Decisión nº 384 de Tribunal Tercero Superior del Trabajo de Bolivar, de 2 de Abril de 2009

Recibido el presente asunto por distribución de la U.R.D.D., y providenciado en esta Alzada por auto separado, el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido por la abogada A.B., en su condición de apoderada judicial de la parte actora ciudadano J.R.S., y el ciudadano S.J. en su condición de apoderado judicial de la empresa C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (C.V.G. VENALUM), ambos contra de la sentencia de fecha 31 de Marzo de 2008 por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, por cobro de ajuste y homologación de jubilación.

Se dictó auto fijando la celebración de la Audiencia Oral y Pública de Apelación para el día veintiséis (26) de marzo del año dos mil nueve (2009), a las dos 02:00) de la tarde, conforme a la norma prevista en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, acto este que se efectuó en la oportunidad prevista y el Tribunal Superior Tercero del Trabajo decidió en forma oral, y encontrándose dentro de la oportunidad legal correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a reproducir el fallo integro del dispositivo oral del fallo dictado en la presente causa, previa las siguientes consideraciones:

III

FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN LA AUDIENCIA DE APELACIÓN

En la oportunidad prevista por esta Alzada para la celebración de la Audiencia Oral y Pública de Apelación, la representación judicial de la parte demandante recurrente, dio inicio a su exposición manifestando que comparece por ante esta Alzada para hacer sus alegatos contra la sentencia recurrida y en tal sentido dice, que la empresa al momento de la terminación de la relación de trabajo le concedió a su representada el 45% de su salario básico; que el juez a-quo acordó la diferencia de homologación del salario base devengado por el homologo activo, así mismo que la presente demanda fue declarado parcialmente con lugar solicita que sea confirmada. En cuanto a la prescripción hubo una renuncia tácita por el escrito transaccional firmado por mi representado, la cual fue homologado por el juez a-quo. Además alega que el acuerdo transaccional no reúne los requisitos de ley, violentando el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, contrariando además la sentencia de fecha 03 de mayo de 2007, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto la misma debe contener las razones circunstanciadas de los hechos que la motivan, y que en el acta transaccional no se especificaron las pensiones del trabajador bajo lo cual no es posible otorgar el carácter de Cosa Juzgada. Asimismo alega que la doctrina ha establecido que cuando la transacción es extrajudicial deben hallarse establecidos los montos reclamados y asimismo solicita que de este Tribunal de Alzada que se modifique la sentencia recurrida y se declare con lugar la demanda interpuesta.

Igualmente tomó la palabra el apoderado de la parte demandada recurrente, quien expuso que ratifica los alegatos expuestos en la contestación de la demanda, que en primer lugar se evidencia la existencia de la prescripción de los años anteriores al 2001, 2003 y 2003, además manifiesta que la transacción cumple con los requisitos establecidos en la normativa laboral, que por ello existe cosa juzgada, así mismo que la transacción fue presentada por ante una Notaria Pública, y por último que basa su apelación en que el Juez a-quo, erró al declarar con lugar la solicitud de homologación del salario, contraviniendo la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso AJUPEVE contra VENALUM, C.A., en A.C., es este sentido alega que el a-quo esta condenando a un pago que se esta cancelando actualmente a la actora, es por lo que solicita ante esta Alzada declara sin lugar la homologación, revoque la sentencia de Primera Instancia y consecuencialmente sin lugar la demanda.

Vistos los alegatos de los recurrentes y a los fines de analizar las denuncias hechas por ellos, este sentenciador procede a revisar las actas que conforman el presente expediente

IV

DEL ANALISIS DE LAS ACTAS QUE CONFORMAN EL PRESENTE ASUNTO

Ha manifestado la representación judicial de la parte actora en su escrito libelar, que su representado ciudadano J.R.S., comenzó a prestar sus servicios para la empresa demandada en fecha 28 de Febrero de 1980; que su último cargo desempeñando fue de Supervisor Control de Humo, perteneciente a la nomina mensual mayor y que dicha relación laboral culminó en fecha 31 de octubre de 1992, con un tiempo efectivo de labores de doce (12) años, ocho (08) meses y tres (03) días, a consecuencia de la jubilación especial. Además alega, que la empresa accionada al momento de la terminación de la relación de trabajo le concedió el 45% de su salario básico como pensión, que de acuerdo a la política de ajustes de las pensiones y jubilaciones del personal pasivo, se le acordó aumentar las pensiones de los jubilados y pensionados cada vez que se produjera una modificación en el régimen de remuneración de la empresa.

Alega además, que el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado B.E.P.O., en sentencia de fecha 08 de agosto de 2005, estableció que el porcentaje de la jubilación o pensión concedido se aplicara no sobre el salario mínimo del cargo, sino lo correspondiente entre el aumento a cada uno de los trabajadores activos, en el grado alcanzado por cada jubilado cuando les fue concedida la jubilación y el monto cancelado a los trabajadores activos en el nivel salarial actual al cargo.

Así dice que en los periodos comprendidos entre los años 2001 al 2003, 2003 y 2005 y lo que va del año 2006, la empresa no efectuó los ajustes a la pensión en forma proporcional a los incrementos salariales concedido a su homólogo activo, así como tampoco le ha ajustado u homologado su pensión del 70% del salario devengado y cancelado al trabajador activo en la categoría y nivel actual del cargo, por lo tanto la empresa ha incurrido en mora, al no efectuar los ajustes en los montos de las pensiones cada vez que se produjeron modificaciones en la remuneración.

Por último solicita la representación judicial del actor, que la empresa C.V.G. VENALUM, C.A., le reconozca o a ello sea condenada, al derecho de percibir por concepto de pensión el 45% del salario que actualmente devenga un trabajador que ostente el cargo de Supervisor Control de Humo por sus años de servicio, experiencia laboral e importancia del cargo; que la pensión sea homologada en forma proporcional y de manera inmediata cada vez que a su homologo activo le sea concedido un incremento salarial, de acuerdo con el porcentaje alcanzado por el actor cuando le fue concedida su pensión y que actualmente esta establecida en el 45% y solicita el pago de SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON NOVENTA Y CERO CENTIMOS ,(Bs. 68.214.961,00), que según conversión monetaria son SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE BOLÍVARES FUERTES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 68.214,96), por concepto de las diferencias dejadas de percibir por concepto de: 1) pensiones mensuales calculadas a partir del mes de marzo del año 2001 hasta el mes de Junio de 2006, 2) utilidades o bonificación de fin de año, correspondiente a los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, y 3) las diferencias generadas desde el mes de junio de 2006 hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia definitiva, tomando en cuenta los aumentos que sean concedidos en el transcurso de su demanda; intereses de mora a partir de marzo de 2001 hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia y la corrección monetaria.

En la oportunidad de la contestación de la demanda, la representación judicial de la parte demandada alega en su escrito de contestación, que admite como ciertos los siguientes hechos: la relación laboral, el cargo desempeñado, la fecha de ingreso y de egreso, la antigüedad, el motivo de la finalización de la relación de trabajo, el 45% de su salario básico como pensión, que de acuerdo a las políticas de ajustes de las pensiones del personal pasivo, acordó aumentar las pensiones a jubilados y pensionados, cada vez que se produjera una modificación en régimen de remuneración de la empresa, tomando en cuenta el salario base del homologo activo y que para aquellos que no tengan homologo activo, el promedio de los trabajadores que tengan el mismo nivel y tipo de nómina.

Niega, rechaza y contradice que le deba cancelar al actor la cantidad de Bs. 68.214.961 por diferencia de pagos de salarios desde el 2001 hasta el 2006 y la cantidad de Bs. 3.335.000,00 por concepto de diferencia de sueldo, diferencia e utilidades devengadas; que la parte actora pretende unas supuestas diferencias de salarios desde el 2001 hasta el 2006, para las cuales alega la prescripción de las mismas, así mismo señala, que las partes suscribieron un acuerdo transaccional en el cual se establece que hasta el 18 de octubre de 2005, la empresa no le adeuda ningún concepto y por cuanto la misma cumple con todos los requisitos establecidos por la ley solicita se declare que la transacción produjo Cosa Juzgada.

Niega, rechaza y contradice que la empresa no haya efectuado ajustes de la pensión de la parte actora en forma proporcional a los incrementos salariales concedidos al trabajador homologo activo, que se haya incurrido en mora al no efectuar dichos ajustes; así como las diferencias o intereses generados a partir del mes de noviembre del 2006, hasta la fecha de la ejecución de sentencia definitiva de fondo y el ajuste por inflación y por último niega de forma pormenorizada y de una forma motivada todos y cada uno de los conceptos reclamados por los actores.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Así las cosas, este Tribunal observa que de acuerdo a la manera como fue contestada la demanda y, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponde al Juez establecer lo referente a la distribución de la carga probatoria, en los términos como lo ha indicado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencias números 47 y 0501, de fechas 15 de marzo de 2000 y 12 de mayo de 2005 respectivamente.

Como punto previo debe pronunciarse este Sentenciador de Alzada, sobre la prescripción alegada por la parte demandada en el escrito de contestación de la demanda, respecto a las reclamaciones hechas con respecto a los años 2001, 2002 y 2003, A tal efecto se observa que la demanda fue propuesta en el día 29 de noviembre de 2006 y que la demandada fue notificada el 12 de enero de 2007, es decir, que transcurrieron más de los tres (3) años a que se refiere el artículo 1.980 del Código Civil, sin que conste en autos que la parte actora haya realizado algun acto tendiente a interrumpir la prescripción acción, y por ello es evidente que la acción con respecto a dichos años se encuentra prescrita. Así se declara.

En lo que se refiere a lo alegado por la parte actora a que el acuerdo transaccional no reune los requisitos constitucionales y legales, y contrariando la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social en materia de homologación de transacciones, con relación a este punto considera este Juzgador que la Sala de Casación en sentencia nº 2364 de fecha 18/12/2006, con ponencia de la Magistrado Carnem Elvigia Porras, estableció lo que de seguidas se copia textualmente:

(…) Continuando con el orden lógico de la celebración de los medios alternativos de solución de conflictos se señala que cursa en la pieza 29 (folio 497 y siguientes) ocho (8) transacciones otorgados ante la Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz del Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, por los codemandantes R.A., Mocco Luis, Mata Amalio, G.A., Azocar Ambrosio, B.Á., Á.J. y Peña Evencio, sin su correspondiente homologación.

Advierte la Sala, que por disposición expresa del artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la Inspectoría del Trabajo y los Tribunales con competencia en materia laboral son los órganos competentes para impartir la homologación a los acuerdos transaccionales; no obstante del estudio exhaustivo de las actas procesales se constata que los documentos en referencia a prima facie goza del carácter de documentos públicos por ser otorgados ante funcionario público, el escrito contiene una relación circunstanciada de los hechos y de los derechos comprendidos, que comportan la aceptación y renuncia parcial de sus pretensiones en la fase de ejecución de sentencia, que fueron satisfechas sus reclamaciones económicas mediante el pago de los beneficios condenados, que las partes asumen el pago de honorarios profesionales, salvo los derivados de la celebración de la transacción, en consecuencia este Alto Tribunal con fundamento en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela encuentra satisfechos los extremos previstos en los artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, 9 y 10 del Reglamento de la referida ley, e imparte la homologación y su correspondiente efecto de cosa juzgada a las transacciones otorgada por los coaccionantes R.A., Mocco Luis, Mata Amalio, G.A., Azocar Ambrosio, B.Á., Á.J. y Peña Evencio. Así se decide.

A continuación este Sentenciador de Alzada, en sintonía con la doctrina jurisprudencial ya transcrita, pasa a revisar la transacción celebrada por las partes por ante la Notaria Pública Primera de Puerto Ordaz, la cual corre inserta a folios 99 al 105 del expediente, observa que el ciudadano J.R.S. al momento de la firma de dicha transacción, se encontraba asistido de abogado, así como que en la misma se hace una relación circunstanciada de los hechos, de allí que cumpliendo así con los requisitos constitucionales y legales en materia de transacción laboral, este Tribunal le da pleno valor a dicho acuerdo transaccional. Así se declara.

En relación a lo reclamado por el actor, en relación a que la pensión de jubilación sea homologada en forma proporcional y de manera inmediata, cada vez que su homologo activo le sea concedido un aumento salarial, en dependencia con el porcentaje alcanzado cuando le fue concedida la jubilación, este Tribunal a los fines de emitir su pronunciamiento, procede a citar un extracto de la sentencia de fecha 29 de enero de 2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaro CON LUGAR la acción de a.c. interpuesta por apoderados judiciales de la empresa C.V.G, INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A., (VENALUM), contra la decisión en fase de ejecución dictada el 28 de marzo de 2007, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, la cual declaró parcialmente con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano H.M., en su condición de Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la referida empresa, contra la decisión dictada el 9 de octubre de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, anulando la sentencia de fecha 28/03/2007, en este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia expresó lo siguiente:

“(…) Sobre este particular, considera la Sala que los aumentos que reciben los trabajadores activos como resultado de la evaluación por el desempeño efectivo de sus actividades dentro de la empresa, por su propia naturaleza, no pueden considerarse, tal como erróneamente lo sostuvo el a quo, como parte del salario básico, ya que dicho concepto de salario se refiere es al “salario fijo previsto para el cargo o la función realizada por el trabajador, referido a una jornada de trabajo, sin ninguna adición…” (vid. sentencia de la Sala de Casación Social Nº 106, del 10 de mayo de 2000, caso: “Gaseosas Orientales, S.A.”). (Subrayado de la Sala).

Aunado a lo anterior, es necesario precisar que dicha evaluación de desempeño tiene un carácter eminentemente personal (intuitu personae) que sólo es posible aplicar a los trabajadores activos con el propósito de determinar, en cada caso, las condiciones de eficiencia, es decir, la cantidad y la calidad del servicio prestado, así como precisar, cómo ha cumplido el trabajador los objetivos de la etapa, las responsabilidades y funciones del puesto de trabajo, contribuyendo a satisfacer las necesidades de la empresa. La aplicación de evaluaciones por desempeño implica en consecuencia el ejercicio activo del cargo, lo cual no puede ser extensivo a los trabajadores jubilados, toda vez que éstos (aun cuando resulte en perogrullo señalarlo) han perdido dicha condición, por lo que tales beneficios no pueden ser incluidos en la base de cálculo para la realización de los ajustes de las jubilaciones o pensiones de los terceros interesados en la presente acción, máxime si se toma en cuenta que dichos ajustes, de acuerdo a la Convención Colectiva de la referida empresa, deben hacerse tomando como base el “salario básico promedio del homologo activo(…)”.

Este Juzgador de Alzada consecuente con la jurisprudencia anterior, donde se dejó sentado, que dicha evaluación de desempeño tiene un carácter eminentemente personal (intuitu personae) que sólo es posible aplicar a los trabajadores activos con el propósito de determinar, en cada caso, las condiciones de eficiencia, es decir, la cantidad y la calidad del servicio prestado, así como precisar, cómo ha cumplido el trabajador los objetivos de la etapa, las responsabilidades y funciones del puesto de trabajo, contribuyendo a satisfacer las necesidades de la empresa. Además, que la aplicación de evaluaciones por desempeño implica en consecuencia el ejercicio activo del cargo, lo cual no puede ser extensivo a los trabajadores jubilados, toda vez que éstos (aun cuando resulte en perogrullo señalarlo) han perdido dicha condición, por lo que tales beneficios no pueden ser incluidos en la base de cálculo para la realización de los ajustes de las jubilaciones o pensiones de los terceros interesados en la presente acción, máxime si se toma en cuenta que dichos ajustes, de acuerdo a la Convención Colectiva de la referida empresa, deben hacerse tomando como base el salario básico promedio del homologo activo. En este sentido en caso de marras, se observa del libelo de demanda que el ciudadano J.R.S. reconoce que al momento de la terminación de la relación de trabajo la empresa C.V.G. VENALUM, C.A., le concedió el 45% de su salario básico como pensión, de donde se evidencia que el actor no es trabajador activo de la empresa demandada, por lo que no le corresponden lo reclamado por tal concepto, y como consecuencia debe esta Alzada declarar la improcedencia de la presente delación. Y ASI SE DECIDE.

En relación a lo alegado por el apoderado de la demandada en la audiencia oral y pública referente a que el juez a-quo erró, al declarar con lugar la solicitud de homologación del salario, contraviniendo la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso AJUPEVE contra VENALUM, C.A., en A.C., esta Alzada considera que dicho punto fue resuelto en la denuncia anterior delatada por la parte actora. ASI SE DECIDE.

En virtud de lo anterior, se declara SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la abogada A.B., en su condición de apoderada Judicial de la parte actora y CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el ciudadano S.J., en su condición de apoderado judicial de la parte demandada ambos contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2008, dictada por el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz y SIN LUGAR la demanda.

VI

DISPOSITIVA

En fuerza de las consideraciones anteriores, este Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: