Sentencia nº 106 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Abril de 2005
| Fecha de Resolución | 26 de Abril de 2005 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Ponente | Eladio Ramón Aponte Aponte |
| Procedimiento | Recurso de Casación |
Ponencia del Magistrado Doctor E.R.A.A.
Consta en las actas procesales que la presente causa se inició por una llamada telefónica recibida en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en la cual se informó del hallazgo del cuerpo sin los signos vitales de la ciudadana M.M.d.A., en el interior del apartamento 3-C, ubicado en el Edificio Nueva Esparta, Residencias Oriente, piso 2, Colinas de Bello Monte. Según informe elaborado por los médicos adscritos al Departamento de Microanálisis del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, la muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulamiento.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal para el Régimen Transitorio, la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones y la Sala Accidental Segunda de la Corte de Apelaciones, todos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictaron sentencia condenatoria contra el ciudadano R.L.L.A., por la comisión del delito de Homicidio Calificado con alevosía, tipificado en el ordinal 1° del artículo 408 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana M.M.d.A..
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el 26 de septiembre de 2002, declaró con lugar el recurso de casación de forma propuesto por la defensa del acusado y anuló la sentencia dictada el 23 de mayo de 2004 por la Sala Accidental Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenando dictar una nueva sentencia con prescindencia de los vicios que originaron la nulidad, referidos al análisis, comparación y valoración de las pruebas.
El 8 de diciembre de 2004, la Sala Accidental de Reenvío de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, constituida por los ciudadanos jueces Teresa Jiménez Guiliani, Rubén Darío Gutiérrez (ponente) y N.J.M., absolvió al ciudadano R.L.L.A..
El 13 de enero de 2005, el ciudadano Leopoldo D´Alta Barrios, Fiscal Auxiliar Décimo del Área Metropolitana de Caracas, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, contestado por los abogados de la defensa según lo establecido en el artículo 464 del Código Orgánico Procesal Penal.
El expediente fue remitido a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y el 9 de febrero del 2005 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Doctor E.R.A.A., quien suscribe el presente fallo.
Cumplidos los trámites procedimentales la Sala pasa a decidir:
NULIDAD DE OFICIO
En atención a lo dispuesto por los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala ha revisado el fallo impugnado y considera que la Sala accidental de Reenvío de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, incurrió en un vicio en la motivación de la sentencia.
La recurrida para establecer el cuerpo del delito de Homicidio Calificado, se apoyó en las pruebas siguientes:
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Acta policial suscrita por el funcionario Giovanni José Gómez (folios 5 y 6 de la pieza 1);
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Acta del levantamiento del cadáver de la ciudadana M.M.d.A. (folio 7 de la pieza 1);
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Inspección Ocular N° 4.803 del 24 de noviembre de 1994, realizada por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial sobre el lugar donde se encontró el cuerpo de la ciudadana M.M.d.A. (folios 104 al 147 de la pieza 1);
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Inspección Ocular Nº 4.804 del 24 de noviembre de 1994 realizada por los funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, para el examen externo e identidad del cadáver (folios 147 al 151 de la pieza 1;
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La declaración de la ciudadana Yusmey Chacón Roa (folios 27 al 29 de la pieza 1, ratificada en los folios 48 al 52 de la pieza 3 y en los folios 117 al 118 de la pieza 9;
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Declaración del funcionario R.E.C.B. (folios 169 al 171 de la pieza 1, ratificada en el folio 38 de la pieza 3);
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Declaración del funcionario J.A.L.M. (folios 172 y 173 de la pieza 1, ratificada en el folio 39 de la pieza 3);
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Declaración de la ciudadana B.A.H.L. (folios 187 al 189 de la pieza 1, ratificada en los folios 30 al 32 de la pieza 3);
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Declaración de la ciudadana A.d.V.S. (folios 61 y 62 de la pieza 3);
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Declaración de la ciudadana I.R.L. (folios 74 y 75 de la pieza, ratificada en el folio 7 de la pieza 2 y en los folios 42 al 45 de la pieza 3);
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Informe de la experticia médico legal suscrito por los médicos forenses C.A. y J.V.G. (folio 20 de la pieza 2);
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Declaración de la médico forense C.A. (folios 54 y 55 de la pieza 4);
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Declaración del médico forense J.V. Guerrero (folios 112 al 117 de la pieza 11);
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Autopsia practicada al cadáver de la ciudadana M.M.d.A., realizada el 24 noviembre de 1994 (folios 23 y 24 de la pieza 2);
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Declaración de la médico patóloga A.D. (folios 123 al 125 de la pieza 5, ratificada en los folios 120 al 124 de la pieza 11);
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Constancia de inhumación, expedida por el Cementerio Municipal de Maturín referida al cadáver de la ciudadana M.M.d.A.;
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Informe presentado por los funcionarios A.C., O.G., A.N. y R.P., adscritos al Departamento de Microanálisis del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (folios 148 al 161 de la pieza 2); e
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Informe de planimetría sobre el lugar de los hechos, practicado por el funcionario L.D.N. (folios 236 y 237 de la pieza 2).
