Decisión nº 0208 de Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Barinas, de 20 de Enero de 2006

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL NUEVO RÉGIMEN COMO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS

195° y 146°

Sent.014

Asunto: EC11-R-2005-000055

I

DETERMINACION DE LAS PARTES Y DE SUS APODERADOS

DEMANDANTE: R.D.C.G.D.G., titular de la cedula de identidad No. V. 3.450.495.

APODERADOS

D.T. y C.A.R., inscritos en el IPSA bajo los Nos.28.278 y 83.723, respectivamente.

DEMANDADO

Gobernación del Estado Barinas

APODERADOS

W.A.R.M., M.R.C.T., M.Y.R. deP., I.D.C.D.P., M.A.G.G., M.A.C.Z., O.G.S.L., E.D.R.M.G., M.A.R.D.S., N.A.G.C., L.U.P. Y Norelys Coromoto B.O., Venezolanos, Mayores de edad, Titulares de la Cedula de Identidad Nros: 8.131.037,10.560.926, 8.133.240, 17.659.743, 11.185.725, 11.462.931, 7.069.095, 9.229.349, 12.552.225,4.925.376, 9.989.965 y 13.591.700, inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nros: 25.546, 39.954, 38.909, 53.200, 60.686, 62.795, 31.132, 51.816, 83.995,66.421 y 83.992.

II

DETERMINACION PRELIMINAR DE LA CAUSA.

En la demandada intentada por el abogado D.T., actuando en representación de la ciudadana R.D.C.G.D.G., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V. 3.450.495., profesional del de la Educación Estatal, que ingreso como docente al servicio de la Dirección de educación del Poder Ejecutivo del Estado Barinas, el 17 de septiembre de 1984, como maestra de Aula en la escuela concentrada de Barrancones NER 425, que funciona en el Municipio E.Z. delE.B., y tal como se evidencia del respectivo nombramiento publicado en la Gaceta Oficial del Estado Barinas de fecha 31 de octubre de 1984, Nº 2030, contra la Gobernación del Estado Barinas, por cobro prestaciones sociales, en virtud de que fue Jubilada según decreto No. 018, de fecha 15 de Enero del 2000, emanado del Gobernador del Estado Barinas, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas en fecha 01 de Septiembre de 2004, dicto sentencia en la cual declara con lugar la demandada, contra la cual ambas partes interpusieron recurso de apelación.

Dada la entrada en vigencia de la Ley Organica Procesal del Trabajo, es creada la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, correspondiéndole por distribución la presente causa al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio, el cual oye el recurso de apelación interpuesta y remite a esta alzada en fecha 27 de Mayo de 2005.

Consta al folio 284, diligencia mediante la cual ambas partes acuerdan la suspensión de la presente causa por lapso de 20 días hábiles.

En fecha 13 de Octubre de 2005 las Abogadas M.R. y Norelys Blanco, actuando en su carácter de sustitutas del Procurador General del Estado Barinas , solicitan la declinatoria de compentencia al Juzgado Superior de lo Contencioso-Administrativo de la Región Los Andes, por considerar que es el Juzgado competente para conocer la presente causa, con base a la siguiente argumentación:

Alegando en su libelo que es una profesional de la Educación Estadal, quien ingreso como docente al servicio de la Dirección de Educación del Poder Ejecutivo del Estado Barinas en fecha 17/09/84, y que en fecha 15 de Enero del año 2002, el ciudadano Gobernador del Estado procedió a su jubilación, (….), ahora bien ciudadano Juez, el articulo 146 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, establece que los cargos de los órganos de la Administración Publica son de carrera y se exceptúan los elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados, los obreros al servicio de la administración publica y los demás que determine la Ley es decir es una excepción los cargos que no son de carrera; también tutela lo referente al ingreso de los funcionarios Públicos el ascenso, el traslado, suspensión y retiro de la misma. Ahora bien; en el mismo orden de ideas, el articulo N° 8 en su primer aparte de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los funcionarios públicos Nacionales, Estadales, o Municipales se regirán por las normas de carrera administrativas Nacionales, Estadales o Municipales en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistema de remuneración y régimen jurisdiccional, de las citadas normas legales se evidencia claramente que no compete a esta Instancia Jurisdiccional el conocimiento de la presente causa y mas aun cuando el accionante manifiesta en su escrito liberar que ingreso a laborar como docente de aula al servicio de la Dirección de Educación del Estado Barinas, todo lo cual conlleva a determinar que la aquí demandante efectivamente se encuentra comprendida dentro del supuesto de hecho de la precitada norma, razón por la cual le solicitamos respetuosamente a este digno Tribunal que usted preside, la regulación de la competencia por la materia; a los efectos de que dicha causa sea remitida al Juzgado Superior en lo Contenciosos Administrativo de la Región de los Andes.

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La competencia como potestad de Derecho Publico “es la aptitud legal de los órganos de la Administración contenida en el conjunto de facultades, poderes y atribuciones que le han sido legalmente asignadas para actuar en sus relaciones con los demás órganos del Estado y con los particulares” (Ortiz-Ortiz, Rafael (2004). Teoría General del Proceso. (2da. Ed.) Caracas: Forensis.

En esa línea, la jurisdicción es una potestad pública y genérica de todo tribunal de la Republica, para que a través de su ejercicio, se interprete y aplique la norma jurídica a los casos concretos, con la finalidad de resolver los conflictos intersubjetivos existentes entre los particulares.

Para Ortiz-Ortiz (2004) la jurisdicción es:

… una función-potestad reservada por el Estado, en uso de su soberanía para ejercerla en forma de servicio público por organos predeterminados e independientes, para la realización concreta de los intereses peticionados de los ciudadanos con carácter definitivo y con posibilidad de coacción en un proceso judicial.

Ahora bien, la jurisdicción y la competencia, son dos nociones relacionadas pero no iguales. En este sentido, la jurisdicción es un potestad publica, genérica de todo tribunal, y la competencia es un poder especifico para intervenir (el órgano jurisdiccional) en determinados aspectos materiales de la vida. Con ello se afirma, que la competencia en sentido procesal, “es la medida de la jurisdicción que ejerce, en concreto, el juez en razón de la materia, del valor de la demanda y del territorio. (Rengel-Romberg, Arístides (1992). Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Teoría General del Proceso. Caracas: Arte. P.298). Para otros autores como ROCCO, la competencia es la “porción del poder jurisdiccional que corresponde en concreto a cada oficina (tribunal)”

Como fue expuesto anteriormente, la competencia puede clasificarse concretamente, en razón de la materia, por el territorio y por el valor de la demanda, los cuales constituyen parámetros para determinar si un órgano jurisdiccional concreto puede conocer determinados asuntos sometidos a su consideración.

En lo que se refiere a la competencia por la materia, se refiere a la naturaleza de la relación jurídica objeto de controversia, y solo en consideración de ella se distribuye el conocimiento de las causas entre los diversos jueces.

Es criterio reiterado que la competencia por la materia es de orden pública, dada su estrecha vinculación con la garantía constitucional de ser juzgado por el juez natural

En el presente caso, se intenta una acción por cobro de prestaciones sociales contra la Gobernación del Estado Barinas intentada originariamente ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas por la ciudadana R. delC.G. deG., quien es una profesional de la Educación Estadal, que ingreso como Docente al servicio de la Dirección del Poder Ejecutivo del Estado Barinas, la cual se desempeñaba como maestra de aula, según nombramiento efectuado y publicado en Gaceta Oficial del Estado Barinas de fecha 31 de octubre de 1984, No.2030, y que posteriormente este funcionario es jubilado del cargo que ocupaba al servicio del Ejecutivo Regional, según Decreto Nº 018 de fecha 15 de Enero de 2000.

En este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciarse en fecha 11 de Diciembre de 2003 en la acción en amparo interpuesta por caso D.E.G.R. y otros (docentes jubilados por la Gobernación del Estado Mérida) contra la decisión dictada en fecha 03 de Octubre de 2001 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, estableció lo siguiente:

En el caso de autos, se denunciaron las violaciones de los derechos al debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva y a la garantía de ser juzgado por el Juez Natural, por cuanto, en resumen, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo revocó una sentencia que declaró con lugar las pretensiones que ellos habían deducido en la demanda, en razón de que había operado la caducidad de la querella que habían incoado. Por su parte, éstos sostuvieron que las pretensiones que demandaron no tienen lapso de caducidad.

La Sala observa que el tribunal que dictó la sentencia objeto de amparo no actuó fuera del ámbito de su competencia, en abuso de poder o extralimitación de funciones y tampoco vulneró los derechos constitucionales que fueron denunciados como infringidos.

