Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 17 de Octubre de 2007
| Fecha de Resolución | 17 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur
ASUNTO: 2.613.-
DEMANDANTE: R.A.C.D.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.234.688, de este domicilio.
ABOGADO DE LA DEMANDANTE: N.J.L.C., abogado, de este domicilio, inpreabogado Nº 79.342.
DEMANDADO: EL ESTADO APURE.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO APURE.
MOTIVO: COBRO DE INTERESES DE MORA SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES.
- I -
DE LA COMPETENCIA
Antes de pronunciarse sobre el fondo del presente asunto, corresponde a este Tribunal establecer su competencia para conocer el presente COBRO DE INTERESES DE MORA SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES, observa el mismo ha sido interpuesto contra EL ESTADO APURE, incoado por la ciudadana R.A.C.D.R., por las lesiones a los derechos e intereses legítimos personales que le corresponde en sentido de la cancelación de sus prestaciones sociales y demás beneficios, en razón de lo cual, este Tribunal resulta competente para conocer el presente COBRO DE INTERESES DE MORA SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES.
Síntesis de la controversia:
Alega el recurrente:
Que en fecha 16 de noviembre de 1.975, comenzó a laborar como MAESTRA TIPO “B”, adscrita a la Gobernación del Estado Apure, hasta el 16 de Diciembre de 1.999, en donde por disposición del entonces Gobernador le fue otorgado el la figura de JUBILACIÓN, mediante Resolución signada con el N° SG- 346 de fecha 14 de diciembre de 1.999, y que fue notificado según oficio dirigido a su persona en fecha 20 de diciembre de 1.999.
Que interpuso una demanda por Cobro de Prestaciones Sociales ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
Que en fecha 24 de octubre de 2.003, transcurrido todo el procedimiento legal para el juicio, el Tribunal de la Causa dicto Sentencia Definitiva condenando al Estado Apure a pagarle la cantidad de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 50.267.999,00).
Que en fecha 25 de mayo de 2004, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Menores de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia de apelación declarando parcialmente con lugar la demanda de cobro de prestaciones sociales, condenando al Estado Apure a cancelar a la demandante la cantidad de Treinta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Dos Bolívares con Veintiocho Céntimos (Bs. 33.957.552,28).
Que luego de haber quedado definitivamente firme la Sentencia emanada del Tribunal Superior competente, el experto designado (BCV) para realizar el cálculo del ajuste por inflación o corrección monetaria, ascendiendo dicho monto a Sesenta y Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Siete Bolívares con Ochenta y Dos Céntimos (Bs. 64.147.577,82), para la fecha de 25 de mayo de 2004.
Que en fecha 26 de abril de 2.006, le fue hecho efectivo el Cobro de las Prestaciones Sociales, las cuales fueron consignadas por parte patronal a través del Procurador General del Estado Apure.
Que para hacer efectivo el Cobro de las Prestaciones Sociales, debió esperar un lapso de tiempo de dos (02) años y tres (03) meses aproximadamente.
Finalmente solicitó:
Que el Estado Apure sea condenado a cancelar la cantidad de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 31.716.851,56) por concepto de intereses de mora sobre las prestaciones sociales.
Del procedimiento:
En fecha 10 de Enero 2.007, este Juzgado Superior Civil (Bienes) Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio A.d.E.B., ADMITIÓ la presente demanda por Cobro de Intereses de Mora Sobre las Prestaciones Sociales incoada por la ciudadana R.A.C.D.R. en contra del Estado Apure, ordenando las notificaciones de Ley.
En fecha 21 de mayo de 2007, compareció por ante este Juzgado Superior, la ciudadana R.A.C.d.R., titular de la cédula de identidad N° 2.234.688, debidamente asistida por el abogado N.J.L.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 79.342, mediante el cual otorgó Poder Apud-Acta al abogado N.J.L.C., antes identificado, con la finalidad de representar a la mencionada ciudadana en la presenta causa de cobro de prestaciones sociales que le sigue en contra el Estado Apure.
En fecha 21 de mayo de 2007, por cuanto se encontraba vencido el lapso a que se refiere el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, para que la parte demandada diera contestación a la demanda, medio procesal del cual no hizo uso, en consecuencia este Juzgado Superior, fijó el quinto día de despacho siguientes para que tuviera lugar la audiencia definitiva de conformidad con el artículo 107 eiusdem.
En fecha 31 de mayo de 2007, siendo la oportunidad previamente fijada por este Tribunal, para que tuviera lugar la audiencia preliminar de conformidad con el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, acto al que compareció el abogado N.J.L.C. en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana R.A.C.d.R., y expuso: Ratificó en todas y cada una de sus partes lo expuesto en el libelo de la demanda y solicitó la apertura del lapso probatorio. Seguidamente se le concedió el derecho de palabra al abogado Á.G., en representación del Estado, y expuso: Se da como contradicho de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría en concordancia con el artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y solicitó la apertura del lapso probatorio, así mismo solicitó que el Tribunal revise los lapsos de caducidad. En ese estado el Tribunal acuerda lo solicitado de las partes y ordenó la apertura del lapso probatorio, y en consecuencia Traba La Litis.
En fecha 27 de Junio de 2.007, la ciudadana A.A.H., venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad N° 7.553.029, de profesión abogado, actuando en este acto como Procuradora General del Estado Apure, otorgo poder ESPECIAL APUD ACTA a los abogados M.E.O., ANNALIESSER MONTENEGRO, I.M., J.P., A.G., K.L., E.P. y M.E.M. y M.B., para que representaran al Estado Apure en forma conjunta o separada en el presente juicio de Cobro de Intereses de Mora Sobre las Prestaciones Sociales, que sigue la ciudadana R.A.C.d.R..
Por auto de fecha 13 de agosto de 2.007, por cuanto venció el lapso probatorio, este Juzgado Superior, fijó el cuarto día de despacho siguiente para que se llevara a cabo la audiencia definitiva de conformidad con el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En fecha 19 de diciembre de 2.007, siendo el día y hora fijado por este Juzgado Superior, para que se llevara a cabo la audiencia definitiva de conformidad con el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, acto al que comparecieron los abogados J.P. y M.B., en su carácter de apoderado judicial de la Procuraduría General del Estado Apure, y expuso: Ratificaron lo expuesto en la audiencia preliminar y que el Tribunal se pronuncie sobre la caducidad de la acción de conformidad con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Seguidamente se dejó constancia que la parte querellante no compareció al acto ni por si ni mediante apoderado judicial. En ese estado el Tribunal estableció el lapso de cinco (05) días de despacho a que hace referencia el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, para dictar el dispositivo del fallo.
Por auto de fecha 28 de septiembre de 2.007, estando dentro del lapso de los cinco días de despacho para dictar el dispositivo del fallo, tal como lo establece el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Tribunal dicto dispositivo del fallo, declarando INADMISIBLE la demanda incoada por la ciudadana R.A.C.D.R., titular de la cédula de identidad N° 2.234.688, debidamente representada por el abogado N.J.L.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 79.342, por concepto de intereses de mora sobre las prestaciones sociales en contra del ESTADO APURE.
-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
Llegada como ha sido la oportunidad legal para dictar sentencia en el presente juicio, este Juzgado Superior en virtud de lo expuesto por la apoderada judicial del Estado Apure en la oportunidad de dar contestación a la demanda y así como también en la audiencia preliminar y la audiencia definitiva, en la que alegaron la cosa juzgada, por cuanto existe una sentencia definitivamente firme. En este sentido este Juzgado Superior pasa hacer las siguientes consideraciones:
DE LA COSA JUZGADA
De la revisión efectuadas a las actas que conforman el presente expediente se puede evidenciar, que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario de Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, dicto sentencia definitiva en la demanda incoada por la ciudadana R.A.C.D.R. en contra del ESTADO APURE por el COBRO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES derivados por la relación laboral, declarando CON LUGAR la presente demanda. De igual forma de los recaudos presentado por la parte demandante, cursante a los folios 17 al 50, se desprende copia de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio A.d.E.B., en la que declaro PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación de fecha 13 de noviembre de 2.003 interpuesta por la abogada BELBIS FARFÁN, con el carácter de apoderada judicial del Estado Apure y parcialmente confirmada la sentencia de fecha 24 de octubre de 2.003, dictada por el Tribunal de la causa.
De igual forma, y según la narrativa de los hechos expresada por la recurrente en el libelo de la demanda, hizo efectivo el cobro de las prestaciones en fecha 26/04/2.006. En este sentido quien aquí juzga debe forzosamente pronunciarse sobre la cosa juzga y lo hace bajo las siguientes consideraciones:
Señala la apoderada de la parte demandada que el presente juicio debe ser declarado sin lugar por cuanto el mismo atenta contra el principio de la cosa juzgada, en virtud de lo expuesto anteriormente.
Respecto a la cosa juzgada se ha pronunciado la doctrina señalando:
…La cosa Juzgada es la autoridad del Estado manifestada en la sentencia….Esa voluntad del Estado no puede estar en conflicto consigo misma y es por lo que el legislador es siempre muy cuidadoso en evitar el conflicto que pueden surgir entre dos sentencias que contengan cosas juzgadas contrarias…de manera que cuando entre dos o mas juicios exista la posibilidad de que la sentencia que se dicte en uno produzca cosa juzgada en otro, dichos juicios deben acumularse para que una sola decisión con unidad de criterios resuelva las distintas situaciones procesales…. Pero debe recordarse que la cosa juzgada requiere la triple identidad de persona, objeto y causa.
Derecho Procesal Civil, Tomo II, H.C., Pág. 131-132. (Subrayado del Tribunal).
En tal sentido, se requiere para la procedencia de la cosa juzgada que concurran copulativamente los tres elementos de la pretensión, verbi gratia, sujetos, titulo y objeto y una decisión de un Tribunal definitivamente firme que se haya pronunciado en cuanto a la acción deducida, por lo que no seria viable demandar nuevamente sobre lo ya resuelto. De ahí, que el juez debe analizar los referidos elementos de la pretensión en uno y otro juicio si fuera el caso.
El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Prevé que: “El debido proceso se aplicará en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia…Ninguna persona podrá ser sancionada a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente”.
Asimismo, el artículo 58 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señala:
La sentencia definitivamente firme es ley entre las partes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro
.
En este mismo orden de ideas, el artículo 1.395 del Código Civil, señala lo siguiente:
…. La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de sentencia. Es necesario que la cosa juzgada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que estas vengan a juicio con el mismo carácter que el anterior
.
Señala el artículo 1.395 del Código Civil que, a los fines de que proceda la cosa juzgada, es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda este fundada sobre la misma causa; que sean entre las mismas partes y que esta venga a juicio con el mismo carácter que el anterior.
Aunado a lo señalado anteriormente, se hace necesario destacar, que la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, se traduce en tres aspectos: A) La Inimpugnabilidad, según la cual la sentencia de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando se haya agotado todos los recursos que la ley otorga; B) La Inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema planteado; y C) La Coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena.
En vista de las precedentes consideraciones y conforme a las normas transcritas, se evidencia que en la presente demanda se da la figura de cosa juzgada, tal y como lo enseña los preceptos normativos ut supra reseñados, por lo que quien aquí juzga declara INADMISIBLE la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable en el presente caso, por remisión del artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así se decide.
-II-
DECISIÓN.
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur, con sede en San F.d.A., Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el presente COBRO DE INTERESES DE MORA SOBRE PRESTACIONES SOCIALES, ejercido por la ciudadana R.A.C.D.R., en contra del ESTADO APURE.-
Publíquese, regístrese, notifíquese al Procurador General del Estado Apure y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de este Juzgado Superior a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil siete (2007). Años: 197° y 148°.
La Jueza Superior Titular,
Dra. M.G.S..
La Secretaria Temporal,
I.F..
Seguidamente siendo las 01:00 p.m., se publicó y registró la anterior decisión.
Exp. Nº 2.613.-
MGS/if/doug.-
