Decisión nº 112-2005 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 25 de Abril de 2005

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

DE LA REGION LOS ANDES

195° Y 146º

San Cristóbal, 25 de Abril de 2005.

El ciudadano A.A.C.M., venezolano, mayor de edad, títular de la Cédula de Identidad V.- 4.636.663, actuando en su carácter de Representante Legal de la Compañía Anónima denominada ”G.O.V.E.” C.A., inscrita en el Registro de Comercio que lleva el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, bajo el N° 23, del libro 1-A de fecha 06 de Octubre de 1995, domiciliada en la Ciudad de Barinas, ejerció en fecha 18/12/1998, Recurso Jerárquico y subsidiariamente Contencioso Tributario de conformidad con los artículos 166, 185, del Código Orgánico Tributario de 1994, contra las planilla de liquidación Nro. 0137171, de fecha 13-10-1998, notificada el 27/11/1998.

En fecha 03-02-2004, el tribunal recibió el Recurso Contencioso Tributario ejercido subsidiariamente y posteriormente en fecha 23-03-2004 le dio tramite ordenando las Notificaciones mediante oficio al Gerente de la División Jurídico Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Las cuales constan debidamente practicadas a los folios setenta y tres (73); setenta y cinco (75); setenta y siete (77); ciento nueve (109).

En fecha 16-06-2004, se hizo presente en este despacho la abogado Xiomara Maza Labrador, titular de la Cédula de identidad N° V- 9.229.682, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 38.675, presentando instrumento poder que la acredita como representante de la República Bolivariana de Venezuela en sustitución otorgada por el Gerente Jurídico Tributario (SENIAT). (F-78 AL 82)

En fecha 06-07-2004, se libro cartel de notificación de conformidad con el artículo 264 Código Orgánico Tributario, al ciudadano A.A.C.M., en virtud de haber sido imposible practicar su notificación, en la misma fecha se público.

En fecha 14-04-2005, la abogado Xiomara Maza Labrador, actuando en su carácter de Representante de la República presentó escrito de oposición a la admisión del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 267 del Código Orgánico Tributario. (F112 al 115).

En fecha 21-04-2005, el ciudadano abogado A.B.B., titular de la cédula de identidad No. V.- 9.148.942, e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 53.345, presentó escrito de pruebas, asimismo presentando instrumento poder autenticado en la notaria undécima del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano en fecha 2 de junio de 2004, anotado bajo el Nro. 32 tomo 104 de los libros llevados por esta notaria, de donde se desprende el carácter de representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela por sustitución del Dr. C.A.P.G.J. del SENIAT quien ha su vez la ciudadana Procuradora General de la República le sustituyó la representación que constitucional y legalmente el corresponde sobre actos de contenido tributario que cursen por ante los Tribunales de la República. (F-116 al 119).

Siendo la oportunidad legal para decidir sobre la admisibilidad del presente recurso, conforme lo establece los Artículos 266 y 267 del Código Orgánico Tributario vigente el Tribunal observa:

Al folio 19 al 29, consta inserto en el expediente copia simple del Registro de Comercio, inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, bajo el N° 23, Tomo 1-A de fecha 06/10/95, del cual se desprende que el ciudadano A.A.C.M., posee el carácter de Representante Legal de la Compañía ”G.O.V.E.” C.A.

Al folio 30, corre inserta original de la planilla de liquidación N° 05-01-02-2943, de fecha 13/10/1998, emitida por la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

A los folios 31 al 33, copia simple de la planilla Form RAR 23 de ajuste inicial por inflación, de fecha 31-12-96.

Al folio34 al 49, copia certificada del expediente administrativo donde consta; acta de requerimiento N° GRA-520-00131-FP-39, acta de recepción N° GRA-520-00131-FP-38, declaratoria de verificación N° GRA-520-00131-FP-38, acta de requerimiento para declarar y pagar N° GRA-520-00131-FP.

Al folio 50 al 51, original de la Resolución de Imposición de Sanción por Incumplimiento de Deberes Formales N° RLA/DF/RIS/98/0761, de fecha 08 de Julio de 1998.

