Decisión nº 859 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Marzo de 2008
| Fecha de Resolución | 28 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Lilia María Casado |
| Procedimiento | Recurso Contencioso De Nulidad |
Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veintiocho (28) de marzo de dos mil ocho (2008)
197º y 149º
SENTENCIA N° 859
ASUNTO: AP41-U-2004-000522
En fecha 27 de abril de 2001, el ciudadano L.E.L.U., actuando en su carácter de representante legal de la contribuyente QUINCALLA KATTI, C.A., interpuso recurso contencioso tributario subsidiariamente al jerárquico, contra la Resolución identificada con las siglas y números MH-SENIAT-DFIF-ISLR-F11-31-041 de fecha 29 de enero de 2001, por la cantidad total de BOLIVARES SETECIENTOS CUATRO MIL SIN CENTIMOS (Bs. 704.000,00), emitida por concepto de imposición de multa por incumplimiento de deberes formales, notificada a la contribuyente el 29/01/2001.
El presente recurso fue recibido de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) en fecha 21/12/2004.
En fecha 18 de enero de 2005, este Tribunal le dio entrada a la presente causa bajo el Asunto N° AP41-U-2004-000522. En este mismo auto se ordenó la notificación al Procurador General de la República, Contralor General de la República, Fiscal General de la República, Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente QUINCALLA KATTI, C.A., a los fines de la admisión o inadmisión del recurso conforme lo dispuesto en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario.
A través de auto dictado en fecha 18 de enero de 2005, se comisionó al ciudadano Juez de Municipio del Juzgado de Mellado de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, para que practique la notificación de la contribuyente. Así en fecha 10/06/2005, fue recibido el oficio N° 2560-084 de fecha 30 de marzo de 2005, mediante el cual se remite el expediente N° C-1.933-05 contentivo del Despacho de Comisión, habiéndose cumplido la notificación de la contribuyente QUINCALLA KATTI, C.A.
Los ciudadanos Fiscal General de la República y Procuradora General de la República fueron notificados en fecha 03/02/2005, la Contraloría General de la República fue notificada en fecha 15/02/2005 y la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el 10/03/2005, siendo consignadas todas el 27/06/2005. La contribuyente fue notificada el 28 de marzo de 2005, según consta en el despacho de la comisión.
El 18/07/2005, la abogada I.J.G.G., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 47.673, actuando como sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, presentó diligencia mediante la cual solicita a este Tribunal se declare inadmisible la presente causa.
En fechas 9/05/2006 y 24/10/2006, la representación fiscal presentó diligencia mediante la cual solicita a este Tribunal pronunciamiento en relación a la solicitud de inadmisibilidad presentada el 18/07/2005.
Mediante diligencia presentada por la abogada I.J.G.G., solicitó a este Tribunal sea declarada la perención de la Instancia en la presente causa, en virtud de lo establecido en los artículos 267 del Código de Procedimiento Civil y 265 del Código Orgánico Tributario vigente.
En fecha 12/03/2008, este Tribunal con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, dictó auto de avocamiento y cartel de notificación para la decisión de la presente causa.
II
FUNDAMENTOS DEL ACTO RECURRIDO
La Resolución se encuentra fundamentada en la revisión fiscal efectuada a la contribuyente QUINCALLA KATTI, C.A., donde la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los LLanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dejó constancia de lo siguiente:
…esta Gerencia declara procedente imponer las siguientes sanciones:
1. Por no presentar los Libros de Contabilidad del ejercicio fiscal 01/01/1999 al 31/12/1999 al momento de la visita fiscal, 30 Unidades tributarias (Bs. 11.600,00 por Unidad Tributaria) equivalente a Bs. 348.000,00 de conformidad con los artículos 71 y 108 del Código Orgánico Tributario, 37 del Código Penal. Así se declara.
2. Por no presentar los libros de Ajuste por inflación para el ejercicio fiscal 01-01-98/31-12-99 al momento de la visita fiscal, 15 Unidades Tributarias (Bs. 11.600,00 por Unidad Tributaria) equivalente a Bs. 174.000,00 de conformidad con los Artículos 71, 74 y 108 del Código Orgánico Tributario, 37 del Código Penal. Así se declara.