La recurrida al establecer que el ciudadano R.L.L. Arizaleta no es responsable de la comisión del delito imputado se apoyó en los elementos probatorios siguientes:
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Experticia practicada por los Ingenieros Mecánicos J.R.R.M. y R.J.A.A.;
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Acta Policial del Detective G.G.;
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Inspección Ocular presentada por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial;
4. Declaración del Ingeniero M.A.M.;
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Correspondencia emitida por la Industria Cerrajera El Tambor, C.A (INCETA);
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Declaraciones de los ciudadanos Yumery Chacón Roa, R.D.J.C.R., A.J.C.R., I.I.C.R., J.C.C.R., R.A.D., L.A.P.G., X.L.S., I.R.L., V.R., E.C.B., J.A.L.M. y J.R.P..
Sin embargo, la Sala al revisar el expediente constató que en el fallo recurrido no se hizo la necesaria labor de análisis y comparación del contenido de las pruebas en que se apoyó para dictar la sentencia, por lo que omitió expresar las razones de hecho y de derecho para dictar su absolución.
Así vemos que la decisión en cuestión desestimó la declaración (que cursa en los folios 107, 108 y 109 de la pieza N° 5 del expediente) del ciudadano L.D.P., para entonces Jefe de la División Contra Homicidios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en la que expuso lo siguiente:
… el día en que ocurren los hechos, en el caso donde pierde la vida la abogado Mota de Arreaza, me presenté conjuntamente, con varias comisiones al sitio del suceso, entre las que se encontraban, inspecciones oculares, microanálisis, y el grupo que se encontraba de guardia; la entrada al apartamento, se efectuó por el apartamento vecino, el cual pertenece a la familia Landaeta, si bien es cierto, que para ese momento la puerta principal de la familia Mota, se encontraba cerrada, fuimos conducidos por un integrante de la familia, quien nos guió, hasta una pequeña puerta por la cual penetramos al sitio donde se encontraba el cadáver de la abogada, esta pequeña puerta comunicaba o daba acceso entre el apartamento de la familia Landaeta y el apartamento de la familia Mota, la cual consistía en una reja de aproximadamente de cincuenta centímetros de altura aproximadamente por unos cuarenta y ocho centímetros de ancho aproximadamente; al llegar a un pequeño pasillo que comunica la sala, se encontraban dos funcionarios de la división de patrullaje o prevención, quienes se encontraban preservando el sitio del suceso, lo cual en ese momento era su función, los mismos nos indicaron de que habían sido notificados mediante la sala de transmisiones sobre el hallazgo de un cadáver de una dama. En un primer momento penetramos al cuarto o habitación principal, donde pudimos observar el cadáver de una dama, guardando todas las precauciones del caso, se inició el trabajo de fijación fotográfica por parte de los funcionarios de inspecciones oculares, el personal de microanálisis, inició su trabajo de colección de evidencias, todo esto de una forma muy profesional, embalando cada una de las evidencias por separado, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación, posteriormente es trasladado el cuerpo hasta la morgue de Bello Monte, el mismo fue trasladado envuelto en una sábana completamente limpia, debido a que la sábana que se encontraba en la cama donde fue ubicado el cadáver, fue colectada y embalada, para su posterior barrido y estudio en el laboratorio de microanálisis; el cadáver fue sacado en ese momento por la pequeña puerta por la cual habíamos penetrado, fue trasladado en la furgoneta, hasta la morgue de Bello Monte, donde se le efectuó un estudio, más detallado al cuerpo en sí, tratando de ubicar, cualquier tipo de lesión, por mínima que esta fuera, se ubico una lesión a la altura de la boca, la cual ya había sido fijada, en el apartamento, pero ahí se hizo en una forma más minuciosa, todo esto, antes de proceder a la autopsia propiamente dicha; yo regresé al sitio del suceso donde seguían trabajando varias comisiones, y se había dejado trabajando a un experto en cerrajería quien determinó, de acuerdo a la técnica y a su experiencia, que la cerradura de la puerta principal del apartamento de la familia Mota, se encontraba cerrada por la parte interna, por supuesto los investigadores y mi persona, intercambiamos impresiones y se ordenó a los técnicos un examen minucioso de todos los accesos