Al folio 112 al 115, escrito de oposición presentado por la abogado X.d.V.L., actuando en su carácter de Representante de la República.

Al folio 116, escrito de promoción de pruebas presentado por el abogado A.B.B., promoviendo como prueba documental el auto de recepción de No.292, y el escrito del recurso Jerárquico y Subsidiario Contencioso interpuesto por la contribuyente en fecha 18 de febrero de 1998, los cuales corren insertos a los folios 1, 2, 3, a través de los cuales se observa la falta de asistencia de abogado.

Al folio 117 al 119, instrumento poder autenticado en la notaria undécima del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano en fecha 2 de junio de 2004, anotado bajo el Nro. 32 tomo 104 de los libros llevados por esta notaria, de donde se desprende el carácter de representante judicial de la República Bolivariana por parte del ciudadano abogado A.B.B..

Todos los documentales anteriores son valorados de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y de los cuales se demuestra que en efecto el recurrente ejerció el Recurso Jerárquico subsidiario al Recurso Contencioso Tributario y que se cumplió con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario, formando el correspondiente expediente administrativo.

Valorados todos los elementos probatorios contenidos en autos, la controversia se circunscribe a estudiar si se reúnen los requisitos establecidos en la ley para admitir el Recurso interpuesto.

La representante de la República Bolivariana de Venezuela, abogado Xiomara Maza Labrador, formulo oposición a la admisión del Recurso Contencioso Tributario, de conformidad con el artículo 267 del Código Orgánico Tributario, en los siguientes términos:

… Omisis…

“En el caso de autos se observa que el Recurso Contencioso Tributario interpuesto Subsidiariamente al Jerárquico adolece de la asistencia de Abogado tal y como se evidencia del escrito recursivo, y una vez que se practicó la notificación de ley, el demandante teniendo la oportunidad para subsanar tal diferencia, tampoco acudió al Tribunal asistido u otorgara poder a un abogado a los fines de que ejerciera su representación en la vía judicial.

…omiosis…

Ahora el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, reproduce este contenido en su Sexto Párrafo a saber:

Artículo 19

…omissis…

Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la Ley.

………

En consecuencia, sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, el presente recurso contencioso tributario está incurso en una causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (antes artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia derogada), por contravenir lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, en virtud que el mismo fue ejercido sin la debida asistencia o representación de abogado.

Asimismo el abogado A.B.B. en su escrito de pruebas, promovió como prueba documental el auto de recepción No. 292, y el escrito del Recurso Jerárquico y Subsidiario Contencioso Tributario, interpuesto por el recurrente en fecha 18/02/1998,los cuales corren a los folios 1, 2, 3, del presente expediente.

Ahora bien en orden a lo anterior, es necesario efectuar las siguientes consideraciones:

De las actas procesales se desprende que el ciudadano A.A.C.M., títular de la Cédula de identidad V.- 4.636.663, posee el carácter de Representante Legal de la Compañía ”G.O.V.E.” C.A., y en tal carácter ostenta la representación legal de la misma; asimismo, del escrito recursivo se evidencia la carencia de la parte actora de la debida asistencia o representación de abogado, la cual de acuerdo a las disposiciones del Código Orgánico vigente no es un requisito exigible para actuar en sede administrativa, pero que es insoslayable al momento de la interposición de un Recurso Contencioso Tributario. Sobre este punto esta juzgadora observa que esta falta de asistencia de abogado no fue subsanada por la parte actora en esta instancia.

Es importante estudiar con mediano detenimiento que comprende la capacidad para comparecer en juicio, así, podría decirse que esta viene dada por la capacidad de ejercitar derechos por sí mismo sin el ministerio o autorización de otro; dicho de otro modo, se refiere a aquellas personas que tienen capacidad de ejercicio. Cabe traer a colación lo que a este respecto ha señalado el procesalista E.T.L., quien sostiene:

La capacidad procesal es una cualidad intrínseca, natural, de la persona; a ella corresponde, en el plano jurídico, la posibilidad de ejercitar validamente los derechos procesales inherentes a la persona. Esta posibilidad se llama, según la antigua terminología, legitimación formal (legitimatio ad processum) que no puede confundirse con la legitimatio ad causam, que es la legitimación para accionar.

(Manual de Derecho Procesal Civil, E.T.L., Ediciones Jurídicas E.A.. Buenos Aires 1980, Pág. 67)

A este respecto también se ha pronunciado el tratadista venezolano A.R.R., quien explica la capacidad de ser parte con palabras de los procesalistas Calamandrei y Rosenberg de la siguiente forma:

“Por tanto puede decirse con Calamandrei, que pueden ser parte, esto es, sujetos de una relación jurídica procesal, todas las personas físicas o jurídicas, que pueden ser sujetos de relaciones jurídicas en general, esto es, todos aquellos (hombres o entes) que tienen capacidad jurídica. O mas simplemente, como lo expresa Rosenberg: “la capacidad de ser parte es la capacidad para ser sujeto de una relación procesal” (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Teoría General del Proceso, Organización Grafica Capriles C.A., Caracas 1999, Tomo II, Pág. 34)

De un modo si se quiere más didáctico explica el Dr. V.P., sistemáticamente lo que comprende la capacidad de ser parte, así, expuso:

La capacidad jurídica de una persona natural o jurídica es la medida de la aptitud para ser títular de derechos y asumir obligaciones.

La capacidad de obrar es la medida de la aptitud para ejercer derechos y cumplir deberes, comprende la capacidad negocial, delictual y la capacidad procesal.

La capacidad de ser parte es la aptitud o capacidad para ser sujeto de una relación jurídica y pueden ser partes por lo tanto, todas las personas físicas y jurídicas que tengan capacidad jurídica o sea que puedan ser títular de las relaciones jurídicas en general

(Teoría General del Proceso, Universidad Católica A.B.. Caracas 1998 Vicente J Puppio, Pág. 249)

Igualmente señala lo que debe entenderse por capacidad procesal, con los siguientes argumentos:

La capacidad procesal se refiere a libre ejercicio de esos derechos en un litigio, se refiere a la posibilidad de actuar en juicio. Es la medida de la aptitud para comparecer en juicio

(Teoría General del Proceso, Universidad Católica A.B.. Caracas 1998 Vicente J Puppio, Pág. 249)

De acuerdo a lo antes expuesto, la capacidad para comparecer en juicio es una consecuencia necesaria de tener plena capacidad jurídica y capacidad de obrar.

Siendo ello así, seria acertado decir que el ciudadano A.A.C.M., tiene capacidad para comparecer en juicio, si se observa que el accionante posee plena capacidad de ejercicio, empero, esta capacidad para comparecer en juicio no se equipara a la capacidad para actuar en juicio legitimación ad postulando.

Esta legitimación de postulación también ha sido objeto de estudio de los más destacados procesalistas venezolanos, esta ha sido definida por el Dr. A.R.R. de la forma siguiente:

La capacidad de postulación puede definirse pues, como la facultad que corresponde a los abogados para realizar actos procesales con eficacia jurídica, en calidad de partes, representantes o asistentes de la parte

(Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Teoría General del Proceso, Organización Grafica Capriles C.A., Caracas 1999, Tomo II, Pág. 39)

En atención a la anterior definición, se llega de manera obligada a la conclusión que tal capacidad se ejercita una vez que el actor confiere poder a un tercero para que ejerza su representación o cuando este comparece ante el tribunal acompañado de un profesional del derecho a los fines de recibir la debida asistencia. A falta de tales actuaciones (conferir poder o comparecer asistido) es imposible actuar validamente en juicio, salvo en el caso excepcional de que el actor sea también profesional del derecho.

Es claro que tratándose de un recurso administrativo que posteriormente se transmuta en recurso judicial, la necesidad de la asistencia de un abogado viene implícita, en el entendido, de que solo los abogados poseen la capacidad para pedir en juicio (ius postulandi lo que puede definirse según lo anteriormente explicado como la capacidad para intervenir durante el proceso haciendo peticiones en el mismo o solicitando diligencias), sino que se fundamenta en que el desarrollo del conjunto complejo de actos jurídicos que forman y estructuran el proceso, se requiere de una capacidad procesal especial técnica, típica del derecho procesal.

De este modo debe a.e.h.d.q. estamos ante un recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al recurso jerárquico. En cuanto a este aspecto la jurisprudencia ha establecido lo siguiente:

Dicho carácter subsidiario, otorga en consecuencia a la Administración la obligación de comunicar y remitir al tribunal competente la decisión impugnable en la jurisdicción contencioso tributaria, una vez se haya emitido el recurso jerárquico, para así facilitar la tramitación de la solicitud de la nulidad de un acto de la Administración Tributaria a favor de su solicitante, cuestión corroborada en diferentes disposiciones de nuestra ley general tributaria

(Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, del 22 de julio de 2003, Exp. N° 2002-0111, Ponencia del Magistrado Hadel Mostafa Paolini)

De allí deviene para esta juzgadora la necesidad de ser minuciosos en cuanto a las consecuencias de ejercer un recurso jerárquico que en forma subsidiaria llegaría a la vía judicial en forma de Recurso Contencioso Tributario, pues conociendo la naturaleza del recurso subsidiario, es lógico prever que en el caso de que la Administración Tributaria declare sin lugar o parcialmente con lugar el Recurso Jerárquico, el Recurso Contencioso Tributario ejercido subsidiariamente debe cumplir cabalmente con todos los requerimientos que se hacen a los recursos judiciales, previendo igualmente las consecuencias de ejercerlo sin la debida asistencia o representación de abogado. A estos efectos, debe necesariamente acudirse a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley de abogados, que señala:

Artículo 3:

…Omissis…

Los representantes legales de personas o derechos ajenos, presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de su representado sin la asistencia de abogados en ejercicio.

(subrayado del tribunal)

En cuanto a la presente norma solo los abogados tienen capacidad para actuar en juicio. Esto sobreviene al hecho de que actuar en juicio implica el ejercicio de la profesión del derecho, resaltando que a los efectos legales, solo es considerado abogado la persona que ha obtenido título en derecho, y aun habiendo obtenido título, este solo puede ejercer la representación de su cliente una vez se ha inscrito en un colegio profesional. Consecuencialmente cuando una persona que se presenta en un proceso judicial carece de las cualidades mencionadas, sus actuaciones no serán admisibles ni susceptibles de generar consecuencia jurídica alguna.

Debe observarse que al tramitar el recurso contencioso la ley ordena notificar al recurrente a los fines de lograr su puesta a derecho y de este modo asegurarle el oportuno ejercicio de todos sus derechos, en consecuencia, en el caso de marras el demandante tuvo la oportunidad de subsanar la falta de asistencia del abogado si una vez notificado del recurso comparecía ante el tribunal asistido de abogado o si le otorgaba poder a aquel a los fines de que ejerciera su representación en la vía judicial, lo cual en el presente caso no ocurrió.

Cabe señalar el antecedente jurisprudencial el cual esta dado a subsanar la falta de asistencia antes de la admisión del Recurso, como se indico al no haberlo realizado, es evidente la inadmisibilidad; la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en caso similar indico:

En la doctrina y jurisprudencia se admite que, para que un acto procesal pueda ser declarado nulo, no basta que adolezca de un vicio sustancial que le impide alcanzar su finalidad, sino que es necesario, además, que tal nulidad no haya sido o no haya podido ser convalidada o subsanada, según el caso, por medios autorizados o contemplados por la Ley. En base a ello, es forzoso asentar que, en el caso concreto de autos, nada impide la subsanación oportuna del error cometido inicialmente por la recurrente en el acto de interposición del recurso contencioso fiscal, y no reconocerlo así equivaldría a desconocer el alcance y finalidad de la disposición contenida en el citado Artículo 4° de la Ley de Abogados, que prevé la posibilidad de enmendar la falta de asistencia de abogado, cuando faculta al Juez para hacer la designación en el caso de que la parte sea remisa. Nada obsta entonces, como ocurrió en el caso de autos, cuando la recurrente, no siendo parte remisa, procede voluntariamente a llenar ese requisito impuesto por la Ley de Abogados

. (Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia el 17 de Marzo de 1983 en el caso de Morella P.d.P., Gaceta Forense, Tercera Etapa, Año 1983 (enero a marzo), Vol. I, N° 119, págs.374 y 375).

Existe un requerimiento de orden público en la exigencia de asistencia o representación de abogado en los procesos judiciales, lo que podría explicarse en palabras del procesalista Liebman, quien expone:

Las partes no poseen, de ordinario, los conocimientos del derecho y de la técnica del proceso que son necesarios para poder defender eficazmente las propias razones en juicio; y de otro lado, llevan a la controversia una pasionalidad que perjudica al ordenado desarrollo de la función judicial. Tanto exigencias de interés privado como exigencias de interés público hacen por eso preferible confiar el cometido de operar efectivamente en el proceso a personas particularmente expertas las cuales por cultura, experiencia, habito profesional, sepan conducir en la exposición de las razones de los litigantes con aquella serenidad y aquella competencia especificas que les falta las partes.

Manual de Derecho Procesal Civil, E.T.L., Ediciones Jurídicas E.A.. Buenos Aires 1980, Pág. 67)

En este sentido la sentencia N° 392 de la Sala Político Administrativo de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de Julio de 1998, deja sentado que aun cuando los requisitos de inadmisibilidad previstos en los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia son propios de la naturaleza jurídica del recurso administrativo de nulidad, estos también se aplican al Recurso Contencioso Tributario, por cuanto este constituye la especie y aquel el genero. Ahora bien, la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en el artículo 19, quinto aparte las mismas disposiciones señaladas en los artículos derogados; a saber:

ARTÍCULO 19:

…Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley;(negritas de este despacho) o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada...

Vista la causal contenida en el aparte del Artículo antes trascrito, conjuntamente con a la disposición prevista en la Ley de Abogados, es forzoso concluir que el presente recurso es inadmisible porque viola lo dispuesto en los Artículos 136 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados. Y así se decide.

Para concluir debe señalarse, que la causal de inadmisibilidad verificada y analizada en el caso sub judice es suficiente para declarar inadmisible el recurso sin que sea necesario pronunciamiento alguno sobre las restantes causales de inadmisibilidad.

Por las razones esgrimidas ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA:

CON LUGAR LA OPOSICION realizada por la abogado Xiomara Maza Labrador, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.229.682, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 38.675, representante de la Republica Bolivariana de Venezuela.

INADMISIBLE EL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, interpuesto por el ciudadano A.A.C.M., venezolano, mayor de edad, títular de la Cédula de Identidad V.- 4.636.663, actuando en su carácter de Representante Legal de la Compañía Anónima denominada ”G.O.V.E.” C.A., inscrita en el Registro de Comercio que lleva el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, bajo el N° 23, del libro 1-A de fecha 06 de Octubre de 1995, domiciliada en la Ciudad de Barinas, contra la planilla de liquidación Nro. 0137171, correspondiente al período 01/03/96 al 31/12/96, de fecha 13/10/98, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos del SENIAT., la cual le fue notificada al recurrente, el día 27/11/98, todo de conformidad con el aparte quinto del Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela notifíquese. Cúmplase. Dada, sellada y refrendada en la sede del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes con sede en San C.E.T., a los veinticinco días (25) días del mes de A.d.D.M.C.. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal. A.B.C.S. (fdo.) JUEZ TEMPORAL SUPERIOR CONTENCIOSO TRIBUTARIO B.R.G.G. (fdo.) LA SECRETARIA. En la misma fecha se libró oficio N° 5716, siendo la una de la tarde se publicó la anterior sentencia dejándose copia para el archivo del Tribunal. LA SUSCRITA SECRETARIA CERTIFICA QUE LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA SENTENCIA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE No. 229.

LA SECRETARIA.

Exp N° 0229

ABCS/jamd