3. Por hacer caso omiso al requerimiento, no presentando la declaración de Impuesto Sobre la Renta y Activos Empresariales correspondiente al Ejercicio 1.998, para el momento de la visita fiscal, 15 Unidades Tributarias (Bs. 11.600,00 por Unidad Tributaria). Se toma como circunstancia agravante la prevista en el numeral 5 del artículo 85 del Código Orgánico Tributario, por cuanto la actuación fiscal procede requerir dichos documentos supra indicados de acuerdo al Acta de Requerimiento Fiscal Nro., MF-SENIAT-DFIF-F11-31-01 de fecha 30-08-00 y notificada el 30-08-00, haciendo caso omiso a tal requerimiento, situación que se subsume perfectamente en el agravante citado. Por consiguiente se determinó la multa en base al término medio, incrementado en un 5% quedando dicha pena en 15,75 Unidades Tributarias equivalentes a la cantidad de Bs. 182.700,00, de conformidad con los artículos 71, 74 y 108 del código Orgánico Tributario en concordancia con el artículo 37 del Código Penal. Así se declara….
En fecha 27 de abril de 2001, el ciudadano L.E.L.U., actuando en su carácter de representante legal de la contribuyente QUINCALLA KATTI, C.A., ejerció recurso jerárquico y subsidiariamente recurso contencioso tributario, contra la Resolución N° MH-SENIAT-DFIF-ISLR-F11-31-041 de fecha 29 de enero de 2001, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Llanos del SENIAT.
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En vista de la solicitud de la perención de la instancia planteada por la representación del Fisco Nacional, este Tribunal procede a realizar ciertas consideraciones en torno a la referida institución:
La perención es un modo de terminación procesal, mediante la cual se castiga la inactividad de las partes, su negligencia, independientemente de que sean culpables o no, por lo que la inacción del Juez no es determinante en la ocurrencia de aquélla.
Esta institución procesal regulada en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, tiene su origen en la perención prevista en el proceso civil ordinario desde el Código de Procedimiento Civil de 1916. Así, el artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable rationae temporis, señala lo siguiente:
Artículo 265. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención
.(Subrayado del Tribunal).
Como se observa, tres (3) son los requisitos que deben concurrir para aseverar que estamos en presencia de la comentada institución: una objetiva, relacionada con la no realización de actos procesales; una subjetiva, atinente a la inactividad de las partes y no del juez; y una condición temporal, en cuya virtud se exige que la pasividad de las partes exceda del plazo de un año. (Cfr. RENGEL-ROMBERG, A.,Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1987, t. II, Organización Gráficas Carriles, C.A., p. 373).
Si en la relación procesal se observa la existencia de estas tres (3) condiciones, es evidente que existe una renuncia de las partes a continuar la instancia. En efecto, el hecho de dejar transcurrir un (1) año, ejerciendo un papel de simple espectador de la inactividad judicial sin gestionar en modo alguno en el expediente, en procura de la continuación del proceso, evidencia a juicio de este Tribunal, falta de interés, por parte de la contribuyente, en obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial ante la cual ha sometido el conocimiento del asunto. De manera que, no es la inacción del Juez, per se, la que acarrea la perención de la instancia, sino que es la inactividad de las partes la que es sancionada con esta declaratoria de perención.
La desidia de los sujetos procesales por más de un año, extingue la instancia de pleno derecho, es decir, que la perención opera ex lege, pudiendo ser alegada por las partes o decretada de oficio por el Juez, quien analizará previamente que se han cumplido los presupuestos necesarios para su declaratoria.
Resulta importante advertir que, la instancia en los procesos contenciosos tributarios se inicia con la traba de la litis o debate procesal, la cual se configura una vez que todas las partes están a derecho (Sentencia N° 871 de la Sala Político-Administrativa Especial Tributaria de fecha 13 de julio de 1999, Siderúrgica del Turbio,S.A. (Sidetur) y otra empresa, Exp. N° 8.299), y en el supuesto en que el recurso contencioso tributario haya sido interpuesto subsidiariamente al jerárquico, una vez que el Tribunal Superior Contencioso Tributario competente le da entrada, debe por mandato del artículo 264 del Código Orgánico Tributario, practicar la notificación de la recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, con el fin de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso previstos en los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Magna. Así ha quedado sentado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:
(…) Visto lo anterior, debe señalarse que en el caso de autos era indispensable notificar a la contribuyente, pues la misma no se encontraba a derecho, debido a que de conformidad con el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario antes transcrito, al tratarse de un recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al jerárquico, se debe notificar a ésta en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, razón por la que no puede considerarse que la recurrente esté a derecho a partir de la interposición del recurso ante la Administración Tributaria; tal posición, se confirma mediante el auto dictado por el a quo en fecha 14 de julio de 2003, donde fueron ordenadas todas las notificaciones. Por consiguiente, no es sino hasta que conste en autos la notificación de todas las partes, el momento a partir del cual debe entenderse que se encuentran a derecho.
