Decisión nº FPJ07420080000084 de Tribunal Cuarto Superior del Trabajo de Bolivar, de 29 de Septiembre de 2008

El 30 de enero de 2007 el abogado J.R.T., procediendo como apoderado de la ciudadana R.S.S.B., instó la jurisdicción para plantear CUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS CONTRACTUALES Y DIFERENCIA SE SALARIO NORMAL contra el INSTITUTO DE S.P.D.E.B..

Tramitado el asunto en el primer grado de jurisdicción, el JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, SEDE CIUDAD BOLÍVAR, profirió sentencia de fondo y declaró parcialmente con lugar la demanda. Esa sentencia fue apelada por la parte demandada.

Ingresó el asunto a este Juzgado el 17 de julio del corriente 2008. Se fijó la audiencia oral y pública para el 14 de agosto a las diez y media de la mañana, a la que asistieron apoderados judiciales de ambas partes, no así la representación de la Procuraduría General del Estado. Celebrada la audiencia, se difirió el pronunciamiento del fallo para el quinto día hábil siguiente a esa fecha, lo que se hizo oportunamente. Corresponde ahora a este juzgador proferir en extenso la sentencia sobre el mérito y lo hace en los siguientes términos:

II

DELIMITACIÓN DE LAS APELACIONES

La Sala de Casación Social (casos M.Á.M.d. 18-7-2007, M.A.C. de 29-11-2007 y E.R.B.M.d. 11-12-2007) tiene definido lo siguiente sobre la delimitación de la apelación para establecer el thema decidendum de la alzada en materia laboral:

1. El principio general en materia de recursos es que la parte apela de todo cuanto le desfavorece, en la medida del agravio que le causa la sentencia de primera instancia.

2. No es necesario motivar la apelación, de tal manera que si se apela pura y simplemente, ello comprende todo lo no concedido por la sentencia recurrida, salvo que se delimite por escrito el objeto de la apelación (casos M.Á.M. y M.A.C.).

3. En el procedimiento laboral no tendría sentido la oralidad y la obligatoriedad de comparecer a las audiencias (preliminar, de juicio, de apelación y las que se llevan a cabo ante la Sala de Casación Social), sin la obligación del recurrente de plantear con claridad cuál es el objeto del recurso (casos M.Á.M. y M.A.C.).

4. En el procedimiento laboral, si bien funciona el principio general según el cual el recurrente apela de lo que le es desfavorable, es en la audiencia oral y pública que debe delimitar el objeto de su apelación y es a éste al que debe dirigir su actividad el Juez Superior (casos M.Á.M. y M.A.C.).

5. Cuando se apela en forma genérica se le otorga al juzgador de la instancia superior el fuero pleno del asunto, de manera que, en virtud del efecto devolutivo, el sentenciador de alzada adquiere la facultad para decidir la controversia en toda su extensión, es decir, tanto de la quaestio facti como de la quaestio iuris, sin que esto implique que pueda el juez examinar cuestiones en las que el apelante es vencedor y no vencido, ello en aplicación del principio de la prohibición de la reformatio in peius. No ocurre lo mismo cuando se especifican las cuestiones sometidas a apelación, entendiéndose que todo lo que no sea objeto de la misma queda firme y con autoridad de cosa juzgada la decisión del sentenciador de primera instancia (caso E.R.B.M.).

6. En un procedimiento como el laboral, regido por el principio de la oralidad, pero que a su vez admite y se sirve de la forma escrita, resulta de mayor relevancia para el establecimiento de los poderes que el juez ad quem adquiere con motivo del efecto devolutivo de la apelación, la manera en que ésta es interpuesta, es decir, si se hace de forma genérica o si por el contrario se precisan los puntos sometidos a juzgamiento (caso E.R.B.M.).

7. La oportunidad procesal en que debe considerarse delimitado el objeto de la apelación es el momento en que ésta es propuesta en forma escrita y de allí que sea determinante para la aplicación del principio tantum devolutum quantum appellatum la forma en que sea planteado el recurso; si es de manera genérica, el juez adquirirá pleno conocimiento de la causa, en caso contrario deberá limitar su examen a los aspectos especificados en el escrito de apelación (caso E.R.B.M.).

8. La exigencia de la forma escrita para conferir eficacia al acto de impugnación ordinario, es consustancial con los principios de la Ley Procesal del Trabajo, ya que la escritura es necesaria para plasmar lo que debe tratarse oralmente (caso E.R.B.M.).

9. Cuando la apelación se ejerce en forma genérica le corresponde a la alzada conocer la causa en toda su extensión y no limitada a los aspectos sobre los cuales el impugnante manifiesta su inconformidad en la audiencia de apelación. En esta hipótesis debe el juez superior resolver sobre todo lo discutido en primera instancia so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa (caso E.R.B.M.).

