Decisión nº 688-2005 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 17 de Noviembre de 2005
| Fecha de Resolución | 17 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes |
| Ponente | Ana Beatriz Calderón Sánchez |
| Procedimiento | Inadmision |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGION LOS ANDES
195° Y 146°
En fecha 08/06/2004, se recibió Recurso Contencioso Tributario subsidiario al Recurso Jerárquico, procedente del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (SENIAT) Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes, interpuesto por el ciudadano J.C.S., titular de la cédula de identidad N° V.9.207.905, actuando en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil COMERCIAL ALTAMIRA S.R.L. actuando asistido por el Licenciado José Galindo, Administrador-Contador inscrito bajo los Nros. LA-3480 y CC331.
En fecha 08/06/2004, este tribunal dio entrada al presente recurso, constante de cuarenta y seis (46) folios útiles, signándolo bajo el expediente Nro 0349, tramitándolo en fecha 10/06/2004, ordenando las notificaciones mediante oficios al: Gerente Jurídico Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, todas debidamente practicadas, la cual rielan a los folios cincuenta y siete (57); sesenta y cinco (65), setenta y nueve (79); y noventa y dos (92).
En fecha 09-11-2005, se hizo presente en este tribunal la ciudadana M.G.M.C., titular de la cédula de identidad V-7.892.699, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°46.650, quien presentó Instrumento Poder que le confiere el carácter de representante judicial de la República, en la misma fecha realizó oposición a la admisión del presente recurso. (F-97 al 104)
Por consiguiente estando las partes a derecho y siendo la oportunidad legal procesal correspondiente para admitir o inadmitir el presente Recurso Contencioso Tributario, esta Juzgadora pasa a decidir:
De los folios 01 al 44, pruebas documentales anexas: a) Auto de Recepción N° 523, de fecha 22-05-1998; b) Resolución GJT/DRAJ/A/2002-1010, de fecha 07-05-2002 emitido por la Gerencia Jurídico Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT; c) Resolución de Imposición de Sanción N°RLA/DF/RIS/98-0075 de fecha 09 de febrero de 1998, d) Original de la Planilla de Liquidación N° 051062972 de fecha 02-03-1998 y original de la Planilla para Pagar correspondiente; e) Notificación de fecha 28-04-1998; f) Acta de Requerimiento; g) Acta de Recepción; h) Informe General de Fiscalización. Los anteriores documentos conforman las pruebas instrumentales de la presente causa y son valorados de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil a los fines de demostrar lo que de ellos se desprende.
i) Copia Simple del Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil COMERCIAL ALTAMIRA S.R.L, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Tomo 10-A, Número 49, de fecha 25-08-1990, la cual carece de valor probatorio al haber sido impugnada por la parte demandada en la oportunidad procesal correspondiente de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
A los folios 98 al 103, se encuentra copia debidamente confrontada con su original del Instrumento Poder conferido por el Gerente General de Servicios Jurídicos en sustitución de la Procuradora General de la República, por medio del cual sustituye la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela, en los abogados adscritos a la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, lo anterior es valorado de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, de él se desprende el carácter con el cual actúa la abogada M.G.M., titular de la cédula de identidad N° V-7.892.699, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°46.650.
Se observa de las actas procesales que conforman el expediente que tal y como opone la representación fiscal, el presente Recurso Contencioso Tributario subsidiario al jerárquico, en efecto adolece de la asistencia de un abogado o profesional del derecho, la cual de acuerdo a las disposiciones del Código Orgánico Tributario de 1994 no era un requisito exigible para actuar en sede administrativa, pero que es insoslayable al momento de la interposición de un Recurso Contencioso Tributario, así pues el recurrente tiene el carácter de representante de la compañía recurrente, y aunque se hace asistir por un Licenciado en Contaduría Pública y Administración, este no posee la capacidad necesaria para comparecer en Juicio, ya que aun cuando estan facultados para ejercitar derechos por sí mismo sin el ministerio o autorización de otro; es decir, tienen capacidad de ejercicio, o la capacidad procesal como la posibilidad de ejercitar validamente los derechos procesales inherentes a la persona que según la antigua terminología, esta posibilidad se llama legitimación formal (legitimatio ad processum) que no puede confundirse con la legitimatio ad causam, es la legitimación para accionar capacidad de ejercitar los derechos, así mismo A.R.R., la explica con palabras de los procesalistas Calamandrei y Rosenberg, en la cual, expresa que solo actúan en juicios los sujetos que posean una relación jurídica procesal, la capacidad de ser parte es la capacidad para ser sujeto de una relación procesal.
De acuerdo a lo antes expuesto, la capacidad para comparecer en juicio es una consecuencia necesaria de tener plena capacidad jurídica y la de obrar.
Así pues, tal capacidad se ejercita una vez que el actor confiere poder a un tercero para que ejerza su representación o cuando este comparece ante el tribunal acompañado de un profesional del derecho a los fines de recibir la debida asistencia.
Es claro que tratándose de un recurso administrativo que posteriormente se transmuta en recurso judicial, la necesidad de la asistencia de un abogado viene implícita, en el entendido, de que solo los abogados poseen la capacidad para pedir en juicio (ius postulandi lo que puede definirse según lo anteriormente explicado como la capacidad para intervenir durante el proceso haciendo peticiones en el mismo o solicitando diligencias), sino que se fundamenta en que el desarrollo del conjunto complejo de actos jurídicos que forman y estructuran el proceso, se requiere de una capacidad procesal especial técnica, típica del derecho procesal.
Por lo tanto, solo es considerado abogado la persona que ha obtenido título en derecho, y aun habiendo obtenido título, este solo puede ejercer la representación de su cliente una vez se ha inscrito en un colegio profesional. Consecuencialmente cuando una persona que se presenta en un proceso judicial carece de las cualidades mencionadas, sus actuaciones no serán admisibles ni susceptibles de generar consecuencia jurídica alguna.
De igual forma debe observarse que al tramitar el recurso contencioso la ley ordena notificar al recurrente a los fines de lograr su puesta a derecho y de este modo asegurarle el oportuno ejercicio de todos sus derechos, en consecuencia, en el caso de marras el demandante tuvo la oportunidad de subsanar la falta de asistencia del abogado si una vez notificado del recurso comparecía ante el tribunal asistido de abogado o si le otorgaba poder a aquel a los fines de que ejerciera su representación en la vía judicial, lo cual en el presente caso no ocurrió. A este respecto el antecedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia el cual esta dado a subsanar la falta de asistencia antes de la admisión del Recurso, indicó:
En la doctrina y jurisprudencia se admite que, para que un acto procesal pueda ser declarado nulo, no basta que adolezca de un vicio sustancial que le impide alcanzar su finalidad, sino que es necesario, además, que tal nulidad no haya sido o no haya podido ser convalidada o subsanada, según el caso, por medios autorizados o contemplados por la Ley. En base a ello, es forzoso asentar que, en el caso concreto de autos, nada impide la subsanación oportuna del error cometido inicialmente por la recurrente en el acto de interposición del recurso contencioso fiscal, y no reconocerlo así equivaldría a desconocer el alcance y finalidad de la disposición contenida en el citado Artículo 4° de la Ley de Abogados, que prevé la posibilidad de enmendar la falta de asistencia de abogado, cuando faculta al Juez para hacer la designación en el caso de que la parte sea remisa. Nada obsta entonces, como ocurrió en el caso de autos, cuando la recurrente, no siendo parte remisa, procede voluntariamente a llenar ese requisito impuesto por la Ley de Abogados
. (Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia el 17 de Marzo de 1983 en el caso de Morella P.d.P., Gaceta Forense, Tercera Etapa, Año 1983 (enero a marzo), Vol. I, N° 119, págs.374 y 375).
Vista la causal contenida en la disposición prevista en la Ley de Abogados, es forzoso concluir que el presente recurso es inadmisible porque viola lo dispuesto en los Artículos 136 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, así como también del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y así se decide.
Para concluir debe señalarse, que la causal de inadmisibilidad verificada y analizada en el caso sub judice es suficiente para declarar inadmisible el recurso sin que sea necesario pronunciamiento alguno sobre las restantes causales de inadmisibilidad.
Por las razones esgrimidas ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: CON LUGAR LA OPOSICION realizada por la ciudadana M.G.M.C., titular de la cédula de identidad V-7.892.699, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°46.650 en representación de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia se declara INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por el ciudadano J.C.S., titular de la cédula de identidad N° V-9.207.905, actuando en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil COMERCIAL ALTAMIRA S.R.L., con domicilio en el Centro Comercial Altamira, Local 7-B, Urbanización J.M., La C.S.C.E.T., e inscrita ante Registros T-705400034-6 y N-7055011402-6, contra la Resolución de Imposición de Sanción RLA/DF/RIS/98-0075, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. (SENIAT)
De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela notifíquese. Cúmplase.
Dada, sellada y refrendada en la sede del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes con sede en San C.E.T., a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre de Dos Mil Cinco. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal.
A.B.C.S..
JUEZ TEMPORAL SUPERIOR CONTENCIOSO TRIBUTARIO.
B.R.G.G..
LA SECRETARIA.
En la misma fecha se libró oficio N° 7524 y 75525, siendo las ocho y cuarenta y cinco de la mañana (08:45 pm), se publicó la anterior sentencia dejándose copia para el archivo del Tribunal.
LA SECRETARIA.
Exp. 0349
ABCS/marianna
