Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 9 de Febrero de 2010

Valor y mérito jurídico de la confesión ficta en la que incurrieron los demandados R.B.T. y J.R.B.A., ambos plenamente identificados en autos, al no dar contestación a la reforma de la demanda ni por sí ni por medio de apoderado, toda vez que a los folios 124 al 127, obra decisión de reposición de la causa dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, según la cual quedaron anuladas todas las actuaciones que se siguieron en este juicio a partir del día 16 de Julio de 1.996 (Folio 19) incluyendo la consignación en autos del poder que le fuera conferido a la expresada abogada por los demandados.

A la anterior prueba de confesión ficta en la que presuntamente incurrieron los demandados R.B.T. y J.R.B.A., ambos plenamente identificados en autos, este Juzgador al igual que el a quo, considera que el mencionado Poder Especial, otorgado por ante la Notaría Pública Primera de Mérida, cuyo original obra agregado a los folios 40 y 41, posee pleno valor probatorio, por cuanto el mismo fue otorgado ante el funcionario competente, cumpliendo los requisitos legales de instrumento público auténtico, conforme al contenido del artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con el artículo 74 de la Ley de Registro Público y del Notariado, por cuanto tal como se desprende del contenido de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, el citado documento hace plena fe, de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que se contrae el presente instrumento, por lo tanto, la representación judicial arrogada por la abogada M.S.S., es eficaz, en consecuencia los alegatos esgrimidos por el apoderado de la parte actora, resultan a todas luces improcedentes. Y así se declara.

Valor y mérito jurídico de la declaración de los testigos ciudadanos A.R.H., S.P.D., J.R.A.R., J.O.S.S., M.E.Q.D.Q., F.Q.Q. Y S.T.S., para que ratifiquen en su contenido y firma el justificativo de testigos de fecha 20 de Diciembre de 1.995, evacuado por ante la Notaria Pública Primera del estado Mérida, que corre agregado a los autos, con el objeto de demostrar la veracidad de los hechos invocados para el reclamo contenido en el petitorio, por la presunta destrucción total de las mejoras de la casa identificadas tanto en el libelo de la demanda como en su reforma por parte de los demandados.

Al anterior documento que en original obra agregado a los folios 06 al 13, que fuera evacuado por ante la Notaria Primera del Estado Mérida, en fecha 20 de diciembre de 1995, donde depusieron como testigos los ciudadanos A.R.H., S.P.D., J.R.A.R., J.O.S.S., M.E.Q.D.Q., F.Q.Q. Y S.T.S., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V- 682.720, 3.002.627, 259.098, 680.227, 681.142, 683.855, 992.675 y 3.763.795, este Tribunal observa que sólo los ciudadanos M.E.Q.D.Q., F.Q.Q. Y S.T.S., ratificaron sus declaraciones en el Tribunal de la causa, conforme al contenido del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, en fecha 24 de enero de 2005 y 21 de febrero de 2005, como se evidencia de los folios 187, 188 y 196, por cuanto mediante diligencia de fecha 25 de enero de 2005 y 23 de febrero de 2005, el apoderado actor desistió de la comparecencia de los demás testigos A.R.H., S.P.D., J.R.A.R., J.O.S.S., en consecuencia no aprecia la declaración de los testigos anteriormente señalados, por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a las declaraciones de los testigos M.E.Q.D.Q. (folio 187), F.A.Q.Q. (folio 188), y S.T.S.S. (folio 196), este tribunal al igual que el a quo no le otorga valor probatorio alguno, pues sus dichos no manifiestan circunstancias de modo, tiempo y lugar, que den fe a este Tribunal de las circunstancias en que ocurrieron las presuntas perturbaciones por parte de los ciudadanos R.B.T. y J.R.B.A., pues de las deposiciones de los mismos, se observa en cuanto a la pregunta Novena: “Dirá el testigo si conoce a las personas que en la mañana del día treinta (30) de Noviembre del corriente año, se apersonaron en la mejora casa de mi propiedad y por encontrarse sola procedieron a destruirle totalmente”, los mencionados testigos fueron contestes en afirmar que les consta que la casa mejora la destruyeron totalmente, pero que no estaban presentes en el acto, razón por la cual las mencionadas testifícales se desestiman ya que no son testigos presénciales de los hechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara. (Subrayado del Juez).

Valor y mérito jurídico del documento público, debidamente autenticado en la Notaría Pública Primera de Mérida en fecha 23 de diciembre de 1.995, bajo el Nº 82, contentivo del contrato de obra, celebrado entre el ciudadano ADRIANO O J.A.F. y su representada M.I.R.R., ambos identificados en autos, de las mejoras que fueron presuntamente destruidas por los demandados las cuales están totalmente identificadas en dicho documento. En tal virtud, le solicitan al Tribunal le otorgue el valor probatorio establecido para los documentos públicos en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 entre otros del Código Civil.

A la anterior prueba, de contrato de obra, celebrado entre el ciudadano ADRIANO O J.A.F. y su representada, M.I.R.R., ambos identificados en autos, este Juzgador por cuanto observa que la parte demandada impugnó y rechazó tal documento, por considerar que no era idóneo para demostrar la titularidad de la propiedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1920 del Código Civil, que ordena en su ordinal 1º registrar todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca, en consecuencia, este Juzgador al igual que el a quo, no le asigna valor probatorio, ya que ciertamente la parte demandada no sólo no logró demostrar la propiedad del inmueble, sino que no logró desvirtuar lo alegado por el demandante, y por cuanto el mismo fue otorgado por un tercero que no es parte en el juicio, y debió ser ratificado de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, aunado al hecho que dicho documento no es oponible a terceros, no se le asigna valor probatorio alguno. Y así se declara. (Negrillas de la Juez).

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

Mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2004, la parte demandada invocó a su favor los siguientes medios probatorios:

Valor y mérito jurídico de las actas procesales en todo cuanto favorezcan a sus mandantes y muy especialmente al escrito de contestación de la demanda.

Este Tribunal, al igual que el a quo considera que estos medios de prueba efectuados en forma genérica, sin señalamiento expreso y preciso de lo que pretende demostrar, resulta inapreciable, en virtud que coloca a quien sentencia en la situación de indagar en las actas procesales, buscando circunstancias favorables a la parte promovente, en consecuencia se desecha la misma por impertinente. Y así se declara.

Valor y mérito jurídico de los documentos públicos que obran a los folios del 53 al 56 y en su vuelto, los cuales acompañaron en copia fotostática, que sirven para probar que los aquí demandados son los únicos propietarios de los terrenos que ocupan en el sitio denominado Loma de los Ángeles donde siempre han tenido la propiedad y posesión de los mismos, con los linderos originales debidamente cercados.

Este Juzgador al igual que el a quo, a la anterior prueba le asigna el valor probatorio, por cuanto el mismo no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil, por haber sido otorgado ante el funcionario competente, cumpliendo los requisitos legales de instrumento público auténtico, conforme al contenido del artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con el artículo 74 de la Ley de Registro Público y del Notariado; pues tal como se desprende del contenido de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, el citado documento hace plena fe, de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que se contrae el presente documento. Y así se declara.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En fecha 31 de marzo de 2009, el abogado ANTONIO D´ J.M., obrando con el carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignó escrito de Informes en esta instancia, donde en resumen, señaló lo siguiente:

“Todo debe retomarse a partir del fallo repositorio dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial de fecha 23 de Julio de 2.003 (folios del 116 al 123) que anuló todas las actuaciones del proceso desde el día 23 de Julio de 1.966 (folio 19), en consecuencia, la nulidad de la consignación del poder por la abogada M.S. como apoderada de los demandado R.B.L. y J.R.B.A. que aparecía a los folios 34 y 38) (sic). Bajo esta base. (sic) Señalo que: A). Mi representada M.I.R.R., era la legítima propietaria de las mejoras de una casa y demás bienechurías que fueron destruidas por los demandados R.B.L. y J.R.B.A. ambos plenamente identificados en autos. Dichas mejoras plenamente identificadas en autos estaban ubicadas en “La Loma de los Angeles” de la hoy Parroquia “”J.J. Osuna Rodriguez” de este Estado las que fueron construidas por el Sr. J.A.F.Q., conforme el documento autenticado de fecha 23 de Noviembre de 1.995, anotado bajo el Nº 82, Tomo 100 otorgado por ante la Notaria Pública Primera del Mérida y que corre agregado a los autos… (Omissis)…