naturales o no de dicho apartamento, con esto me refiero a puertas-ventanas, rejas, un bajante existente a nivel de la cocina, un techo de tipo toldo, siendo el resultado de que en ninguno de ellos se encontraron signos de haber sido violentados o que una persona hubiese podido penetrar por uno de esos accesos; lo que fue muy significativo, para los investigadores debido a que solamente nos quedaba un acceso, que era por donde había podido penetrar el presunto indiciado, que era la puerta pequeña por donde habían entrado las comisiones; también fue ubicada un juego de llaves perteneciente a la familia Mota, ubicándose este en la mesa del comedor; luego del transcurrir de los días y hacerse presente, la madre y la hermana de la persona muerta, logramos saber, de que solamente existían dos juegos de llaves, una de ellas, como lo dije anteriormente ubicado por la comisión, y la otra que se encontraba en Australia en poder de la madre de la occisa, esto nos orientó mucho mas en la investigación debido, a que en el cien por ciento de los casos donde aparece una persona muerta en el interior de un apartamento, lo que primero que hace el presunto indiciado, de no residir en el edificio, es llevarse las llaves, no tanto con la finalidad de salir del apartamento, sino con la finalidad de abrir la puerta o reja principal del edificio, y así poder salir del mismo, en este caso en particular, la persona o presunto indiciado, no necesitó salir del edificio, ya que residía en el mismo. (…) Seguidamente fue interrogado de la siguiente manera. pregunta: diga usted. que persona lo guió hasta el apartamento donde fue localizado el cadáver de la ciudadana m.E.M.d.A.. contestó: fue una muchacha, de nombre B.L.. pregunta: diga usted. que personas se encontraban dentro del apartamento de la familia Mota al momento de llegar al mismo. contestó: dos funcionarios de prevención, y la médico forense, Doctora C.A., esperando a las comisiones. pregunta: diga usted. Cómo fueron recolectadas las evidencias recolectadas en el apartamento de la familia Mota. contestó: todo fue de una manera muy profesional, sin ningún tipo de contaminación, y por supuesto embaladas por separado y posteriormente llevado al laboratorio. pregunta: diga usted. si puede recordar con que persona se entrevistó el día en que fue localizado el cadáver de m.E.M.d.A.. contestó: en el apartamento 3-c con los investigadores que se encontraban de guardia, posteriormente con el doctor C.L. en el apartamento de su familia, y antes de retirarme del mismo, con su hermano R.L.L., pregunta: diga usted: si se encontraron evidencias en las adyacencias de la puerta principal de la familia mota. contesto: esa puerta fue sometida a diferentes reactivos en la procura de rastros y huellas, pero de esa puerta lo que mas no llamó la atención fue trancada por la parte interna, lo cual fuimos informados por el experto, pero en esa puerta y cercana a ella no se encontraron evidencias. pregunta: diga usted. si llegó a observar las llaves del apartamento de la familia Mota, y en caso de ser positiva su respuesta indique en que lugar fue localizada. contestó: si la misma se encontraba en la sala sobre la mesa principal. pregunta. diga usted. quién fue la persona que abrió la puerta principal del apartamento 3.c. contestó: presumo que fue el cerrajero Vicenzo Ruotolo, y dijo esto porque en ese momento estaba en la morgue de Bello Monte.(…) pregunta: diga usted si durante su permanencia en el sitio del suceso alguna persona extraña al cuerpo de investigadores entró al apartamento de la familia Mota. contestó: no solamente las personas indispensables para realizar las investigaciones. pregunta: diga usted: si desea agregar algo mas a la presente declaración. contestó. no es todo….
Por otra parte, en el Informe presentado por el Supervisor II Vicenzo Ruotolo y en su declaración (funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial) aparece el punto relativo al lugar de acceso al apartamento de la ciudadana M.M.d.A., lo que no fue objeto de pronunciamiento por parte de la recurrida. Al respecto aparece en el expediente lo siguiente:
“...Una vez en el lugar indicado me entrevisté con el funcionario Detective O.B., Adscrito a la División Contra Homicidios, quien se encontraba en el estacionamiento del referido edificio, quien me condujo al apartamento 4-C, mediante el cual accedimos al pasillo del balcón contiguo 3-C, previo paso a través de una pequeña reja que separa y comunica a dichos apartamentos...”. (pieza 2 folio 182) .
