Decisión nº PJ0152007000056 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 25 de Enero de 2007

En fecha 03 de diciembre de 1979, comenzó a prestar sus servicios como Jefe de Sección, hasta el 01 de enero de 2002, relación que culminó mediante la opción presentada por la empresa de una Jubilación Especial, devengando como último salario la cantidad de 1 millón 293 mil 044 bolívares.

Que en fecha 31 de diciembre de 1998, la empresa demandada, a su criterio decide cambiar el régimen contractual que hasta ese entonces venía disfrutando equiparables al contenido del Contrato Colectivo Petrolero, para el nuevo sistema aprobado en junio de 1997 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que en tal sentido y en resguardo a sus intereses y puesto de trabajo, el actor firmó y aceptó el pago efectuado, cancelándole la demandada para ese momento la cantidad de 43 millones 928 mil 595 bolívares con 60 céntimos.

Que en fecha 06 de agosto 2002, conjuntamente con otros trabajadores, se notificó al Gerente de Recursos Humanos, que tena un crédito pendiente por concepto de diferencia de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, en contra de la empresa, notificación que se hizo a los efectos de conseguir el pago por la vía amistosa, sin embargo nunca obtuvo respuesta alguna por parte de la empresa.

Que la demandada no canceló en forma debida las prestaciones sociales, conforme al régimen del cual venían disfrutando en iguales términos a los previstos en la Contratación Colectiva Petrolera, las cual según su decir, indudablemente era más favorable para el actor, en efecto no les fueron calculados sus conceptos laborales conforme al último salario devengado, supuestamente bajo la premisa de que a los mismos les corresponda su cálculo conforme al régimen vigente por la Ley Orgánica del Trabajo de junio de 1997, situación que atenta contra los derechos adquiridos por el mismo, conforme a normas imperativas y de orden público.

Que la sustitución del régimen de cálculo así como los conceptos que comprendía evidentemente bajo el régimen del cual venía disfrutando en iguales términos a los previstos en la Contratación Colectiva Petrolera, que sin duda alguna es más beneficioso para el actor.

Que la nota de minuta número 1 del Contrato Colectivo Petrolero, garantiza los beneficios contenidos en el mismo, para el resto del personal que presta sus servicios en dicha industria, y que al actor hasta el mes de diciembre de 1998, y luego hasta la fecha de terminación de la relación laboral se les cancelaban y reconocían iguales derechos a los previstos en la contratación colectiva, por lo que sería imposible excluir de los beneficios y condiciones del contrato al actor.

Que para el caso negado, que pudiera demostrarse que el actor está excluido de dicha normativa contractual, ello tampoco justificara el cambio de régimen por cuanto los detalles de pago y los conceptos cancelados obedecían a una normativa interna que se equipara a iguales beneficios a los contenidos en la contratación colectiva petrolera que eran y son más favorables para el actor y que constituye un régimen distinto que permite la no aplicación de la reforma de junio de 1997.

Con fundamento en los anteriores hechos, reclama el pago de los conceptos de: preaviso (cláusula 9 del Contrato Colectivo Petrolero, artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo), Antigüedad legal y adicional (literales b y c, cláusula 9 del Contrato Colectivo Petrolero), conceptos que alcanzan a la cantidad de 76 millones 670 mil 442 bolívares, habiendo recibido por la demandada la cantidad de 54 millones 137 mil 793 bolívares con 28 céntimos, por lo que le reclama la cantidad de 22 millones 532 mil 648 bolívares con 72 céntimos, más los intereses sobre prestaciones y la aplicación de la cláusula 65 del Contrato Colectivo Petrolero.

Dicha pretensión fue controvertida por la demandada con fundamento en los siguientes alegatos:

Admitió la antigüedad alegada por el ciudadano R.E..

Negó que el régimen aplicable al vínculo laboral mantenido con el actor sea el contenido en el contrato colectivo petrolero, pues según se establece en la nota de minuta Nｰ 1, de la Cláusula 3 del referido contrato, lo que se contempla como beneficios para los trabajadores de nómina mayor son una serie de condiciones que en su conjunto en ningún caso son inferiores a las existentes para el personal cubierto por el Contrato Colectivo Petrolero.

Que como el actor perteneció a la categoría de trabajadores denominada como nómina mayor, según se desprende de documento que el mismo acompaña, era obvio que nunca estuvo amparado por el contrato colectivo, sino por condiciones que lo igualan o superan.

