Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 8 de Octubre de 2010

Hechos debatidos en la audiencia:

En el día hoy se constituyó en la Sala de Audiencias Nº 2 ubicada en el piso 6 del Edificio Nacional, el Tribunal de Control Nº 3 de este Circuito, integrado por la Juez Abg. A.J.G., la Secretaria de Sala Abg. D.N.C. y el Alguacil de Sal J.I., a los fines de efectuar la Audiencia Preliminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a verificar la presencia de las partes por Secretaría, dejándose constancia de la presencia de las partes identificadas al inicio del acta. Asimismo se deja constancia que agrega en este acto la resulta de la boleta de notificación de la Victima: Jerherys M.E. practicada de conformidad con el Art. 181 y183 del COPP. Seguidamente se le cede la palabra al Fiscal quien en este acto ratifica el escrito acusatorio en contra del acusado M.R.J.L., narrando las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, ratificando el escrito acusatorio presentado en su oportunidad por lo que procedo a señalar los fundamentos y los medios de prueba, como las testimoniales, los cuales solicito sean admitidos en su totalidad por ser lícitos, necesarios y pertinentes a los fines de la celebración del Juicio Oral y Público, por la comisión de los delitos de Robo Agravado, previstos y sancionados en los artículos 458 del Código Penal Vigente. En consecuencia solicito se ordene la apertura del Juicio Oral y Público. Solicito se mantenga la medida de coerción personal impuesta al acusado a los fines de garantizar la presencia del mismo en los actos consecutivos del proceso. Es Todo. Seguido se le cede la palabra al Acusado M.R.J.L. a quien se le impuso del precepto constitucional artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del hecho que le atribuye la representación fiscal, manifiesta lo siguiente: “Me acojo al precepto Constitucional, no voy a declarar. Es todo”. Seguidamente se le cede la palabra a la Defensa quien expuso: de conformidad con el Art. 328 numeral 1 en relación con el Art. 28 numeral 4 literal e del COPP., opongo la excepción de acción promovida ilegalmente por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, por cuanto en fecha 19/12/2009 en la audiencia de flagrancia de conformidad con el Art. 125 numeral 5 y 305 de COPP solicite la practica de diligencias al fiscal 2 del Ministerio Publico con el fin de demostrar la inculpabilidad de mi defendido, solicito que ratifico por escrito en fecha 15/01/2010 y de forma oral nuevamente el 21/01/2010 en la audiencia oral de conformidad con el Art. 250 del COPP (Prorroga). El Fiscal presenta su acusación observando la defensa que el mismo no hace mención a las pruebas solicitadas oportunamente constituyendo esto una infracción al art. 281 del COPP., que le impone el Fiscal el deber de hacer constar los hechos tanto que inculpen como que exculpen al ciudadano investigado, lo cual trae como consecuencia una violación al debido proceso. Existe en relación a esto Jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que señala la obligación del ministerio publico de practicarlas diligencias solicitadas oportunamente y en caso contrario tiene el mismo tiene que dar una respuesta a la solicitud, esto con el objeto de salvaguardar el derecho a la defensa en la investigación. Solicito sea declarada la excepción opuesta y de conformidad al Art. 33 numeral 4 del COPP se decrete el sobreseimiento. A todo evento y de conformidad con el Art. 328 numeral 7 del COPP., me adhiero a las pruebas del fiscal en cuanto favorezcan a mi representado y me reservo el derecho de promover nuevas pruebas en la oportunidad correspondiente en el Art. 328 numeral 9 , 343 numeral 1 del COPP. Asimismo solicito copia certificada de la presente acta, es todo. En este estado el Tribunal de Control Nº 3 vista la excepción opuesta le cede la palabra al fiscal del Ministerio Publico a los fines de de contestación a la misma el cual expone: esta representación fiscal niega y rechaza la solicitud de sobreseimiento de la defensa publica , por cuanto establece la ley que en situaciones controvertidas como la planteada debe reponerse la causa al estado en el cual se le permita a la defensa solicitar las diligencias de investigación correspondiente y así muy respetuosamente se lo solicito a este tribunal. En relación a la medida de coerción personal visto que la causa no se encuentra prescrita y los motivos que originaron la privación de libertad del ciudadano no han variado hasta la presente fecha, solicito se mantenga la medida, por considerarse lleno s los extremos de leyes establecido en los Art. 250, 25 y 252 del COPP. Asimismo solicito copia simple de la presente acta, es todo. En este estado el Tribunal Control Nº 3 de este Circuito, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley decide: Consta al folio 106 del asunto solicitud realizada de conformidad con los Art. 125 y 305 el COPP de practica de Reconocimiento en Rueda de personas presentada en fecha 15/01/2009, por la defensa publica ante el Despacho d e la Fiscalia Segunda del Ministerio Publico. Cursa a los folios 66 al 72 Acusación presentada en fecha29/01/2009, por la Fiscalia 2 del Ministerio Pública. En la oportunidad de la contestación e la excepción el ministerio publico señala que no hubo respuesta con relación a la petición de la defensa publica. Considera este Tribunal que la excepción opuesta por la defensa publica debe ser declarada sin lugar, por cuanto de lo señalado en esta audiencia con referencia a la omisión por parte el ministerio publico de dar respuesta a la petición hecha al despacho fiscal d solicitud de reconocimiento no comporta una falta de requisito formal, considera este tribunal que la misma configura una violación a la garantía constitucional del derecho a la defensa, siendo que por criterio reiterado del Tribunal Supremo de Justicia el Ministerio Publico esta obligado a dar respuesta a las solicitudes hechas por la defensa conforme al Art. 125 del COPP., y en caso e negarlas debe hacerlo motivadamente, En razón de ello en ejercicio del control constitucional, este Tribunal conforme a los artículos 190 y 191 del COPP con criterio reiterado el tribunal supremo que señalara en la fundamentaciòn decreta la nulidad de la acusación presentada por la Fiscalia Segunda del Ministerio publico en fecha 29 de Enero del 2009 contra el ciudadano J.L.M.R. y se ordena la reposición de la causa al estado de que la vindicta publica se pronuncie con relación a la solicitud presentada ante el Despacho Fiscal en fecha 15/01/2009 por la defensa publica. Siguiendo el criterio del Tribunal Supremo mencionado el tribunal mantiene la medida de coerción personal negando el decaimiento e la misma así como la revisión de la medida, por una parte siendo que decretar el decaimiento estaríamos en presencia de de una infracción al derecho de las victimas a tenor del Art. 55 Constitucional y de igual modo con respecto a la revisión observa este tribunal no han variado, por lo que se debe mantener la misma en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental de Uribana. El Tribunal acuerda las copias simples solicitadas por el Ministerio Publico y las copias certificadas solicitadas por la defensa publica, es todo.”

El artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

Artículo. 125. Derechos. El imputado tendrá los siguientes derechos:

(…)5. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen (…)

En ese mismo orden de ideas contempla el artículo 305 Ejusdem:

Artículo 305. PROPOSICION DE DILIGENCIAS. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar al fiscal la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, (…)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 señala:

Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa (…).

Cursa al folio 106, copia fotostática de solicitud hecha por la Defensa Pública de Reconocimiento en Rueda de Individuos como prueba anticipada de fecha 15 de enero de 2009 por ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, señalando la Defensa en la Audiencia que no recibió respuesta de la mencionada solicitud por parte del Despacho Fiscal, no obstante a ello en fecha 29 de enero de 2009 es presentada acusación contra el ciudadano J.L.M.R., por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano.

Por una parte se observa que el Ministerio Publico, no práctico dicha diligencia de investigación con respecto al ciudadano: J.L.M.R., y siendo que por dicha omisión incurrió en una franca violación al Derecho a la Defensa del imputado, al NO realizar la práctica de la diligencia solicitada por la defensa, y menos aún emitir pronunciamiento o motivación alguna a la no practica de la misma, pronunciamiento al cual estaba obligado, por lo cual considera este Tribunal ajustado a derecho en aras de garantizar en contenido del Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que la finalidad del Proceso es establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y acogiéndose esta Juzgadora el criterio establecido en la sentencia nro. 478, expediente 06-0497, de fecha 06-08-07 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado: ELADIO APONTE APONTE, en un caso similar, y en atención a los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, ANULAR la Acusación presentada por el Ministerio Público en fecha 29 de enero de 2009, y REPONER la causa, al estado de que sea practicada la diligencia solicitada por la defensa pública, o en su defecto el Ministerio Público emita pronunciamiento a la pertinencia, necesidad o no de realizarla, para posteriormente proceder a presentar el acto conclusivo respectivo con todos los elementos de convicción que recave el Ministerio Público, manteniéndose la medida de privación judicial preventiva de libertad, por una parte por cuanto de decretar el decaimiento de la misma, estaríamos en presencia de una infracción al derecho de las víctimas establecido en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por otra parte negando la revisión de la misma, siendo que se mantienen intactas las consideraciones valoradas por el Aquo al momento de dictar la medida de coerción personal al imputado en la audiencia de presentación.- Y ASI SE DECIDE.-

DISPOSITIVA:

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control nro. 3, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

ANULA la ACUSACION presentada en fecha 29 de enero de 2009, por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, contra el imputado: J.L.M.R..

