Decisión nº KP02-O-2004-000162 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 20 de Noviembre de 2009
| Fecha de Resolución | 20 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Freddy Josue Duque Ramirez |
| Procedimiento | Amparo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, veinte de noviembre de dos mil nueve
199º y 150º
ASUNTO: KP02-O-2004-000162
Parte Accionante: R.M.G.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 13.188.804.
Abogada Asistente: M.A.G.d.G., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.100.
Parte Accionada: Empresa “Avícola La Guasita C.A.”.
Motivo: Acción de A.C..
Se recibe en este Tribunal Superior, proveniente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante oficio Nº 2009-4025, la presente acción de a.c. interpuesta por el ciudadano R.M.G.A. en contra de la Empresa “Avícola La Guasita C.A.”, en virtud de la sentencia de fecha 10 de Marzo del 2006 que ordenó a este Tribunal Superior pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de a.c. interpuesta, lo cual pasa este órgano jurisdiccional a verificar.
Se observa del escrito libelar y demás recaudos que hasta el momento conforman el presente asunto que la presuntamente agraviada ejerce la vía del A.C. para que con fundamento a la razones de hechos y derechos explanados a lo largo de su escrito, se ordene el cumplimiento de la decisión dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, bajo el Nº 662, de fecha 10 de Septiembre del 2003, mediante la cual se declaró con lugar su solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.
Señala el accionante que la P.A. no fue acatada por la Empresa accionada, agotándose igualmente la vía administrativa.
Precisadas las anteriores consideraciones que sirven de fundamento al accionante para ejercer el A.C., debe este Tribunal Superior entrar a pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción, para lo cual debe precisarse lo siguiente:
Cabe señalar que mientras existan vías ordinarias para tutelar y hacer valer los derechos que en determinada ocasión se consideren lesionados o vulnerados no procede la acción autónoma de a.c. ya que se estaría desnaturalizando su carácter extraordinario cuyo fin es garantizar y reestablecer de manera expedita una situación jurídica infringida siempre y cuando sea producto de una violación directa de derechos y garantías constitucionales, ya que no le está dado al a.c. sustituir los otros mecanismos judiciales existentes en el ordenamiento jurídico.
Así las cosas, el carácter extraordinario de la acción de a.c. estriba en que éste no puede convertirse en un medio sustitutivo de los mecanismos ordinarios que dispone la Ley para hacer valer determinadas situaciones jurídicas subjetivas que se consideren lesionadas, pues sólo procede cuando existen evidencias ciertas de haberse violado normas y garantías constitucionales y que aunado a ello las mismas sean reparables y susceptibles de reestablecimiento en el tiempo, ya que no es concebible que una vía extraordinaria y espacialísima como la acción de amparo se traduzca en un instrumento de revisión de vicios de rango legales y sublegales, por lo que se insiste que el carácter extraordinario de la acción de a.c. está concebido como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal o procedimental, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance, convirtiéndose en un mecanismo ordinario del control de la legalidad de la actuación administrativa.
De igual forma la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece en su artículo 6 las causales de inadmisibilidad de las acciones de amparo, y al respecto el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido criterio pacifico, al considerar impertinente el empleo de la acción de amparo para el logro de un pretensión que puede ser alcanzada mediante la implementación de recursos procesales ordinarios, por cuanto tal proceder implica la subversión del orden legal establecido y la consecuente esterilidad del resto de herramientas procedimentales previstas en la ley para tales efectos.
En este orden de ideas, este Tribunal Superior de la revisión del escrito libelar observó que la accionante en la oportunidad de interponer la acción de amparo, no acompañó copia certificada de la p.a. que dio por concluido el procedimiento sancionatorio aperturado en contra de la Empresa “Avícola La Guasita C.A.”, y que le impusiera la multa por desobediencia, por lo que a los fines de garantizarle el acceso a la justicia, se le notificó para que consignara la referida p.a., lo cual constituyen un requisito esencial para verificar la procedencia de pretensión dada la naturaleza del A.C. en el caso de autos.
Por lo tanto, en fecha 15 de Mayo del 2009, se libró la correspondiente notificación mediante comisión, la cual no fue cumplida en virtud de no constar el domicilio procesal del accionante por lo que una vez agregada la misma se ordenó publica boleta de notificación de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, sin que hasta la presente fecha haya comparecido la parte accionante a dar cumplimiento a los ordenado mediante auto de fecha 15 de Mayo del 2009.
A tal efecto resulta menester citar lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 19. Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible
. (Resaltado del Tribunal).
En esta tesitura, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 13 de agosto de 2001 (caso G.R.R.), estableció:
“… El a.c. opera bajo las siguientes condiciones: “a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida”.
En atención a la sentencia en comentario, puede afirmarse que ante la interposición de una acción de a.c., los tribunales deberán examinar previamente si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos pertinentes, pues de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisibilidad de la pretensión, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente. Por lo tanto, sólo puede proponerse inmediatamente la pretensión de amparo cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso y agotamiento de los medios ordinarios previos resultan insuficientes para el restablecimiento de los derechos lesionados.
Ahora bien conforme con lo antes expuesto, observa quien juzga que en el caso bajo examen, la parte accionante pretende que se ordene a la Empresa “Avícola La Guasita C.A.”, el cumplimiento de la orden decretada mediante P.A. dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, mediante la cual se declaró con lugar su solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.
Así, en sentencia de fecha de fecha 14 de Diciembre de 2006, caso Guardianes Vigiman S.R.L., dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán y con el voto del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, se estableció que de modo excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al a.c. para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, en todo caso si procede el amparo en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación de la administración, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión.
Igualmente señala la sentencia bajo estudio que: “…la Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo…”, siendo el presente caso un recurso de amparo bajo las mismas circunstancias.
No obstante, observa este Tribunal Superior que, si bien el presente amparo busca la ejecución de la p.a. que declaró Con Lugar el reenganche y pago de salarios caídos a favor del ciudadano R.M.G.A., no es menos cierto que no se evidencia de autos que se haya agotado en su cabalidad todo el procedimiento administrativo sancionatorio previsto para la ejecución de dicha providencia, siendo su resultado la imposición de multa por el presunto incumplimiento, ya que pese a que la parte accionante manifiesta en su escrito que se dio apertura el procedimiento no trajo a los autos elemento alguno que llevara a la convicción de este Tribunal de que efectivamente el mismo fue agotado.
En consecuencia, y en estricto acatamiento del criterio jurisprudencial supra trascrito, este Tribunal Superior debe declarar inadmisible la acción de a.c. interpuesta, por no evidenciarse de los autos el agotamiento del procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el Ley Orgánica del Trabajo, y así se decide.
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
Se declara Inadmisible la Acción de A.C. interpuesta por el ciudadano R.M.G.A., en contra de la Empresa “Avícola La Guasita C.A.”.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los veinte (20) días del mes de Noviembre del año dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez Titular
Dr. F.D.R.
La Secretaria,
Abg. S.F.C.
FDR/Lefb.