Que si el actor hubiera estado amparado por la contratación colectiva petrolera no tendría derecho alguno al pago de los conceptos a que se refiere el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Que el actor le atribuye un falso sentido y alcance a la Ley Orgánica del Trabajo, pues afirma que los trabajadores solamente se pueden acoger a la reformada Ley Orgánica del Trabajo de 1997, pues alega que los trabajadores sólo deban acoger la nueva Ley si dichas disposiciones resultaren más beneficiados.

Que la nueva Ley del Trabajo obliga a aplicar aquellos regímenes que en su conjunto y no en forma particularizada como se infiere al vocablo íntegramente fuesen más favorables al trabajador en relación con los beneficios consagrados en los artículos 108, 125, 133 y 146, los cuales se aplicará con preferencia en forma integral y no será acumulables.

Que PDVSA le canceló un conjunto de beneficios favorables al actor no inferior a la Ley y a la Convención Colectiva, si tales beneficios se toman en cuenta íntegramente como lo ordena la Ley.

Que entre otros beneficios el actor recibió en enero de 1999 un incremento de la contribución de la compañía a su fondo de ahorro en un 100%, además se introdujo un nuevo componente retributivo denominado “Programa Retributivo de Incentivo al Trabajador”.

Que igualmente la demandada le reconoció al actor una bonificación de Bs. 20.688.704,00 a la cual no tenía derecho por la Contratación Colectiva ni por la Ley Orgánica del Trabajo, sino por la normativa interna.

Negó que la demandada le reconociera al actor iguales derechos a los previstos en la Contratación Colectiva Petrolera, sino que devienen de la aplicación de la normativa interna según la cual tales beneficios y condiciones devienen de la aplicación, los cuales deben igualar o superar los previstos en la Convención Colectiva.

Negó la pretensión del actor de calcular sus prestaciones sociales, tomando como base de cálculo el último salario devengado, por cuanto, resulta improcedente, habida cuenta que la reforma de Ley Orgánica del Trabajo tuvo como principal finalidad modificar ese sistema por el del cálculo mes a mes, de tal manera que la demandada no cambió a su criterio la base de cálculo mencionada, sino que tal sustitución se ejecutó en estricto cumplimiento de la Ley, sobre aquellos trabajadores que estaban expresamente excluidos de la aplicación del Contrato Colectivo Petrolero.

Finalmente, negó todos y cada uno de los conceptos reclamados por el actor, así como que le adeude la cantidad de 22 millones 532 mil 648 bolívares con 72 céntimos.

A fecha 27 de marzo de 2006, el Juez de Juicio dictó sentencia desestimativa de la demanda, en cuya parte dispositiva declaró improcedente la pretensión de cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoada por la parte actora.

No habiendo tenido éxito en la instancia la pretensión de la parte demandante, ejerce recurso de apelación, manifestando que la sentencia dictada por el a quo ha incurrido en falso supuesto en cuanto al alcance de interpretación de los hechos, en lo atinente a la carga de la prueba, por cuanto la presente causa se contrae a la reclamación de prestaciones sociales conforme a la contratación colectiva petrolera o a alguna reglamentación interna implementada por la propia industria petrolera que equipara los beneficios de los trabajadores que son llamados de nómina mayor que no pueden ser inferiores a lo establecido en el contrato colectivo petrolero, por cuanto al actor en sus recibos de pago aparece catalogado como nómina mayor, pero que sin embargo, dicha afirmación el demandante, no la ha hecho como tal, y tampoco fue expuesta en la audiencia de juicio como lo declara el a quo, por cuanto en el libelo de la demanda, se indica que el actor es catalogado por los recibos de acuerdo a una nómina mayor pero que sus funciones no se adecuan a la nota de minuta 1 de la cláusula 3 del contrato en mención, pero en caso de considerarse como tal, la norma establece, según su decir, que no serán beneficiados en menos condiciones que las establecidas en la misma, y que del escrito de contestación la demandada señala que al actor le fueron dados otros beneficios los cuales, según manifiesta, nunca fueron demostrados.

Asimismo, alegó que, el juez a quo incurre en error además al declarar que corresponda al demandante, traer al proceso, nóminas comparativas, a los fines de comparar los ingresos que devengaban uno y otros trabajadores. Finalmente señala que es falso que se reclame en la demanda, concurrencia de beneficios contractuales, por cuanto lo que se alega es que hubo un cambio de régimen, en cuanto al pago de la antigüedad ya que debía ser al último salario y no al devengado mes a mes.

