Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Diciembre de 2007

Mediante libelo presentado el 29 de abril de 1999 por ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el ciudadano A.R.L. interpuso demanda de Interdicto Restitutorio por Despojo en contra del ciudadano N.Q.P., la cual fue posteriormente admitida el 05 de mayo de1999.

Mediante escrito del 4 de agosto de 1999 el abogado A.D., representante judicial del ciudadano N.Q.P., se opuso a la acción incoada señalando entre otras cosas que su representado había adquirido el inmueble objeto de la presente litis mediante compra-venta realizada por el ciudadano R.A., la cual se encuentra debidamente notariada por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador del Distrito Federal.

Por auto fechado el 10 de abril de 2000, se ordenó la práctica de inspección judicial sobre el inmueble objeto de la pretensión para lo cual se designó por auto complementario al práctico fotógrafo J.A.B., la cual se llevó a cabo el 25 de abril de 2000.

A través de diligencia presentada el 17 mayo de 2000, la representación de la parte demandada ratificó el contenido del escrito consignado en fecha 04 de agosto de 1999 e impugnó las declaraciones rendidas en dicha inspección practicada.

Por diligencia del 18 de mayo de 2000 la parte actora solicitó la nulidad del escrito consignado por el demandado el 4 de agosto de 1999, en razón de su anticipo a la admisión de la demanda incoada y no ajustarse al debido proceso interdictal, por lo que solicitó su extemporaneidad, peticionando posteriormente el secuestro interdictal restitutorio.

Mediante diligencia fechada el 28 de junio de 2000, la representación del demandado ratificó el escrito consignado el 4 de agosto de 1999 y sus anexos.

Por diligencia del 30 de junio de 2000, la representación de la parte actora ratificó el pedimento de nulidad de la actuaciones de la representación de la parte demandada, así como su solicitud de secuestro interdictal restitutorio conforme al artículo 699 del Código de Procedimiento Civil y ratificó su contradicción y nugatoria sobre los documentos aludidos por la representación del demandado en diligencia del 28 de junio de 2000.

Por auto de fecha 20 de octubre de 2000, el Juzgado de Instancia ordenó la constitución de fianza por la cantidad de Bs.20.000.000,00 a los fines de la solicitud de restitución efectuada por la parte actora.

A través de diligencia consignada en fecha 8 de noviembre de 2000, la apoderada de la parte actora solicitó el secuestro interdictal por considerar que se encontraban llenos los extremos de la posesión como del despojo, y señaló la imposibilidad que le resultaba a su representada dar la caución fijada.

Por auto fechado el 31 de enero de 2001, el A-quo conforme a lo previsto en el artículo 699 eiusdem decretó medida de secuestro sobre el inmueble objeto de la pretensión, para lo cual se comisionó al Juzgado de Municipio (Distribuidor de Turno) Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, designando como Depositaria Judicial a la Firma DEFICA, C.A.

A tales efectos, librada como fue comisión el 15 de febrero de 2001, la misma se practicó el 20 de marzo del mismo año, ordenándose su remisión al Tribunal Comitente.

Por escrito del 04 de abril de 2001 la representación judicial del demandado N.Q.P., promovió pruebas documentales y testimoniales, en tanto que la apoderada del accionante hizo valer el contenido de documentos que consignó en el mismo acto y promovió la prueba testimonial, siendo admitidas tanto éstas como las promovidas por su adversario, respectivamente el 24 y 6 de abril de 2001, fijándose oportunidad para la evacuación de las mismas.

Mediante sentencia dictada el 30 de julio de 2001, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró Sin Lugar la Falta de Cualidad Pasiva y Con Lugar, en el juicio que por INTERDICTO RESTITUTORIO sigue el ciudadano A.R.L. contra el ciudadano N.Q.P., ejerciendo recurso de apelación el apoderado judicial de la parte demandada, siendo oída en ambos efectos por el Tribunal de la Causa el 1 de marzo de 2003.

III

PUNTOS PREVIOS

En el decurso procesal la parte demanda invocó la prescripción de la acción, entendiendo esta Alzada que se refirió a la caducidad, y la falta de cualidad e interés de su representado, por lo que corresponde a esta Superioridad adentrarse al análisis y resolución de los mencionados puntos previos.

