Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 14 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario |
| Ponente | Rosa Margarita Valor Palacios |
| Procedimiento | Partición De Comunidad Conyugal |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
DEMANDANTE: P.D.J.E.P.
ABOGADO: C.E. ZARATE BLANCO
DEMANDADO: E.D.J.M.
MOTIVO: PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (ABANDONO DE TRAMITE)
EXPEDIENTE: 47.952
Por escrito de fecha 12 de julio de 2.001 por la abogada C.E. ZARATE BLANCO, venezolana, mayor d e edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.857.045, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 27.236, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana P.D.J.E.P., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.941.041, demandó por PARTICION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL al ciudadano E.D.J.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.607.403.
Por auto de fecha 17 de julio de 2.001 se le dio entrada bajo el No. 47.952; y se admitió la demanda.
Comparece en fecha 02 de octubre de 2.001 el ciudadano E.M. asistido de abogado y se da por citado en el presente procedimiento.
En diligencia de fecha 14 de noviembre de 2.001 la abogada demandante, alegó que el demandado no dio contestación de la demanda, por lo que solicitó oportunidad para el nombramiento del partidor.
En fecha 06 de diciembre de 2.001, oportunidad fijada para el acto de nombramiento de partidor, presente la abogada actora, no compareció la parte demandada ni por sí, ni por medio de apoderado alguno en su representación, por lo que se fijó oportunidad para el acto de nombramiento de partidor.
En fecha 17 de diciembre de 2.001 tuvo lugar el acto de nombramiento de partidor, presente la abogada demandante, designó como partidor a la ciudadana M.T., quien estando presente aceptó el cargo, fijándosele oportunidad para el juramento de ley.
La notificación de la partidora designada fue practicada por el alguacil en fecha 20 de diciembre de 2.001, quien se juramentó en fecha 09 de enero de 2.002 (folios 16-17).
Previa solicitud de la parte actora, por auto de fecha 22 de enero de 2.002 se designó como perito al ciudadano R.C., librándose la respectiva boleta de notificación.
Corre al folio veintidós (22), notificación practicada al ciudadano R.C. en fecha 13 de febrero de 2.002, quien aceptó y se juramentó en el cargo en diligencia de fecha 14 de febrero de 2.002.
Por solicitud de la parte actora, en auto de fecha 14 de enero de 2.003, se avocó al conocimiento de la presente causa la Jueza Temporal, abogada R.M. VALOR.
Por diligencia de fecha 19 de mayo de 2.003, el Perito R.C. consignó su informe de avalúo, el cual se agregó en su debida oportunidad.
Posteriormente, a solicitud de parte por auto de fecha 01 de julio de 2.003, se ordenó la notificación de la ciudadana MAITTE J.T. a fin de informársele respecto al avalúo consignado por el perito R.C..
Seguidamente en fecha 10 de julio de 2.003 compareció la ciudadana MAITTE TORRES, informa sobre las gestiones por ella practicada e informó sobre el lapso para la presentación del informe.
En fecha 08 de agosto de 2.003 la ciudadana M.T. y presenta escrito de informe de avalúo, el cual fue agregado en su debida oportunidad.
En fecha 19 de febrero de 2.004 el ciudadano E.D.J.M. asistido por la abogada MAITTE TORRES, presentó escrito mediante el cual acepta en cantidades de dinero lo que corresponde el cincuenta por ciento (50%) de su pertenencia de su comunidad conyugal sobre el bien inmueble, objeto del presente juicio, quedando el mismo en plena propiedad de su ex cónyuge; por lo que en auto de fecha 26 de febrero de 2.004, se libró boleta de notificación a la parte actora a los fines de que exponga lo conducente respecto a la partición realizada por el partidor y de la manifestación hecha por el demandado de autos.
Comparece en fecha 16 de marzo de 2.004 la ciudadana C.Z., se da por notificada de las actuaciones realizadas por el partidor y el demandado, manifestando así su conformidad, y su disposición de consignar cheque de gerencia a favor del demandado, a los fines de dar por concluido el presente juicio, sin que conste en autos algún otro impulso procesal.
Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos se constata que, la última actuación de la parte actora tuvo lugar el día 16 de marzo de 2.004, fecha en que la parte demandante manifestó su conformidad, y su disposición de consignar cheque de gerencia a favor del demandado, a los fines de dar por concluido el presente juicio, hasta la presente fecha han transcurrido seis (06) años y siete (07) meses aproximadamente, sin actividad alguna de parte, siendo la última actuación procesal la manifestación de conformidad al escrito de convenimiento presentado por el demandado, como puede observarse, después de esa actuación hasta la presente fecha, no existe en el presente expediente actividad procesal alguna.
Comprobado en el caso de autos, que la última actuación cursante en el expediente es la conformidad al convenimiento formulado por el demandado, y hasta la presente fecha no se ha efectuado ningún acto de parte para continuar el proceso, pertinente inferir un ABANDONO DE TRAMITE que se deduce por el largo tiempo de inactividad en que se ha mantenido este juicio; criterio que se esgrime asida del contenido de la Decisión Proferida en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia emblemática, de fecha 01-06- 001, respecto a la falta de interés procesal, requisito para el ejercicio de la Acción, donde la Sala estableció :
Omissis “...A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice el bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita ni de indemnización (si ello no lo demandó), ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado.
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.
En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento. (Subrayado Tribunal)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.
No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción.
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.
No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: L.A.B.) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin....”
Con sustento como se ratifica, en los párrafos retroinsertados, en la presente causa, es obligado declarar, la pérdida de interés del solicitante en realizar todas las actuaciones procesales tendientes a obtener una pronta decisión y con ello la garantía de la tutela judicial efectiva que brinda el Estado a sus Justiciables, toda vez que en el presente caso se abandona el proceso, encontrándose la causa sin haber culminado con las etapas procesales que comportan el desarrollo del mismo; por lo que en criterio de esta Sentenciadora en el caso de marras, ha ocurrido LA EXTINCIÓN DEL P.P.A.D.T., la cual se sanciona con la pérdida de la instancia; razón por la cual, se declara que existe pérdida del interés como elemento de la acción, en consecuencia produce irremediablemente y sin lugar a dudas UN ABANDONO DE TRAMITE, dado que luego que la parte actora aceptara el convenimiento presentado por el demandado, no le dio ningún impulso, causa que subsumimos en el supuesto de la referida sentencia, falta de impulso procesal desde que se aceptara lo convenido por el demandado, razón por la cual se dá por extinguida la Acción y ASI SE DECIDE.
Por lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL P.P.A.D.T., en la presente demanda de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, intentada por la abogada C.E. ZARATE BLANCO, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana P.D.J.E.P. contra el ciudadano E.D.J.M., supra identificados, y ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los 14 días del mes de octubre de 2.010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,
ABOG. R.M. VALOR
LA SECRETARIA,
ABOG. R.V. ANGULO
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 11:00 de la mañana.
LA SECRETARIA,
ABOG. R.V. ANGULO
Expediente Nro.47.952
dec.-
