Decisión nº 1337 de Juzgado Superior Civil de Vargas, de 26 de Febrero de 2007

La CONFESION FICTA de la parte demandada.

Parcialmente con lugar la demanda.

CONDENÓ al demandado a pagar a la parte actora la suma de (Bs.11.500.000,00) por Daños Materiales y la suma de (Bs.100.000.000,00) por concepto de Daño Moral.

Negó la indexación solicitada.

No hubo condenatoria en costas, en virtud de que el actor no resultó totalmente vencido.

Ordenó la notificación de las partes por cuanto la sentencia fue publicada fuera de lapso.

Notificadas ambas partes del contenido de la decisión proferida en fecha 18 de septiembre de 2006, la parte demandada apeló de la misma el día 11 de octubre de 2006, la cual fue oída en ambos efectos por el tribunal de la causa mediante auto fechado 13 de octubre de 2006, ordenando su remisión a este Tribunal Superior, mediante oficio distinguido con el N° 2089/06.

-.III.-

Para decidir, se observa:

De acuerdo con lo denunciado en el escrito de informes presentado ante esta alzada, las razones que sustentan la apelación por parte del recurrente son:

1. Que criterio del recurrente es válida la reconvención que se presente aunque no se hubiese contestado la demanda;

2. Que la declaratoria de confesión ficta comportaba para el tribunal de la primera instancia la obligación de abstenerse de decidir el fondo de la causa sino que debía concederle oportunidad para “permitir[le] alegar [sus] argumentos probatorios no violentando el debido proceso.”;

3. Que la recurrida no fundamenta la razón de por qué declara parcialmente con lugar la demanda;

4. Que la sentencia carece de fundamento suficiente para la condenarle al pago de los daños materiales y morales “ya que condenar por un monto tan exagerado sin que se fundamente cual es el motivo que lleva la convicción de un juez, que esa es la suma exacta por la cual debe condenársele no es mas (Sic) que un vicio procesal que causa daños irreparables.”

5. Aduce que es improcedente el pronunciamiento sobre el fondo de la demanda, después de haber declarado la confesión ficta;

6. Que el Tribunal de la causa nunca le permitió que pudiera probar en la presente causa, violentándose el artículo 362 de la ley procesal, por cuanto nunca respetó el lapso de promoción ni sentenció al terminar el mismo, pues lo hizo en uno totalmente distinto.

-.IV.-

Por aplicación del principio jurídico conforme al cual no se puede desmejorar la condición del único apelante, estrictamente ligado a otro principio procesal conocido con las palabras latinas tantum appellatum quantum devolutum, se procede al análisis de la recurrida, con vista de los alegatos del apelante, en los siguientes términos:

Siguiendo las enseñanzas del Dr. J.E.C.R., la contestación de la demanda es el acto procesal mediante el cual el demandado inicia el ejercicio de su derecho de defensa y tiene su base constitucional, al igual que el derecho de acción, en el Derecho a la Jurisdicción consagrado en el encabezamiento del artículo 26 de la Constitución nacional, según el cual:

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

Ese postulado debe entenderse en sentido amplio, incluyéndose en la expresión "hacer valer", no sólo el ejercicio de la acción, sino también el derecho del demandado de alegar en juicio las razones que considere se oponen a la pretensión del demandante, de modo que con el ejercicio de la acción y con la contestación de la demanda, actor y demandado ejercen su derecho de defensa en juicio, el que no se agota con tales actos procesales, sino que se manifiesta y ejercita también durante el curso del juicio.

La diferencia que existe entre acción y excepción, entonces, es que en tanto el actor tiene la iniciativa del litigio, el demandado no la tiene y debe soportar, a su pesar, las consecuencias de la iniciativa del demandante.

Sin embargo, el demandado puede asumir dos actitudes principales: convenir en la demanda o contradecirla. En el primer caso, la pretensión queda satisfecha, el proceso se termina y se procede como en sentencia pasada, con autoridad de cosa juzgada, mientras que en el segundo la pretensión queda contradicha en los términos de la defensa del demandado.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de procedimiento civil: "En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar.- Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9°, 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas.- Si el demandado quisiere proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación." (Subrayado propio)

Como se ve, la contestación de la demanda exige, en primer lugar, que el demandado exprese con claridad si la contradice en todo o en parte, o si se conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, debiéndose añadir las razones, defensas o excepciones perentorias que considere procedentes el demandado; pero, además, puede alegarse en el mismo escrito de la contestación no sólo las cuestiones a que se refieren los ordinales 9º, 10 y ºº del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en el evento allí previsto, sino también la reconvención. Por tanto, para que haya reconvención es necesario que hubiese habido contestación, ya que ella sólo se concibe si se presenta en el mismo escrito de contestación.

Siendo así, como en efecto lo es y visto que el tribunal de la causa consideró que en el escrito presentado por el demandado en la oportunidad de la contestación no hubo contradicción de la demanda, forzoso le era concluir que no hubo contestación y, por lo tanto, tampoco reconvención.

Si la disposición legal no fuese tan categórica, quizás el escrito presentado por el demandado pudiese considerarse una contestación, a pesar de la calificación de su petición, porque de diferentes párrafos del mismo pareciera desprenderse una contradicción. En efecto, nótese que el primer párrafo siguiente al título referido, la parte demandada señala que “la demanda intentada en su contra por los ciudadanos antes mencionados carece de fundamento y atenta contra todo principio procesal ya que es imposible cuantificar los daños morales sin tener fundamento alguno y es temerario alegar en el libelo de demanda que se estima la misma por la cantidad de… (Bs. 511.250.000,00) como así lo hizo la parte demandante,…”, ese párrafo, en principio, pudiera considerarse una contradicción. No obstante, la norma es diáfana cuando exige que el demandado “deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación”, de modo que no hay lugar a interpretaciones. Si no hubo esa claridad en la contestación, debe reputarse la demanda como no contestada, como en efecto lo decidió la recurrida.

Ahora bien, la falta de contestación da lugar a la confesión ficta, es decir, a la presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda; sin embargo, esta presunción es iuris tantum, lo que se traduce en la inversión de la carga de la prueba, ya que a quien se le exige destruir dicha presunción es a la persona a quien desfavorece; es decir, al demandado.

La parte demandada sostiene que se le cercenó el derecho a probar y que el tribunal de la primera instancia incumplió los lapsos a que se refiere el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, no solicitó ni incorporó a los autos prueba alguna de su afirmación; es decir, un cómputo de los días de despacho transcurridos entre el día en que se venció el lapso de la contestación de la demanda y el que se profirió la definitiva. No obstante, de la nota de Secretaría que aparece al pié de su escrito de “reconvención” se desprende que la misma fue presentada en fecha 5 de junio de 2006 y que la sentencia se pronunció el día 18 de septiembre del mismo año. A este juzgador le resulta difícil concebir que el Tribunal no hubiese despachado durante un período tan largo como para creer que la sentencia se hubiese pronunciado antes del vencimiento del lapso probatorio (única forma de considerar la decisión extemporánea). Más aún, en el punto Sexto del dispositivo de la recurrida se observa que se ordenó la notificación de la misma a las partes, en atención a que la decisión se publicó fuera del lapso legal para ello, lo que deja ver que entre ambas fechas transcurrió más de los cinco (5) días de despacho lapso a que se refiere el artículo 868 del Código adjetivo, e incluso más de los ocho días siguientes a los que queda reducido el lapso para sentenciar cuando no hubiese contestación de demanda ni promoción de pruebas por parte del demandado, como lo prescribe el artículo 362 (aplicable por remisión del 868 mencionado). Caso contrario no se hubiese requerido ordenar la notificación aludida.

Debe aclararse que cuando el artículo señalado indica que la sentencia se pronunciará dentro de los ocho días siguientes al vencimiento del lapso probatorio, no impone la reapertura de ningún trámite para el evento que dicha decisión no se produzca. La consecuencia de esa omisión, como en cualquier otro proceso civil, es que la sentencia que se pronuncie deba notificarse a las partes, conforme lo dispone el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y como en efecto se ordenó en la recurrida.

En la tramitación de los procesos relativos a la reclamación de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito, el demandado tiene la carga de consignar junto a su escrito de contestación toda la prueba documental de que disponga y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral y si incumpliese dicha carga no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y haya indicado en el escrito de contestación la oficina donde se encuentran, porque así lo dispone el artículo 865 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 150 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Por tanto, es total y absolutamente injustificable aceptar la afirmación realizada en el escrito de informes presentado en esta alzada, en el sentido de que después que presentó su escrito de “reconvención” el expediente pasó al despacho de la ciudadana Juez y salió del mismo con una sentencia, con lo cual supuestamente se le vulneró su derecho de alegar y probar, tanto porque las alegaciones deben hacerse necesariamente en la contestación de la demanda, como por el hecho de que ese procedimiento exige que las pruebas también se anuncien en el escrito de dicha contestación.

