Decisión nº 332-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 11 de Mayo de 2007
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes |
| Ponente | Ana Beatriz Calderón Sánchez |
| Procedimiento | Inadmision |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGION LOS ANDES
197° Y 148°
En fecha 24/10/2006; se dio entrada al Recurso Contencioso Tributario ejercido de manera Subsidiaria al Recurso Jerárquico, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del Art. 255 del Código Orgánico Tributario, bajo el N° 1237, interpuesto por el ciudadano J.R.R.R.V. mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.316.804, actuando en este acto con el carácter de Director Gerente de la Compañía Anónima EQUILIBRIO PERFECTO C.A., domiciliada en la ciudad de Valera, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Estado Trujillo, bajo el N° 39, tomo A, de fecha 26-01-2004, inscrita en el Registro de Información Fiscal con el N° J-31106249-1, asistido en este acto por la Licenciada Yolimar del Valle Briceño Suárez, contador público colegiada debidamente bajo el N° 60.074.
En fecha 24/ 10/2006; se tramitó dicho recurso ordenando las notificaciones mediante oficios al: Gerente General de los Servicios Jurídicos , Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y al recurrente, todas debidamente practicadas, la cual rielan a los folios ciento veinticuatro (124); ciento treinta (130); ciento treinta y nueve (139); ciento cuarenta y dos (142); ciento cuarenta y cinco (145).
I
VALORACIÓN DE PRUEBAS
Al folio 01 al 05, auto de admisión del Recurso Jerárquico, acta de notificación del auto de admisión, auto de recepción N° 48 de fecha 14-06-2005.
Al folio 10 al 12 , se encuentra copia certificada de cédula de identidad del representante de la compañía anónima, copia certificada del Registro de Información Fiscal de la compañía, junto con copia de la cédula y carnet de colegio de contadores públicos
Al folio 13 al 22, se encuentra copia certificada del Registro de Comercio de la compañía anónima en el cual se desprende el carácter con que actúa el ciudadano J.R.R.R.
Al folio 23, se encuentra constancia de notificación N° RLA/DTN-2005, de las resoluciones de imposición de sanción firmada por la ciudadana Y.B. en su carácter de encargada.
Al folio 24, se encuentra Acta de Clausura debidamente firmada por la ciudadana Y.B. en su carácter de encargada.
Al folio 50, se encuentra Acta de Recepción y Verificación debidamente firmada por la ciudadana Y.B. en su carácter de encargada
Al folio 51, Acta de Recepción de declaración y pago firmada por la ciudadana Y.B. en su carácter de encargada.
Al folio 52 al 53, se encuentra declaración definitiva de rentas y pago para personas jurídicas, ajuste inicial por inflación
Al folio 57, se encuentra P.A. N° GRTI/RLA/1984, de fecha 10 de mayo del 2005, debidamente firmada por la ciudadana Y.B. en fecha 16-05-05, en su carácter de encargada.
Al folio 60 al 66, se encuentra Acta de Recepción y verificación N° RLA/DFPF/2005/1984/02, debidamente firmada por la ciudadana Y.B. en su carácter de encargada en fecha 16/05/2005.
Al folio 67, se encuentra acta de requerimiento N° RLA/DFPF/2005/1984/03, de fecha 16/05/2005.
Al folio 77 al 79, copias de facturas en las cuales se evidencia que no cumple con los requisitos establecidos.
Al folio 80 al 83, se encuentran planilla de pago forma 00030 debidamente cancelada en fecha 13-07-2004, planilla de pago forma 00030 debidamente cancelada en fecha 17-01-2005, planilla de pago forma 26 debidamente cancelada y planilla de pago forma 23 debidamente cancelada en marzo 2005.
Al folio 84 al 85, se encuentra copia certificada del Libro de Compras correspondiente al mes de Abril 2005, Libro de ventas correspondiente al mes de abril de 2005.
Al folio 86 al 96, se encuentra copia certificada de: Libro diario del mes de Marzo, libro mayor mes de marzo, libro de inventario mes de marzo,
Todos los documentos administrativos y públicos anteriormente mencionados, poseen pleno valor probatorio no habiendo sido impugnados en la oportunidad procesal correspondiente, son valorados de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, demostrando que en efecto el recurrente ejerció el presente recurso sin la asistencia de Abogado, no enmendando la falta del mismo durante el presente juicio.
II
Siendo la oportunidad legal para decidir sobre la admisibilidad del presente recurso, conforme lo establece los Artículos 266 y 267 del Código Orgánico Tributario vigente el Tribunal observa:
Ahora bien, de autos se desprende que estando dentro del lapso procesal de conformidad con el artículo 267 del Código Orgánico Tributario, en los siguientes términos:
“…En el caso de autos se observa que el Recurso Contencioso Tributario interpuesto adolece de la asistencia de Abogado tal y como se evidencia del escrito recursivo y del Acta de Recepción del mismo…
En orden a lo anterior, esta juzgadora observa del escrito recursivo la carencia de la parte actora de la debida asistencia o representación de abogado, la cual es ineludible al momento de la interposición del presente recurso. Sobre este punto esta juzgadora observa que esta falta de asistencia de Abogado no fue subsanada por la parte actora en esta instancia.
Siendo ello así, se encuentra que aun cuando la ciudadana Yolimar del Valle Briceño Suárez, tiene capacidad para comparecer en juicio, por cuanto posee plena capacidad de ejercicio, esta capacidad para comparecer en juicio no se equipara a la capacidad para actuar en juicio legitimación ad postuland.
Esta legitimación de postulación también ha sido objeto de estudio de los más destacados procesalistas venezolanos, y ha sido definida por el Dr. A.R.R. de la forma siguiente:
La capacidad de postulación puede definirse pues, como la facultad que corresponde a los abogados para realizar actos procesales con eficacia jurídica, en calidad de partes, representantes o asistentes de la parte
(Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Teoría General del Proceso, Organización Grafica Capriles C.A., Caracas 1999, Tomo II, Pág. 39)
En atención a la anterior definición, se llega de manera obligada a la conclusión que tal capacidad se ejercita una vez que el actor confiere poder a un tercero para que ejerza su representación o cuando este comparece ante el tribunal acompañado de un profesional del derecho a los fines de recibir la debida asistencia. A falta de tales actuaciones (conferir poder o comparecer asistido) es imposible actuar validamente en juicio, salvo en el caso excepcional de que el actor sea también profesional del derecho.
Es claro que tratándose de un recurso administrativo que posteriormente se transmuta en recurso judicial, la necesidad de la asistencia de un abogado viene implícita, en el entendido, de que solo los abogados poseen la capacidad para pedir en juicio (ius postulando) lo que puede definirse según lo anteriormente explicado como la capacidad para intervenir durante el proceso haciendo peticiones en el mismo o solicitando diligencias) considerando que el juicio transcurre en el desarrollo del conjunto complejo de actos jurídicos que forman y estructuran el proceso, pero ello se requiere de una capacidad procesal especial técnica, típica del derecho procesal.
De este modo debe a.e.h.d.q. estamos ante un recurso contencioso tributario, de allí deviene para esta juzgadora la necesidad de ser minuciosos en cuanto a las consecuencias de ejercer el recurso cumpliendo cabalmente con todos los requerimientos que se hacen a los recursos judiciales, previendo igualmente las consecuencias de ejercerlo sin la debida asistencia o representación de abogado. A estos efectos, debe necesariamente acudirse a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley de abogados, que señala:
Artículo 3:
…Omissis…
Los representantes legales de personas o derechos ajenos, presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de su representado sin la asistencia de abogados en ejercicio.
(Subrayado del tribunal).
De acuerdo con lo establecido en la presente norma solo los abogados tienen capacidad para actuar en juicio, a esto sobreviene el hecho de que actuar en juicio implica el ejercicio de la profesión del derecho, resaltando que a los efectos legales, solo es considerado abogado la persona que ha obtenido título en derecho, y aun habiendo obtenido título, éste solo puede ejercer la representación de su cliente una vez inscrito en un colegio profesional. Consecuencialmente cuando una persona que se presenta en un proceso judicial carece de las cualidades mencionadas, sus actuaciones no serán admisibles ni susceptibles de generar consecuencia jurídica alguna. Ante tales hechos es necesario mencionar que al tramitar el presente recurso contencioso se notificó al recurrente a los fines de lograr su puesta a derecho y de este modo asegurarle el oportuno ejercicio de todos sus derechos, en consecuencia, en el caso de marras el demandante tuvo la oportunidad de subsanar la falta de asistencia del abogado si una vez notificado del recurso comparecía ante el tribunal asistido de abogado o si le otorgaba poder a aquél a los fines de que ejerciera su representación en la vía judicial, lo cual en el presente caso no ocurrió.
Es menester explicar que existe un requerimiento de orden público en la exigencia de asistencia o representación de abogado en los procesos judiciales, lo que podría explicarse en palabras del procesalista Liebman, quien expone:
Las partes no poseen, de ordinario, los conocimientos del derecho y de la técnica del proceso que son necesarios para poder defender eficazmente las propias razones en juicio; y de otro lado, llevan a la controversia una pasionalidad que perjudica al ordenado desarrollo de la función judicial. Tanto exigencias de interés privado como exigencias de interés público hacen por eso preferible confiar el cometido de operar efectivamente en el proceso a personas particularmente expertas las cuales por cultura, experiencia, habito profesional, sepan conducir en la exposición de las razones de los litigantes con aquella serenidad y aquella competencia especificas que les falta las partes.
Manual de Derecho Procesal Civil, E.T.L., Ediciones Jurídicas E.A.. Buenos Aires 1980, Pág. 67)
Así las cosas, y en virtud de la disposición prevista en la Ley de Abogados, es forzoso concluir que el presente recurso es inadmisible porque viola lo dispuesto en los Artículos 136 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados. De Conformidad con el artículo 266 del Código Orgánico Tributario de 2001 numeral 3 por no tener la capacidad para actuar en juicio y así se decide.
III
DECISIÓN
ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: INADMISIBLE EL RECURSO CONTENCIOSO por estar incurso en el numeral 3 del artículo 266 del Código Orgánico Tributario, al no tener capacidad para comparecer en juicio, en contra de las Resoluciones de Imposición de Sanción contenidas en la planilla de liquidación Nros: 050400227000188, 050400227000189, 050400227000190, 050400225000108, 050400225000109, 050400228000034 de fecha 19/05/2005, por concepto de multas, emitida por el Gerente Regional de Tributos Internos Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduaneras y Tributarias (SENIAT).
Notifíquese al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Ofíciese a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas (distribuidor), a los fines de que practique la notificación al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela Cúmplase.
Dada, sellada y refrendada en la sede del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes con sede en San C.E.T., a los 11 días del mes de Mayo de 2007. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal.
A.B.C.S..
JUEZ TITULAR
B.R.G.G.
LA SECRETARIA.
En la misma fecha se libró oficios Nros: 1216-07; 1217-07, Siendo las 3:30 p.m, se publicó la anterior sentencia dejándose copia para el archivo del Tribunal.
LA SECRETARIA
Exp N° 1237
ABCS/myr
