Decisión nº 059 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Monagas, de 10 de Abril de 2013
| Fecha de Resolución | 10 de Abril de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Segundo del Trabajo |
| Ponente | Roberto Giangiulio |
| Procedimiento | Recurso De Apelación Art. 163 Lopt - Jzdo. 2° Sup |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, diez (10) de abril de dos mil trece (2013)
202° y 154°
ASUNTO PRINCIPAL: NP11-L-2010-000474
ASUNTO: NP11-R-2013-000062
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
En el juicio que, por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales incoado por el Ciudadano R.R.D., de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 12.792.885 representado judicialmente por los Abogados E.E.M.M., ELSIS M.G.M. y ROSELYS ACEVEDO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado números 92.877, 88.618 y 88.522 respectivamente, según Poder Apud Acta que riela en Autos, contra la sociedad mercantil PROAMBIENTE, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha 9 de abril de 1996, bajo el Nro. 26, Tomo A, representada por los Abogados J.A.A.A., O.R.A.A., J.E.A.T., J.C.R.S., J.C.A.T., A.J.O.N., C.B.M.C. y G.E. VASQUEZ ADRIAN, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado números 2.032, 10.382, 45.365, 32.200, 92.991, 91.514, 104.342 y 106757 respectivamente, según instrumento Poder Autenticado que riela en el Asunto Principal; en cuyo Juicio, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, publicó Sentencia en fecha 4 de marzo de 2013, mediante la cual declaró Parcialmente Con lugar la demanda incoada por el accionante en contra de la empresa demandada, condenando al pago de la cantidad de Bs.10.863,60, más lo que corresponda por 178 tickets que serían calculados al valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se efectúe el pago.
Contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia, la parte Actora ejerció el Recurso de Apelación, siendo oído en ambos efectos por el Juzgado A quo en fecha 15 de marzo de 2013.
En fecha 19 del mismo mes y año recibe esta Alzada el Expediente el cual se tramita de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en fecha 26 de marzo del año en curso, se admite y se fija la oportunidad para la celebración de la Audiencia Oral y Pública, para el día 16 de Abril de 2013.
En fecha 9 de abril de 2013, previo a la celebración de la Audiencia Oral y Pública, el trabajador accionante y su Apoderado Judicial, el Abogado E.E.M.M., por una parte, y por la otra, la empresa demandada representada por su Apoderado Judicial, Abogado A.J.O.N., consignaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo, escrito de transacción, mediante el cual, si bien existe Sentencia que condena al pago de diversos montos al trabajador, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Juicio de esta Circunscripción Judicial de la cantidad de Bs.10.863,60, más lo que corresponda por 178 tickets que serían calculados al valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se efectúe el pago; la empresa demandada ofreció pagar al demandante, Ciudadano R.D., la cantidad de TREINTA MIL BOLÍVARES FUERTES EXACTOS (Bs.F.30.000,00), mediante cheque Nro.07125402 de fecha 04 de Abril de 2013, girado en contra del Banco Mercantil a favor del demandante R.R.D., por la cantidad transaccional convenida por ambas partes.
Visto el acuerdo transaccional expresado en la Audiencia oral y pública de Alzada ante este Juzgador en la presente fecha, corresponde a este Juzgado Superior indicar que:
La transacción es por definición un contrato por medio del cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual (artículo 1713 del código Civil); y la homologación es un acto complementario y que por definición es la confirmación judicial que otorga el Funcionario competente a determinados actos de las partes con la finalidad de darles firmeza, y eventualmente, el carácter de cosa juzgada.
Ahora bien, para que la transacción tenga validez y sea legal, la misma debe cumplir con los requisitos legales, tal y como lo dispone el aparte in fine del numeral 2. Artículo 89 Constitucional, a saber: “… Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”
Es indispensable tener presente que las disposiciones de las leyes del trabajo, por su naturaleza y por el bien jurídico que se quiere tutelar, son de orden público y por tanto, son irrenunciables por convenios entre partes; y este principio de irrenunciabilidad se aplica tanto a los derechos derivados del contrato individual como de los contratos colectivos; siendo que este principio acarrea la nulidad de cláusulas contractuales o convenios que desconozcan o menoscaben los beneficios y garantías de la Ley a favor de los trabajadores.
El Artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores dispone:
Artículo 19. En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras.
Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y la funcionarias del trabajo en sede administrativa o judicial garantizará que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.
De la revisión del cumplimiento de los extremos legales exigidos, este Juzgador verifica que ambas partes al no manifestar ni exponer impedimentos visibles algunos, tienen la capacidad procesal para celebrar este tipo de acuerdos.
Asimismo, verificado por este Juzgado Superior los términos en que fuera realizado dicho acuerdo, se observa que el monto condenado en la Sentencia recurrida es la cantidad de Bs.10.863,60, más lo que corresponda por 178 tickets que serían calculados al valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se efectúe el pago por los conceptos según lo discriminado en su parte Motiva.
Ahora bien se evidencia que cantidad de convenida es por TREINTA MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs.30.000,00), lo cual, constituye un finiquito total y definitivo de las pretensiones deducidas en el presente juicio, solicitando que se imparta la respectiva homologación, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos que dispone nuestra Legislación Sustantiva del Trabajo, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente.
Este Juzgado Superior, oída la proposición de la parte demandada y la aceptación de la parte demandante, verificando o habiendo constatado que ambas partes actuaron libre de coacción, es decir, son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; dicho acuerdo tiende a garantizar una armoniosa resolución de la controversia y a reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes, y se adaptan a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; y por cuanto lo planteado no es contrario a derecho, este Tribunal vista que la conciliación ha sido positiva da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los Artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil, aplicados analógicamente de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en el Artículo 3° Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, considera procedente HOMOLOGAR EL ACUERDO ENTRE LAS PARTES, dándole efecto de Cosa Juzgada, ordenando la remisión del presente asunto al Juzgado de la causa para el cumplimiento del mismo en los términos expuestos, exhortando a las partes a cumplir de buena fe el acuerdo conciliado en el presente Asunto.
Asimismo, este Juzgado Superior teniendo la Autoridad para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo logrado, resultado del proceso conciliación, declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, mediante un medio alterno de resolución de conflictos como fue la conciliación, y se aplica lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a que no existe condenatoria en costas para las partes; recordándole a las partes y en especial a la parte demandada, la obligatoriedad de cumplir con lo acordado de conformidad con las disposiciones contenidas en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus Artículos 131 y 135.
DECISION
Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGA la transacción celebrada entre el Ciudadano R.R.D., y la Sociedad Mercantil PROAMBIENTE, S.A. (PROAMSA), en los mismos términos y condiciones en ella establecidos, pasándola en autoridad de cosa juzgada. SEGUNDO: Se deja sin efecto la oportunidad fijada para la celebración de la Audiencia el 16 de Abril de 2013, visto el acuerdo alcanzado. TERCERO: ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, para que realice los trámites procesales correspondientes para la remisión y el archivo del presente expediente.
Se ordena la remisión del expediente al Tribunal de la causa en la oportunidad legal correspondiente, y se ordena participar de la presente Decisión al Juzgado de Primera Instancia de Juicio a los fines del registro estadístico correspondiente. Líbrese Oficio.
No hay condenatoria en costas de conformidad a lo dispuesto en el Parágrafo Segundo del Artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
DIOS y FEDERACIÓN
EL JUEZ
Abog. ROBERTO GIANGIULIO A.
LA SECRETARIA
Abog. J.G.L.
En esta misma fecha, siendo las 11:30 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión. Conste. La Sctría. Abog. J.G.L.
