Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 22 de Junio de 2005

THEMA DECIDENDUM. El ciudadano R.O.A.G., asistido por la abogada H.M.C.M., interpuso demanda por incumplimiento de contrato de transacción, en contra del INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y ACCIÓN SOCIAL (IVASOL), tal como se infiere del folio 1 al folio 3, demanda ésta que fue reformada tal como se puede constatar del folio 46 al folio 49, la referida acción judicial tiene por finalidad que la parte demandada cumpla con lo acordado en la transacción efectuada entre la parte accionante y la parte accionada según escrito dirigido al para entonces Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, hoy Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; por su parte la Institución demandada a través de su apoderada judicial la abogada en ejercicio L.I.G.M., señaló en el acto de la contestación de la demanda, que se han ocupado de los asuntos concernientes al Instituto de la Vivienda y Acción Social (Ivasol), corrigiendo las situaciones presentadas y no resueltas y una vez que tuvieron conocimiento por parte del ciudadano R.O.A.G., del convenimiento suscrito en fecha 07 de agosto de 1.996 celebrado con el Presidente encargado de Ivasol, fue por lo que atendiendo controles administrativos se dirigieron al terreno donde se encuentra ubicada la Posada La Travesía propiedad del ciudadano R.O.A.G., acompañados del personal técnico de Ivasol conjuntamente con la Ingeniero I.V., observándose que efectivamente el cercado había sido reparado por parte de la institución, que el demandante señaló que no había sido reparado correctamente, sin embargo, accedieron a mejorar el arreglo ya hecho al cercado, y alegaron que no hubo ningún incumplimiento parcial y que se construyó un canal cerrado en los terrenos propiedad del demandante por ser más provechoso para dicho terreno tomando en cuenta lo previsto en el artículo 668 del Código Civil vigente, y en conclusión que no se ha causado ningún daño a la propiedad del demandante ya que escapa a Ivasol, el hecho de que los terrenos se encuentren ubicados en la cota más baja del sector y para el caso de que existan inundaciones Ivasol no es responsable de ese fenómeno natural, más aún cuando la Urbanización M.M., posee los drenajes que se requieren para suavizar la caída de la corriente de lluvia y es más, que se estaba realizando una cuneta con un costo aproximado de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 3.500.000,oo) para evitar que cuando lloviera el agua pudiera caer en la vía pública y pudiera perjudicar el terreno del señor R.O.A.G., y que habiéndose pactado el retiro de los escombros al terminar la cuneta, el mencionado ciudadano quien al principio aceptó posteriormente se negó a permitir el acceso del personal de Ivasol. Quedó de esta manera establecido el límite de la controversia.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. La parte accionante, promovió las siguientes pruebas:

1. VALOR Y MERITO JURÍDICO DE LOS AUTOS EN CUANTO LE FAVOREZCAN: Con respecto a el mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso en cuanto le sean favorables, el Tribunal señala, que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, toda vez que por el principio de la comunidad de la prueba, ninguna de las partes contendientes puede atribuirse el valor exclusivo de cualquier prueba o de parte de la misma, ya que como antes se indicó, las pruebas aportadas al juicio son propias de éste, y no de las partes en particular.

   Con relación a esta prueba, el Tribunal considera pertinente, hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que “... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quien las haya promovido o aportado”; en segundo lugar, son tres las características fundamentales que se le atribuyen al principio de la comunidad de la prueba: 1) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. 2) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. 3) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador; en tercer lugar, si bien, la expresión de reproducir el mérito favorable de los autos en cuanto a que favorezca a la parte promovente, no vulnera en sí el principio de la adquisición procesal, ni tampoco lesiona el principio de la comunidad de la prueba, ni menoscaba la potestad del juzgador de valorar las pruebas, no obstante, la expresión el mérito favorable de los autos en cuanto favorezca al cliente o representado, no constituye por sí misma una prueba, sino una especie de recordatorio al Juez para analizar las actas procesales, sin que ello implique, se repite, una prueba en si misma. Por lo tanto, a esta prueba promovida por la parte demandante, el Tribunal no le asigna eficacia probatoria alguna, pues las actas procesales y las pruebas no son patrimonio de una parte en especial sino que corresponden al proceso, y por lo tanto, pueden favorecer o desfavorecer a las mismas.