Es cierto que existe una excepción a esa carga procesal (de presentar junto con la contestación todas las pruebas documentales de las que quiera valerse el demandado y la indicación de lista de los testigos que declararán en el debate oral), y que tal excepción está prevista, precisamente, para los casos como el que nos ocupa, cuando el demandado omite la contestación de la demanda. En tal evento sí se abre un lapso de promoción de pruebas de apenas cinco (5) días; pero el demandado no puede justificar la omisión de esa promoción en la mera afirmación, sin demostración, de que presuntamente el expediente pasó al despacho de la juez y cuando salió ya tenía decisión, tanto porque es inverosímil, como porque es inconcebible que en el evento que ello fuese susceptible de ocurrir, el profesional representante del demandado afectado no abogue para ejercer adecuadamente los derechos de su defendido. Y resulta inverosímil, porque de acuerdo con lo que se desprende de las actas procesales, el apoderado judicial del demandado no tomó conciencia de que había omitido la contestación de la demanda sino después de la publicación de la sentencia, ya que la falta de la contestación, en este caso particular, no fue una contumacia por incomparecencia, toda vez que el apoderado del demandado compareció pero consignó un escrito ineficaz. De modo que existen indicios para sostener que tenía la creencia de haber realizado un acto procesal adecuado y que, por tanto, no tenía razón alguna para promover pruebas dentro de un lapso que sólo está previsto para los casos en que no exista contestación. Si su escrito hubiese sido el adecuado, la expectativa que podía tener era de que se fijase oportunidad para la audiencia preliminar a la que alude el primer aparte del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil; pero aun en ese supuesto quedaría sin explicación la razón de por qué no instó al Tribunal que dictase un auto fijando dicha oportunidad.

Cumpliendo el deber de la exhaustividad de la sentencia, visto que el apelante afirma que por el hecho de haberse declarado procedente la aplicación de las consecuencias de la confesión ficta, el Tribunal debía abstenerse de pronunciarse respecto al fondo y condenarlo al pago del daño moral, este juzgador observa:

No es cierta la afirmación del recurrente, en el sentido de que se no se pueda realizar el pronunciamiento de fondo en los casos de contumacia en la contestación de la demanda. Evidentemente existe un error de interpretación de parte del demandado en torno al contenido del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil (al que remite el artículo 868 referido). Cuando en dicho artículo se indica que vencido el lapso de promoción de pruebas el tribunal sentenciará si el demandado no hubiese promovido alguna, está imponiéndole al juzgador decidir el fondo del asunto; es decir, sobre todos los alegatos de la parte actora expuestos en el libelo de la demanda, atendiendo los parámetros previstos en esa norma, esto es, que el demandado, además de su falta de contestación a la demanda, no hubiese probado nada que le favorezca y que la pretensión deducida no sea contraria a derecho.

Por tanto, actuó conforme a derecho la recurrida cuando procedió al análisis de los requisitos correspondientes y declaró la confesión ficta de la parte demandada.

Por último, en su escrito de informes el recurrente afirma que no existe un fundamento bien explanado en el cuerpo de la sentencia para tal condenatoria, y además cuestiona de manera indirecta (cuando lo considera exagerado) el monto por el cual fue condenado en la sentencia de la primera instancia.

Respecto a ello, se observa:

Es falso que la decisión recurrida carezca de fundamento respecto a la condenatoria del daño moral. Claramente se expresa en el punto quinto de la parte motiva, que la pérdida física del hijo por parte de la actora, produce un sufrimiento; y que el artículo 1.196 del Código Civil prevé la posibilidad de que el juez acuerde la indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa donde quienes reclaman indemnización son los padres del ciudadano A.E.Q.R., fallecido como consecuencia del accidente que se produjo por razones imputables únicamente al demandado en este juicio. Esta afirmación se haya sustentada en el hecho de que no hubo contradicción a los alegatos del libelo y, por si fuese poco, ni siquiera se niega en el escrito de informes consignado en esta alzada, en el que sólo se realizan una serie de críticas de naturaleza adjetiva y la única sustantiva es en torno a la condena por daño moral, que fue considerada exagerada por el apelante.

La juzgadora de la primera instancia, para afianzar su decisión relativa al punto relativo al daño moral, incluso cita decisiones de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en las que se estableció que a los efectos de la condenatoria por ese concepto basta probar el hecho generador del mismo, por cuanto no existe medio de prueba que sirva para determinarlo, razón por la cual su estimación queda al prudente arbitrio del Juez.

