que conlleva forzosamente a este Juzgador a declarar sin lugar la falta de cualidad solicitada por la parte demandada. ASÍ SE DECIDE.

2. - DE LA CUANTÍA DE LA DEMANDA

   Asimismo el apoderado judicial de la parte demandada señaló que rechazaba y contradecía el monto en que fue estimada la presente demanda, por no constar en autos de dónde y cómo fue estimada.

   Al respecto este tribunal de Alzada, comparte el criterio del A-Quo, ya que como bien lo dijo este se observa que la parte actora estimó la demanda en la cantidad de CIENTO DIEZ MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 110.000,00), bajo el siguiente argumento: “Conforme al artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, se estima la cuantía de la presente acción en la cantidad de CIENTO DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00)”.

   En este sentido el referido artículo 31 dispone lo siguiente:

   Para determinar el valor de la demanda se sumarán al capital los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza y la estimación de los daños y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda

   .

   Por lo que se observa que en el petitorio de la demanda, la parte actora solicitó que las demandadas convinieran o fuesen condenadas, a pagar por concepto de daños y perjuicios causados a la comunidad de propietarios la cantidad antes mencionada, evidenciándose de que se trata de la misma cantidad en la cual fue estimada la demanda, lo cual no contradice lo preceptuado en el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, para establecer el valor de la demanda.

   En cuanto a la impugnación realizada por el apoderado judicial de la parte demandada, este Juzgado también es de la opinión del Tribunal A-Quo, toda vez que el demandado se limitó solo a indicar que impugnaba la cuantía establecida por el actor, sin indicar las razones por las cuales impugnaba dicha cuantía, si era por exagerada o por insuficiente, incumpliendo de esta forma con el artículo 38 del Código de Procedimiento, que establece que el demandado podrá rechazar la estimación realizada por el demandante cuando la considere insuficiente o exagerad, por lo que este Juzgado de alzada declara firme la cuantía establecida por la parte actora. ASÍ SE DECIDE.-

   -IV-

   MOTIVA

   Constituye principio cardinal en materia procesal, aquel conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos por las partes, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados conforme al Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, pues para él, no puede existir otra verdad que la que resulta de los alegatos y actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a estos alegatos para decidir. El requisito de que la sentencia debe contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y las excepciones o defensas opuestas Ordinal 5° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo que significa que el Juez esta obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes porque el límite de toda controversia judicial, esta circunscrito por los hechos alegados como fundamento a la pretensión invocada en el libelo de la demanda y los hechos aducidos como fundamentos de las excepciones o defensas opuestas en la oportunidad de la contestación de la demanda, quedando de esta manera trabada la litis, razón por la cual con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al proceso que alterarían la relación procesal ya cerrada.

   A tales efectos establece el Artículo 39 de la Ley de Propiedad Horizontal lo siguiente:

   Artículo 39: “El propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones, además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser demandado para que se le obligue a vender sus derechos, hasta en subasta pública. El ejercicio de esta acción será resuelto en asamblea de propietarios que representen el setenta y cinco por ciento (75%) de la comunidad.”

   En este orden de ideas, estipulan los Artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, que:

   Artículo 1.185 “El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.

   Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.”

   Artículo 1.196 “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.

   El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.

   El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.”

   En consecuencia, este Tribunal debe determinar si la presente acción encuadra en la normativa invocada a tales efectos, y pasa a sentenciar de la siguiente manera:

   Ahora bien, en cuanto a los hechos fijados previamente, corresponde determinar si la parte actora cumplió con su carga de probarlos, toda vez que la demanda fue fundamentada en los mismos y de conformidad con lo establecido en el Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente:

   Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba

   .

   Así tenemos que el primer hecho imputado a las demandadas incumplen de manera expresa, reiterada e injustificada, con el pago de las cuotas del condominio, para el mantenimiento de las áreas comunes del Edificio y otros gastos imputables a la comunidad de propietarios; adeudando ocho (8) meses que se encuentran vencidos y facturados, desde el mes de noviembre de 2007 hasta el mes de mayo de 2008, sumando una cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 6.218,99), cantidad se encuentra discriminada en el libelo de la demanda.