De la caducidad de la acción

En el escrito consignado el 04 de agosto de 1999, el apoderado judicial del ciudadano N.Q. (querellado) adujo que desde el mes de abril de 1997 cuando su representado adquirió el inmueble y las bienhechurías él es quien las posee, por lo que es falso lo alegado por el querellante de que fue despojado el 14 de julio de 1998, data que a decir de la parte recurrente, trató de encuadrar a los fines de la procedibilidad de la acción interdictal.

Por su parte, la representación judicial del ciudadano A.R.L. (parte actora) mediante escrito consignado el 06 de mayo de 2002 adujo que desde el año 1988 cuando se produjo la posesión del terreno y sus bienhechurías por parte de su mandante se comprobó los actos despojadores el 14 de julio de 1998 y habiéndose intentado la acción el 29 de abril de 1999, se demuestra la no verificación de la caducidad legal que prevé el artículo 783 del Código Civil.

En tal sentido, el artículo 783 del Código Civil establece:

Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión.

De la precitada norma, se deriva que quien se considere despojado de la tenencia de un bien debe intentar dentro del año del despojo la acción restitutoria del mueble o inmueble, según se trate, aunque el autor del despojo tuviere la titularidad sobre el mismo, de lo contrario se produciría la caducidad.

En el caso bajo examen, estableció el querellante en su escrito libelar que los hechos de violencia que generaron el despojo del inmueble identificado como Galpón de aproximadamente sesenta y tres metros cuadrados (63 m2) ubicado en el Sector denominado El Retiro, Dos (II) Las Casitas, Final de la Calle Principal, Local Único, Frente a la Cancha de Básquetball, Jurisdicción de la Parroquia San José, según código catastral nº 11-01-29, Caracas, el cual venía poseyendo desde el año 1988, sucedieron el 14 de julio de 1998, reproduciendo a tales efectos justificativo de testigos.

Asimismo, la acción incoada se interpuso el 29 de abril de 1999 por ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial (Distribuidor de Turno) el cual recayó a los fines de su conocimiento ante el Juzgado Sexto Homónimo al mencionado.

En tal sentido, se observa en el justificativo de testigos promovido por la parte actora, independientemente del valor probatorio que se otorgare en la oportunidad respectiva, que en el mes de julio de 1998 fue la fecha en la cual presuntamente se produjeron los actos del despojo, y siendo que la presente querella fue interpuesta el 29 de abril de 1999, mal puede pretenderse la caducidad de la acción, ya que tan solo habían pasado nueve (09) meses desde la fecha que se produjo el presunto despojo y la interposición de la presente demanda, no consumándose el lapso previsto en el artículo 783 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

De la falta de cualidad pasiva

Por escritos consignados en fechas 24 de abril y 07 de mayo de 2001, la representación de la parte demandada opuso la falta de cualidad e interés de su representado, N.Q.P. en el presente juicio, por no haber realizado ningún acto tendiente a despojar al ciudadano A.L.d. inmueble alguno.

Agregó que en ningún momento su representado sacó al actor con hechos de violencia física, ni insultos, porque el ciudadano A.L. no habitó el inmueble objeto de la presente demanda, y en definitiva no existe relación jurídica entre el querellante y querellado. Adujo que debió el querellante incoar fue una acción en cuanto a la propiedad del inmueble, en virtud de que ambos se creen propietarios del bien.

A tales efectos, observa esta Alzada, que el ciudadano N.Q.P. ha señalado ser titular legítimo de las bienhechurías construidas sobre un terreno municipal que se encuentran ubicadas en la Urbanización El Retiro II, Parroquia San José, Calle Principal de El Retiro II , constituidas por un galpón construido en paredes de bloque, techo de estructura metálica y Acerolit, portones batientes de metal, ventana de hierro y tiene un área de sesenta y tres metros cuadrados (63 mts2) aproximadamente, conforme presunta negociación del inmueble y sus bienhechurías con el ciudadano R.A..

Sin embargo, siendo ello objeto de estudio en el iter del proceso, corresponde sólo dilucidar que la situación jurídica en que se fundamenta la acción restitutoria vincula a ambas partes en un estado de sujeción jurídica por la relación sustancialmente conexa en que se encuentran, y donde prevalece la autonomía de los sujetos que la constituyen.

