Decisión nº 416-2010 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 3 de Noviembre de 2010

En cuanto al procedimiento administrativo aplicado a la contribuyente, la recurrente aduce la presencia de ciertos vicios que determinan la nulidad absoluta del acto recurrido, en tal sentido realiza una extensa argumentación dirigida a enervar la validez de la P.A. N° GRTI/RLA/1971 de fecha 04/04/2008 por medio de la cual se dio inicio a la fiscalización, explicando, que tal acto se encuentra reñido con el principio de legalidad y el derecho a la defensa que impone que la Administración motive sus actuaciones y sostiene: “si LA CONTRIBUYENTE había declarado y pagado su impuesto en los periodos cuya fiscalización se pretende es imposible que la motivación de LA PROVIDENCIA conocer el hecho que llevó al SENIAT a realizar la fiscalización, vale preguntarse ¿Cuál fue el supuesto de hecho que origina la intervención o la causa de la misma?”; en este sentido sostiene que el acta de reparo contiene una motivación sobrevenida del acto y en ella se indica insuficientemente el presupuesto de hecho del por qué de la intervención.

Al respecto es necesario indicar que, de la revisión exhaustiva de los documentos constitutivos del expediente sustanciado en la fase de investigación fiscal, se desprende que la Gerencia Regional de Tributos Internos del SENIAT emitió en fecha 04/04/2008 la P.A. N° GRTI/RLA/1971, por medio de la cual autoriza a la ciudadana Y.T.S.F. en su condición de especialista tributario adscrita a la División de Fiscalización, a practicar fiscalización a la contribuyente CHACON CORZO C.T., debidamente identificada con su numero de registro de información fiscal y domicilio fiscal, en materia de Impuesto sobre la renta para los ejercicios fiscales del 01/01/2004 al 31/12/2004 y 01/01/2005 al 31/12/2005. De igual modo se observa que la Providencia fue personalmente notificada a la contribuyente en fecha 11/04/2008 y se encuentra además debidamente suscrita por el ciudadano Gerente Regional de Tributos Internos y la Jefe de la División de Fiscalización de la misma Gerencia.

De acuerdo con ello, considera quien aquí decide que la Providencia en cuestión cumple suficientemente con los extremos previstos en el articulo 178 del Código Orgánico Tributario, y no posee ninguna omisión capaz de lesionar en alguna forma los derechos subjetivos de la contribuyente investigada, antes bien, constituye una garantía para el ejercicio oportuno del derecho a la defensa. Sin embargo, según considera la recurrente, el hecho de que la providencia no señale expresamente “que provocó el actuar, viola abiertamente el deber de INFORMAR porque se investiga o fiscaliza a LA CONTRIBUYENTE, violando el articulo 49.1 Constitucional…”

A los efectos de resolver el presente alegato es forzoso acudir a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario vigente, sobre tal providencia, a saber:

Artículo 178. Toda fiscalización, a excepción de lo previsto en el artículo 180 de este Código, se iniciará con una providencia de la Administración Tributaria del domicilio del sujeto pasivo, en la que se indicará con toda precisión el contribuyente o responsable, tributos, períodos y, en su caso, los elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar, identificación de los funcionarios actuantes, así como cualquier otra información que permita individualizar las actuaciones fiscales.

La providencia a la que se refiere el encabezamiento de este artículo, deberá notificarse al contribuyente o responsable, y autorizará a los funcionarios de la Administración Tributaria en ella señalados al ejercicio de las facultades de fiscalización previstas en este Código y demás disposiciones de carácter tributario, sin que pueda exigirse el cumplimiento de requisitos adicionales para la validez de su actuación. (Subrayado añadido)

De acuerdo a la normativa antes transcrita, se debe concluir que la P.A. es un acto administrativo de trámite, pero de carácter esencial, puesto que determina el inicio del procedimiento de investigación, delimitando el ámbito de acción del funcionario administrativo, con respecto al contribuyente investigado. En este orden de ideas, se precisado doctrinalmente la finalidad de la mencionada providencia, señalando:

La p.A. para ejercer las funciones de fiscalización, cumple entre otros con los siguientes objetivos:

- Evitar las intervenciones contrarias a los fines perseguidos por la Administración Tributaria, es decir, actuaciones fiscales ejecutadas en desviación de poder conferido a esta.