2. VALOR Y MERITO JURÍDICO PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO FUNDAMENTAL DE LA ACCION:

   El Tribunal observa que se trata del documento fundamental de la acción contentivo de una transacción judicial efectuada entre la ciudadana M.A.M., procediendo en su condición de apoderada judicial del ciudadano R.O.A. G., y el INSTITUTO REGIONAL DE LA VIVIENDA (INREVI). Ahora bien, para valorar la presente prueba el Tribunal acude al principio de la notoriedad judicial que tiene vigencia en el derecho positivo venezolano. En efecto, la notoriedad judicial no requiere ser probada y constituye una obligación para el Juez declararla. En este sentido se requiere que el llamado hecho notorio judicial, que ciertamente se opone al hecho notorio general, necesariamente deriva del conocimiento que tiene el juzgante no sólo sobre hechos, sino también sobre decisiones, autos y pruebas en virtud de su actuación como Juez, más aún cuando existe conexidad con lo alegado por una de las partes, de tal manera que el juzgador puede hacer uso de esas circunstancias preexistentes en un proceso previo para otro posterior. El jurista Friedrich Stein, en su obra “El Conocimiento Privado del Juez”, Editorial Temis, páginas 191 a la 198, entre otros hechos explica lo siguiente:

   Al lado de los hechos del dominio público que son conocidos por el Juez en razón a esa propiedad, hay una segunda e independiente que es la de los hechos cuyo conocimiento es específicamente judicial, es decir, de aquellos que consisten en la propia actuación judicial del Juez o que han constituido el objeto de su percepción judicial (…) lo que el Tribunal adquiere como resultado de la prueba con plena conciencia de su responsabilidad en la situación de receptor oficial de la prueba y generalmente bajo el control que permite la contradictoria configuración de nuestro proceso eso debe servir a los jueces de una vez y por todas como parte integrante de su saber y de ello pueden estar convencidos sin necesidad de repetir la prueba.

   En este orden de ideas N.P.P. y otros en su obra “Código de Procedimiento Civil Venezolano”, señalan lo siguiente:

   Notoriedad judicial: son hechos conocidos por el juez en razón de su propia actividad o procesos anteriores.

   De igual manera la Sala Constitucional en sentencia de fecha 5 de octubre de 2.000, señala:

   En Venezuela funciona la notoriedad judicial y ella –que atiende a una realidad- no puede quedar circunscrita a los casos expresamente contemplados en la ley, ya que atiende a una situación más general, cual es que el juez, por su cargo, conoce de una serie de hechos que tienen lugar en el tribunal donde presta su magisterio, y que le permiten conocer qué juicios cursan en su tribunal, cuáles sentencias se han dictado, y cuál es su contenido; identificar a los abogados que representan a las partes, y otros hechos semejantes. La situación es aún más clara cuando los fallos tienen efectos erga omnes, y el juez debido a esos efectos, si conoce la decisión, se ve en lo personal atado al contenido de la determinación judicial.

   En atención a todo lo antes expuesto el Tribunal tiene conocimiento de la existencia del expediente número 2272, contentivo de un juicio de interdicto de obra nueva en donde aparece como demandante el ciudadano R.O.A.G., y como demandado el INSTITUTO REGIONAL DE LA VIVIENDA (INREVI), en donde se produjo entre las partes en conflicto una transacción de fecha 7 de agosto de 1.996, siendo homologada y dándosele el carácter de sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada mediante auto que obra al folio 68 del precitado expediente. A todo evento y para mayor información de lo expresado en dicho expediente, el Tribunal acuerda sacar copia de dicha transacción, del auto mediante el cual se declaró dicha transacción en sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada y donde se dio por terminado dicho juicio, ordenándose su remisión al Archivo Judicial del Estado Mérida para su guarda y custodia del expediente número 2272. De igual manera, para mayor abundamiento sobre el conocimiento del referido juicio se agrega al presente expediente copia de la carátula, y del informe de experticia que obra del folio 30 al folio 53 del antes mencionado expediente.

   Con base al denominado principio de notoriedad judicial el Tribunal le da pleno valor jurídico al documento de transacción como documento público, toda vez que al haber sido homologado y al dársele el carácter de sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, pasa a ser un documento público judicial, toda vez que la sentencia es el documento público judicial por excelencia, de conformidad con los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

3. VALOR Y MERITO JURÍDICO PROBATORIO DEL INFORME PREPARADO POR LA CORPORACIÓN MERIDEÑA DE TURISMO EN EL AÑO 1.998, y solicita se le exija a la Administración de Fundes exhiba los documentos que tramitaba y efectuaba CORMETUR.

   En esa forma fue admitida dicha prueba junto con las demás pruebas del proceso el día 12 de junio de 2.001, tal como se desprende al folio 91 de este expediente, posteriormente ya habiéndose librado la boleta de citación a la Administración de Fundes, mediante escrito presentado por el ciudadano R.O.A.G., asistido por la abogada H.C.d.L., de fecha 18 de julio de 2.001 pretendió modificar la prueba ya admitida en el sentido de que el nombre de la institución era FOMDES y no FUNDES, lo cual por supuesto no resultaba permitido modificar un auto de admisión de pruebas por un error propio de una de las partes, razón por la cual dicha prueba no pudo evacuarse pues tal como lo informó el ciudadano Administrador de Fomdes, él no firmaba la boleta por cuanto estaba dirigida a Fundes, y no Fomdes, la cual dirigía el informante economista E.G.G., lo que se desprende de la declaración que obra al folio 122 de este expediente, razón por la cual habiéndose abierto el acto de exhibición al folio 124 ninguna de las partes comparecieron y por lo tanto no se efectuó la referida prueba de exhibición a que se refiere el auto de admisión de la demanda y por inexistencia de la misma no resulta factible efectuar ningún tipo de valoración.

4. VALOR Y MERITO JURÍDICO PROBATORIO DEL PLANO REALIZADO PARA EL CONVENIMIENTO: Se observa agregado al folio 12 de este expediente un plano del Instituto Regional de la Vivienda; proyecto: Drenaje de aguas de lluvia; ubicación: El Arenal vía La Joya de fecha agosto de 1996. Este Tribunal por cuanto el mismo no fue tachado ni impugnado en forma alguna por la parte accionada y si bien es cierto que el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a los planos como una facultad del Juez para usar dicho medio técnico a pedimento de cualquiera de las partes o aún de oficio, no obstante por el principio de la libertad probatoria a que se contrae el artículo 395 eiusdem, este Tribunal al referido plano le asigna pleno valor probatorio y consecuencialmente al convenimiento que no fue impugnado por la parte demandada.

5. DE LA PRUEBA TESTIFICAL: La parte actora promovió la testimonial del ciudadano C.M..

   El Tribunal comparte el criterio sustentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2.000, posteriormente ratificado en decisión de fecha 5 de octubre de 2.000, en el cual expresa lo siguiente:

   Al pronunciarse con respecto a la declaración de un testigo, el Juez no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas y repreguntas con sus respuestas, pues su deber es indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso, lo dicho por el testigo, es decir, debe señalar expresamente lo que lo lleva a la convicción de que éste le merece fe o por el contrario considera que incurrió en reticencia o falsedad.

   De lo expuesto puede evidenciarse que cuando el sentenciador aprecia el dicho del testigo, no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas, repreguntas y respuestas respectivas, debe indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso lo dicho por el testigo. (...) Siendo así, no incurre la sentencia recurrida en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, pues como antes se indicó, el ad-quem al apreciar a los testigos arriba referidos, cumplió con el deber de señalar expresamente lo que lo llevó a la convicción de que los referidos testigos le merecen fe, como lo fue al indicar algunas de las respuestas dadas a las preguntas que el promovente de la prueba formuló como algunas de las respuestas dadas a las repreguntas, pudiendo con éstas controlarse la prueba mediante el análisis de los elementos en que se apoyó el Juez para apreciar dichos testimonios.”

   DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.A.M.M.. Este testigo al ser interrogado respondió entre otros hechos los siguientes: Que era titular de la gerencia de financiamiento. Que es cierto que el señor Altuve hizo la solicitud y él designó al arquitecto J.G.L., para que realizara dicha inspección y presentara el informe correspondiente. Que visto e informe del arquitecto J.G.L., se pudo dar cuenta del estado de deterioro que presentaba la posada por causa de las aguas de lluvia, lo constató personalmente en visitas a la misma, pudo observar la presencia de lodo y agua en las habitaciones y áreas de circulación, lo que había causado daños a los bienes de la posada que impedía su uso comercial o prestación de servicios a terceros. Que es cierto que el señor Altuve hizo la solicitud del informe levantado por la Corporación M.d.T., pero como no era de su competencia hacer la entrega del mismo fue remitido a la consultoría jurídica de la institución, donde el señor Altuve presentó la solicitud, pero tiene entendido que le fue negada por razones que desconoce. Este testigo no fue repreguntado por la contraparte y tomando en cuenta su condición de Economista y su edad de cincuenta y ocho años el Tribunal le otorga valor jurídico probatorio a favor de la parte demandante de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA. La parte accionada promovió las siguientes pruebas:

1. VALOR Y MERITO JURÍDICO PROBATORIO DE LOS AUTOS EN CUANTO FAVOREZCAN A SU PODERDANTE: El pronunciamiento del Tribunal es de idéntica forma a la prueba de la consideración PRIMERA letra “A”, que se refiere al aporte de pruebas efectuado por las partes y que las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, en orden al principio procesal de la comunidad de la prueba.

2. DE LA PRUEBA TESTIMONIAL: La parte demandada promovió la testimonial de los ciudadanos I.V., A.C. y E.C.. Observa el Tribunal que ninguno de los mencionados ciudadanos promovidos como testigos por la parte demandada, se presentaron a declarar por lo que la referida prueba no puede ser valorada por la inexistencia de los testimonios de los testigos promovidos.

3. VALOR Y MERITO JURÍDICO PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y ACCION SOCIAL (IVASOL), en la cual se solicita la citación del ciudadano Arquitecto A.U., Director de Ivasol.

   Con relación a esta prueba que corre agregada del folio 71 al folio 73 se observa un informe del sistema de drenajes de la Urbanización M.M.E.A.d.M.L.d.E.M., al analizar el mismo el Tribunal ha podido constatar que no se encuentra el nombre y apellido de la persona que produjo tal informe, sino que solamente aparece en la parte inferior derecha un sello húmedo y una firma ilegible, sin que aparezca como antes se había dicho el nombre y el apellido de la persona que redactó el precitado informe, por tal motivo dicho informe carece de valor jurídico y el Tribunal no entra a analizarlo.

4. VALOR Y MERITO JURÍDICO PROBATORIO DE LA RELACIÓN DE PAGOS HECHOS POR LA DIRECCIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y ACCION SOCIAL (IVASOL), HASTA EL MOMENTO DE LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CUNETA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA.

   Con respecto a esta prueba el Tribunal observa que la misma carece de asidero jurídico, toda vez que se está en presencia de un juicio por incumplimiento de transacción y resulta sin valor jurídico el hecho de que Ivasol estuviera realizando trabajos en la vía pública, y por lo tanto considera sin valor jurídico la indicada prueba.

5. DE LA INSPECCION JUDICIAL: Se observa del folio 113 al 115 inspección judicial practicada por este Tribunal en fecha dieciocho de julio de dos mil uno, en el Sector el Arenal vía La Joya, Municipio Libertador del Estado Mérida. Sobre la prueba en cuestión, se deja constancia expresa que el Tribunal tocó reiteradamente la puerta de la posada con el propósito de que alguna persona acudiese a abrir, pero resultó infructuoso tal llamado pues nadie se apersonó a dar acceso al Tribunal hacia el inmueble objeto de la inspección; asimismo el Tribunal dejó constancia de no haber podido tener acceso al inmueble propiedad del ciudadano R.O.A.G., denominado Posada Estancia La Travesía y no se pudo dejar constancia del estado de la infraestructura física del referido inmueble y por el hecho anteriormente anotado tampoco el Tribunal pudo indicar los daños causados por la lluvia en la expresada infraestructura física, tampoco indicar los presuntos daños a la señalada posada. El Tribunal dejó constancia que el terreno anexo a la posada en el sector que esta frente a la Urbanización M.M. existe un cercado el cual se encuentra en buenas condiciones, ya que por la existencia del mismo no se pudo acceder al citado terreno. Observó trabajos realizados consistentes en una construcción de una cuneta en la vía pública en el Sector El Arenal. Se dejó constancia de dos tanquillas para drenaje en la Urbanización M.M..

   En orden a lo consagrado en el artículo 1.430 del Código Civil los Jueces estimarán en su oportunidad el mérito de dicha prueba, vale decir, de la inspección judicial y es precisamente en esta sentencia definitiva, la oportunidad para apreciarla, sin confundirla con la valoración que se le da a otros medios probatorios, pero si adminiculándola a otros hechos, circunstancias, y pruebas producidas en los actos, pues se trata de una prueba de inmediación, directa, personal y formal con relación a los hechos inspeccionados, observándose entre los requisitos para su eficacia probatoria los siguientes: 1) La conducencia de este medio probatorio con relación con el hecho u hechos inspeccionados; 2) Pertinencia de lo inspeccionado; 3) Que las conclusiones sean lógicas y razonables; 4) Que no exista prueba que la desvirtúe, 5) Que el acta se elabore de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, con claridad y precisión y 6) Que el hecho inspeccionado no sea jurídicamente imposible.

   En este orden de ideas, el Tribunal observa que la inspección judicial solicitada y practicada fue realizada en forma parcial por no haber tenido acceso al mencionado inmueble, y que parte de los hechos sobre los cuales se había solicitado que se dejará constancia, de los mismos dejó constancia expresa el Tribunal. Los hechos de los cuales se pudo dejar constancia tienen relación con los alegados en el contestación de la demanda, por lo que este Tribunal le da valor jurídico a los hechos que fueron objeto de la prueba, pero sin darle un valor total a la misma por las razones antes anotadas, vale decir, por no haber tenido acceso al precitado inmueble.

   Considera este Tribunal que la inspección judicial practicada por un Juez debe considerarse como un documento público o auténtico, que hace plena fe, así entre las partes como con respecto a terceros mientras no sea declarado falso, por lo que se le otorga el valor probatorio previsto en el artículo 1.359 del referido texto sustantivo, y así lo considera este Tribunal y por lo tanto le da el valor de documento público en cuanto a los hechos observados en el momento de la inspección judicial.

6. DE LA EXPERTICIA: El Tribunal observa que obra al folio 100 diligencia suscrita por la parte actora en la cual recusó al experto nombrado por la parte demandada ciudadano C.E.S.R., por encontrarse incurso en la causal establecida en el numeral 1º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente constata que a los folios 150 al 155 corre agregada decisión en donde el Tribunal declaró con lugar la recusación propuesta por la parte demandada contra el perito C.E.S.; fijó para el segundo día de despacho en que conste en autos la notificación de las partes para que tuviese lugar la elección del experto sustituto y acordó la prorroga del lapso de evacuación de pruebas por treinta (30) días de despacho contados a partir de que constara en los autos la última de las notificaciones de las partes. No obstante, la parte actora no tuvo la diligencia necesaria para que tal prueba se efectuara, por lo que nunca se llegó a realizar la referida prueba de experticia, y lógicamente, por su inexistencia, la misma no puede ser objeto de valoración.

7. PROMUEVE LA EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA POSADA ESTANCIA LA TRAVESÍA: El Tribunal observa que habiéndose librado la boleta de intimación del ciudadano R.O.A.G., para que compareciera por ante el despacho del Tribunal en el tercer día de despacho siguiente a que constará en autos su intimación a las diez de la mañana a los fines de que exhibiera los libros de contabilidad de la Posada La Estancia La Travesía, no consta en autos que se hubiese producido tal intimación y de igual manera de la revisión del expediente se pudo constatar por las razones antes indicadas nunca se celebró el acto de exhibición de tales libros, razón por la cual habiendo resultado inexistente la referida prueba el Tribunal no la puede valorar.

El Tribunal pudo constatar de las actas del expediente en cuanto a la apelación formulada por el ciudadano R.O.A.G., cuyo cuaderno se observa del folio 197 al 219, el mismo renunció a la referida apelación con relación a la sentencia interlocutoria dictada por este Tribunal en fecha 18 de febrero de 2.002, por lo que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 15 de enero de 2.003, declaró con lugar lo que a juicio de dicho Tribunal constituyó un desistimiento, ingresando nuevamente a este expediente las resultas de apelación en fecha 25 de marzo de 2.003.

Al revisar el elenco probatorio producido por las partes y las diferentes actas procesales que componen este expediente, el Tribunal considera que una de las pruebas fundamentales en descargó de la parte demandada lo constituía la experticia que fue promovida como prueba pero que nunca llegó a realizarla, mientras que la parte actora logró demostrar la existencia del documento contentivo de la transacción efectuada que no fue impugnado ni tachado por la parte demandada. Además, logró demostrar la existencia del plano e incluso con la evacuación testifical del economista ciudadano C.A.M.M., demostró los hechos alegados en el escrito libelar, por lo tanto la demanda interpuesta por el ciudadano R.O.A.G., en contra del INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y ACCIÓN SOCIAL (IVASOL), debe prosperar y así debe decidirse.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Con lugar la demanda de incumplimiento de contrato de transacción interpuesta por el ciudadano R.O.A.G., en contra del INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y ACCIÓN SOCIAL (IVASOL). SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento se le condena al INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y ACCIÓN SOCIAL (IVASOL), a dar estricto cumplimiento a la transacción realizada entre la parte actora y la parte demandada y en tal sentido cumplir con lo previsto en la cláusula primera Literal “c y d”, en consecuencia con relación al Literal “c”, el indicado instituto debe reparar por su cuenta y riesgo el cercado principal por el deterioro sufrido, toda vez que solo se hizo una reparación parcial y se requiere una reparación total y con respecto al Literal “d” se condena a Ivasol a confeccionar un drenaje para encausar aguas de lluvia por los terrenos propiedad del demandante, situados frente a la Urbanización denominada “Marianita Mendoza”, para evitar el desagüe fluvial en la vía pública, es decir, por la calle principal que conduce al Arenal, de tal manera que la parte accionada debe ajustarse al plano elaborado al efecto por ambas partes y que consta en el expediente y cumplir con la realización de consultas y permisologías respectivas; asimismo reponer los árboles talados. TERCERO: Se condena al INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y ACCIÓN SOCIAL (IVASOL), que repare los daños y perjuicios ocasionados derivados por el incumplimiento de la transacción por parte del referido instituto, incluyéndose los daños ocasionados al mobiliario del referido inmueble donde funciona el establecimiento comercial Estancia La Travesía, y asimismo tomar todas las previsiones que sean necesarias para evitar el riesgo de nuevos daños a la propiedad del accionante. CUARTO: Por cuanto se demanda al INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y ACCIÓN SOCIAL (IVASOL), por el incumplimiento de la transacción que fue celebrada entre la parte demandante y la parte demandada, sin haberse demandado una cantidad específica de dinero, sino que lo que hubo fue una estimación de la demanda en la cantidad de CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 48.152.500,oo), estimación que justifica con base al avaluó técnico de los daños a la planta física del inmueble propiedad del accionante y en el cálculo del daño lucro cesante y se solicita asimismo se tome en consideración un informe técnico, pero como antes se señaló en el petitorio no se demanda una cantidad líquida y exigible sino lo que se formula es un estimación de la demanda, es por lo que no se condena al pago de cantidad alguna de dinero. QUINTO: Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 287 eiusdem. SEXTO: Se niega la indexación solicitada en el texto libelar reformado, toda vez que en el petitorio del libelo de la demanda no se demanda una cantidad específica de dinero, líquida y exigible, sino el cumplimiento de los literales “c y d” de la cláusula primera de la transacción celebrada entre las partes en el expediente signado con el número 02272, ya que sólo se estimó la demanda en una cantidad determinada, que solo sirve como base para la estimación de honorarios profesionales, ni tampoco se evidencia de las pruebas promovidas y evacuadas por la parte actora, los pagos que hubiese efectuado la parte actora. SÉPTIMO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, con el entendido que en el día de despacho siguiente a aquél en que conste en los autos la última notificación, comenzará a contarse el lapso de apelación a que se contrae el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, debe seguirse la forma prevista en los artículos 187, 292, 294, 297 y 298 eiusdem y para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense las correspondientes boletas de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, veintidós de junio de dos mil cinco.

EL JUEZ TITULAR,

A.C.Z.

LA SECRETARIA TITULAR,

S.Q.Q.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las dos y diez minutos de la tarde, se libraron las correspondientes boletas de notificación a las partes y se le entregaron al Alguacil para que las haga efectivas conforme la Ley. Conste.

LA SCRIA.

S.Q.

ACZ/ymr