Ahora bien, refiriéndose a lo expresado por el apoderado del ciudadano N.Q.P. (parte demandada) en cuanto a la falta de cualidad de su representado, y conforme la revisión de los autos, se deriva, que mediante escrito del 04 de agosto de 1999, señaló reiteradamente, que en efecto, el ciudadano N.Q.P. poseyó y seguía poseyendo el inmueble, junto a los ciudadanos J.T.A. y C.O.S. y sus cinco (05) hijos.

Asimismo, la parte actora produjo con su libelo justificativo de testigo otorgado el 16 de marzo de 1999. Independientemente del valor probatorio que se le otorgue al mencionado instrumento en el decurso del presente fallo, en el mismo se menciona al ciudadano N.Q.P. (demandado) como invasor del bien objeto de la pretensión lo cual lo vincula con el actor, existiendo por lo tanto entre ambos relación recíproca de identidad.

Igualmente, ya que se está interponiendo la acción interdictal restitutoria por presunto despojo sobre las bienhechurías situadas en el inmueble aludido y de las cuales el ciudadano N.Q.P. aduce ser propietario, es contradictorio que oponga la falta de cualidad pasiva, encontrándose por lo tanto investido de cualidad e interés para sostener el juicio.

En consecuencia, resulta forzoso declarar que no ha lugar a la excepción de falta de cualidad e interés pasiva, procediendo así está Superioridad al análisis del fondo de lo controvertido.

IV

DE LA MOTIVACION

Vista la apelación ejercida por el abogado M.F., en su carácter de apoderado de la parte demandada, en contra de la decisión proferida el 30 de julio de 2001 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, esta Superioridad se adentra al análisis de la misma y a su subsecuente pronunciamiento.

De la revisión de la causa de marras se desprende, que se inicia el presente procedimiento mediante demanda de interdicto restitutorio por despojo del inmueble identificado ab-initio, incoada por el ciudadano A.R.L. contra el ciudadano N.Q.P..

Sin haberse practicado la citación, la parte demandada compareció, se dio por citada y dio contestación a la demanda, denunciando la prescripción (caducidad) de la acción, ya decidido como punto previo.

En la fase probatoria, las representaciones de ambas partes promovieron las pruebas documentales y testimoniales, que fueron providenciadas por el A-quo, y toda vez que no se produjo oposición entre ellas, las mismas se consideraron admitidas y fueron objeto de análisis en su fallo.

Por decisión de fecha 30 de julio de 2001 el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial declaró Con Lugar la demanda incoada por el ciudadano A.R.L. contra el ciudadano N.Q.P., señalando lo siguiente:

… Es de doctrina y de jurisprudencia que los requisitos para la procedencia de la acción restitutoria, son a) La anterior posesión o tenencia de la cosa cuya restitución se solicita; b) los actos o hechos constitutivos del despojo que se atribuyen al querellado; y c) que la acción o querella se haya intentado dentro del año de ejecutado el despojo.

Ahora bien, con el justificativo de testigo cursante en autos, con la constancia de la Asociación de vecinos, con la declaración del testigo J.E.R. y con la exposición de la que se desprende que para esa fecha estaba en posesión y habitaba la cosa objeto de la querella, el querellado, este Tribunal considera como satisfechos los requisitos para la procedencia de la acción interdictal restitutoria promovida y ASÍ SE DECIDE.

Por todos los razonamientos que preceden este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción interdictal restitutoria promovida por A.R.L. (…)

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En contra de la precitada decisión, el abogado M.F., apoderado de la parte demandada, ejerció apelación y se oyó en ambos efectos el 1 de marzo de 2003.

Dentro del lapso respectivo para dictar el fallo, la representación de la parte actora consignó escrito ante esta Alzada en fecha 06 de mayo de 2002, señalando lo siguiente:

• Que desde el mes de diciembre de 1998 ha poseído el Galpón de aproximadamente 63 m2 y en cuyo terreno construyó las bienhechurías, totalmente cercado para trabajos de mecánica, tales como latonería, pintura y su comercialización;

• Que ha realizado actos de posesión, como de limpieza y mantenimiento del inmueble;

• Que acompañaron al escrito libelar inspección judicial practicada el 25 de abril de 2000 por el Juzgado de la Causa, y que con fundamento a los artículos 1.428 y 1.430 del Código Civil, promovió el mérito que se evidencia de ella y que favorece a su representado, como la existencia de un galpón con las bienhechurías, de un portón metálico con cilindro que impedía el acceso al mismo; que la ciudadana C.O.S.C.. C.I. Nº V-5.308.006 ocupa el inmueble por compra efectuada al Sr. N.Q.P. por su esposo el ciudadano T.A., de lo cual dejó constancia el Tribunal de la Causa y que fuera posteriormente contradicho por el apoderado del demandado en diligencia de fecha 17 de mayo de 2000;

• Que acompañó también, justificativo de testigo evacuado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo de Chacao, en la que se le tomó testimonio a los ciudadanos A.R.L. y N.J.C.;

• Que se demuestra la no verificación de la caducidad legal que prevé el artículo 783 del Código Civil;

• Que el inmueble a que se alude en el escrito libelar y sobre el cual se practicó el secuestro refiérese al código catastral nº 11-01-29 de la Calle Pública Sector El Retiro, Vía San José, Parroquia San José, por lo que en el escrito de alegatos el querellado falsea la realidad y señala que el inmueble está ubicado en San J.d.Á., Parroquia Altagracia, cuyo código catastral es nº 01-01-03-17, casa nº 02-02-86, el cual no es el mismo que se plantea en la presente acción y al que se refiere la Dirección de Desarrollo Urbano;

• Que el galpón identificado ad-initio había sido inmediatamente y posterior al secuestro ordenado, nuevamente invadido por los mismos querellados por desacato a la orden del Tribunal por parte del ciudadano N.Q.P., con anuencia del representante jurídico de la Depositaria Judicial y que se evidencia del escrito fechado el 28 de mayo de 2001.

Para decidir esta Alzada observa:

La acción por la cual se contrae el presente proceso es la de Interdicto Restitutorio, interpuesta por el ciudadano A.R.L., asistido por la abogada M.B.G.A., en contra del ciudadano N.Q.P., alusiva a un galpón de 63 M2 ubicado en el Sector denominado El Retiro Dos (II) de Las Casitas, Final de la Calle Principal, Local Único, Frente a la Cancha de Basquetball, jurisdicción de la Parroquia San José.

Junto al libelo la accionante produjo como documentos fundamentales de la demanda los siguientes:

1. Justificativo de testigos, otorgado el 16 de marzo de 1999 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Chacao del Estado Miranda por los ciudadanos A.J. BRAQUES. C.I. Nº V-9.266.202 y N.J.C.. C. I. Nº v-5.611.189, con la finalidad de demostrar el despojo denunciado. (Fols.3-4). La representación judicial del actor promovió las testimoniales de los mencionados ciudadanos, evacuándose y compareciendo solamente el A.B. el 25 de abril de 2001 como testigo promovido por ambas partes. Sin embargo el referido testigo no ratificó el documento de fecha 16/03/96, ya que no depuso sobre el mismo, y tampoco lo hizo el ciudadano N.J.C., por lo cual se desestima el mismo conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil;

2. Título Supletorio, expedido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a favor del ciudadano A.R.L. en fecha 09 de noviembre de 1994. (Fols.5-10). Dicho instrumento fue denunciado como falso por la representación del demandado en escritos de fechas 24/abril/2001 y 07/mayo/2001, además de que no fueron confirmados por los ciudadanos que rindieron declaración en el mismo (Álvarez D. Graciano y Guariguata Isidro). Empero, en la acción propuesta no se discute la propiedad sobre el bien. Por lo que es, irrelevante la mencionada prueba, desestimándosele por falta de pertinencia;

3. Mandato del accionante otorgado el 09 de octubre de 1998 a los abogados M.B.G.A. y M.S., autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Chacao del Estado Miranda. (Fols.11-12). Se aprecia procesalmente al no haber recibido ningún cuestionamiento.

En el acto de la litis contestatio, la representación judicial de la accionada basó su defensa en la prescripción (caducidad) de la acción, que ya fue decidido como punto previo, y contradijo la demanda por ser contraria a los planteamientos de sus pretensiones, por lo que esta Superioridad se adentra a la resolución de dichos argumentos.

Con la finalidad de fundamentar sus alegaciones, la representación judicial del demandado N.Q.P., produjo los siguientes documentos:

1. Mandato de la parte demandada otorgado el 25 de agosto de 1997 al abogado A.J.D.T., autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda. (Fols.19-20). Se aprecia procesalmente al no haber recibido ningún cuestionamiento;

2. Documento de compra-venta entre los ciudadanos R.A. y N.Q.P., sobre todas las bienhechurías ubicadas en la Urbanización El Retiro II, Parroquia San José, Calle Principal de El Retiro II, constituidas por un galpón construído en terreno municipal, y el cual tiene un área aproximadamente de 63 mts2, cuyos linderos son: Norte: Con casa que es o fue del señor G.H.; Sur: Calle Principal de Cotiza; Este: Casa que es o fue del Señor Valmore Escalona y Oeste: Casa que es o fue J.M.. Cuyo precio de venta fue por la cantidad de Bs.800.000,00. Dicho documento fue autenticado ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador del Distrito Federal-Caracas, en fecha 08 de abril de 1997, bajo el N º 25, tomo 43 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría. (Fols.21-23). Sin embargo, tratándose el juicio de un interdicto lo relevante lo constituye la posesión y no la propiedad, por lo que se desestima la mencionada prueba;

3. Solicitud de título supletorio por N.Q.P. ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Familia y Menores de esta Circunscripción Judicial, sobre un terreno de propiedad municipal que tiene un área aproximada de 63 mts2, ubicado en San J.d.Á., Sector YMCA, Comunidad Las Casitas, Vereda Nº 7, Municipio Libertador del Distrito Federal-Caracas, y a través del cual manifestó que le fue adjudicada por Defensa Civil en 1987, una casa distinguida con el número 02.02.86 y que se encuentra alinderada y medidas siguientes, norte: en 9 mts con casa nº 02.02.84, que es o fue del Sr. G.H.; Sur: en 9 mts con calle principal de Cotiza; Este: en 7 mts con casa sin número, que es o fue del Sr. Valmore Escalona; Oeste: en 7 mts con casa sin número, que es o fue del Sr. J.M., dicho título fue declarado por dicho Juzgado el 14 de agosto de 1997. (Fols.24-26). Dicho documento en nada demuestra la posesión sobre el bien, que es la materia relevante en el juicio, desechándose la prueba;

4. C.d.R. emitida por la PREFECTURA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR-GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL-JEFATURA CIVIL DE LA PARROQUIA ALTAGRACIA en Caracas el 26 de agosto de 1997, la cual hace constar que el ciudadano N.Q.P., C.I. Nº V-5.886.183, residía en San J.d.Á.C. del IMCA, Vereda 7, Nº 020286, Parroquia Altagracia. (Fols.27). Se aprecia como documento administrativo al no haber recibido ningún tipo de cuestionamiento;

5. Constancia de código catastral nº 960, emitida por la DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CATASTRAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR, Ing. T.C., de fecha 01 de septiembre de 1997, a través de la cual se dejó constancia que el inmueble ubicado en terreno de propiedad desconocida en la Parroquia Altagracia, Sector IMCA, Comunidad Las Casitas, Vereda 7, San J.d.Á., casa Nº 02-02-86, propiedad del ciudadano N.Q.P., conforme a título supletorio de fecha 14-08-97, tenía asignado el código catastral Nº 01-01-03-17. (Fols.28). El mismo se desestima por no aportar nada respecto al thema decidendum en el presente juicio de interdicto restitutorio, o a la posesión del actor o el demandado.

Por auto fechado el 10 de abril de 2000, el Juzgado de Instancia ordenó la práctica de inspección judicial en el inmueble identificado como Sector El Retiro II, Las Casitas, Final Calle Principal, Local Único, Frente a la Cancha, Parroquia San José-Caracas, a los fines de formarse criterio y pronunciarse sobre la restitución solicitada. A los efectos, designó al ciudadano J.A.B. como práctico fotógrafo y en fecha 25 de abril de 2000 se trasladó dicho Juzgado, en el cual impuso de su misión a la ciudadana C.O.S.C., C.I. Nº 5.308.006, quien manifestó que ocupaba el inmueble desde hace dos años y medio por la compra efectuada por su esposo T.A. al ciudadano N.Q.. En la misma se dejó constancia de los siguientes particulares: