Decisión nº 0089 de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de los Municipios Independencia, Cocorote, San Felipe, Veroes, la Trinidad, Manuel Monge, Sucre y Bolívar. de Yaracuy, de 19 de Diciembre de 2011
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de los Municipios Independencia, Cocorote, San Felipe, Veroes, la Trinidad, Manuel Monge, Sucre y Bolívar. |
| Ponente | Carmen Elizabeth Mendoza Landaeta |
| Procedimiento | Medida De Protección A La Producción Agricola |
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA, COCOROTE, SUCRE, LA TRINIDAD, VEROES, BOLIVAR Y M.M.
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
Surge el presente escrito de demanda relativo a MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCION AGRICOLA, recibido por este Juzgado en fecha ocho (08) de Agosto de dos mil Once (2011), suscrito y presentado por el ciudadano R.E.G.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-8.517.016, domiciliado en el Caserío el Cienego, Sector J.d.M.d.A.C.D.P. específicamente en el Fundo Las Guineas, Municipio Veroes del Estado Yaracuy, debidamente asistido en este acto por los abogados en ejercicio N.R.M. y A.A.M.B., debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 149.187 y 151.024, respectivamente, mediante la cual solicita Medida de Protección a la Producción Agrícola, de conformidad con lo establecido en los artículos 305 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, articulo 17, de la Reformada ley de Tierras y Desarrollo Agrario, (Gaceta Oficial N° 38.628 de 16 de Febrero de 2007)., sobre un lote de terreno de sesenta hectáreas (60 Has) aproximadamente, ubicado en el Caserío el Cienego, Sector J.d.M.d.A.C.D.P. específicamente en el Fundo Las Guineas, Municipio Veroes del Estado Yaracuy, alinderado de la siguiente manera: NORTE: terrenos ocupados por el productor M.M. y M.G.; SUR: terrenos ocupados por los productores A.D., A.R. y E.V.; ESTE: vía de penetración y terrenos ocupados por el productor E.G. y OESTE: terrenos ocupados por J.L..
En fecha nueve (09) de Agosto de dos mil Once (2011), este Tribunal dio por recibida la presente Medida signándole el Nº A- 0344, nomenclatura particular de este Juzgado, asimismo fijo Inspección Judicial para el día veintiséis (26) de Septiembre de dos mil once (2011) a las nueve de la mañana (09:00) en la presente medida, igualmente se emplazo al solicitante hacerse acompañar de un técnico en materia agraria a los fines de que brinde asesoria al Tribunal durante el recorrido de la referida inspección Judicial.
En fecha veintiséis (26) de Septiembre de dos mil once (2011), el Alguacil de este Juzgado consigno oficio librado a la DIRECCION ADMINISTRATIVA REGIONAL DEL ESTADO YARACUY, debidamente firmado.
En fecha veintiséis (26) de Septiembre de dos mil once (2011), compareció ante este Tribunal el ciudadano R.E.G.H., en su carácter de solicitante, debidamente asistido por el abogado R.A., inscrito en el inpreabogado bajo el N° 159.681, mediante diligencia solicitó el diferimiento de la Inspección Judicial fijada para la presente fecha; en esta misma fecha este Tribunal mediante auto acordó el diferimiento de dicha inspección judicial y fijo nueva oportunidad para la misma.
En fecha tres (03) de Octubre de dos mil once (2011), día fijado para la practica de la inspección judicial, en virtud que no asistió la parte solicitante ni por si ni por medio de apoderado, se declaro desierto la presente inspección.
En fecha cuatro (04) de Noviembre de dos mil once (2011), este Tribunal mediante auto actuando como director del p.F. oportunidad para la celebración de una Audiencia Conciliatoria entre las partes.
En fecha dieciocho (18) de Noviembre de dos mil once (2011), día fijado para la celebración de la Audiencia conciliatoria entre las partes en el presente expediente, este Tribunal mediante acta declaro desierto el acto en virtud que no se hicieron presentes las partes.
Así pues, quien aquí decide considera necesario realizar algunas observaciones doctrinarias y jurisprudenciales acerca de esta novísima institución procesal correspondiente al nuevo derecho agrario social-humanista y progresista vale decir, la continuidad de la producción agroalimentaria, basada ésta, en la nueva filosofía del derecho agrario venezolano, en el que la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades, es por esta razón que tiene su piedra angular fundamentada en tres conceptos básicos, los cuales se encuentran enmarcados dentro de la de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 304, 305, 306 y 307 y en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el artículo 2, relativos al desarrollo rural, integral y sustentable, conceptualizado éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del Sector Agrario, dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando como objetivo principal la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones; todos plasmados y contenidos de forma expresa en el artículo 1° de la referida ley procesal especial adjetiva.
En este mismo orden de ideas resulta importante destacar que la continuidad de la producción agroalimentaria o su interrupción, impone a los jueces agrarios el deber de garantizar la culminación del ciclo biológico productivo, protegiendo así el proceso agroalimentario que se encuentra indisolublemente unido al interés social y colectivo.
Así pues el procedimiento cautelar agrario, a diferencia del procedimiento ordinario, contempla la posibilidad que el juez agrario pueda dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo. Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la unidad pública de las materias agrarias; así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que exista una amenaza a la continuidad del proceso agroalimentario o se ponga en peligro los recursos naturales renovables.
En consecuencia el artículo 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, faculta al Juez Agrario para decretar medidas cautelares, con el objeto de velar por el cumplimiento de las causales que establece el mencionado artículo, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, todo esto en atención a sus funciones y competencias atribuidas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tendientes a Garantizar la Soberanía Agroalimentaria de la Nación.
