Decisión nº 2014-178 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 16 de Junio de 2014
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 2014 |
| Emisor | Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Geraldine López |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
Sentencia Interlocutoria
Exp. 2014-2223
En fecha 09 de junio de 2014, el ciudadano A.R.S.N., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-2.589.432, debidamente asistido por el abogado K.A.A.P., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.233, consignó ante el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en funciones de Distribuidor, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, por diferencia de prestaciones sociales.
Previa distribución efectuada en fecha 10 de junio de 2014, correspondió el conocimiento de la causa a este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, fue recibida en esa misma fecha y quedó signada con el número 2014-2223.
Ahora bien, corresponde a este Órgano Jurisdiccional pasar a realizar las siguientes consideraciones:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL
Señaló que es funcionario de carrera con una antigüedad aproximada de treinta y un (31) años de servicios en la Administración Pública.
Que ingresó en fecha 16 de octubre de 1974 como Profesor por horas en el liceo “José Manuel Núñez Ponte”, luego estuvo en como Profesor por horas en el liceo “Diego de Lozada” y finalmente concluyó sus servicios como Profesor a tiempo completo, desempeñándose como Coordinador de Laboratorio en el “Ciclo Combinado Rafael Seijas”.
Que mediante acto administrativo contenido en la Resolución Nº 07-01-01 de fecha 28 de diciembre de 2006, fue jubilado con efecto desde el 01 de enero de 2007, recibiendo el pago parcial de sus prestaciones sociales en fecha 29 de abril de 2014, por una cantidad de Noventa y Cuatro Mil Setenta y Ocho Bolívares Exactos (Bs.94.068,00) ya que no le incluyeron los intereses de mora que suman -a su decir- Ciento Doce Mil Ochenta y Seis Bolívares con Treinta y Cuatro Céntimos (Bs. 112.086,34).
Fundamentó su pretensión de conformidad con los artículos 92 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela e invocó en contenido de las sentencias Nros. 642, 355, 434 y 607 de fechas 14 de noviembre de 2002, 21 de mayo de 2003, 10 de julio de 2003 y 04 de junio de 2004 respectivamente, emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
Estimó se pretensión en la cantidad de Ciento Doce Mil Ochenta y Seis Bolívares con Treinta y Cuatro Céntimos (Bs. 112.086,34).
Finalmente solicitó sea declarada con lugar la demanda y se ordene el pago de la diferencia adeudada hasta la fecha que resulte de la experticia complementaria de fallo, la cual solicitó sea realizada por un solo experto.
II
DE LA COMPETENCIA
Ahora bien, debe este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo determinar su competencia para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano A.R.S.N., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-2.589.432, debidamente asistido por el abogado K.A.A.P., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.233, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, por diferencia de prestaciones sociales y se observa que el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada el 11 de julio de 2002, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.482, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.522 de fecha 6 de septiembre de 2002, así como la Disposición Transitoria Primera eiusdem, establece que la competencia corresponde a los Jueces Superiores en lo Contencioso Administrativo del lugar en donde hubieren ocurrido los hechos, en donde se hubiere dictado el acto administrativo o el del lugar donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia, así como el artículo 25 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone que es competencia de estos Juzgados las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública; visto que en la presente causa se ventilan pretensiones derivadas de una relación de empleo público suscitadas entre la parte actora y el Ministerio del Poder Popular para la Educación y asimismo, que el referido ente tiene su ubicación territorial en esta región, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, resulta competente para conocer, en primer grado de jurisdicción, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se declara.
III
DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO
Ahora bien, corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso contencioso administrativo funcionarial y observa salvo su apreciación en la definitiva, que en el mismo no concurren ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y por cuanto la querella cumple con los requisitos contenidos en el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ADMITE cuanto ha lugar en derecho, a tenor de lo dispuesto el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En consecuencia, se ordena citar al Procurador General de la República, a los fines de que dé contestación dentro del lapso de quince (15) días de despacho, según el primer aparte del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, una vez vencido el término de quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, oportunidad en la que se entenderá citado, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, de conformidad con el encabezado del referido artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, deberá consignar el expediente administrativo del recurrente, esto es, de todas las actuaciones concernientes al mismo que deben constar en copias debidamente certificadas y foliadas en orden cronológico y consecutivo. De igual manera, se ordena notificar al Ministro del Poder Popular para la Educación, a los fines legales consiguientes.
Finalmente, en virtud de lo previsto en el segundo aparte en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la parte recurrente deberá consignar los fotostátos correspondientes para certificar las compulsas y practicar la citación y notificaciones ordenadas, de conformidad con los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Líbrense oficios.
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
-
- COMPETENTE para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano A.R.S.N., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-2.589.432, debidamente asistido por el abogado K.A.A.P., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.233, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, diferencias de prestaciones sociales.
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- ADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia:
2.1.- se ordena citar al Procurador General de la República, a los fines de que dé contestación dentro del lapso de quince (15) días de despacho, según el primer aparte del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, una vez vencido el término de quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, oportunidad en la que se entenderá citado, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
2.2.- Se ordena notificar al Ministro del Poder Popular para la Educación, a los fines legales consiguientes.
Se imprimen dos (02) originales del mismo tenor de la presente decisión, cuyo segundo ejemplar será agregado al copiador de sentencias de este Tribunal, previa su certificación por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,
LA SECRETARIA,
G.L.B.
C.V.
En esta misma fecha, siendo las _______________________ (________) se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nro. 2014-________.-
LA SECRETARIA,
C.V.
Exp. Nro. 2014-2223/GLB/CV/ajvc