10. Cuando el apelante, al momento de interponer el recurso delimita los puntos que desea someter al dictamen del juez de la segunda instancia, carecerá él de jurisdicción o poder para conocer fuera de los puntos apelados singularmente, pues la sentencia se encuentra consentida en el resto de su alcance (caso E.R.B.M.).

Al folio 110 de la segunda pieza del expediente (en lo adelante SPE) corre inserta diligencia de las apoderadas de la parte demandada, abogadas JOSTINEIDY FERNÁNDEZ y HEIDDY GARCÍA, mediante la cual interpusieron apelación con¬tra la decisión impugnada. Se lee en dicha diligencia:

Encontrándonos dentro de la oportunidad legal establecida en el Artículo 161 de la Ley Organica (sic) Procesal del Trabajo, Apelamos de la Sentencia dictada en Fecha 14 de Mayo del 2008, reservandonos (sic) la Fundamentación de dicha apelación en la oportunidad legal correspondiente…

Como se aprecia, la parte demandada apeló sin precisar el alcance de su recurso. Luego, en la audiencia oral y pública de apelación que se celebró en esta instancia, delimitó el alcance de su impugnación en los siguientes términos:

1. Que en la audiencia de juicio se vulneró al ente demandado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa, pues no se cumplió con lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (en lo sucesivo LOPTRA) obviándose que al concluir los alegatos de las partes corresponde a la parte actora dar inicio a la evacuación de las pruebas. En la audiencia —sostiene la apelante— la Secretaria de Sala leyó los medios probatorios promovidos y dieron el derecho de palabra al demandado para que hiciera observaciones, lo que creó confusión pues la norma —en su decir— establece de manera clara que concluidos los alegatos de las partes corresponde a la parte demandada hacer las observaciones sobre las pruebas que la Secretaria debe leer detenida y detalladamente.

2. Que se violó lo establecido en el artículo 158 LOPTRA, pues habiendo concluido la audiencia a las 10 de la mañana, el juez dictó el dispositivo dos horas después, lo cual pudo evitarse si el a quo hubiera diferido el pronunciamiento del fallo para una fecha posterior.

3. Que el sentenciador de primera instancia violó reiterados criterios de doctrina judicial sobre la interdicción del ingreso a la función pública vía contrato y no vía concurso.

4. Que los contratados por la Administración Pública solo tienen derecho a la protección de la Ley Orgánica del Trabajo (en lo adelante LOT) y a la aplicación de los pactos del contrato individual de trabajo.

5. Que el a quo concedió a la demandante todos los beneficios contractuales y le asignó un cargo que ella jamás ha desempeñado, violando el principio de la realidad —como expresamente lo dijo—, pues la trabajadora ingresó al instituto como Coordinadora de la Unidad de Planificación, Control y Gestión, función que nunca ejerció, realizando más bien labores de archivista y secretaria, circunstancia que motivó a que se le realizara una estudio para establecer su perfil de cargo y asignarle en propiedad uno acorde con las funciones cumplidas por ella, estudio ese que dio por resultado que se le asignarían funciones como Asistente Administrativo V, cargo que se asemeja en grado y salario al de Planificador II.

6. Que la demandante no puede desempeñar el cargo de Planificador II porque el perfil del mismo exige postgrado en la materia.

7. Que a la actora no se le pueden aplicar las convenciones colectivas de trabajo que rigen las relaciones laborales del instituto demandado con sus trabajadores porque no es funcionario público.

8. Que el a quo no valoró la comunicación que la demandante dirigió al ente demandado solicitando se le asignaran labores en un área de bajo estrés por padecer una enfermedad depresiva que la obligaba a tomar medicamentos que producen somnolencia, lo cual colide con las funciones del planificador quien debe poner mucha atención en el desempeño de sus funciones; y que tampoco valoró el informe médico de 12 de noviembre de 2007 en que la actora basó ese pedimento.

9. Que el juzgador de primer grado violó el principio iura novit curia al otorgar valor probatorio a las convenciones colectivas aportadas a los autos, las cuales deben apreciarse como cuerpos normativos y no como medios de prueba.

10. Que a pesar de ser la demandante personal contratado, el sentenciador de primera instancia le concedió beneficios contractuales que solo aplican para funcionarios públicos.

11. Que a la actora se le concedieron por la sentencia apelada beneficios contractuales repetidos, aplicándose las dos convenciones colectivas invocadas por la demandante.

12. Que erró el a quo en: i) darle condición de funcionario público a la demandante siendo personal contratado; y ii) reconocerle el cargo de Planificador II, cuando nunca ha ejercido ese cargo.

La parte actora, quien no recurrió, contestó la fundamentación de la apelante.