En atención a lo anteriormente expuesto, resulta importante para esta Juzgadora verificar y analizar la naturaleza jurídica de la cautela innominada de protección prevista y sancionada en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ello en virtud de considerar que la misma, VERSA SOBRE MATERIA DE EMINENTE ORDEN PÚBLICO PROCESAL AGRARIO, así como lo establecido en el artículo 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Artículo 152: En todo estado y grado del proceso, el juez competente para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos contenciosos administrativos agrarios velará por:
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- La continuidad de la producción agroalimentaria.
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- La protección del principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja
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- La continuidad en el entorno agrario de los servicios públicos.
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- La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente
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- El mantenimiento de la biodiversidad
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- La conservación de la infraestructura productiva del estado.
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- La cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo.
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- El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e intereses colectivos.
A tales efectos, dictara de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirva de fundamento contenida en la presente ley, imponiendo ordenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, según corresponda. (Subrayado, negritas y cursivas de este tribunal).
De la norma anteriormente transcrita, se concluye que se trata de un poder extraordinario que concede la ley especial al juez agrario, y por lo tanto, de aplicación restringida, vale decir, que los supuestos allí establecidos no se pueden aplicar analógicamente a circunstancias semejantes, dado que la enumeración es taxativa y está inspirada en razones de interés público, por lo que no podrán ser dispuestas en consideración al interés privado o particular de una de las partes en un juicio.
Por otra parte señala el artículo 196 de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece lo siguiente:
Artículo 196: “El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.”. (Negritas, cursivas y subrayado de este tribunal).
El objeto de estos artículos precedentemente trascritos, es la pretensión cautelar, que consiste en la solicitud que se adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial, siempre que exista riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo.
Ahora bien, en virtud de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Juzgadora, debe tomar en consideración que las medidas cautelares innominadas, están determinadas por los requisitos establecidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, que son los siguientes:
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-Riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, el periculum in mora, que se manifiesta en la infructuosidad o la tardanza en la emisión de la providencia principal.
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-La existencia de un medio probatorio que constituye presunción grave del derecho que se reclama y del riesgo definido en el requisito anterior.
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- La existencia de un temor fundado acerca, que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, es decir, que se patentice la exigencia que el riesgo sea manifiesto o inminente.
De manera que, el solicitante de una medida cautelar debe llevar al órgano judicial, elementos de juicio, siquiera presuntivos sobre los elementos que le hagan procedente en cada caso concreto.
Tales condiciones necesariamente deben desprenderse de los elementos constantes en autos, a los efectos que el juez de la causa pueda apreciarlos, valorarlos y convencerse de la satisfacción de tales extremos, y en consecuencia, acceder al otorgamiento de la protección cautelar agraria.
En este sentido, las medidas cautelares solicitadas en materia de derecho agrario, deben estar fundamentadas, tanto en los requisitos de procedencia establecidos por el Código de Procedimiento Civil, así como las disposiciones legales establecidas en el texto adjetivo, respecto al cumplimiento del “fumus bonis iuris”, “Periculum in mora” y el “periculum in damni”; como en la ley especial del fuero agrario, específicamente en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, todo ello en aras de conservar íntegramente la especialidad de la medida solicitada, y en la utilidad y los efectos que dicha medida tendrá en las resultas de la situación agraria a preservar.
En el caso bajo análisis, éstos requisitos no se lograron configurar dentro de los supuestos de hecho y de derecho, traídos al auto por el solicitante de dicha cautela, ya que al momento de la realización del auto que conforma la presente medida, este juzgado evidencio que dentro del marco de la medida solicitada por el ciudadano R.H.G.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-8517.016, hubo carencia total de medios probatorios; en virtud que la inspección judicial fijada en la presente solicitud nunca fue practicada por la ausencia de la parte solicitante, no presentó ante este Tribunal testigo alguno para que diera fe a sus dichos sobre los hechos perturbatorios; asimismo considera este Tribunal que el ciudadano ha podido intentar una Acción por Perturbación, contemplada en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el Articulo 197 Numeral 7; de tal manera que no cumple con los elementos de procedencia establecidos en las normativas antes explanadas, y en la doctrina atinente a la normativa adjetiva especial que rige la materia agraria, hechos que motiven a quien aquí juzga a decretar una medida cautelar innominada especial de protección a la producción agroalimentaria. Y así se decide.
DECISION
Así pues, en base a la línea de argumentación ampliamente explanada en la parte motiva de la presente Medida y en torno al articulado legal y constitucional supra reseñado en la misma, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote, Sucre, La Trinidad, Veróes, Bolívar y M.M. de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a fin de prestar una tutela preventiva e idónea, y tomando en cuenta que la presente decisión tiene carácter eminentemente de protección, asegurativa y provisional, tal como se dispone en la norma contenida en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de mayo de 2.006, con ponencia del magistrado Dr. F.C.L., decide:
IMPROCEDENTE, la solicitud de MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA ESPECIAL DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA, solicitada por el ciudadano R.E.G.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-8.517.016, domiciliado en el Caserío el Cienego, Sector J.d.M.d.A.C.D.P. específicamente en el Fundo Las Guineas, Municipio Veroes del Estado Yaracuy, debidamente asistido en este acto por los abogados en ejercicio N.R.M. y A.A.M.B., debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 149.187 y 151.024, respectivamente.
La presente decisión es dictada dentro del término legal establecido para ello.
No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza especial del presente fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Debidamente, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote, Sucre, La Trinidad, Veroes, Bolívar y M.M. de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe, a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del año dos mil once. (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,
ABG. C.E.M..
LA SECRETARIA TEMPORAL
BELYNDA ROMAN.
En esta misma fecha, siendo las 02:00 p.m., se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA TEMPORAL
BELYNDA ROMAN.
CEM/BR/miss-
Exp.- N° A-0344.-