- Proteger el derecho a la inviolabilidad de los archivos privados del contribuyente o responsable, derecho este contenido en forma genérica en el Artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual el Estado garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas

(El Procedimiento de Fiscalización y Determinación de la Obligación Tributaria. S.S.G.. Colección de Estudios 3, Caracas 2005. Pág. 42)

De la interpretación del articulo que regula la emisión y notificación de la p.a. se infiere inequívocamente su teleología dentro del procedimiento administrativo de primer grado, que es proteger al contribuyente del ejercicio arbitrario de las funciones de investigación de la Administración Fiscal, sin embargo, el legislador ha sido enfático en estatuir que no es posible la exigencia de requisitos adicionales para la validez de su actuación, en este sentido, surge inadmisible la reclamación de motivaciones adicionales en el contenido de la providencia, pues la norma nada menciona al respecto, debiendo en todo caso dejar asentado que de la revisión detallada del expediente sustanciando durante la fase de investigación administrativa resulta perfectamente determinable los motivos que originaron la investigación fiscal que concluyó con la emisión del acto recurrido en el caso de autos, al encontrarse en el expediente toda la información recogida por la Administración con anterioridad a la investigación recabada por la Unidad de Selección Previa de la División de Fiscalización, la cual realizó un Informe Previo en donde se deja plasmado que la razón por la que se dio inicio al análisis de las obligaciones tributarias de la contribuyente C.T.C.C., es que se evidenció una diferencia entre el número de cargas familiares declaradas con respecto a las informadas en la actualización del registro de información fiscal.

Así las cosas, es forzoso para esta juzgadora desechar el alegato anterior por encontrarlo totalmente infundado, pues no se observa ningún vicio de nulidad absoluta ni en el contenido de la P.A., ni en el tramite del procedimiento de fiscalización. Así se declara.

sostiene la recurrente la nulidad absoluta del Acta de Reparo y del procedimiento de determinación de oficio con fundamento en la incompetencia de la fiscal actuante y en este sentido considera que se está en presencia de una delegación de gestión a un funcionario de la Administración Tributaria, por lo que la Providencia emitida de conformidad con el articulo 178 del Código Orgánico Tributario 2001 debe no sólo motivarse sino indicar las facultades otorgadas, incluyendo la autorización de imponer sanciones.

En virtud de tal argumento es necesario establecer lo siguiente, la incompetencia es la violación de la norma que faculta a la autoridad administrativa a dictar determinado acto, sin embargo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos instituye como causal de nulidad absoluta la incompetencia manifiesta, que alude a una violación grave o grosera de la norma que atribuye la competencia.

La doctrina ha señalado que “la manifiesta incompetencia se produce cuando una autoridad administrativa dicta un acto para el cual no estaba legalmente autorizada. Que sea claro, patente y evidente (manifiesto), que su actuación infringe el orden de asignación y distribución de las competencias o poderes jurídicos de actuación de los órganos público-administrativos consagrado en el ordenamiento positivo” (Enrique Meier. Teoría de la Nulidades en el Derecho Administrativo. Editorial Jurídica ALVA S.R.L)

Existe entonces una incompetencia que puede no ser calificada como manifiesta, y que por tanto no produce la nulidad absoluta del acto, se trata de una incompetencia relativa que solo quebranta el orden interno de la distribución de competencias dentro de una misma organización administrativa. En tal sentido la Sala Político Administrativa del Supremo Tribunal ha asumido la siguiente posición:

En tal contexto, si bien se constata que en principio no corresponde al Inspector Fiscal la emisión de las planillas de liquidación, ello en criterio de esta Sala no mas que una irregularidad formal que no posee la suficiente entidad para producir la nulidad, ya que no han sido dictadas por una autoridad manifiestamente incompetente, antes bien, las mismas han sido emitidas por un funcionario ubicado dentro del sector del órgano al cual corresponde el ejercicio de las funciones tributarias ejercidas; además, la misma no conculca la integridad de la Resolución HIR-900-01459 de fecha 24 de marzo de 1969, de la cual son correlativas, ni tampoco comprometen el derecho a la defensa de la contribuyente

(Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia N°00387, de fecha 16 de febrero de 2006. Caso VALORES E INVERSIONES C.A) (subrayado del tribunal)

De lo anterior, se colige que cuando los actos han sido dictados por funcionarios ubicados dentro del mismo sector del órgano al cual corresponde la competencia, la actuación de estos no puede ser sancionada con la nulidad absoluta del acto, puesto que no existe ese carácter manifiesto de la incompetencia. En el caso de autos es imprescindible aclarar que la fiscal actuante actuó dentro del marco legal de sus competencias limitándose a instruir el procedimiento sancionatorio, pero sin emitir el acto administrativo sancionador, pues la fiscal solo suscribe el Acta de Reparo como acto administrativo de trámite que no contiene determinación, ni sanción alguna. En efecto, el acto definitivo y contentivo de las determinaciones y sanciones correspondientes es la Resolución Culminatoria de Sumario N° SNAT/INTI/GRTI/RLA/DSA/2009-004 de fecha 30/09/2009, el cual fue suscrito por el Gerente de Tributos Internos de la Región Los Andes designado según p.a. N° SNAT-2008-0264 de fecha 22 de septiembre de 2009 Gaceta Oficial N° 39.021 de fecha 22709/2008, actuando en ejercicio de sus funciones legales de acuerdo a lo establecido en las normas que a continuación se citan:

Artículo 121. La Administración Tributaria tendrá las facultades, atribuciones y funciones que establezcan la Ley de la Administración Tributaria y demás leyes y reglamentos, y en especial:

1. Recaudar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios.

   …Omissis…”

   Artículo 127. La Administración Tributaria dispondrá de amplias facultades de fiscalización y determinación para comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pudiendo especialmente:

   1. Practicar fiscalizaciones las cuales se autorizarán a través de p.a.. Estas fiscalizaciones podrán efectuarse de manera general sobre uno o varios períodos fiscales o de manera selectiva sobre uno o varios elementos de la base imponible.

   2. Realizar fiscalizaciones en sus propias oficinas, a través del control de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y responsables, conforme al procedimiento previsto en este Código, tomando en consideración la información suministrada por proveedores o compradores, prestadores o receptores de servicios, y en general por cualquier tercero cuya actividad se relacione con la del contribuyente o responsable sujeto a fiscalización…

   Artículo 178. Toda fiscalización, a excepción de lo previsto en el artículo 180 de este Código, se iniciará con una providencia de la Administración Tributaria del domicilio del sujeto pasivo, en la que se indicará con toda precisión el contribuyente o responsable, tributos, períodos y, en su caso, los elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar, identificación de los funcionarios actuantes, así como cualquier otra información que permita individualizar las actuaciones fiscales.

   La providencia a la que se refiere el encabezamiento de este artículo, deberá notificarse al contribuyente o responsable, y autorizará a los funcionarios de la Administración Tributaria en ella señalados al ejercicio de las facultades de fiscalización previstas en este Código y demás disposiciones de carácter tributario, sin que pueda exigirse el cumplimiento de requisitos adicionales para la validez de su actuación.

   Normas estas contenidas en el Código Orgánico Tributario en las que se establecen las facultades genéricas de investigación de la Administración Tributaria y de acuerdo con las cuales el ente administrativo posee las más amplias facultades de indagación a los fines de constatar el correcto cumplimiento de las normas tributarias por parte de los contribuyentes.

   Asimismo, el Gerente Regional de Tributos Internos actúa en uso de las atribuciones conferidas en los Artículos 94 numerales 10, 16, y 34 y 98 numeral 13 de la Resolución 32 que define la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) publicada en Gaceta Oficial N° 4.881, de fecha 29 de Marzo de 1995, las cuales establecen:

   Artículo 94

   Las Gerencias Regionales de Tributos Internos estarán a cargo de los Gerentes Regionales de Tributos Internos, quienes se asimilarán para los efectos correspondientes, a Los Administradores de Rentas y de Inspectores Fiscales Generales de Hacienda con las atribuciones previstas en el Título V, Capítulos III y IV, Títulos X, XI y XII de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, así como las contempladas en los Artículos 57, 72, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 133, 134, 135, 137, 139, 142, 143 y 228 del Código Orgánico Tributario, el artículo 151 de la Ley Orgánica de Aduanas y el artículo 459 y siguientes del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas; y, tiene además las siguientes funciones:

   …Omissis…

10. Dirigir, coordinar, supervisar, ejecutar controlar en su jurisdicción las funciones de fiscalización, determinación, liquidación, recaudación e inspección de los tributos internos, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el nivel central o normativo;

    …Omissis…

16. Aplicar los procedimientos fiscales conforme a la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, el Código Orgánico Tributario en concordancia con las normas específicas de la materia y demás normas y procedimientos, e instruir el expediente respectivo;

    …Omissis…

34. Firmar los actos y documentos relacionados con la funciones de su competencia; (Subrayado añadido)

    …Omissis…”

    Artículo 98

    La División de Fiscalización tiene las siguientes funciones:

    …Omissis…

13. Autorizar a los funcionarios competentes a realizar las actuaciones señaladas en el artículo 112 y su parágrafo del Código Orgánico Tributario y el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional;

    …Omissis…”

    Como se observa de las normas previamente transcritas, en el caso de autos no existió la delegación de competencia que alega el contribuyente, por cuanto cada uno de los funcionarios actuantes se mantuvo dentro del marco competencial atribuido directamente por la Ley especial a cada uno de ellos, de allí que deba desecharse el presente alegato. Y así se declara.

Como otro argumento defensivo, sostiene el contribuyente que el procedimiento establecido en los artículos 177 y siguientes del Código Orgánico Tributario, no es del todo constitucional, al considerar que los documentos obtenidos en ejercicio de la facultad otorgada por el legislador al Fisco de realizar fiscalizaciones utilizando el cruce o comparación de los datos contenidos en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, con la información suministrada con proveedores, compradores, prestadores, entidades bancarias, organismos públicos etc., en fin de terceros, deben ser probados por la Administración conforme a la regla que establece que la carga de la prueba e los procedimientos oficiosos corresponde a la Administración.

En este sentido, es pertinente realizar un análisis sobre lo que ha sostenido la Sala en cuanto a los dispositivos que regulan el procedimiento de determinación tributaria, como modo de precisar la existencia y cuantía de una obligación de esa naturaleza, así como sobre las amplísimas facultades de investigación que la ley le otorga a la Administración, en este sentido se encuentra:

…Por otra parte, esta determinación administrativa debe llevarse a cabo sobre base cierta, con aquellos elementos que permitan conocer directamente los hechos generadores del tributo y, sobre base presuntiva, conforme a los méritos, hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión con el hecho generador de la obligación, consientan establecer la existencia y cuantía de la misma; estableciéndose de seguidas que la utilización de este último sistema sólo procede si el contribuyente no proporciona los elementos de juicio necesarios para practicar la determinación sobre base cierta, lo cual admite apreciar que la estimación presuntiva constituye un procedimiento por demás excepcional de determinación de la renta y, por tanto, sometida a los supuestos y requisitos de forma y fondo dispuestos por la Ley.

Así pues, observa esta Sala que sólo los límites señalados en la normativa que antecede, condicionan la actividad de la Administración Tributaria, de manera de evitar la arbitrariedad y garantizar al contribuyente su ejercicio con sujeción al debido proceso en sede administrativa, cuando requiera determinar de oficio la existencia y cuantía de una obligación tributaria; es decir, sobre base cierta y/o sobre base presuntiva.(Subrayado añadido)

Ahora bien, de los autos se aprecia que en el presente caso el a quo procedió a declarar la contrariedad a derecho del procedimiento de determinación sobre base cierta llevado a cabo por la Administración Tributaria, pues a su entender la determinación del enriquecimiento neto de cada ejercicio fiscal, no cumplió con las exigencias previstas en los artículos 118 y 119 del Código Orgánico Tributario de 1994, en concordancia con los artículos 2, 21, 23 y 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1995, al efectuar el requerimiento sólo a la empresa Constructora Nase, C.A.

Por último, destacó que la determinación efectuada por la Administración Tributaria, sólo toma en cuenta aquellos elementos que le favorecen, como ocurre con las declaraciones de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, e Impuesto al Valor Agregado, lo cual no se ajusta al método de determinación sobre base cierta.

Ahora bien, de la revisión de la resolución culminatoria del sumario administrativo SAT/GRTI/RC/DSA/2002-000102, de fecha 21 de febrero de 2002), constata esta Sala que la Administración Tributaria a los fines de llevar a cabo la determinación en el presente caso, utilizó como fundamento de su actuación, los siguientes hechos:

(…)

Así las cosas, una vez verificado en autos tales hechos, observa la Sala que a los fines de estimar el enriquecimiento gravable de la contribuyente para los ejercicios fiscales de lo años 1997, 1998 y 1999, y de suyo la obligación tributaria que le era exigible, la Administración Tributaria utilizó acertadamente el sistema de determinación sobre base cierta, al partir tanto de los datos y soportes suministrados por la referida sociedad mercantil, como de aquellos datos requeridos de terceros, estos últimos señalados por la contribuyente, tal como se observa del folio 97 del expediente administrativo, del cual se desprenden las respuestas al cuestionario realizado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), mediante oficio N° GRTI-RC-DF-1052-SIV2-2000-2240, a la contribuyente, incluyendo las afirmaciones de la contribuyente respecto a la indisponibilidad material de otra documentación comprobatoria por causa de fuerza mayor debido a que presuntamente fue extraviada dicha documentación durante los hechos acontecidos en el Estado Vargas en al año 1999, al señalar la contribuyente que tales documentos estaban en posesión del contador, quien se encontraba domiciliado en la precitada Entidad Federal.

(…)

En consecuencia, cabe destacar que el referido procedimiento fue utilizado en todo conforme a derecho y en modo o momento alguno se colocó en estado de indefensión o se le vulneró el debido proceso a la contribuyente, pues consta en autos que la Administración Tributaria cumplió a cabalidad con el iter procedimental establecido en el Código Orgánico Tributario de 1994, así como también pudo la contribuyente ejercer sus alegatos y defensas y probar lo pertinente, a fin de desvirtuar los resultados de la actuación fiscal.

(Sentencia N° 02446 de fecha 07/11/2006 Expediente N°2004-0232Sala Político Administrativo Tribunal Supremo de Justicia)

Como se observa, el Supremo Tribunal reconoce y establece como única limitante al ejercicio de los procedimientos de determinación, el deber de la Administración de agotar primero la determinación de oficio sobre base cierta y solo en el caso de que el contribuyente no proporcione los elementos de juicio necesarios para practicar ésta, acudir a la determinación sobre base presuntiva de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario, criterio éste reiterado en sentencia N° 00675 de fecha 21/05/2009 de la Sala Político Administrativa. Caso Tiendas Karamba San Fernando C.A.

Ahora bien, en el caso de autos, la Administración desplegó sus amplias facultades de investigación procediendo de conformidad con lo previsto en el artículo 130 ordinal 2 y 131 ordinal 1 del Código Orgánico Tributario, en tal sentido, es necesario explicar, tal como se hizo en el punto primero, que la administración realizó una investigación previa para determinar la necesidad de realizar el procedimiento de fiscalización recabando información a través de la Unidad de Selección Previa de la División de Fiscalización, sin embargo, necesario aclarar que tales informaciones no constituyen en ningún caso un procedimiento de determinación sobre base presunta, pues en el caso de autos la fiscalización formó su juicio basada en información cierta con apoyo de todos los elementos que le permitieron conocer en forma directa el hecho imponible, sin que ello pueda denunciarse como un vicio de procedimiento.

Dentro de este mismo contexto, sostiene el accionante que el acta de reparo adolece del vicio de inmotivación, en virtud de que “el funcionario actuante procedió a formular el reparo a los ingresos con base a la información contenida en los estados de cuenta bancarias suministrados por los bancos de instituciones financieras” (sic). Sobre este aspecto debe explicarse, en primer lugar, que el acta de reparo es un acto de trámite que antecede el acto definitivo y que por su naturaleza debe limitar su contenido a lo establecido en el artículo 183 del Código Orgánico Tributario, en este sentido, la omisión de expresión de los criterios de interpretación aplicados no constituye ningún vicio susceptible de acarrear al nulidad del acto, mas aun cuando de la revisión del mismo se desprende que cumple cabalmente con los extremos establecidos en la norma que lo regula. Mas aun cuando de la revisión exhaustiva de la Resolución Culminatoria de Sumario SNAT/INTI/GRTI/RLA/DSA/2009-004 se desprende que la Administración explica suficientemente las razones por las que procedió a incorporar los depósitos en cuentas bancarias a los ingresos declarados por la contribuyente, fundamentando además su interpretación en el criterio sostenido en la Sentencia N° 00491 de fecha 27/03/2003 emitida por la Sala Política Administrativa del Supremo Tribunal, de allí que resulte infundado el alegato aquí a.y.a.s.d..

Aduce el recurrente la violación del principio de contabilidad generalmente aceptado conocido como periodo contable, el cual asocia la relación que debe existir entre los ingresos y los costos y los gastos incurridos para generar dichos ingresos, también conocido como principio de asociación. En este punto realiza el recurrente un innecesario y extenso análisis doctrinario sobre el aludido principio, en tal sentido cita lo establecido en los artículos 4, 21 y 33 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2003 y 36 de su reglamento, sin embargo no hace alusión expresa a cuales fueron los costos o gastos en los que incurrió y que no fueron incluidos en la determinación del tributo que la administración no observó, de allí que deba desecharse el argumento. Y así se declara.

En este mismo punto, la contribuyente explica que de la revisión de sus archivos personales halló una copia de un comprobante de cheque identificado con el N° S-92-60165158 de fecha 28/06/2004 emitido a su nombre por la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de los Andes por la cantidad de Cinco Millones de Bolívares sin céntimos (Bs. 5.000.000,oo) otorgados en calidad de préstamo (F-99 y100) y depositados en la cuenta de ahorros del Banco Mercantil a nombre de la recurrente. De igual forma consigna copia del documento de préstamo de fecha 13/05/2004 por la cantidad de Diez Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Bolívares sin céntimos (Bs. 10.259.000,oo) otorgado por la caja de ahorro del Profesorado de la Universidad de los Andes a la contribuyente C.T.C.C., así las cosas y habiendo valorado las pruebas documentales anexadas considera esta juzgadora que tales montos deben ser descontados de los ingresos gravables correspondientes al ejercicio gravable 2004. Y así se declara.