El hecho denunciado de la destrucción total del mencionado inmueble el día 30 de Noviembre de 1.995 quedó totalmente demostrado en este juicio con los siguientes medios probatorios:

La confesión ficta en la cual incurrieron los demandados, porque al operar la reposición en la presente causa con la sentencia repositoria que riela a los folios del 116 al 123, sin que la parte demandada haya hecho reconsignar el poder por parte de la abogado de los demandados, produjo la consecuencia de quedar el juicio sin contestación de la demanda frente al nuevo estado de admisión de su reforma hecha por la parte de la (sic) actora quedó también sin efecto la sustitución del poder a la abogado E.R.P. que aparece con fecha 06 de Diciembre del 2.004. Estos hechos fueron denunciados al tribunal del mérito en los escritos y diligencias que rielan a los folios del 174 al 175 y 181 que se dejan reproducidas aquí y sobre tales denuncias y pedimentos, no hubo pronunciamiento alguno ni interlocutoria ni definitivamente sobre esos hechos en donde se insistía que las actuaciones procesales realizadas en el juicio por la abogado M.S.S., hoy funcionaria pública, entre ellas: la contestación a la demanda, la promoción de pruebas y demás actuaciones de la expresada profesional SIN HABER RECONSIGNADO EL PODER DE SUS DEFENDIDOS EN TIEMPO ÚTIL, PRODUJO EL EFECTO DE PERDER LA REPRESENTACIÓN QUE SE ATRINUÍA Y POR LO TANTO, NO HUBO LEGALMENTE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE AUTOS NI PRUEBAS QUE LOS FAVORECIERA QUEDANDO TOTALMENTE CONFESOS LOS DOS DEMANDADOS

…(Omissis)…

Con la declaración de los testigos de la parte actora evacuados en este proceso, Ciudadanos: M.E.D.Q., F.A.Q. y S.T.S. que riela a los folios 187, 188 y 196 quienes afirmaron claramente con diferencias de palabras, que: “los autores de la destrucción fueron los mencionados señores R.B.L. y R.B.A. ambos identificados en autos” los que fueron ilegalmente repreguntados por la abogado que carecía de poder en el juicio, haciendo ineficaz las repreguntas formuladas y las respuestas dadas, pero al ser apreciados por el juez del mérito, éste incurrió en el falso supuesto de considerar que la abogado repreguntante tenía legalmente acreditada su representación, cuando de autos como se dejó dicho, después de la reposición de la causa, no hicieron valer el instrumento poder que acreditara su legalidad en el juicio como consta del expediente mismo.”

(resaltado propio del texto)

Establecido lo anterior este Tribunal, debe traer a colación criterio señalado en sentencia de fecha 20 de diciembre de 2.001, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, expediente Nº 00-181, donde se dejó sentado:

“En relación con el pronunciamiento de los jueces sobre lo alegado por las partes en el escrito de informes, esta Sala, ha sostenido lo siguiente:

...Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Por éste mandato ha sostenido la Sala que el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionadas con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, pues con ello ha querido darle su justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, sí debe el sentenciador pronunciarse sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa....

(Sentencia de la Sala de fecha 05-05-94, reiterado en decisión de fecha 08-02-96 y, posteriormente ratificado en sentencia del 05-02-98. Inversiones Banmara C.A., contra Inversiones Villa Magna, C.A., con ponencia del Dr. C.B.P.).

De conformidad con la doctrina, precedentemente transcrita, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, debe el sentenciador pronunciarse sobre los mismos en la decisión que pronuncie, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa.

…(Omissis)…

En atención a las doctrinas precedentemente transcritas observa la Sala que en el caso bajo decisión era obligatorio para el Juez de la recurrida pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada opuesta por el apoderado judicial de los demandados en etapa de informes, por ser de orden público y constitucional y tener influencia determinante en el juicio, de no haberse pronunciado dicho Juez hubiera incurrido en el vicio de incongruencia negativa en violación de las normas denunciadas por el recurrente. Asi se decide.”.

De la decisión anteriormente transcrita, se desprende la obligación que tiene el Juez de analizar los escritos de informes, siempre y cuando en los mismos sean alegadas circunstancias especiales, tales como, la prescripción de la acción, la excepción de cosa juzgada, la confesión ficta, la reposición de la causa u otros similares, lo cual por ser de orden público y constitucional, puede tener influencia determinante en el juicio que se trate; con la advertencia que para los casos en que no se presenten situaciones ordinarias como las antes indicadas, no está obligado el Tribunal a pronunciarse sobre los escritos de informes de las partes, tal como ha sido sostenido por el máximo tribunal, en sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 7 de marzo de 2.002, contenida en el expediente número 2.001-00510 con ponencia del Magistrado Dr. F.A., quien señaló que en el escrito de informes en segunda instancia se solicitó la revocación de la decisión apelada y la condenatoria en costas de la parte demandada, lo que no constituyen alegatos determinantes de la suerte del proceso y por ello no son de obligatorio pronunciamiento por parte del juzgador.

Ahora bien, este Tribunal luego de la revisión hecha al escrito de informes hecho por la representación judicial de la parte actora, observa que los argumentos señalados por el apelante, relacionados con la conducta omisiva por parte del tribunal de la causa, al no providenciar lo peticionado ni en sentencia interlocutoria, ni en la sentencia definitiva; no son ciertos, por cuanto los mismos fueron a.y.v.p. la Juez del a quo, tal como se evidencia en la sentencia definitiva dictada en fecha 30 de abril de 2008, objeto de la apelación propuesta, cuando expresó:

“…En cuanto a la primera prueba relacionada con la confesión ficta en la que incurrieron los demandados R.B.T. y J.R.B.A.. Observa el tribunal, que en cuanto a la impugnación del poder,

… (Omissis)…

Integrando las disposiciones legales transcritas tenemos que: El poder debe constar en forma auténtica, o pública; que el poder cuando se otorga a nombre de otra persona natural o jurídica o fuere sustituido por el mandatario, el otorgante debe enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas libros o registros que acrediten la representación que ejerce. Estas circunstancias las hará constar el funcionario. Y por último, que el poder se puede otorgar apud acta ante el Secretario del Tribunal, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se trata de un poder autenticado otorgado ante un funcionario competente, como lo fue la Notaría Pública Primera de Mérida, cuyo original obra agregado a los folios 40 y 41 del expediente, mal pudiera este Tribunal sostener que la reposición decretada en fecha 23 de julio de 2.003, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de lugar a la nulidad del referido instrumento poder, toda vez que el mismo se otorgó como se dijo anteriormente, ante un funcionario competente, por lo tanto resulta forzoso para este Tribunal negar lo solicitado, en el sentido que se tenga como inexistente la contestación de la demanda. Por lo tanto, dicho instrumento poder debe tenerse como un instrumento público auténtico, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357 y 1359 del Código Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 12 y 509, eiusdem, por lo tanto, la representación judicial arrogada por la abogada M.S.S., es eficaz, en consecuencia los alegatos esgrimidos por el apoderado de la parte actora, resultan a todas luces improcedentes y así se decide.

…(Omissis)…

Ahora bien, en cuanto a la declaración de los testigos M.E.Q.d.Q. (f. 187), F.A.Q.Q. (f. 188) y S.T.S.S. (f. 196), a quienes se les leyó la declaración contenida en un Justificativo de Testigos, que rindieron por ante la Notaría Pública Primera del Estado Mérida, en fecha 20-12-1995; los mismos ratificaron en todas y cada una de sus partes, la declaración que rindieron por ante la citada notaría…(Omissis)… En consecuencia, este Tribunal considera irrelevante las testimoniales de los testigos, conforme a lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Y así queda establecido. En cuanto a los testigos A.R.H., S.P.D., J.R.A.R., J.O.S.S., los mismos no comparecieron ante este Tribunal, en la oportunidad fijada y por consiguiente se declararon desiertos los actos de cada testigo. (Subrayado propio)

En adición a lo anterior este Tribunal debe dejar establecido que la reposición decretada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta misma Circunscripción Judicial, mediante decisión de fecha 23 de Julio de 2003, al estado de ordenar la citación de los codemandados ciudadanos R.B.L. Y J.R.B.A., en la cual se anularon de conformidad con el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, los actos subsiguientes a la misma, por haberse violentado un acto esencial al proceso como lo es la falta de citación; en modo alguno puede considerarse que constituye la nulidad de los documentos que hayan sido incorporados al proceso por las partes, los cuales fueron otorgados ante el funcionario público y, d.f. entre las partes de las declaraciones allí contenidas, en consecuencia la nulidad a que se hace referencia dicha decisión es la nulidad de los actuaciones celebradas en el tribunal de la causa durante la sustanciación de la referida causa, y no la nulidad de los documentos públicos consignados por las partes. Y así se declara.

Establecido lo anterior, y por cuanto de autos quedó comprobado, que la parte actora no logró demostrar la existencia de las mejoras invocadas como de su propiedad; ni los daños y perjuicios presuntamente ocasionados por los demandados, pues la parte demandante opuso como fundamento de su pretensión documento de obra, autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Mérida, en fecha 23 de diciembre de 1.995 bajo el Nº 82, celebrado entre el ciudadano ADRIANO O J.A.F. y la demandante ciudadana M.I.R.R., al cual no se le asignó valor probatorio, por haber sido otorgado por un tercero que no es parte en el juicio, quien debió ratificarlo de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, aunado al hecho que dicho documento no es oponible a terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.920 de la N.C.S., no siendo demostrativo de propiedad del inmueble, en consecuencia este Juzgador debe declarar sin lugar la apelación y CONFIRMADA las sentencia apelada, como será establecido en la definitiva del presente fallo. Y así se decide.

DECISIÓN

Por todas las consideraciones que anteceden, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR la apelación intentada por el abogado ANTONIO D´ J.M., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadana M.I.R.R., contra la sentencia definitiva de fecha 30 de abril de 2008, dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en el procedimiento por COBRO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado contra los ciudadanos R.B.T. y J.R.B.A.. Y ASÍ SE DECIDE.

Como consecuencia del anterior pronunciamiento y por los motivos expuestos en ese fallo, se CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 30 de Abril de 2008. Y ASÍ SE DECIDE.

Por haberse declarado sin lugar la apelación y confirmado la sentencia apelada, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la parte apelante al pago de las costas del proceso. Y ASÍ SEDECIDE.

Por cuanto la presente decisión se publica fuera del lapso legal, se ordena la notificación de las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil, o en su defecto a sus apoderados, haciéndoles saber que una vez que conste en autos la última notificación ordenada, pasados que sean diez días consecutivos, comenzara al día hábil siguiente a computarse el lapso para que las partes ejerzan el recurso previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.

Remítase original del expediente al Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción judicial del Estado Mérida, una vez quede firme la presente decisión, a los fines de la ejecución de la presente sentencia. Líbrese las boletas con las inserciones pertinentes.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En Mérida, a los nueve (09) días del mes de Febrero del año dos mil diez (2.010).

LA JUEZ TEMPORAL,

ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN.

EL SECRETARIO TEMPORAL,

ABG. A.P..

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, previo cumplimiento de las formalidades legales, siendo las diez de la mañana, se expidieron copias certificadas para la estadística del Tribunal, se libraron boletas de notificación, y se entregaron a la alguacil para que las hiciera efectivas. Conste, hoy nueve (09) de febrero de 2010.

LA SRIA,

ABG. AMAHIL ESCALANTE N.

Acen/Icm