Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 15 de Mayo de 2014
| Fecha de Resolución | 15 de Mayo de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Flor Leticia Camacho |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGIÓN CAPITAL
204° Y 155°
QUERELLANTE: E.R.R.B., venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de identidad N° 5.132.614.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: P.R.M.Á., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 65.333.
QUERELLADO: CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M..
MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL EJERCIDA CONJUNTAMENTE CON A.C..
Mediante escrito presentado en fecha nueve (09) de mayo de 2014, por ante el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (en su carácter de Tribunal distribuidor), por el ciudadano E.R.R.B., venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de identidad N° 5.132.614, asistido por el Abogado P.R.M.Á., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 65.333, se interpone el recurso Contenciosos Administrativo Funcionarial conjuntamente con A.C., contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M..
Habiéndose realizado la distribución correspondiente del expediente en fecha 13 de mayo de dos mil catorce (2014), se le asignó a este Juzgado el conocimiento de la presente causa, siendo recibido en esa misma fecha, el cual fue signado bajo el Nº 3615-14.
-I-
DE LA QUERELLA FUNCIONARIAL.
La representación judicial de la parte querellante alega:
Que en fecha 05 de septiembre de 2013, por medio de un acuerdo del Concejo Municipal, le fue otorgada la jubilación, en el cargo de Directo de Gestión Administrativa, luego de haber comprobado que laboro en el órgano mencionado por un lapso de treinta y tres (33) años en la administración publica, de conformidad con el articulo 3 de la Ley del Estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios o funcionarias empleados o empleadas de la administración publica nacional, de los estado y de los municipios
Que dicha jubilación fue otorgada con un 80% del sueldo por el cargo de Director de Gestión Administrativa.
Que para el mes de enero de 2014, percibía un monto de doce mil ochocientos setenta y nueve bolívares con veintidós céntimos (12.869,22 Bs.), pagaderos en dos partes o quincenales.
Que en el mes de febrero de 2014 le fue depositado el monto quincenal correspondiente, luego al tratar de cobrar la segunda quincena el banco donde regularmente cobra su jubilación desde el año 2013 le informa, que le Concejo Municipal, no había depositado el pago correspondiente, razón por la cual acudió a la dirección de personal de la institución el la cual le informan que no hay disponibilidad.
Que en fecha 11 de abril de 2014, se dirigió a la Presidencia del Concejo Municipal, con el fin de obtener una explicación de la situación de la cual estaba siendo victima, sin obtener respuesta alguna, que transgredió su derecho a la defensa y el debido proceso consagrado en el articulo 49 numeral 3 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, ya que no se le garantizo el derecho a ser oído en un p.j. y con garantías, aun y cuando contaba con argumentos suficientes para evitar así la aplicación de tal medida, por lo que a su decir el accionar de la administración se encuentra incursa en abuso de poder por parte de la mayoría del los integrantes del concejo Municipal.
Que tal decisión no cónsona con las disposiciones constitucionales ni legales, al crear una sanción que no esta prevista en ninguna disposición reglamentaria ni legislación, ya que se sanciona o priva de un derecho adquirido indefinidamente, sin mediar ningún tipo de procedimiento, en donde no se le otorgo el derecho a la defensa, violando así las normas de rengo constitucional.
-II-
DEL A.C.
Para fundamentar la acción de a.c., la parte accionante alega la violación de los derechos constitucionales, configurados con la suspensión indefinida de los pagos y demás beneficios por concepto de jubilación que percibía por haber trabajado durante treinta y tres (33) años en la Administración Pública, el cual constituye su única fuente de ingreso que le permite garantizar el derecho a la alimentación, adquirir medicamentos, con la finalidad de poder mantener su hogar y comprar sus alimentos.
Que para probar los extremos exigidos por la ley relacionados con el Fumus B.I. y el Periculum In Mora, señala que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil debe hacer Justicia.