III

LA SENTENCIA RECURRIDA

Se lee en la sentencia apelada:

Suficientemente analizadas las exposiciones de las partes, tanto las vertidas en forma escrita como las orales, así como también suficientemente a.y.v.l. medios de prueba aportados por ellos, se puede concluir que la trabajadora reclamante, ingreso (sic) a prestar sus servicios en el INSTITUTO DE S.P.D.E.B. (I.S.P.E.B.); en calidad de COORDINADORA DE PLANIFICACION CONTROL Y GESTION, en fecha 15-08-2001, mediante contrato a tiempo indeterminado, según Punto de Cuenta Nº P0211-01, de fecha 28-09-2001 emitida (sic) por el Director de Recursos Humanos del Instituto de S.P., Lic. Tony Enrique Hurtado Rojas, dirigido al ciudadano Director Regional de Salud, devengando un salario mensual de Bolívares 405.000,00, para la fecha de ingreso y una p.d.p. de Bs. 48.600,00, equivalente al 12% del sueldo mensual, constatados por este Tribunal de los recibos de pago que rielan a los folios (165 al 177) y constancia de trabajo que riela al Folio (191). Ahora bien, la representación patronal en su escrito de contestación de la demanda no rechazo (sic) expresamente que la trabajadora demandante desempeñara labores equivalentes al cargo de Planificador II, más en la audiencia de juicio, alega como hecho nuevo, que sus funciones eran de archivista, secretaria y asistente administrativo y que en vista de ello, su representada a partir de febrero del presente año, le hace un estudio de acuerdo a las funciones que la accionada desempeña para establecerle un cargo que si este (sic) en el manual descriptivo, ubicándola en el cargo de Asistente Administrativo V, no colocándola en el cargo de Planificador II, dado que para optar dicho cargo se requiere un post grado en Planificación. Ahora bien, este juzgador constata de una revisión a la escala salarial del personal del Instituto de S.P.d.E.B., observa que el cargo asignado como Asistente Administrativo V y el Cargo de Planificador II, tienen el mismo grado 19, por lo que ambos cargos devengan la misma remuneración, en base a ello, se hace forzoso para este Juzgador concluir que el trabajo realizado por la trabajadora accionante desde su ingreso a la dicha Institución, fué (sic) de planificador II tal como lo adujo en su libelo de demanda. Asi (sic) se establece.

En este mismo orden de ideas, del salario devengado por la trabajadora desde el momento de su ingreso, se constata que no fue ajustado proporcionalmente en el tiempo a los correspondientes salarios equivalentes al cargo de Planificador II, el cual se ajusta al cargo en realidad desempeñado por la la (sic) trabajadora accionante, todo de conformidad con el precepto Constitucional que señala…" igual salario por igual trabajo"…, (articulo 91) así como lo establece la Ley sustantiva del Trabajo, en su articulo (sic) 135 de la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual a juicio de este sentenciador la trabajadora, se hace acreedora de la diferencia de salario demandado, siendo esta la cantidad de DIESISIETE (sic) MIL OCHENTA Y SEIS BOLIVARES FUERTES CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.F 17.086,77), de acuerdo a la escala de salarios del personal de empleados del Instituto de S.P.d.E.B., por ser esta escala la que indica el monto devengado por el cargo de Planificador II. Así se establece.

De los elementos probatorios evacuados se puede constatar que la trabajadora accionante adicionalmente a su salario mensual, percibe de parte del patrono accionado desde la fecha de su ingreso una P.d.p. correspondiente al 12% del sueldo mensual, tal como lo contempla la Cláusula 48 de la Convención Normativa Laboral del año 2006. Si bien es cierto, que la accionante es una trabajadora contratada a tiempo indeterminado que no es amparada por la Ley del Estatuto de la Función Publica (sic), no es menos cierto que la trabajadora demandante se rige por la Ley Orgánica del Trabajo; ahora bien, el articulo 59 ejusdem, contempla un principio orientador del Derecho del trabajo denominado "in dubio pro operario" el cual establece:

ARTICULO 59 L.O.T: En caso de conflicto de leyes prevalecerán las del trabajo, sustantivas o de procedimiento. Si hubiere dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicara (sic) la más favorable al trabajador. La norma adoptada deberá aplicarse en su integridad.