Sobre la posibilidad de los familiares de reclamar el daño moral, la Sala de Casación Civil de la entonces denominada Corte Suprema de Justicia, señaló:

Destinatario de la acción resarcitoria es, en primer término, el sujeto que ha experimentado los efectos dañosos del evento, en su persona o en sus bienes. Si la víctima del accidente ha fallecido, la acción estará atribuida a sus herederos, no en su condición de tales, sino iure proprio. Pero los parientes se hallan facultados también para demandar en su condición de herederos, en cuyo caso la acción que pudo haber promovido el agente pasivo directo del daño (material) se transmite a ellos por efecto del mecanismo sucesoral.

En este orden de ideas, los herederos tendrán el derecho a reclamar la indemnización del daño material del automóvil, el daño emergente de gastos médicos, hospitalización y exequias, el lucro cesante, la indemnización de las lesiones corporales sufridas por el occiso y la indemnización del daño moral que como deudos han padecido a causa de su muerte. Los cuatro primeros los reclamarían como herederos de un derecho a indemnización que adquirió el de cujus desde el día del accidente y el último, con la cualidad propia de víctimas.

No toda clase de perjuicio extrapatrimonial es reclamable, circunscrita esta reclamación a la víctima en los casos señalados por el artículo 1.196 del Código Civil y en caso de muerte de la víctima en beneficio de sus parientes o cónyuge. Fuera de estos casos de muerte o lesiones difícilmente puede darse en los accidentes de tránsito la existencia de un daño moral que pudiera ser indemnizado con arreglo a la citada norma.

(Sentencia del 17 de marzo de 1993, con ponencia del Magistrado Dr. R.J.A.g., en el juicio de M.G.R.B. y otros contra Aerobuses de Venezuela C.A. y otro, Exp. 90-006)

También, de acuerdo con la mencionada Sala, es el Tribunal de alzada el que, dentro de su discrecionalidad, debe razonar los fundamentos y pautas en que base su decisión de rebajar el monto estimado por el daño moral que el juez de la primera instancia pudo considerar equitativo y proporcional al daño sufrido.

Ahora bien, en el escrito libelar, la parte actora reclama por concepto de daño moral la suma de QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 500.000.000,00). La recurrida, como se dijo, haciendo uso de la potestad que le confiere el artículo 1.196 del Código Civil, lo estimó en la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 100.000.000,00). Ello es así, porque el monto correspondiente no se presta a ninguna experticia ni a cálculos matemáticos, toda vez que “no cae bajo la jurisdicción de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia.” (Real Academia Española). No hay ciencia capaz de cuantificar el sufrimiento que padece un familiar por la pérdida de sus afectos; mucho menos si se trata de un hijo.

En el caso que nos ocupa, además de estar demostrada la culpabilidad de la parte demandada en el acaecimiento del siniestro con las decisiones recaídas en el proceso penal que se siguió, se tiene que omitió la contestación de la demanda; pero, además, su inadmisible reconvención pretendió estimarla en la suma de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 100.000.000,00); afirmando que por el solo hecho de la interposición de la demanda que en su contra se intentó, la parte actora le causó daños hasta por esa suma. De donde puede razonarse, entonces, que si considera (absurdamente) que el ejercicio de una acción, a pesar de estar tutelada en el ordenamiento legal es susceptible de causar daños y por esa cantidad, mucho más debe serlo, y por tanto no es exagerado, que la condena por concepto de daño moral, fundamentada en el fallecimiento de una persona debido a su sola responsabilidad, se estime en un monto igual e incluso superior. No obstante, por virtud del principio anteriormente referido, conforme al cual no se puede desmejorar la condición del único apelante, este juzgado sólo confirmará, sin modificaciones, el fallo recurrido.

-.V.-

En virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 18 de septiembre de 2006, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en el juicio de indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito incoado por los ciudadanos A.E.Q.G. y C.D.V.R.D.Q., en contra del ciudadano D.O.E.R., suficientemente identificados en el cuerpo del presente fallo.

En consecuencia, se confirma la recurrida y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena al recurrente al pago de las costas que se pudieron generar en esta alzada.

Publíquese y regístrese.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2007.

EL JUEZ,

I.I.P.

LA SECRETARIA

M.B.M.

En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las (12:14 p.m.)

M.B.M..

IIP/mbm