También la Sala observa que de la declaración rendida por V.R., el 2 de enero 1995, ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, División Contra Homicidios, la Corte de Apelaciones sólo transcribió las preguntas sexta y séptima, dejando de reproducir y examinar lo siguiente:
...NOVENA: Diga Ud., a través de su experiencia puede indicar a este despacho si alguna de las cerraduras presentaba signos de violencia? CONTESTÓ: ‘No, ninguno de los tres, ni la reja, ni la puerta presentaba signo alguno de violencia’.
DÉCIMA: Diga Ud., desea agregar algo más? CONTESTÓ: Sí, haciendo referencia a las puertas que dan acceso al inmueble anteriormente mencionado al 3-C, quiero dejar constancia que tanto la cerradura de la reja, como las cerraduras de la puerta, se encontraban para ese día en perfecto estado de uso, y que para abrir la reja hay que halarla hacía arriba y girar la llave para poderla abrir, o sea, hay un desnivel en la reja, por lo que hay que efectuar ese movimiento que indiqué, pero la cerradura de esa reja se encontraba en perfecto estado...
. (folios 224 y 225, pieza 2)
En cuanto a la declaración del ciudadano M.A.M.H., Ingeniero representante de la Empresa CISA, del 9 de agosto de 1996 se advierte que la Corte de Apelaciones no tomó en cuenta lo siguiente:
...SEGUIDAMENTE EL TRIBUNAL PASA A INTERROGAR AL TESTIGO DE LA SIGUIENTE MANERA: (...) CUARTA: Diga Ud. Si conoce el oficio del cerrajero. C: No mucho, yo las se armar, pero no abrir, digamos que conozco muy bien la parte teórica, pero no tengo la práctica ni la habilidad en lo que respecta a abrir cilindros o cerraduras sin tener la llave...
. (pieza 11 folio 114 vto).
La recurrida al pretender analizar el informe policial suscrito por el funcionario VICENZO RUOTOLO y su declaración, en su carácter de cerrajero experimentado, los compara con una correspondencia emitida por la empresa Industria Terrajera El Tambor (INCETA), suscrita por el Ingeniero M.A.M. (cursante en los folios 193 y 194 de la pieza 7); con la declaración del Ingeniero M.A.M. (que cursa en los folios 114 y 115 de la pieza 11); y la prueba pericial formulada por los ingenieros mecánicos J.R.R.M. y R.A.A. (folios 108 al 113 de la pieza 12), extrayendo de las mismas sólo los aspectos que contradicen lo expuesto por el funcionario VICENZO RUOTOLO y no los aspectos en los cuales coincidían.
Igualmente se abstuvo de analizar y comparar otras pruebas, las que se limitó a desestimarlas: las declaraciones rendidas por funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el Detective G.J.G. (folios 5 y 6 de la pieza 1); y por el Inspector JUAN RICARDO PRIETO (folio 13 de la pieza 1), quienes participaron desde el inicio de la investigación.
La decisión de la Sala Accidental de Reenvío de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas configura un fallo inmotivado y por ello se anula, ya que los jueces no examinaron el contenido de todas las actas del expediente para poder formarse el criterio exacto acerca de si existe o no culpabilidad. De los elementos de convicción anteriormente mencionados aparecen circunstancias de hecho muy importantes que como tales debieron ser ponderadas por los juzgadores, de modo que no aparezca revestida de subjetivismo su sentencia.
En consecuencia, el fallo impugnado al no hacer el examen y comparación de los elementos de juicio en los cuales se basa para arribar a la conclusión de absolver al ciudadano R.L.L.A., omite la cabal expresión de las razones de hecho y de derecho en que debió fundarse tal determinación procesal y por ello violó el artículo 527 del Código Orgánico Procesal Penal.
Tal declaratoria acarrea que la Sala no entre a conocer el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ANULA DE OFICIO la decisión dictada por la Sala Accidental Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana De Caracas.
ORDENA remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a los efectos de su asignación a otra Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal, para que dé cumplimiento a lo aquí ordenado.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los (26) días del mes de abril de 2005. Años 194° de la Independencia y 146° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
E.R.A.A.
Ponente
El Magistrado Vicepresidente,
H.C.F.
Los Magistrados,
A.A.F.
B.R.M. de LEÓN
D.N.B.
La Secretaria,
G.H.G.
ERAA/jn
Exp N° 2005-0067
VOTO SALVADO
Quien suscribe, Blanca R.M.d.L., Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, realiza el siguiente voto salvado en la presente decisión, con base en las siguientes razones:
I
La sentencia aprobada por mayoría de esta Sala, en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, luego de revisar el expediente, ANULO DE OFICIO la sentencia dictada por la Sala Accidental de Reenvío de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, toda vez que observó un vicio en la motivación de la sentencia.