En el presente caso el patrono, con el pago de la p.d.p. contemplada en la cláusula 48 de la Normativa Laboral 2006, así como, la cláusula 40 correspondiente, al pago de Compensación por eficiencia y productividad; cláusula 70, por el pago único de la discusión de la Normativa Laboral 2006 del sector Salud y dos pagos efectuados por concepto de Bonificación de Aguinaldo, aunado a ello, se le descuenta la cuota ordinaria para el pago de afiliación sindical a SUNEPSAS, por lo que integra a la trabajadora a dicha convención, en consecuencia y por los razonamientos antes expuestos de conformidad con la norma supra señalada, que la trabajadora se hace acreedora de los beneficios del Contrato Colectivo que rige la relación de trabajo entre los trabajadores y el INSTITUTO DE S.P.D.E.B. (I.S.P.E.B.), vigentes a partir del tercer mes de su ingreso a la Institución, siéndole aplicable igualmente, la Normativa Laboral de Trabajadores de los Organismos del sector Salud a partir del año 2006, en consecuencia la demandada debe cancelar a la trabajadora los siguientes beneficios contractuales: Prima por hijos, según lo contemplado en la Cláusula N° 64 de la Convención Colectiva de Trabajo de los Empleados del Instituto de S.P.d.E.B. (Regional), la suma de Bs.F 228.60; Diferencia de Prima de antigüedad, Cláusula N° 65, de la Convención Colectiva Regional y cláusula nº 47 de la Convención Normativa Laboral, la suma de Bs.F 79,80; P.d.T., Cláusula Nº 81 de la Convención Colectiva del Trabajo Regional la suma de Bs.F 424,00 y Cláusula N° 38 de la Convención Colectiva Normativa Laboral 2006, la suma de Bs.F 922,00; P.d.P., Cláusula 79 Convención Colectiva y Cláusula N° 48 de la normativa laboral 2006. La suma de Bs. 1.617,40; Vacaciones Anuales Año 2006 la suma de Bs.F 1.708.43, Cláusula 43 de la normativa laboral 2006; Bonificación de fin de año, de acuerdo a la Cláusula N° 44 de la normativa Laboral. La suma de Bs.F 4.769.40,, correspondiente al periodo 01-01-2006 al 31-12-2006; Ayuda por Fallecimiento, establecido en la Cláusula N° 66 de la Convención Colectiva Regional. La suma de Bs.F 50,00; Juguetes, según Cláusula N° 70 de la Contratación Colectiva Regional y la Cláusula N° 24 de la normativa Laboral 2006. La suma de Bs.F 275,00; Aporte para Útiles Escolares, Cláusula N° 25 de la normativa laboral 2006. La suma de Bs.F80,00. Así se decide.

No resultan procedentes lo reclamado por: Vacaciones Anuales vencidas y vacaciones disfrutadas no pagadas, solicitadas de conformidad con lo establecido en la cláusula 43 de la Normativa Laboral 2006, correspondiente a los periodos 15-08-2001 al 15-08-2002, 15-08-2003 al 15-08-2004; por cuanto según la cláusula 75 de la Convención Normativa Laboral 2006, esta tiene vigencia a partir del 01-01-2006; en cuanto a la solicitud del pago vacaciones disfrutas no pagadas del periodo 18-15-08-2005 al 15-08-2006, se declara improcedente tal petición por cuanto ya fue acordado dicho monto como bono vacacional y mal podría este juzgador condenarlo en dos ocasiones; P.d.M., se declara improcedente por cuanto no consta en autos que la trabajadora accionante deba realizar labores de campo, en comunidades urbanas, sub-urbanas y rurales; Uniformes y Zapatos según la cláusula Nº 82 de la Convención Colectiva de Trabajo Regional (SUNEP-SAS-BOLIVAR), y Cláusula Nº 31 de la Convención Normativa Laboral, tales pedimentos resultan improcedentes ya que este beneficio corresponde solo al personal de enfermería auxiliares de registro y estadística, auxiliares de dietética y asistentes dentales y otro personal que por la índole del trabajo y servicio que prestan lo requieran, no siendo este el caso de la trabajadora accionante; Servicios Funerarios: Contemplado en la Convención Normativa Laboral 2006 se niega el presente pedimento por cuanto el padre de la accionada falleció en fecha 22 de Octubre de 2005, antes de la entrada en vigencia de la Convención Normativa Laboral; Becas para los hijos de los trabajadores, según Cláusula 46 de la Convención Colectiva de Trabajo Regional: el otorgamiento de esta becas es previa selección de los estudiantes beneficiarios, y por cuanto de los autos no consta que el hijo de la trabajadora accionante haya resultado seleccionado se declara improcedente el pago de tal beneficio. Bono Único por Discusión de la Convención Colectiva Laboral 2006, Cláusula N° 70 de la Convención normativa Laboral 2006. La suma de Bs. 3.000.000,oo, se declara improcedente por cuanto el mismo ya le fue cancelado a la trabajadora según consta de escrito de prueba sobrevenida de fecha 16 de Abril de 2008, que riela a los folios (31 al 34) de la segunda pieza del presente expediente donde la representación de la accionada declara haber recibido la cantidad de dinero supra señalada: Intereses de la Antigüedad Acumulada; según cláusula Nº 88 de la Convención Regional (SUNEP-SAS-BOLIVAR); en cuanto a esta solicitud la misma se declara improcedente por cuanto la accionante se encuentra en servicio activo para la presente fecha y la referida cláusula establece que el Instituto se compromete a cancelar dichos intereses al final de la relación laboral.

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y DE OBLIGACIONES LABORALES, incoada por la ciudadana R.S.S.B., en contra del INSTITUTO DE S.P.D.E.B., suficientemente identificados en autos. En consecuencia, se condena a la parte demandada INSTITUTO DE S.P.D.E.B., a cancelarle a la actora, ciudadana R.S.S.B., el pago de la diferencia de sueldo demandada, siendo esta la cantidad de DIECISIETE MIL OCHENTA Y SEIS BOLIVARES FUERTES CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.F 17.086,77), de acuerdo a la escala de salarios del personal de empleados del Instituto de S.P.d.E.B., por ser esta escala la que indica el monto devengado por el cargo de Planificador II. Se ordena cancelar a la trabajadora los siguientes beneficios contractuales: Prima por hijos, según lo contemplado en la Cláusula N° 64 de la Convención Colectiva de Trabajo de los Empleados del Instituto de S.P.d.E.B. (Regional). La suma de Bs. F228.60; Diferencia de Prima de antigüedad, Cláusula N° 65, de la Convención Colectiva Regional y cláusula nº 47 de la Convención Normativa Laboral, la suma de Bs. F 79,80; P.d.T., Cláusula Nº 81 de la Convención Colectiva del Trabajo Regional la suma de Bs.F424, y Cláusula N° 38 de la Convención Colectiva Normativa Laboral 2006, la suma de Bs.F 922; P.d.P., Cláusula 79 Convención Colectiva y Cláusula N° 48 de la normativa laboral 2006. La suma de Bs. F 1.617,39; Vacaciones Anuales Año 2006 la suma de 1.708,43, Cláusula 43 de la normativa laboral 2006; Bonificación de fin de año, de acuerdo a la Cláusula N° 44 de la normativa Laboral. La suma de Bs.F 4.769.36, correspondiente al periodo 01-01-2006 al 31-12-2006; Ayuda por Fallecimiento, establecido en la Cláusula N° 66 de la Convención Colectiva Regional. La suma de Bs. F 50; Juguetes, según Cláusula N° 70 de la Contratación Colectiva Regional y la Cláusula N° 24 de la normativa Laboral 2006. La suma de Bs.F 275,00; Aporte para Útiles Escolares, Cláusula N° 25 de la normativa laboral 2006. La suma de Bs.F 80,00. Constituyendo la totalidad del monto a cancelar la cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO BOLIVARES FUERTES CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.F 27.241,35).

Se ordena la corrección monetaria de las sumas condenadas, desde el decreto de Ejecución de la sentencia hasta la oportunidad del pago efectivo, que será calculada a través de un solo experto nombrado por el Tribunal de ejecución que resultare competente, el cual deberá tomar en consideración la base del promedio de la tasa pasiva de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, de conformidad con el articulo 87 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica. Así se establece.

Notifíquese al Procurador General del Estado Bolívar, conforme al Artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.

El presente fallo se fundamenta en los artículos 2, 19, 26, 89, 91 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 59 y 135 de la Ley Orgánica del Trabajo y 2, 10 y 78,82,158 y 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

III

MEDIOS PROBATORIOS

PARTE ACTORA:

En el escrito de promoción de pruebas reprodujo el mérito favorable de los autos, que no es medio de prueba sino un pedimento para que se apliquen los principios de la comunidad y de la adquisición de la prueba que rigen en el sistema probatorio venezolano, principios ambos que el juez no puede omitir al establecer, apreciar y valorar el material de prueba incorporado al asunto y está siempre en el deber de aplicar de oficio sin necesidad de alegación de parte. Por consiguiente, no siendo la reproducción del mérito favorable de los autos un medio probatorio susceptible de valoración, se hace improcedente valorar tal alegación. Así se resuelve.

Prueba instrumental

1. Con la marca "B" (folios 165 al 177 de la primera pieza del expediente, en lo adelante PPE), 27 recibos que acreditan pagos realizados por el ente demandado a la actora desde el 1 de octubre de 2001 al 15 de diciembre de 2005. Del recibo que hace el folio 166 PPE (período 16 al 30 de junio de 2005) se desprende que el ente demandado descontó a la actora la cuota sindical de Sunep-SAS que está prevista en la cláusula 6 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ente demandado y el Sindicato Unitario Regional de Trabajadores Empleados Públicos y Privados, Profesionales, Técnicos y Administrativos de la Salud y Asistencia del Estado Bolívar (en lo adelante CCSUNEP). Estos recibos no fueron impugnados por la parte demandada, razón por la que este sentenciador los aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 78 LOPTRA. Así se establece.

2. Con la marca "C" (folio 178 PPE), fotocopia de un aviso publicado en la prensa nacional por el hoy Ministerio del Poder Popular para el Trabajo informando sobre el ajuste de la escala de remuneración de la Administración Pública Nacional, de la cual se desprende que el grado 19 de la escala tenía un sueldo base hasta el 31 de enero de 2006 de Bs. 643.440,00, pasando el sueldo base a partir del 1 de febrero de ese año a la suma de Bs. 1.012.775,00. Este instrumento no fue impugnado por la parte accionada, razón por la que este juzgador lo aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA, en concordancia con el artículo 80 eiusdem. Así se resuelve.

3. Con la marca "D" (folios 179 al 182 PPE), copia fotostática de la escala salarial del personal de empleados del ente demandado, de la cual se desprende que el grado 19 de la escala tenía un sueldo base antes del 1 de febrero de 2006 de Bs. 643.441,00, pasando el sueldo básico a partir del 1 de febrero de ese año a la suma de Bs. 1.012.775,00. Este instrumento no fue impugnado por la parte accionada, razón por la que este juzgador lo aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 78 LOPTRA, en concordancia con el artículo 80 eiusdem. Así queda decidido.

4. Con las marcas "E" y "F" (folios 183 y 184 PPE), copias certificadas del acta de nacimiento del n.Á.A.A.S. (hijo de la actora) y del acta de defunción del señor J.D.J.S.B. (su padre). Estos instrumentos no fueron impugnados por la parte demandada, razón por la que quien juzga los aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así se establece.

5. Con la marca "G" (folio 185 PPE), fondo negro del título conferido a la actora por el Instituto Universitario de Tecnología R.L.A. como Técnico Superior en Administración Industrial. Este medio no fue impugnado por la parte demandada, razón por la que este sentenciador lo aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y conforme lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así queda resuelto.

6. Con las marcas "H", "I" y "J" (folios 186 al 188 PPE), documentos emanados de terceros que no son parte en este asunto, ni causantes del mismo. Como quiera que los mismos no fueron ratificados testificalmente por quienes los suscriben, tal como lo prevé el artículo 79 LOPTRA, este sentenciador no les atribuye ningún valor probatorio. Así queda resuelto.

7. Con la marca "K" (folio 189 PPE), oficio DAS y C.S. 2005 043 fechado el 25 de enero de 2005 dirigido a la accionante por la Directora de S.A. y Contraloría Sanitaria del ente demandado notificándole que fue designada como Coordinadora de la Unidad de Investigación unificada con Planificación y Control de Gestión de la Dirección de S.A. y Contraloría Sanitaria. Este instrumento, no impugnado por la parte demandada, acredita que la demandante ejerció desde la fecha de la comunicación funciones de Planificación dentro del instituto demandado. Quien sentencia lo aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 78 LOPTRA. Así se decide.

8. Con la marca "L" (folio 190 PPE), comunicación fechada el 29 de abril de 2005 por la que la actora solicita del Director de Personal del ente demandado la nivelación de su sueldo y cancelación de lo bonos vacacionales respectivos. Este medio no fue impugnado por la parte demandada, razón por la que este sentenciador lo aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y conforme lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así queda resuelto.

9. Con la marca "LL" (folio 191 PPE), original de la constancia suscrita el 20 de diciembre de 2006 por el Subdirector de Recursos Humanos del ente demandado acreditando que la actora presta servicios en el Instituto desde el 15 de agosto de 2001 como «empleada contratada» desempeñando el cargo de Coordinadora de la Unidad de Planificación y Control Gestión. De este medio se desprende, además, que la demandante devengaba para aquella fecha un sueldo mensual de Bs. 405.000,00 y se le cancelaba un monto de Bs. 48.600 por concepto de profesionalización, monto este que equivale al 12% del sueldo mensual. Este medio no fue impugnado por la parte actora, razón por la que este sentenciador lo aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y conforme lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así queda establecido.

10. Con la marca "M" (folios 192 y 193 PPE) documentos emanados de terceros que no son parte en este asunto, ni causantes del mismo. Como quiera que los mismos no fueron ratificados testificalmente por quienes los suscriben, tal como lo prevé el artículo 79 LOPTRA, este sentenciador no les atribuye ningún valor probatorio. Así se resuelve.

11. Con la marca "N" (folios 194 y 195 PPE) comunicaciones emanadas de la Asistencia de Gestión de la Presidencia del ente demandado, los que se refieren a la suspensión del disfrute de vacaciones de la demandante el año 2006 y a la solicitud de pago de los bonos vacacionales de los períodos 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004. Como estos instrumentos no fueron impugnados por la parte demandada, este juzgador los aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y conforme lo establecido en los artículos 77 y 78 LOPTRA. Así queda resuelto.

12. Con las marcas "Ñ" y "O" (folios 196 al 200 PPE), cuadros demostrativos del valor actualizados del dinero correspondiente al cobro de obligaciones laborales derivados de la relación laboral contra el Instituto de S.P.d.E.B. y de cálculo de intereses sobre prestaciones sociales. Como estos instrumentos no emanan de la parte demandada sino de un tercero que no es parte en este procedimiento ni causante del mismo, sin que conste la ratificación testifical por quien los suscribe, en los términos del artículo 79 LOPTRA, quien sentencia les niega todo valor probatorio a dichos instrumentos. Así queda decidido.

13. Con la marca "P" (folios 201 al 238 PPE), copia fotostática de la CCSUNEP. En plena consonancia con la doctrina de la Sala de Casación Social, la convención colectiva es un acto normativo que no requiere ser promovido como medio probatorio a través del ejemplar que la contenga. En consecuencia se tiene por no promovido el ejemplar que produjo la parte actora, ello sin perjuicio de la obligación que tiene el juez de tener presente y aplicar el régimen jurídico contenido en la convención cuando fuere menester. Así queda resuelto.

17. Con la marca "Q" (folios 239 al 266 PPE), copia fotostática de la Convención Colectiva de Trabajo por Reunión Normativa L Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ente demandado y el Sindicato Unitario Regional de Trabajadores Empleados Públicos y Privados, Profesionales, Técnicos y Administrativos de la Salud y Asistencia del Estado Bolívar aboral de Empleados del Sector Salud de la Administración Pública Nacional – 2006 (en lo adelante RNL). En plena consonancia con la doctrina de la Sala de Casación Social, la convención colectiva es un acto normativo que no requiere ser promovido como medio probatorio a través del ejemplar que la contenga. En consecuencia se tiene por no promovido el ejemplar de la RNL que produjo la parte actora, ello sin perjuicio de la obligación que tiene el juez de tener presente y aplicar el régimen jurídico contenido en la convención cuando fuere menester. Así se decide.

Prueba de exhibición documental

Promovió la exhibición de los siguientes documentos: Expediente completo de la actora, constancia de su inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, constancia de afiliación a la política habitacional, convención colectiva de trabajo de empleados y trabajadores del ente demandado, convención colectiva por reunión de normativa laboral 2006, nómina de pago del personal fijo del Instituto, Gaceta Oficial donde se evidencia el decreto presidencial sobre aumento del 15% del sueldo de los trabajadores y empleados públicos del sector salud, escala de sueldo del personal de empleados del ente accionado. Sobre este medio el sentenciador hace las siguientes consideraciones:

1. El promovente no dio cumplimiento a los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 82 LOPTRA, razón por la cual es inadmisible el medio probatorio de exhibición documental planteado. Así se decide.

2. La Gaceta Oficial de la República es un medio público que no se promueve por medio de una exhibición de documento, razón por la que tampoco es admisible la exhibición de la misma promovida por la parte actora. Así se resuelve.

3. Las convenciones colectivas de trabajo son actos normativos que no requieren ser promovidos como medio probatorio a través de los ejemplares que las contengan. En consecuencia, resulta inadmisible la prueba de exhibición de las convenciones colectivas indicadas en la promoción. Así se establece.

Como resultante de las consideraciones precedentes no hay medio que valorar ni se puede dar por válida la de exhibición documental promovida. Así queda resuelto.

Prueba testifical

Promovió la testifical de la ciudadana YSIS APONTE para que ratificara el contenido de los instrumentos que produjo con las marcas "Ñ" y "O". La testigo no compareció a rendir declaración, razón por la que no hay prueba testifical que valorar. Así se establece.

Medios promovidos bajo el concepto de pruebas sobrevenidas

Sin resistencia de la parte demandada —que además nada arguyó contra tales medios en la audiencia de apelación—, la parte actora promovió los siguientes medios:

1. Con la marca "X2" (folios 47 al 53 de la segunda pieza del expediente, en lo adelante SPE), copia fotostática de la libreta de ahorros por la cuenta nómina Nº 0008-0003-15-0002627882 del Banco Guayana asignada a la demandante. Este medio probatorio fue promovido el 15 de abril del corriente 2008, antes de la celebración de la audiencia de juicio (22 de abril y 7 de mayo), en la cual la parte demandada no hizo objeción con respecto al mismo. Observa quien sentencia que no cursa en autos ningún medio probatorio que permita concluir que en la libreta de ahorros cuyas páginas fotocopiadas fueron aportadas para el procedimiento se hicieron los depósitos que dice el promovente corresponden a los conceptos contractuales señalados en el escrito que hace los folios 31 al 34 SPE. En razón de ello no le atribuye ningún mérito probatorio con respecto a lo debatido. Así se decide.