Los fundamentos de la apelación fueron rebatidos por la representación judicial de la parte demandada, manifestando que la demanda se basaba en que si se le debía aplicar o no al actor el contrato colectivo petrolero, o una norma, que en su conjunto lo beneficiara, alegando la existencia de una diferencia en los conceptos reclamados, con base a dicha aplicación, quedando evidenciado se autos, según su decir, que el actor pertenecía a la nómina mayor, quien tenía beneficios que en su conjunto superan a los establecidos en la contratación colectiva petrolera, y a tal efecto, estuvo encaminada la actitud probatoria de la demandada, por lo que haciendo un análisis al material probatorio se evidencia que se le efectuó el corte de cuenta al trabajador, así como el bono por transferencia, pago que se realizó a los trabajadores únicamente de la nómina mayor.

Planteada la controversia en los términos que anteceden, observa el Tribunal que conforme al artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, bajo cuya vigencia se dio contestación a la demanda, el demandado o quien ejerza su representación en el acto de contestación deberá determinar cuáles de los hechos admite y cuáles rechaza, teniendo el demandado la carga procesal de determinar con claridad cuales de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuales niega o rechaza, con la finalidad de simplificar el debate probatorio, dando por admitidos los hechos del demandante, que no hayan sido expresa y razonadamente contradichos por el patrono, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos, lo cual tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral, teniendo el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, por lo que se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor, por lo que la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.

De la misma manera, la Sala de Casación Social ha precisado que no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación, deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen de las mismas que debe practicar el juzgador, tarea en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador pero de la que no puede eximirse con el solo fundamento de indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales, señalando la Sala, como ejemplo, que si se ha establecido que una relación es de carácter laboral, con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado, pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos correspondientes.

El Alto Tribunal de la República en sentencia del 1 de julio de 2005 estimó conveniente señalar que lo expresado anteriormente en nada colidía con los criterios de la Sala de Casación Social con respecto al alcance y extensión del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, y que ahora contiene el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues es esta la norma que determina el principio de la distribución de la carga probatoria en materia laboral, siendo de aplicación conjunta con dicha disposición los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, como reglas generales de la carga de la prueba, en los casos en que el hecho controvertido se trate de un hecho negativo absoluto que se genere en función al rechazo que se exponga en la contestación, así como de la exposición de los fundamentos de defensa realizados por el demandado y que evidentemente presuponen el riesgo o la imposibilidad de no poder demostrarse por ser estos de difícil comprobación por quien lo niega y que por otro lado, supletoriamente se aplicarían las normas enunciadas anteriormente como reglas generales de la carga de la prueba, en el último supuesto contenido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se trata de hechos notorios, por ser este un presupuesto que no está contenido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, observa el Tribunal que en la forma como la demandada dio contestación a la demanda han quedado admitidos los hechos relativos a la existencia de la relación de trabajo que existió entre las partes, los salarios devengados por el actor, las fechas de inicio y terminación de la relación de trabajo, finalizando la misma por jubilación especial, en consecuencia, estos hechos quedan fuera de la controversia, la cual queda limitada a determinar si efectivamente el cambio de régimen prestacional constituyó un desmejoramiento para el trabajador tomando en consideración que la representación judicial de la parte demandante en la audiencia de juicio alegó que no bastaba con la denominación de la categoría de la nómina mayor, recibiendo ese trato por parte de la demandada, desempeñando el cargo de Jefe de Sección de Taller, que entre otras funciones tenía a su cargo la supervisión y vigilancia de máquinas y autorizar la entrada y salida de esas máquinas, por cuanto la cláusula 3 establece que los beneficios aplicables a éstos trabajadores nunca serán inferiores al contenido en el contrato colectivo petrolero.

Ahora bien, este Tribunal pasa a valorar las pruebas que constan en el expediente, a fin de determinar cuáles de los hechos controvertidos han quedado demostrados en el proceso:

En la oportunidad de la promoción de pruebas, la parte demandante por intermedio de sus apoderados judiciales, procedió a promover los siguientes elementos probatorios:

1. - Invocó el mérito favorable que arrojan las actas, lo cual no es un medio de prueba, sino una solicitud que el juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, siendo una pretensión de la parte en base a su misma necesidad de resultar favorecida en la valoración de los elementos probatorios existentes en el proceso con base al principio de la comunidad de la prueba, razón por la cual al no ser promovido un medio susceptible de valoración, este Tribunal no tiene elemento alguno que valorar.