En este sentido, observa esta Sala que el a quo ordenó por auto del 14 de julio de 2003 la notificación de la contribuyente; sin embargo, no consta en autos su práctica y posterior consignación, cuestión que a todas luces en criterio de esta Alzada, es contrario a derecho, pues es insostenible que ante la falta de notificación a la contribuyente de la llegada del recurso contencioso tributario al órgano jurisdiccional competente, se declare la perención de la instancia por falta de actuación de la contribuyente recurrente tendiente a impulsar el proceso, cuando ella aún no estaba a derecho.
En efecto, la única forma en la cual la contribuyente pudiera haber ejercido actos que impulsaran el proceso era mediante la notificación de la boleta ordenada por el a quo, en los términos establecidos en el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario, al haberse interpuesto el recurso contencioso tributario de manera subsidiaria al jerárquico, lo cual le hubiera permitido tener la certeza de que el recurso ya se encontraba ante el órgano jurisdiccional competente, para de esta manera llevar a cabo todos los actos de procedimiento tendientes a ejercer en forma debida y efectiva su defensa, y de ese modo precisar el momento a partir del cual se establecería que las partes están a derecho, situación esta demás necesaria para que operara la perención.
Con base a lo anterior, considera esta Sala que el a quo con tal declaratoria vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la contribuyente, al no permitirle el acceso al órgano jurisdiccional competente para el ejercicio de su derecho a la defensa en la primera instancia, así mismo al debido proceso como mecanismo fundamental para la realización de la justicia, el cual tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica necesaria en la efectiva tutela judicial que la jurisdicción tiene como guía, pues ante la ausencia o falta de notificación de la llegada del recurso contencioso tributario, no se le brindó a la contribuyente las garantías suficientes para la efectiva y debida protección de sus derechos e intereses durante la tramitación del referido recurso. Así se declara
. (Sentencia N° 130 de la Sala Político-Administrativa de fecha 25 de enero de 2006, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: Petroquímica de Venezuela, S.A., Exp. N° 2005-2090).
Aplicando el criterio precedentemente expuesto al caso sub judice, observamos que este Tribunal en el auto de entrada de fecha 18 de enero de 2005, ordenó notificar al Procurador, Contralor, Fiscal General de la República, Gerencia Jurídica Tributaria (hoy denominada Gerencia General de Servicios Jurídicos) del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente QUINCALLA KATTI, C.A.
Así, las boletas de notificación del Fiscal General de la República, Contralor General de la República, a la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Procuradora General de la República, fueron consignadas todas en fecha 27/06/2005, tal como se evidencia en los folios 88 al 95 del expediente judicial. Mientras que la de la contribuyente fue recibida en este Tribunal en fecha 10/06/05 una vez cumplida la comisión.
Se observa así, como el Tribunal cumplió con la obligación procesal que le impone el artículo 264 del Código Orgánico Tributario de 2001, como lo es notificar a la recurrente que el recurso contencioso tributario que ejerció en forma subsidiaria, se le dio entrada en fecha 18 de enero de 2005. En efecto, señala la citada disposición legal:
Artículo 264. Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio
. (Subrayado del Tribunal).
Así, la litis o debate procesal se instauró una vez que todas las partes se encontraron debidamente notificadas. Ahora bien, desde el 24 de octubre de 2006 -fecha en la cual la representación fiscal solicitó a este Tribunal pronunciamiento sobre la oposición a la admisión del recurso planteada en fecha 18/07/2005-, hasta el 22 de febrero de 2008 cuando la misma solicitó la perención de la instancia, se observa que transcurrió más de un (1) año sin haberse realizado un acto de procedimiento, en virtud del cual se evidencie la intención o propósito de las partes de continuar el proceso.
En consecuencia, en aras de proteger el interés público reflejado en la necesidad imperiosa de evitar que los juicios se prolonguen indebidamente y en el desideratum común de descargar a la jurisdicción de causas que han sido abandonadas por falta de diligencia de las partes, quien decide, declara con fundamento en lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y 265 del Código Orgánico Tributario, que en la presente causa se consumó el lapso necesario para que perima la instancia. Así se decide.
IV
DECISIÓN
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la presente causa.
Publíquese, regístrese y notifíquese a los ciudadanos Procuradora, Contralor y Fiscal General de la República, a la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital y a la contribuyente QUINCALLA KATTI, C.A.
Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro m.T.d.J. (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil ocho (2008). Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación.
La Jueza Suplente,
L.M.C.B.
El Secretario,
J.L.G.R.
En el día de despacho de hoy veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008), siendo las once y media de la mañana (11:30 a.m.) se publicó la anterior sentencia.
El Secretario,
J.L.G.R.
Asunto N° AP41-U-2004-U-000522
LMCB/JLGR/LJTL
