Decisión de Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de Monagas, de 2 de Mayo de 2013
| Fecha de Resolución | 2 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo |
| Ponente | Marvelys Sevilla Silva |
| Procedimiento | Reclamo Por Servicios Publicos |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN EL ESTADO D.A.
Maturín, 02 de M.d.D.M.T. (2.013)
202° y 154°
De la lectura detallada, pormenorizada y minuciosa del libelo de demanda presentado por los ciudadanos C.G., L.P., S.C., R.P., A.Z., MAILYN VILLAHERMOSA, S.B., C.M., EUDYS CAMPOS, LEXAIRA ZAPATA, D.J., R.M., A.R., E.B., COROMOTO COVA, H.R., A.M. y A.B., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 8.361.312, 1.742.630, 5.463.010, 4.481.658, 8.372.281, 15.279.829, 9.285.319, 9.293.668, 9.862.181, 13.426.171, 3.027.508, 4.896.041, 8.448.600, 8.356.462, 8.376.388, 5.079.546, 8.374.781 y 8.209.895, respectivamente, mediante la cual procede a interponer formal demanda de Contenido Patrimonial (Rendición de Cuentas), en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA C.C. NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, por concepto que a continuación se discrimina tal cual como aparecen en el libelo: ejecución del proyecto de rehabilitación de viviendas, por el aporte de Fondo de Compensación Interritorial y de los gastos generales por el C.C. si los hubieran y debidamente soportados, tales como alquileres, pago de personal obrero y administrativo, gastos diarios y cualquier otros pagos conexos, así como de las chequeras donde movilizaron los ingresos del c.c. “Nuestra Señora del Valle”, correspondientes a la cantidad de BOLÍVARES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 328.453,85), los cuales llevados a la reconversión en unidades tributarias ascienden a la cantidad de treinta y cinco millones Ciento Cuarenta y Cuatro mil Quinientos sesenta y uno con Noventa y cinco céntimos (Bs. 35.144.561,95).
Ahora bien, es de suma importancia acotar por esta Jueza Superior que de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente judicial, específicamente sobre el libelo de demanda y anexos efectuada por los demandantes anteriormente identificado, los cuales procedieron a consignar libelo de demanda, constante de cinco (05) folios útiles, contentivos de los hechos y el derecho sobre los cuales basa su pretensión, así como cincuenta y tres (53) anexos.
En atención a lo anterior, se hace necesario indicar que doctrinariamente, se concibe el libelo de la demanda como la petición o escrito que inicia un proceso ejercitando una o varias acciones ante el tribunal o juzgado que se considere competente, el cual debe contener los elementos de hecho y de derecho sobre los cuales recaerá su pedimento. Establecido así, nada más indicado que partir del tríptico latino del contenido del libelo de la demanda: “Quis, quid, coram quo, a iure petatur et a quo, ordinem confectum quisque libellum habet” lo cual se traduce en “Quien soy, que pido, con que derecho y a quien pido” siendo estos los elementos ordinarios del libelo de demanda.
En conjunción a las anteriores consideraciones elementales, se deben cumplir los requisitos de forma y de fondo establecidos en las leyes adjetivas que rigen la materia bajo el estudio del jurisdicente; Ahora bien, el nuevo proceso judicial venezolano, impulsado por nuestro M.T. de la República, en procura de agilizar los procesos y optimizar las funciones de los Tribunales, ha encausado los procesos sometidos a su conocimiento en principios esenciales como brevedad, gratuidad, inmediatez y celeridad, principios que están inspirados en la normativa constitucional que obliga al Estado a garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (Artículo 26 Constitución Nacional)”.
Ello así, observa esta Juzgadora que a los fines de dar cumplimiento con los preceptos constitucionales up supra señalados, las partes de igual modo deben necesariamente encaminar sus peticiones encuadradas en la misma concepción constitucional, en el caso traído a consideración a este Tribunal se observa que los hoy demandantes, realizaron una reconversión en unidades tributarias del monto objeto a la solicitud de rendición de cuentas, cuyo resultado expresado en el escrito arrojó otra cantidad en bolívares superior al monto aprobado para el proyecto anteriormente señalado, lo cual resulta evidente que existe un error en dicha reconversión, razón por la que se considera prudente y necesario, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en el Estado D.A., actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, procede a dictar DESPACHO SANEADOR, ello a los fines de corregir y/o enmendar el libelo; en tal sentido, se le sugiere precisar y concretizar en razón de la cuantía (para establecer la competencia), debidamente expresada en Bolívares y Unidades Tributarias en la presente acción, a fin de que permita claramente identificar la cantidad cierta objeto a la solicitud de rendición de cuentas, todo ello basado en el contenido del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece:
Si el tribunal constata que el escrito no se encuentra incurso en los supuestos previstos en el artículo anterior y cumple con los requisitos del artículo 33, procederá a la admisión de la demanda, dentro de los tres días de despacho siguientes a su recibo. En caso contrario, o cuando el escrito resulte ambiguo o confuso, concederá al demandante tres días de despacho para su corrección, indicándole los errores u omisiones que se hayan constatado…
(Trascripción parcial del artículo, cursivas del Tribunal).
Asimismo, se hace necesario, destacar que la figura del despacho saneador está concebido como un instituto procesal para que el Juez pueda depurar o corregir la demanda, así como los actos relativos al proceso, conforme a los presupuestos procesales y los requisitos del derecho de acción, a los efectos de garantizar y permitir que el Juez pueda dictar una decisión conforme al derecho y la justicia, es decir, conforme a las adecuadas pretensiones de las partes y a la Ley. Así pues, esta figura constituye una institución procesal que opera de oficio a iniciativa del Juez cuando se decreta antes de la admisión de la demanda, con la finalidad de depurar el proceso.
En otro orden de ideas, con respecto a la institución del Despacho Saneador, nuestro M.T., se ha pronunciado en diversos fallos, entre ellos, sentencia Nº 0248, Expediente Nº 04-1322, de fecha 12/04/2005, de la Sala de Casación Social, con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., caso Hildemaro V.W. contra Cervecería Polar, C.A que indica la naturaleza jurídica del Despacho Saneador en los siguientes términos: “En las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal que constituyen un prominente foro jurídico, se ha tratado, reiteradamente, el instituto del despacho saneador, que tiene su antecedente en la audiencia preliminar del proceso austriaco y que fue adoptado por la legislación portuguesa, desde comienzos de 1990 e instaurado posteriormente en el derecho brasileño. En términos generales el despacho saneador constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso. La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales. Por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. Comúnmente esta actividad contralora del juez es exigida en la primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive.” (Subrayado y negrillas agregadas por este Sentenciador).
En consecuencia, se le conceden Tres (3) días de Despacho siguientes al presente auto, al demandante, a fin que realice lo ordenado, so pena de no hacerlo en el lapso indicado, se procederá a su inadmisión. Conste.-
La Jueza,
Marvelys Sevilla Silva
El Secretario,
J.A.F.
MSS/JAF/c.m.*.-
Nº Asunto Principal: NP11-G-2013-000066