2- Prueba de documento público:

Copia simple de notificación judicial. Respecto de esta prueba se observa que la misma constituye copia simple de un documento público, que no fue atacado por la contraparte en la oportunidad legal correspondiente, en consecuencia, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, evidenciando de la misma, que el actor, en fecha 06 de agosto de 2002, junto con otros trabajadores notificó a la demandada de una diferencia de prestaciones sociales, que en su criterio existía a su favor.

Copia simple de Contrato Colectivo Petrolero 2000-2002, la cual conoce este Tribunal, en virtud del principio iura novit curia.

3- Prueba de documento privado, las cuales además fueron solicitadas su exhibición, observando el Tribunal que las mismas fueron reconocidas por la demandada en la audiencia de juicio, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio a las siguientes documentales:

Finiquito emanado de la demandada, de fecha 01 de enero de 2002, evidenciándose de la misma, la fecha de inicio y finalización, que el actor pertenecía a la nómina mensual mayor, así como el salario básico devengado por la cantidad de 1 millón 291 mil 900 bolívares, el salario integral por la cantidad de 1 millón 598 mil 346 bolívares con 05 céntimos, el motivo de la terminación de la relación laboral por jubilación, así como los pagos efectuados por la demandada a favor del actor por la cantidad de 31 millones 276 mil 183 bolívares con 59 céntimos.

Comunicado emitido por la demandada de fecha 18 de diciembre de 1998, dirigido al ciudadano R.E., evidenciando de la misma, que dicho comunicado estuvo dirigido al actor por ser empleado de nómina mayor de la empresa demandada, en donde se comunica el cambio de régimen de prestaciones sociales establecidos en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, así como lo correspondiente al corte de cuenta del artículo 666 de la ley en comento, y el incremento en un 100% la contribución de la demandada al fondo de ahorros.

Copia simple de recibos de pago emanados de la demandada de fecha 30 de noviembre de 2001 y 30 de diciembre de 2001, evidenciándose, el salario básico devengado, que el actor pertenecía a la nómina mensual mayor, así como el pago efectuado por la demandada por bono compensatorio, utilidades anuales, gozando además de seguro catastrófico, seguro de vida, de hospitalización, cirugía y maternidad, plan odontológico, seguro de accidente opcional, plan de vida opcional, seguro de accidentes, entre otros.

De su parte la representación judicial de la parte demandada únicamente invocó el mérito favorable que arrojan las actas, sobre lo cual ya se pronunció esta Alzada.

Delimitada la carga probatoria y valorada como fueron los elementos probatorios aportados por las partes, el Tribunal, para decidir, observa:

La nota de minuta No. 1 de la Convención Colectiva Petrolera establece que la nómina mayor de la industria petrolera está conformada por un grupo de empleados cuyo nivel dentro de la estructura organizativa de la empresa, tiene como soporte un conjunto de beneficios y condiciones plasmadas en una básica filosofía gerencial cuyas normas y procedimientos contemplan condiciones que en su conjunto en ningún caso son inferiores que las del personal cubierto por la convención, y conforme lo establece la doctrina (Sainz Muñoz), estos trabajadores que están integrados por los profesionales y técnicos de la industria petrolera, son los que la Ley Orgánica del Trabajo califica como trabajador de confianza.

Estos trabajadores de la nómina mayor están excluidos de la Convención Colectiva petrolera, firma contratos individuales de trabajo, y tienen igualmente “paquetes” de condiciones de alto contenido económico y social, constituyen el soporte profesional de las tecnologías de punta petrolera y han sido objeto de una intensiva y permanente preparación, estando subordinados a la nómina ejecutiva y efectivamente, por decisión de la nómina ejecutiva de la empresa fueron transferidos al nuevo régimen de prestaciones.

Así que tenemos que en la industria petrolera, la nómina ejecutiva, por razones obvias, expresa el autor S.M.g. de beneficios muy superiores a la nómina mayor con la alta gerencia y la nómina mayor tiene beneficios muy superiores a la nómina contractual, diaria o menor y a los trabajadores de la nómina mayor se les pasó al nuevo régimen de prestaciones sociales, manteniéndose la nómina contractual en el régimen prestacional de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990.