   Se observa al respecto que el apoderado judicial de la parte actora afirmó que para que dichas ciudadanas pagaran las cantidades antes mencionadas de manera extemporánea, la Administradora del Edificio tuvo que realizar gestiones de cobranza, a través del abogado de esta compañía, sin embargo las propietarias pagaron de la manera que quisieron hacerlo, sin la aceptación de los acreedores, sin importar el daño que se causó al resto de los propietarios, quienes asumieron los gastos, referidos a reparaciones indispensables en el Edificio, aprobadas en Consulta, disfrutando de estos beneficios sin contribuir oportunamente con los pagos correspondientes, sino hasta el mes de agosto de 2008, cuando tuvieron conocimiento de la acción judicial aprobada en Asamblea Extraordinaria de Propietarios, en la que se acordó la venta forzada de sus derechos ya que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1216 del Código Civil, los acreedores no aceptan los pagos parciales y extemporáneos de las obligaciones incumplidas reiteradamente y así pide que se establezca en su Petitorio en el numeral Primero.

   En este sentido el apoderado judicial de la parte demandada señaló que rechazaba y desconocía las facturas de condominio consignadas por la parte actora, en todo su contenido; sin embargo también expuso que es cierto que “…aclarar la extemporaneidad de nuestras representadas en el pago de sus cuotas de condominio, sería preciso que el actor demostrara el estado o no de morosidad de todos los copropietarios del edificio kentucky y su exacta temporalidad en el pago de sus correspondientes cuotas, ya que la comunidad no puede solicitar mejor comportamiento que los que ellos no demuestran…” Por lo que con esta afirmación, este órgano jurisdiccional es conteste con lo establecido por el A-Quo, ya que el apoderado judicial de las demandadas admitió el hecho afirmado por la parte actora, relativo a que sus representadas no pagaron oportunamente las cuotas de condominio correspondientes a los meses comprendidos desde noviembre 2007 hasta el mes de mayo 2008, acumulando una deuda de SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 6.218,99), la cual pagaron de forma extemporánea, en el mes de agosto 2008, luego de haber realizado la Administradora del Edificio gestiones de cobranza. En consecuencia, este Juzgado declara que quedó admitido el hecho relativo a la falta de pago señalada, y por ende el incumplimiento de las demandadas con su obligación de pagar las cuotas de condominio, y por lo que la demandada no probó que había cumplido con su obligación de pagar sus cuotas de condominio como lo pauta la Ley o de demostrara cualquier hecho que le relevara de ello, de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal, en su carácter de propietarias del apartamento No. 2 del Edificio Kentucky, dejando que se acumule una deuda de ocho (08) meses por concepto de cuotas de condominio, se considera como bien lo dijo el Tribunal de la causa que verdaderamente existe un incumplimiento reiterado de las obligaciones que corresponden al propietario con respecto al pago de su cuota de condominio, cuando nos encontramos bajo un Régimen de Propiedad h.A.S. DECIDE.-

   Con respecto a los demás hechos imputados a la parte demandada, de que el 20 de junio de 2008, las ciudadanas H.E.N. y M.C.N., inconsultamente y abusando de sus derechos frente a los demás propietarios, colocaron unas barras metálicas incrustadas en el piso del estacionamiento recién reparado, rompiéndolo y limitando el libre tránsito de los propietarios; barras fijas que además delimitaron un espacio superior al que normalmente corresponde a los puestos de estacionamiento de cada apartamento. Y no obstante, que se realizó la remoción de los tubos, las demandadas irrespetan la circulación de los vehículos de los propietarios del edificio, estacionando de manera incorrecta su vehículo y ofendiendo a quienes les reclamaran su conducta; y que el día 07 de julio de 2008, las propietarias del apartamento No. 2, profirieron insultos a la propietaria del apartamento No. 8, ciudadana L.T. y a su hija, LELIAN CESTARI TROTTA, titulares de la Cédula de Identidad Nos. V-5.224.198 y V-16.273.806, y amenazaron con pinchar los cauchos de su vehículo y reventarle los vidrios del mismo, este Tribunal es conteste con lo que afirmó el Tribunal de origen, al considerar igualmente que no fue aportada válidamente al procedimiento ningún tipo de prueba del cual se demostrasen los anteriores hechos imputados a las ciudadanas H.E.N. y M.C.N., antes identificadas, pues el oficio consignado en original, signado bajo el No. 3.1.11, emanado del Director General del Instituto Autónomo Policía Municipal de Baruta, no es la prueba idónea para demostrar los hechos señalados y los supuestos daños causados en el área de estacionamiento, que a decir de la parte actora, las barras supuestamente colocadas ocupaban un área mayor a la “que normalmente corresponde a cada apartamento”. Y en cuanto a la inspección judicial evacuada en el proceso, se observa que no aporta ningún hecho que vincule a las demandadas con el área inspeccionada por el Tribunal.