Que luego de haber demostrado las situaciones de atropello de las que fue objeto, considera que las mismas son violatorias a sus derechos y garantías constitucionales, de acuerdo a lo establecido en los artículos 86, 89, 49.3 y 49.8 de nuestra Carta Magna.
En consecuencia solicita se decrete “A.C. Cautelar, y en consecuencia se ordene se continué pagando mi sueldo como jubilado y además se ordena pagar los sueldos retenidos desde el 10/02/2014 (segunda quincena de febrero de 2014 inclusive), cuya medida solicito se mantenga hasta tanto sea resuelto el recurso principal”
-III-
DEL PROCEDIMIENTO
La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece el procedimiento aplicable a los Recursos Contenciosos Administrativos, interpuestos conjuntamente con A.C.C., así estableció que toda Medida Cautelar de A.C. se rige por el procedimiento de la tramitación del capitulo “V” de la mencionada Ley el cual establece un tratamiento similar al de una Medida Cautelar, lo cual implicaría la apertura de un cuaderno separado para un pronunciamiento posterior a la admisión, respecto a la pretensión cautelar.
No obstante a ello, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha considerado necesario retomar el criterio establecido en sentencia Nº 00402, de fecha 20-03-2001. Caso: M.E.S.V., en el cual se preciso la necesidad de reinterpretar los criterios relativos a la naturaleza cautelar del amparo y determinó el carácter accesorio e instrumental que ostenta la petición de a.c., con respecto de la pretensión principal debatida en juicio; y además la posibilidad de asumir la solicitud de a.c. en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que la primera (Amparo cautelar) alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia esta que, por su trascendencia, hace aun más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada, al punto de ser resuelta en la oportunidad de la admisión de la acción, para garantizar una justicia expedita y una tutela judicial efectiva. (vid sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nº 01326, Caso: A.J.I.P.V.. Contraloría General de la República, Magistrado Ponente Yolanda Jaime Guerrero.)
Ahora bien, estima esta Juzgadora que por tratarse el presente caso de un Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, ejercido conjuntamente con acción de a.c. debe pronunciarse en primer lugar sobre la admisibilidad de la acción principal propuesta, omitiendo pronunciamiento sobre el requisito de caducidad de la acción, para posteriormente si resulta admisible la acción principal realizar el pronunciamiento debido en la acción constitucional cautelar.
-IV-
DE LA ADMISIÓN DE LA QUERELLA.
Revisados los requisitos de Admisibilidad previstos en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa al cual nos remite el Estatuto de la Función Pública en sus artículos 98 y 99, éste Juzgado considera que la querella funcionarial, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad en consecuencia, se ADMITE la querella funcionarial interpuesta conjuntamente con a.c., por el ciudadano E.R.R.B., venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de identidad N° 5.132.614, debidamente asistido por el abogado P.R.M.Á., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 65.333, contra el C.M.D.M.A.Z.D.E.M.. ADMITE en cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 99, de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Procédase a la citación del SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M., a los fines de que comparezca por ante este Órgano Jurisdiccional a dar contestación a la presente querella en un lapso de quince (15) días de despacho siguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 99, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se le solicita el expediente administrativo de la querellante, el cual debe constar en forma original o en copias debidamente certificadas y foliadas en números y letras, por la persona con la facultad para ello, sin que se presenten ningún tipo de tachadura, enmendadura o doble foliatura y en caso de tenerlo, las mismas deberán ser subsanadas, siendo testada y debiendo indicar los folios corregidos por la persona que realiza dicha certificación, dentro del término de la contestación de la querella, se ordena la notificación del ALCALDE MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M. y el PRESIDENTE DEL C.M.D.M.A.Z.D.E.M.L. los oficios y anéxense las copias respectivas. Entréguese al Alguacil para que practique la citación. Así se decide.
-V-
DE LA PROCEDENCIA
DE LA ACCIÓN CAUTELAR SOLICITADA
De seguidas, este Juzgado pasa a pronunciarse sobre el A.C.C. solicitado, y a tal respecto, señala que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00402 de fecha Veinte (20) de M.d.D.M.U. (2001), caso: M.E.S.V., retomada por esta misma Sala en fecha 28 de mayo de 2013 (Caso: N.B.G.P. contra la Contraloría General de la República - EXP. Nº 2013-0461), estableció criterio en cuanto al tratamiento de la Acción de A.C. ejercida conjuntamente con el recurso principal contencioso Administrativo, resaltando el carácter accesorio e instrumental que tiene el respecto de la pretensión principal debatida en juicio, por lo que considera posible asumir la solicitud de Amparo en idénticos términos que una Medida Cautelar con la diferencia que la primera alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia esta que por su trascendencia hace aun más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la Medida Cautelar.
Para tal efecto la Sala estimo que debían revisarse el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Estos son, el fumus b.i., con el objeto de verificar o constatar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.
Asimismo, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del accionante.
Ahora bien, se observa que la parte querellante para fundamentar la solicitud de a.c., alega la violación de sus derechos constitucionales, por la suspensión indefinida del pago y demás beneficios adquiridos por conceptos de jubilación que percibía por haber trabajado por treinta y tres (33) años para la Administración Pública, al ser su única fuente de ingreso el cual le permite comprar alimentos, medicinas y ser el sustento de su hogar.
Que en el caso de autos queda demostrado las situaciones de atropello que involucran la trasgresión de las normas constitucionales y de los derechos y garantías consagrados en nuestra Carta magna, establecidos en los artículos 86, 89, 49 y los numerales 6, 8 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela
Ahora bien, al realizar una revisión exhaustiva de los alegatos formulados por la parte actora, esta Juzgadora considera que los mismos no otorgan suficientes meritos para que se realice un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud en la vulneración de derechos de carácter constitucional, dado que se encuentra planteado de manera genérica e infundada, por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar IMPROCEDENTE la pretensión de a.c. solicitada. Y así se decide.
-VI-
DECISIÓN
En merito de lo anterior, éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
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SE ADMITE la querella funcionarial interpuesta conjuntamente con a.c., por el ciudadano E.R.R.B., venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de identidad N° 5.132.614, debidamente asistido por el abogado P.R.M.Á., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 65.333, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M.. ADMITE en cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 99, de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Procédase a la citación del SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M., a los fines de que comparezca por ante este Órgano Jurisdiccional a dar contestación a la presente querella en un lapso de quince (15) días de despacho siguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 99, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se le solicita el expediente administrativo de la querellante, el cual debe constar en forma original o en copias debidamente certificadas y foliadas en números y letras, por la persona con la facultad para ello, sin que se presenten ningún tipo de tachadura, enmendadura o doble foliatura y en caso de tenerlo, las mismas deberán ser subsanadas, siendo testada y debiendo indicar los folios corregidos por la persona que realiza dicha certificación, dentro del término de la contestación de la querella, se ordena la notificación del ALCALDE MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M. y el PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M.L. los oficios y anéxense las copias respectivas. Entréguese al Alguacil para que practique la citación
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IMPROCEDENTE la Acción de A.C. solicitada
Dada, firmada y sellada en el despacho del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil catorce (2014), 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
LA JUEZ.
F.L. CAMACHO A.
LA SECRETARIA TEMPORAL,
M.C.C..
En ésta misma fecha se libró Oficio de citación Oficio N° TSSCA-0430-2014 al SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M., Oficio de notificación N° TSSCA-0431-2014 al ALCALDE MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M. y oficio de notificación N° TSSCA-0432-2014 al PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO Z.D.E.M., las cuales serán practicadas previa consignación de los fotostatos correspondientes. Estas actuaciones se practicarán previo cumplimiento de la carga procesal por parte del interesado, de conformidad con lo establecido en la sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia en fecha seis (06) días del mes de julio de dos mil cuatro (2004), Caso: J.R.B.V. contra Seguros Caracas Liberty Mutual. En esta misma fecha se publicó y registro la presente decisión.
LA SECRETARIA TEMPORAL
M.C.C..
Exp: 3615-14/FC/MC/LR