2. Con la marca "X3" (folios 35 al 45 SPE), once recibos que acreditan pagos realizados a la demandante por el ente accionado a partir del 1 de abril de 2007. Este medio probatorio fue promovido el 15 de abril del corriente 2008, antes de la celebración de la audiencia de juicio (22 de abril y 7 de mayo), en la cual la parte demandada no hizo objeción con respecto al mismo. Observa quien juzga que en los recibos que hacen los folios 37, 40, 41, 42, 43 y 44 aparece que en los lapsos comprendidos entre el 16 y el 31 de julio de 2007, el 16 y el 30 de septiembre de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 16 y el 31 de octubre de 2007, el 16 y el 30 de noviembre de 2007, y el 16 y el 31 de diciembre de 2007, el ente accionado canceló a la demandante p.d.p. y le dedujo cuota sindical para SUNEP-SAS (Sindicato regional). Este juzgador aprecia y valora los recibos analizados según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 78 LOPTRA. Así queda establecido.

3. Con la marca "X4" (folio 46 SPE), fotocopia de constancia suscrita el 15 de marzo de 2006 por el Subdirector de Recursos Humanos del Instituto demandado. Este instrumento también fue promovido por la parte demandada en copia certificada (folio 85 PPE), el cual será apreciado al momento de valorar de seguidas los medios probatorios promovidos por el ente accionado. Así se establece.

PARTE DEMANDADA:

En el escrito de promoción de pruebas reprodujo también el mérito favorable de los autos, que —como ya se dijo— no es medio probatorio sino un pedimento para que se apliquen los principios de comunidad y adquisición de la prueba que rigen en el sistema probatorio venezolano, principios ambos que el juez no puede omitir al establecer, apreciar y valorar el material de prueba incorporado al asunto y está siempre en el deber de aplicar de oficio sin necesidad de alegación de parte. Por consiguiente, no siendo la reproducción del mérito favorable de los autos un medio probatorio susceptible de valoración, se hace improcedente valorar tal alegación. Así se decide.

Prueba instrumental

1. Marcado "B" (folio 84 PPE), copia certificada por el Director de Recursos Humanos del Instituto punto de cuenta P 0211-01 presentado por el Director de Recursos Humanos del ente demandado al Director Regional de Salud el 28 de septiembre de 2001. Este instrumento fue admitido sin observaciones por la parte actora y de él se desprende que se solicitó autorización para ingresar a la actora como personal contratado para desempeñarse como Coordinadora de la Unidad de Planificación y Control de Gestión en la Dirección de Salud y Ambiente y Desarrollo Social adscrita al instituto demandado, estando admitido por la parte demandada que la actora ingresó y presta servicios como contratada. Este medio de prueba se aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y conforme lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así se resuelve.

2. Marcado "C" (folio 85 PPE), copia certificada de la constancia suscrita el 15 de marzo de 2006 por el Subdirector de Recursos Humanos del ente demandado acreditando que la actora presta servicios en el Instituto desde el 15 de agosto de 2001 como «empleada contratada» desempeñando el cargo de Coordinador de la Unidad de Planificación y Control de Gestión (abreviado en el instrumento «Coord. Unid. Plan. Cont. y Gesti»). De este medio se desprende, además, que la demandante devengaba para aquella fecha un sueldo mensual de Bs. 405.000,00 y se le cancelaba un monto de Bs. 48.600 por concepto de profesionalización, monto este que equivale al 12% del sueldo mensual. Este medio no fue impugnado por la parte actora, razón por la que este sentenciador lo aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y conforme lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así queda establecido.

3. Marcada "D" (folios 86 al 116 PPE), copia fotostática de la RNL. En plena consonancia con la doctrina de la Sala de Casación Social, la convención colectiva es un acto normativo que no requiere ser promovido como medio probatorio a través del ejemplar que la contenga. En consecuencia se tiene por no promovido el ejemplar de la RNL, ello sin perjuicio de la obligación que tiene el juez de tener presente y aplicar el régimen jurídico contenido en la convención cuando fuere menester. Así se establece.

4. Con la marca "E" (folios 117 al 155 PPE), copia fotostática de la CCSUNEP. En este caso, también en plena consonancia con la doctrina de la Sala de Casación Social, se establece que la convención colectiva es un acto normativo que no requiere ser promovido como medio probatorio a través del ejemplar que la contenga. En consecuencia se tiene por no promovido el ejemplar de la RNL, ello sin perjuicio de la obligación que tiene el juez de tener presente y aplicar el régimen jurídico contenido en la convención cuando fuere menester. Así se resuelve.

5. Anunció promover con la marca "F" un memorando que no fue acompañado con el escrito de promoción de pruebas, razón por la que no hay medio probatorio que valorar. Así queda establecido.

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Pasa este sentenciador a resolver la apelación interpuesta de la siguiente manera: