Decisión nº 1547-03 de Tribunal Segundo de Ejecución de Caracas, de 23 de Julio de 2007
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2007 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Ejecución |
| Ponente | Ana Arvelo |
| Procedimiento | Negativa De Libertad Condicional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
JUZGADO SEGUNDO EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN
Caracas, 23 de julio de 2007.
197° y 148°
Causa: JE-2-1547-03
Penado: R.V.W.R., de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, de fecha de nacimiento 08-01-1980, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Supervisor de Vigilancia, residenciado en: ZONA CENTRAL 23 DE ENERO, BLOQUE 24 LETRA B, PISO 3, APATO 313, y titular de la cédula de identidad Nro. V- 16.116.201.-
Defensa: Dra. MARINELLA H.R., en su condición de Defensora Pública Penal Septuagésima Novena (79°) adscrita a la unidad de Defensoría Pública del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.-
Ministerio Público: Fiscal Trigésimo Segundo (32°) del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad.-
Corresponde al suscrito, conocer de las presentes actuaciones, a propósito de la solicitud que fuera formulada por el penado, en el sentido le sea acordada la fórmula de cumplimiento de pena de L.C., este Juzgado, para resolver observa:
Que en fecha (06) de diciembre de 2005, la Sala Nro. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declara con lugar, el recurso de revisión interpuesto por éste Tribunal, contra la Sentencia dictada en el presente caso, contra el ciudadano R.V.W.R., y congruente con el dispositivo del fallo, declara la sala que éste debe cumplir la pena de NUEVE (09) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.-
Que una vez requerido el pedimento formulado por el penado, se procedió a la sustanciación de mismo y se ordena la practica de los informes psico-sociales, a los fines de conocer el pronóstico del equipo técnico, a los fines indicados en el ordinal tercero del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que en fecha 11-07-2007, se reciben actuaciones emanadas de la Coordinación Regional Integral Región Capital Centro de evaluación y Diagnóstico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, donde se emite un pronóstico DESFAVORABLE. Ello con fundamento en consideraciones, como las que ilustran el denominado pronóstico, así:
Penado quien no posee el perfil para la fórmula alternativa de cumplimiento de pena: L.C., por tanto la decisión del Equipo Técnico es DESFAVORABLE, decisión que se basa en los factores siguientes: Apoyo familiar netamente emocional lo cual anula el rol de guía externo; incapacidad para asumir las consecuencias de sus actos, trayectoria laboral que se asocia con baja productivita y compromiso
.
CONCLUSIÓN: Sobre la base del estudio psicosocial realizado”., el Equipo Técnico emite opinión DESFAVORABLE al otorgamiento de la medida solicitada”.
Asimismo se evidencia del Informe psicosocial expedido por el Equipo Técnico antes mencionado, que con respecto a la medida en la cual el penado de autos se encuentra actualmente (Régimen Abierto) manifestó estar cumpliendo, sin embargo la Delegada de Prueba Lic. JOICE APONTE informó al Equipo que el evaluado tiene aproximadamente dos (02) meses pernoctando ya que motivado a accidente estuvo de reposo, por lo que considera que no tiene el tiempo adecuado para disfrutar de la L.C.. En cuanto al delito asume su participación, sin embargo, es acomodaticio y justificador; no teniendo conciencia del daño que este delito causa en la sociedad, aunado al alto índice de reincidencia que presenta debido a que mantienen el mismo déficit conductuales que lo llevaron a delinquir. Apreciándose que la experiencia social legal no ha surtido efecto de aprendizaje.-
La Finalidad de la evaluación que realizan los miembros de los Equipos Técnicos, adscritos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, tiene como cometido fundamental, precisamente conocer las herramientas con las que cuenta el penado, para que de manera progresiva, se incorpore a la vida en libertad, sin la posibilidad que reincida en la perpetración de hechos, que comporten la intervención de los órganos encargados de la persecución penal.-
A tales fines, dispuesta la excarcelación de los sujetos evaluados, con vista a las características de la fórmula de cumplimiento de pena a la que optan, tal pronunciamiento supone la cesación del régimen intramuros de cumplimiento de pena y su incorporación a otro caracterizado por el autogobierno, cuya disciplina se fundamenta en el sentido de responsabilidad del penado y la confianza en la promesa de éste en someterse al cumplimiento de las obligaciones impuestas, en el entendido que a propósito de su cumplimiento, los términos de la fórmula de cumplimiento de pena a la que se encontraría sujeto, supone apenas seguimiento por delegado de prueba y presentaciones, tratándose del último grado del tratamiento penitenciario individualizado.
En ese orden de ideas, el penado R.V.W.R., ha cumplido las dos terceras partes de la pena que le fuera impuesta, en consecuencia, teóricamente debería ser procedente el pedimento solicitad; sin embargo, se impone resaltar los fines de prevención especial, que persigue la aplicación y el cumplimiento de la pena corporal impuesta en un juicio regular, y que resalta el artículo 2 de la Ley de Régimen Penitenciario, cuando afirma, como objeto de la pena la “reinserción social del penado”, y el carácter progresivo de éstas.
En debida concordancia con los anteriores objetivos, se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de ONU el 16 de diciembre de 1966, y cuya Ley Aprobatoria, fuera publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 2.146, Extraordinario de fecha 28 de enero de 1978, que en el ordinal tercero de su artículo 10, y en debida concordancia con el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indica, que:
El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica
.
G.R., citado por S.H., indica que la “...educación social, la socialización, tiene necesario fundamento ético en este sentido, enlaza con usos y convenciones y adquiere, por fuerza, cierta relatividad material. El caso es incorporar al individuo, mediante la adhesión axiológica, al rumbo social, hacerle parte viva, convencida y dinámica de su comunidad, e incorporarlo al respeto y conservación de los valores que ésta ha hecho suyos”; lo que se logra pues, mediante el tratamiento penitenciario, lo que de suyo, ilustra en el sentido, que la finalidad resocializadora supone la progresiva incorporación a la libertad plena, siendo particularmente la l.c., como afirma G.B., “...una parte normal de la ejecución de la pena, en un punto entre la vida penitenciaria y la plena libertad”; argumento, igualmente pertinente respecto de cualquiera de las fórmulas de cumplimiento de pena, a propósito del carácter progresivo del denominado régimen penitenciario.
Lo anterior supone, que el penado, gradualmente vaya agotando los distintos grados del régimen progresivo de aplicación de la pena corporal, desde los más severos, a los más laxos, o de seguimiento más relajado, donde los controles y obligaciones propias del régimen de sujeción de manera “progresiva”, gradual como fuera advertido, le permitan la incorporación a la vida en plena libertad.
En debida concordancia con los anteriores enunciados la l.c. se entiende como “...aquel beneficio que se particulariza por el último periodo de la condena, y consiste en el egreso definitivo y permanente del recinto carcelario, con al debida supervisión de un delegado de prueba por un tiempo igual al remanente de la pena”, ello conforme al numeral 3 del capítulo I, de la resolución número 352, de fecha 29 de septiembre de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 36.314, de fecha 16 de octubre de 1997, último grado del tratamiento, que supone la sujeción exitosa a los requerimientos de los grados de tratamiento anterior, si no fuere así, no podría hablarse de progresividad; por una parte, por la otra, la estimación de uno cualquiera de éstos pedimentos, supone el cumplimiento, entre otros, de los requerimientos a los que hace referencia el artículo 500 del texto adjetivo penal, que requiere, la evaluación psicosocial favorable del penado, que en el presente caso, no se da, antes por el contrario, la opinión es contraria a la pretensión de progresión en grado.
El cumplimiento de la fracción pena para el acceso a la fórmula de cumplimiento de pena, no significa que necesariamente deba ser estimada la solicitud, y por ende, acordada la formula de cumplimiento de pena.
En la practica, vemos personas sometidas a tratamiento institucional con parte importante de la pena cumplida, y que no han sido destinatarios de ninguna de las fórmulas de cumplimiento de penas, que si bien es cierto, podrían solicitar y efectivamente son tramitadas por los jueces en funciones de ejecución, no es menos cierto, que el tratamiento es individual, y los internos en particular no acceden al no estar aptos para las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, vale decir, no cuentan con las herramientas para el ingreso a uno de los regímenes de pre-libertad.
El penado W.R.R.V., no es apto para ser tratado en el tercer grado del tratamiento penitenciario individualizado, así lo afirman los técnicos evaluadores, con sustento a los asertos antes transcritos a propósito de las deficiencias a nivel de personalidad y conducta; por lo que el Juzgado, acoge a plenitud las observaciones del equipo técnico, y por ello, a tenor de lo previsto en el ordinal 3° del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, es procedente, conforme a ésta argumentación, negar la fórmula de cumplimiento de pena solicitada. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por las razones antes dichas, éste Juzgado Segundo en funciones de Ejecución del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta el siguiente pronunciamiento:
ÚNICO: NIEGA, LA FÓRMULA DE CUMPLIMIENTO DE PENA DE L.C., solicitada por el penado R.V.W.R., titular de la cédula de identidad Nro. V- 16.1116.201, en virtud de no cumplir con el requisito exigido en el ordinal 3° del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.-
Regístrese, diaricese la presente decisión, déjese copia certificada. Notifíquese a las partes, así como al penado de autos. Notifíquese de lo aquí decidido al Director del Centro de Tratamiento Comunitario “DR. J.A.R. GONZÁLEZ”.-
LA JUEZ. 2° DE EJECUCIÓN,
DRA. A.T.A.T..
LA SCRETARIA
ABG. N.M..-
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.
LA SCRETARIA
ABG. N.M..-
Expediente: J2E- 1547-03
ATAT/daniela.-