Una vez revisada las actas procesales, se evidencia que el Fiscal recurrente interpone en su escrito de casación una única denuncia referida al vicio de falta de motivación en el que incurrió la sentencia impugnada, siendo esta la misma razón por la cual la Sala decide anular de oficio el fallo recurrido.
II Se ha hecho costumbre que la Sala aplique bajo el criterio de las “Nulidades de Oficio”, bien por aplicación del artículo 257 de la Constitución de la República, 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, o del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, resuelva las causas que se le someten a su consideración sin conocer las pretensiones alegadas por las partes en el recurso. No comparto tal modo de proceder, por cuanto considero, que la Sala debe resolver y decidir conforme a lo advertido por las partes en el recurso de casación, siempre y cuando, de su fundamentación se desprenda con claridad las infracciones cometidas por el fallo contra el cual se recurre.
El Código Orgánico Procesal Penal, en la parte correspondiente “Del Recurso de Casación”, es claro en el procedimiento a seguir para el estudio de la interposición de dicho recurso. En efecto, de la lectura de los artículos 465 y 466 del Texto citado, se infiere que la Sala de Casación Penal puede optar por decidir sobre la inadmisibilidad, la desestimación por manifiestamente infundado o por la admisibilidad del recurso de casación.
La aplicación de las nulidades debe ser exclusiva o restrictiva para aquellos casos en que sea necesario por
violación del debido proceso, y por tanto, se infrinjan las garantías del imputado. Ello tiene su razón de ser en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, ya que si allí se establecía de manera expresa (artículo 347), que la casación de oficio era posible sólo en beneficio del reo, es decir, bajo un régimen inquisitivo, resultaba imposible anular de oficio una sentencia en perjuicio del procesado, debe entenderse entonces, que en la actualidad, bajo un sistema garantista, en el cual no existe articulado alguno que establezca la casación de oficio, ni a favor ni en contra del imputado, resulta a todas luces contradictoria la forma en cómo fue anulada la decisión de la Corte de Apelaciones. De modo que reitero nuevamente, que solamente debe recurrirse a la nulidad de oficio en aquellos casos en donde se beneficie al imputado y por argumento en contrario, será improcedente la nulidad de oficio en su contra o perjuicio.
Cuando la mayoría de la Sala de Casación Penal decide recurrir a la “nulidad de oficio”, obviando el procedimiento establecido para resolver las causas, incurre en violación del debido proceso, ya que de allí se desprende el derecho a recurrir que tiene todo sujeto que se sienta perjudicado de una decisión, así como también, el de ser oído públicamente. De modo que, sobre la base de estos derechos constitucionales
reconocidos en las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por Venezuela, es contradictorio que, siendo la vía impugnatoria en casación a instancia de parte, pues son ellas quienes activan el derecho a recurrir del fallo, la Sala opte por resolverlos sin escucharlas, produciendo al mismo tiempo la violación del derecho de la tutela judicial efectiva. Si el legislador previó el sistema de recursos, éstos pasan a formar parte de la tutela judicial efectiva, y su lesión produce menoscabo de las garantías procesales constitucionales.
Por otra parte, el artículo 257 de la Constitución de la República, utilizado para anular de oficio, ha sido desvirtuado, por cuanto la intención del constituyente al crear dicha norma, fue acabar con el excesivo formalismo que imperaba en el ordenamiento jurídico que existía durante la vigencia de la Constitución del 61, y por ende, del Código de Enjuiciamiento Criminal. Es cierto que el proceso debe lograr su finalidad, y por ello no puede estar sometido a una serie de tecnicismos y formalidades que lo desvirtúen, pero de allí a utilizar la referida norma como un medio para evitar darle la oportunidad a las partes de que sus alegatos, sean oídos, es ir en contra del principio antiformalista que estableció el constituyente en forma general, en el sentido de que en la interpretación de la norma en los casos de “formalidades” se hiciera de la forma más favorable a los derechos humanos a fin de garantizar la realización de la justicia, y por ende a la tutela judicial efectiva.
Quedan de este modo expuestas las razones por las cuales salvo mi voto en la presente decisión. Fecha ut supra.
El Magistrado Presidente,
E.A.A.
El Magistrado Vicepresidente, El Magistrado,
H.C. Flores A.A.F.
La Magistrada Disidente, La Magistrada,
B.R.M. de León D.N.B.
La Secretaria,
G.H.G.
BRMdeL/hnq.
VS. Exp. N° 05-0067