….la Sala verifica que, ciertamente, los demandantes, a pesar de su alegación de que no son funcionarios públicos, sí lo son, pues, como ellos mismos afirmaron, son jubilados de la Gobernación del Estado Mérida y, por tanto, esa condición determina el régimen competencial aplicable, cual es la jurisdicción contencioso administrativa y no la jurisdicción laboral …

En otra sentencia, igualmente dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión Nº 116 de fecha 12 de febrero de 2004, ratifica el criterio, según el cual, la competencia para conocer y decidir los casos que versen sobre a relación de empleo público, entre los docentes y la Administración Pública corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso-administrativa funcionarial, plasmándose en su fallo lo que a continuación se trascriben:

el artículo 49.4 constitucional establece la figura del juez natural, como uno de los derechos que conforman el debido proceso, al disponer:

‘El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia:

(...)

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto’.

Con relación al derecho in commento, esta Sala ha afirmado en reiteradas oportunidades, que en la persona del juez natural deben confluir varios requisitos, entre los cuales se encuentra la competencia por la materia, en el entendido de considerar competente por la materia a aquel juez que así hubiera sido declarado, al decidirse un conflicto de competencia, siempre que para la decisión del conflicto se hayan tomado en cuenta todos los jueces que podrían ser llamados a conocer, o cuando en la decisión del conflicto no se haya incurrido en un error inexcusable en las normas sobre competencia (véanse, entre otras, las sentencias números 520/2000 del 7 de junio y 1737/2003 del 25 de junio, casos: Mercantil Internacional, C.A., y J.B.R.L. y otra, respectivamente).

Como es sabido, la competencia supone la jurisdicción, que es “la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrados por jueces y magistrados independientes, de realizar el derecho en el caso concreto juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado” (Cf. Montero Aroca, Juan y otros. Derecho Jurisdiccional, Tomo I, décima edición. Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p. 40); y, entre los órganos que ejercen la función de resolver controversias jurídicas, la competencia o medida de la jurisdicción que ejerce cada juez en concreto se distribuye de acuerdo con la materia, la cuantía y el territorio. Entre dichos criterios de competencia, el relativo a la materia persigue lograr una mejor administración de justicia, al atribuir el conocimiento de las causas de acuerdo con la especialización de los jueces.

Visto lo anterior, cabe destacar que los actos emanados de la Administración Pública, sea nacional, estadal o municipal están sujetos al control por parte de los órganos jurisdiccionales, con competencia en la materia contencioso-administrativa; en este sentido, el artículo 259 constitucional dispone:

‘La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa’.

(Omissis).

(...), es relevante que la prestación de la actividad docente se haga frente a la Administración Pública Nacional, por órgano del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, de modo que surge una vinculación funcionarial que somete al docente al conjunto de derechos y deberes contemplados en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En este orden de ideas, esta Sala ha reconocido la condición de funcionario público de la Administración Centralizada, a los profesionales de la docencia adscritos al Ministerio del ramo (Sentencia N° 1137/2000 del 5 de octubre, caso: C.A.G.G.), toda vez que prestan sus servicios a un órgano administrativo de la mencionada Administración; con respecto a lo anterior, se reitera que:

(...) una relación de empleo vincula a las partes del presente conflicto, pero debe dilucidarse si dicha relación es del tipo patrono-empleado, caso en el cual el conocimiento del asunto competerá a la jurisdicción laboral; o bien se trata de una relación Administración-funcionario, supuesto en el cual la resolución del caso estará asignada a la jurisdicción contencioso-administrativa (especial) funcionarial.’

A favor de la primera tesis, se pronuncian quienes, fundados en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación, estiman que los docentes se encuentran expresamente excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, pues el ejercicio del magisterio se ejerce de conformidad con las previsiones contenidas en la primera de las leyes nombradas y, supletoriamente, por los dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo.

Ahora bien, a juicio de esta Sala, la anterior percepción no es óbice para considerar que un docente adscrito a la Administración Nacional, sometido a un régimen de estabilidad propio del derecho público, pueda ser calificado como un funcionario público

(Sentencia 659/2002 del 26 de marzo, caso: L.I.M.M.).

Por lo tanto, esta Sala comparte el criterio establecido por la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17 de enero de 1983 (caso: Á.T. deC. vs. Ministerio de Educación), según el cual “la organicidad de la Ley de Educación concierne a la organización del sistema educativo en Venezuela y todo lo que esa organización involucra en cuanto a la orientación y planificación de tal sistema. En consecuencia, en el campo educativo la Ley Orgánica de Educación deroga cualquier otra disposición legal especial que la contradiga. Pero no existe base jurídica alguna para considerar que la Ley de Educación deroga la materia de administración de personal contenida en la Ley de Carrera Administrativa, ni que el estatuto del funcionario público articulado en la Ley de Carrera Administrativa choque con disposiciones de esa índole consagradas en la Ley Orgánica de Educación”.

En todo caso, la remisión que hace la Ley Orgánica de Educación, a la Ley Orgánica del Trabajo, se refiere al conjunto de condiciones, prerrogativas y derechos que asisten a los docentes, tal y como lo reconoció la Sala Político Administrativa de este M.T. de la República en el fallo n° 887/2002 del 25 de junio (caso: R. deJ.F.G. vs. Ministerio de Educación); sin que tal remisión desvirtúe la relación funcionarial regulada, principalmente, por normas de derecho administrativo, entre los miembros del personal docente y el instituto educativo en el cual laboran, adscrito a la Administración Pública Nacional, por órgano del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Al respecto, se reitera que la Ley del Estatuto de la Función Pública, vigente desde el 11 de julio de 2002, unificó la normativa jurídica aplicable a las relaciones de empleo público de las Administraciones Públicas nacional, estadales y municipales (artículo 1 de la Ley) y restringió sustancialmente los funcionarios excluidos de su ámbito de aplicación (artículo 2 eiusdem), exclusión que no abarcó al personal docente de los institutos educativos del Ministerio del ramo, de modo que ellos se encuentran sometidos a dicha normativa legal, inclusive en lo que respecta al Contencioso Administrativo Funcionarial (artículos 92 y siguientes eiusdem) (Sentencia n° 651/2003 del 4 de abril, caso: D.M.).

Por lo tanto, el conocimiento de los litigios que versen sobre tal relación de empleo público entre los docentes y la Administración Pública corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso-administrativa funcionarial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en este sentido, cabe destacar lo dispuesto por la disposición transitoria primera, según la cual ‘mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso-administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso-administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.’

En esa misma línea jurisprudencial la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, acogiendose al antes trascrito en sentencia dictada en fecha 15 de Noviembre de 2004 (Caso W.A.H., contra la Gobernación del Estado Apure), expreso:

…dado que en el presente asunto existe una relación de empleo público estadal regida por las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, al ser el actor un docente adscrito a la Gobernación del Estado Apure, esta Sala de Casación Social declara la incompetencia de la jurisdicción laboral para el conocimiento de la causa, en consecuencia, se declara la nulidad de los fallos de fecha 30 de septiembre de 2003 y 16 de abril de 2004, proferidos por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio A. delE.B., respectivamente.

(resaltado propio)

Ahora bien, esta alzada acogiendose a los criterios jurisprudenciales antes señalados, y dado que en el presente caso se trata del reclamo de prestaciones sociales motivado a una relación de empleo publico que finalizo por jubilación del actor, este tribunal declara su incompetencia para el conocimiento de la presente causa, y como consecuencia de ello se declara la nulidad de la sentencia dictada en fecha 01 de septiembre del 2004, por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, dado que la misma fue dictada por un Tribunal que no es competente por la materia para haber decidido la presente controversia en primer grado.

En consecuencia, se ordena la remisión del expediente al Juzgado Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, con sede en esta ciudad de Barinas, órgano jurisdiccional con competencia en materia contencioso-administrativo, para el conocimiento del presente asunto. Así se decide.

IV

D E C I S I Ó N

En fuerza de las razones expuestas, este Tribunal Primero Superior del Trabajo tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

La NULIDAD de la sentencia de fecha 01 de septiembre del año 2004, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en el juicio que por cobro de prestaciones sociales sigue la ciudadana R. delC.G. deG., contra la Gobernación del Estado Barinas.

SEGUNDO

Se ORDENA remitir el expediente al Juzgado Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, con sede en Barinas, órgano competente para el conocimiento de la presente causa.

TERCERO

NOTIFIQUESE de la presente decisión a las partes, por haberse publicado fuera del lapso legal para ello, y por cuanto la Gobernación del Estado Barinas es un órgano que forma parte del ente político territorial Estado Barinas, el cual goza de los mismos privilegios y prerrogativas procesales a la Republica, por remisión expresa del articulo 33 de la Ley Organica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias y del articulo 49 de la Ley de la Procuraduría General del Estado Barinas, se establece, que una vez conste en autos la notificación de las partes y transcurrido como sea el lapso de ocho (8) días hábiles, se tendrá por notificado el Procurador General del Estado Barinas y se iniciaran los lapsos para la interposición de los recursos a que haya lugar, de conformidad con el articulo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Organica de la Procuraduría General de la Republica.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al mencionado Juzgado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en Barinas, a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Juez,

Dra. H.M.

La Secretaria

Abg. A.M.

Se publico la anterior sentencia en horas de despacho. Conste.

La Secretaria

Abg. A.M.