Ahora bien, alega el actor que el pase o cambio de régimen prestacional no constituía beneficios más favorables en relación a los trabajadores de la nómina menor o contractual, quienes gozan del régimen establecido antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, por cuanto considera que el régimen anterior, que se aplica a la nómina contractual, recibían sus prestaciones sociales de antigüedad calculadas retroactivamente desde el inicio de la relación de trabajo, considerando que ese derecho es intangible.

Ahora bien, del análisis comparativo de los sistemas prestacionales de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y de la Ley de 1997, observa este sentenciador que el régimen de 1997, contrario a lo que propugna el actor en su libelo, y que se aplica tanto a la nómina ejecutiva y a la nómina mayor de la empresa en modo alguno es menos beneficioso que el aplicado a la nómina contractual.

La causa por la cual el régimen de 1997 debe ser considerado más beneficioso para los trabajadores es porque esa reforma no sólo comprende el sistema de liquidación de prestaciones sociales, sino también la noción de salario del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que incluso es más amplio que la cláusula 8 de la Convención Colectiva Petrolera, que deja por fuera mayores excepciones que las previstas en el parágrafo tercero del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por otra parte la cláusula 9 del régimen de prestaciones sociales de la Convención Colectiva Petrolera, si bien establece una liquidación doble, es decir 60 días por año, este beneficio de 60 días por año se consolida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo e incluso lo supera al prever dos (2) días adicionales acumulativos a partir del primer año, independientemente de los 30 días por año adicionales en caso de indemnizaciones por despido hasta un máximo de 150 días.

Por otra parte en el sistema previsto en la cláusula 9 de la Convención Colectiva Petrolera, el preaviso se cancela a salario normal, mientras que en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo se cancela a salario integral.

Ahora bien, el sistema de la Convención Colectiva Petrolera plantea una liquidación al último salario, que se ve compensado en el sistema de la Ley Orgánica del Trabajo con el abono mensual de las cantidades que corresponden al trabajador por antigüedad, lo cual permite que esa cantidad genere intereses sobre prestaciones sociales mes a mes, capitalizados anualmente.

Cuando el artículo 672 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los regímenes de fuentes distintas a la Ley, que en su conjunto fueren más favorables al sancionado en los artículos 108, 125, 133 y 146 de la Ley, esto es, aquellos que regulan lo relativo a la prestación de antigüedad, la noción de salario, las indemnizaciones por despido injustificado y la base de cálculo de esta última, esto es, los temas fundamentales que fueron modificados con la reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, se aplicarán con preferencia, establece que no se pueden acumular beneficios, de modo que un trabajador que aceptó un cambio de régimen (sin alegar despido indirecto dentro de los 30 días siguientes al cambio), que le permitió beneficios superiores a los que su régimen inicial le permitía, mal puede pretender alegar ahora, terminada la relación laboral, tal desmejoramiento y mucho menos señalar discriminación, puesto que los beneficios de las nóminas ejecutiva y mayor, en su conjunto en ningún caso son inferiores a los de la nómina contractual, a la cual el actor pretende ser asimilado luego que durante la relación laboral disfrutó de aquellas. Así se establece.

Surge en consecuencia, la desestimación del recurso de apelación ejercido por la parte demandante, por lo que resolviendo el asunto sometido al conocimiento de este Juzgado Superior, en el dispositivo del fallo se exonerará a la demandada de las pretensiones ejercidas en su contra, confirmando el fallo apelado. As se decide.

DISPOSITIVO

Por lo expuesto, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el ejercicio de sus facultades legales, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia de fecha 27 de marzo de 2006, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue el ciudadano R.E. frente a PDVSA PETRÓLEO S.A. 2) SIN LUGAR la demanda intentada por el ciudadano R.E. frente a PDVSA PETRÓLEO S.A., en consecuencia 3) SE CONFIRMA el fallo apelado. 4) SE CONDENA en costas procesales a la parte demandante tanto de la demanda intentada como del recurso de apelación ejercido de conformidad con los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.

NOTIFÍQUESE A LA PROCURADOR A GENERAL DE LA REPÚBLICA.

En Maracaibo a veinticinco de enero de dos mil siete. Año 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

El Juez,

Miguel A. Uribe Henríquez

La Secretaria Accidental,

L.G.P.

Publicada en su fecha a las 13:56 horas. Quedó registrado bajo el No. PJ0152007000056

La Secretaria,

L.G.P.

MAUH/LGP/jmla

VP01-R-2006-001640