De acuerdo con lo anterior, este despacho procede a modificar el enriquecimiento neto gravable del ejercicio 2004, y el impuesto a pagar aplicado según tarifa N° 1 establecida en el Articulo 50 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de la siguiente manera:

Concepto S/Sumario S/Tribunal Diferencia

Otros ingresos Bs. 17.076,09 Bs.1.817, 09 Bs. 15.259,00

Sueldos, salarios y demás Remuneraciones

Bs. 47.478.25o

Bs. 47.478.25 0,00

Menos; desgravamen

Bs. 19.117,80

Bs. 19.117,80 0,00

Enriquecimiento total neto

Bs. 45.436, 53

Bs. 30.177,53 Bs. 15.290,00

Impuesto según tarifa N° 1

Bs. 3.599,88

Bs. 1.974,98

Bs. 1.624,90

Menos: Rebaja personal

Bs. 247,00

Bs. 247,00

0,00

Menos carga de familia

Bs. 0,00

Bs. 0,00

0,00

Total rebajas

Bs. 247,00

Bs. 247,00

0,00

Impuesto del Ejercicio

Bs. 3.352,88

Bs. 1.727,98

Bs. 1.624,90

Menos impuesto retenido en el ejercicio

Bs. 0,00

Bs. 0,00

0,00

Impuesto cancelado s/planillas 0590027365

Bs. 576,44

Bs. 576,44

0,00

Diferencia de impuesto a pagar

Bs. 2.776,44

Bs. 1.151,54

Bs. 1.624,90

Así pues, la diferencia de impuesto a pagar según el Decreto de Reconversión Monetaria, asciende a la suma de Mil Ciento Cincuenta y Un Bolívares con Cincuenta y Cuatro Céntimos (Bs.1.151, 54), y así se declara.

En cuanto a la graduación de la multa aplicada se encuentra que la recurrente solicita la aplicación del delito continuado de conformidad con lo establecido en el articulo 99 del Código Penal, sin embargo, es imperativo aclarar que la aplicación de las normas del Código Penal en materia sancionadora fiscal es estrictamente supletoria, y solo es posible ante la ausencia de normas expresas el la ley especial tributaria, de modo que en el caso de autos, al existir una norma expresa que sanciona el delito fiscal de la contravención Articulo 111 del Código Orgánico Tributario, es improcedente la aplicación del articulo 99 del Código Penal y así se decide.

No obstante la anterior declaratoria, es forzoso para esta juzgadora pronunciarse acerca de la correcta aplicación de la sanción teniendo en cuenta que de la revisión del acto recurrido se desprende que la Administración realizó la conversión de la multa de bolívares a unidades tributarias, tomando para ello el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en el cual se debieron presentar las declaraciones respectivas, es decir Marzo 2005 y Marzo 2006. Sin embargo, en aplicación del criterio establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1426 de fecha 12/11/2008 caso The Walt Disney (Company Venezuela) lo procedente es realizar la conversión tomando la unidad tributaria vigente para el momento de la determinación del tributo, quedando de la siguiente manera:

Ejercicio 2004

Tributo Omitido Bs.1.151.537, 81

Multa en 112,5% Bs.1.295.480, 03

Multa en Bs. F. 1.295,48

Unidad Tributaria aplicable 2009: Bs.55,oo

Multa en U.T.: 23,55

Ejercicio 2005

Tributo Omitido Bs.1.911. 810,24

Multa en 112,5% Bs.2.150.786, 52

Multa en Bs. F. 2.150,786

Unidad Tributaria aplicable 2009: Bs.55,oo

Multa en U.T.: 39,10

De igual forma es necesario aplicar la concurrencia establecida en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario, de allí que la sanción correspondiente al ejercicio 2004 deba ser reducida a la mitad, es decir, la cantidad de 11,77 UT, en tal sentido se ordena a la administración liquidar las planillas correspondientes con la acotación de lo establecido en el articulo 94 del Código Orgánico Tributario. Y así se declara.

en cuanto a la procedencia de los intereses moratorios, se encuentra que la recurrente solicita la aplicación del criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1490 de fecha 13/07/2007 caso Telcel C.A, que ratificó el criterio expresado en la sentencia de fecha 14/12/1999 dictada por la Corte en Pleno, es imprescindible aclarar que dicho criterio solo es aplicable a las obligaciones tributarias nacidas con la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994 y teniendo en cuenta que en el caso objeto de la presente decisión los ejercicios investigados, reparados y sancionados por la Administración fueron los comprendidos entre el 01/01/2004 al 31/12/2004 y del 01/01/2005 al 31/12/2005 fecha en la cual se encontraba plenamente vigente el Código Orgánico Tributario del 18 de octubre de 2001, es forzoso aplicar lo dispuesto en el Artículo 66 del Código Orgánico Tributario de 2001, dicha norma estipula:

Artículo 66

La falta de pago de la obligación tributaria dentro del plazo establecido para ello, hace surgir, de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento previo de la Administración Tributaria, la obligación de pagar intereses moratorios desde el vencimiento del plazo establecido para la autoliquidación y pago del tributo hasta la extinción total de la deuda, equivalentes a la tasa máxima activa bancaria incrementada en veinte por ciento (20 %), aplicable, respectivamente, por cada uno de los períodos en que dichas tasas estuvieron vigentes.

La norma enfatiza la consecuencia que acarrea la falta de pago de la obligación tributaria, estableciendo la obligación de pagar intereses de mora desde el vencimiento del plazo establecido para la autoliquidación y pago del tributo hasta la extinción total de la deuda, es decir, el pago. Y así se decide.

En lo atinente a las costas procesales el artículo 327 del Código Orgánico Tributario señala:

Declarado totalmente sin lugar el recurso contencioso, o en los casos en que la Administración Tributaria intente el juicio ejecutivo, el tribunal procederá en la respectiva sentencia a condenar en costas al contribuyente o responsable, en un monto que no excederá del diez (10%) de la cuantía del recurso o de la acción que de lugar al juicio ejecutivo, según corresponda

…Omissis Resaltado del Tribunal.

En consecuencia al ser el juicio contencioso declarado Parcialmente Con Lugar, no es procedente la condena en costas. Y así se declara.

VI

DECISION

De acuerdo a lo anterior este TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGIÓN LOS ANDES, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

1. - PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la ciudadana C.T.C.C., titular de la cédula de identidad N° V-4.209.302, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el N° V-004209302-1 domiciliada en la calle El Medio, Manzana 10, N° M-10P4, Urbanización Alto de Paramillo La Floresta Palo Gordo Estado Táchira, asistida por el abogado G.E.D.B., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 83.234. En consecuencia SE CONFIRMA CON DIFERENTE MOTIVACION la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo N° SNAT/INTI/GRTI/RLA/DSA/2009-004, de fecha 30/01/2009, emanada de la Gerencia de Tributos Internos de de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

2. - SE ANULAN las planillas de liquidación Nros. 051001233000120 y 05100123300119 ambas de fecha 12/03/2009 y sus correlativas planillas de pago y se ORDENA a la Administración Nacional emitir nuevas planilla de liquidación en los términos del presente fallo correspondientes a los ejercicios comprendidos desde el 01/01/2004 al 31/12/2004 y 01/01/2005 al 31/12/2005, por conceptos de tributo, multa e intereses.

3. - PROCEDENTE los intereses moratorios, los cuales se liquidaran hasta el momento del pago definitivo de la obligación tributaria.

4. - NO HAY CONDENA EN COSTAS, de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Tributario.

5. - De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela notifíquese.

6. SE PRACTICARA, la notificación por correo con acuse de recibo de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, sellada y refrendada en la sede del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes con sede en San C.E.T., a los tres días del mes de noviembre de dos mil diez (2010), año 200° de la Independencia y 151° de la Federación. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal.

A.B.C.S.

JUEZ TITULAR

M.J.A.S.

EL SECRETARIO SUPLENTE.

Exp N° 2011

ABCS/marianna