   Finalmente concluye este jurisdicente, que si bien es cierto que las demandadas incumplieron su obligación de pagar la cuota del condominio del Edificio donde se encuentra el apartamento de su propiedad, conforme a lo establecido en la Ley, se considera que la parte actora no cumplió con su carga de exponer cuáles fueron los daños y perjuicios causados a los demás copropietarios del Edificio, toda vez que se limitó a indicar que éstos asumieron los gastos, y no les dable al Tribunal suplir argumentos de parte.

   Por las razones que anteceden, y como ya antes se hizo mención, que en efecto en el presente caso, no quedó demostrado de las pruebas aportadas al proceso que las demandadas hayan realizado los daños y perjuicios imputados por la actora, y visto que no hay un incumplimiento grave y reiterado por parte de las propietarias del inmueble, este Juzgado considera que no puede prosperar la acción de condenar a las demandadas a la venta forzosa del inmueble de su propiedad ni tampoco al pago de la cantidad solicitada como indemnización de daños y perjuicios. ASÍ SE DECIDE.-

   Por las razones de hecho y de derechos antes expuestos y cumplidos como han sido los requisitos establecidos en los artículos 12, 243 y 506 del Código de Procedimiento Civil; este Tribunal considera que la decisión tomada por el Tribunal Primero de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial fue ajustada a derecho, y así quedara expresado en la dispositiva del presente fallo.

   -V-

   DISPOSITIVA

   Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho precedentes, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, DECLARA:

SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el ciudadano A.N.L., abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 123.815, asumiendo la representación de la parte actora la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO KENTUCKY, contra la Sentencia Definitiva dictada en fecha 05 de agosto de 2009, por el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en consecuencia se CONFIRMA la referida decisión definitiva.

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por VENTA FORZADA DE DERECHOS SOBRE INMUEBLE Y DAÑOS Y PERJUICIOS, interpusieron la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO KENTUCKY, contra las ciudadanas H.E.N. y M.C.D.N., ambos suficientemente identificados en el cuerpo del presente fallo.

Se declara que las demandadas las ciudadanas H.E.N. y M.C.D.N., plenamente identificadas en el presente fallo, incumplieron con el pago oportuno de las cuotas de condominio correspondientes al apartamento de su propiedad distinguido con el N° 2, del Edificio KENTUCKY, ubicado en la calle Maury, parcela 125°, de la Urb. Las Mercedes, sección Los Naranjos, Municipio Baruta del Estado Miranda, durante los meses de noviembre de 2007 hasta el mes de mayo de 2008.-

De conformidad con lo previsto en los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes de la presente decisión, por haber sido publicada fuera del lapso de Ley.-

De conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto fue confirmada la sentencia apelada, se condena a la parte actora apelante al pago de las costas del recurso, así como de conformidad con el artículo 275 eiusdem, por cuanto hubo vencimiento reciproco queda condenada cada una de las partes a pagar las costas del proceso de la otra parte.

Publíquese y regístrese.

Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del JUZGADO UNDÉCIMO DE INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS A LOS ( ) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2.010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

EL JUEZ,

LA SECRETARIA,

DR. Á.V.R..

ABG. S.C..-

En esta misma fecha, siendo las 2:44 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA,

ABG. S.M. CARRIZALES M.

AVR/SC/Romy**.

ASUNTO: AP11-R-2009-000462