Ordena REPONER la causa, al estado de la practica de la diligencia solicitada por la defensa pública, o en su defecto el Ministerio Público emita pronunciamiento a la pertinencia, necesidad o no de realizarla, para posteriormente proceder a presentar el acto conclusivo respectivo con todos los elementos de convicción que recave el Ministerio Público.-

Se mantiene al imputado J.L.M.R. bajo la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, negándose el decaimiento así como la revisión de la medida de coerción personal.-

Todo de conformidad con el contenido de los artículos 327, 13, 125, 305, 190, 191, 195 y 196, 264 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 49, 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenado con sentencia nro. 478, expediente 06-0497, de fecha 06-08-07 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado: ELADIO APONTE APONTE…”.

TITULO I.

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE PARA DECIDIR.

Esta Corte para decidir observa, que el presente recurso, tiene por objeto impugnar la decisión proferida por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 03 de éste Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Audiencia Preliminar celebrada en fecha 27 de Enero de 2010 y fundamentada en fecha 28 de Enero del mismo año, mediante la cual la Juez a cargo, decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano J.L.M.R., de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

Al respecto, alegó la Defensa recurrente, que en el presente caso la A quo, declaró sin lugar la excepción opuesta de acción promovida ilegalmente por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, por el incumplimiento del Fiscal del Ministerio Público de practicar las pruebas solicitadas por la defensa en tiempo legal y útil, ya que en fecha 19 de Diciembre de 2008, la misma solicitó de conformidad a lo establecido en el artículo 125, numeral 5, y 305 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de desvirtuar la imputación que se hizo en la Audiencia de presentación a su defendido, la práctica de diligencias de investigación para demostrar su inculpabilidad como fue la práctica de un reconocimiento en rueda de personas, ratificada mediante escrito de fecha 15 de Enero de 2010, lo cual trae como consecuencia la violación del debido proceso para su defendido, por el incumplimiento de los derechos y garantías constitucionales en que incurrió el ciudadano Fiscal, lo que constituyó una infracción al artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, pronunciándose la recurrida por una nulidad de conformidad a lo establecido en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, razones por las cuales solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la medida de privación de libertad impuesta a su defendido y se decrete la medida cautelar sustitutiva de libertad contenida en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, esta Corte de Apelaciones en aplicación al principio de la notoriedad judicial realizó una revisión al asunto principal a través del sistema informático Juris 2000, observándose que en fecha 11 de Mayo de 2010, la Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 3, del Circuito Judicial Penal, sustituyó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad por Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, la cual fundamentó de la siguiente manera:

…Corresponde a este Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control Nº 03 de este Circuito Judicial Penal, fundamentar la decisión tomada como punto previo en audiencia de esta misma fecha, en la cual se acordara la sustitución de la medida de privación judicial por las Medidas Cautelares de contenidas en los numerales 3 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal efectuada a favor del imputado M.R.J.L., titular de la Cédula de Identidad Nº 19883947, Nacido el 13/11/1988 en Barquisimeto, de 21 años de edad, hijo de M.R. deM. y O.M., de Ocupación panadero, domiciliado en: Urbanización La Carucieña Sector 4, vereda2 casa Nº 100, teléfono: 0416- 5166980Colinas de San Lorenzo, Calle 4 sector 1, casa Nº 35. telefono 0416-4510181, a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado frustrado erado de facilitador, previsto y sancionados en los artículos 458 en concordancia 84.3 y 80 segundo aparte del Código Penal Vigente, en perjuicio de la ciudadana JERHERYS EUGENIA M.E..

Lo cual se hace en base a las siguientes consideraciones:

En audiencia de esta fecha, como punto previo antes de la realización de la audiencia preliminar fijada, este Tribunal concedió la palabra a la defensa técnica quien solicitó el cambio de medida, Por su parte, al cedérsele la palabra a la Representante del Ministerio Público, ésta manifestó que no se oponía a la concesión de una medida menos gravosa al imputado en virtud de haber presentado una acusación por un tipo penal menos gravosa en virtud de la calificación jurídica dada a los hechos.

Ahora bien, este Tribunal pasa a realizar una revisión exhaustiva del presente asunto, “pasa a revisar la misma y con la facultad que le concede la ley a tenor de lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal y en aplicación del principio de proporcionalidad, observa que han variado visiblemente las circunstancias bajo las cuales fue dictada la medida de privación judicial de libertad, por lo que se considera que lo procedente y ajustado a Derecho, tomando en cuenta la no oposición del Ministerio Público con el otorgamiento de la medida cautelar sustitutiva, es SUSTITUIR LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD , por las MEDIDAS CAUTELARES, prevista en el artículo 256, 3 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme a las cuales deberá presentarse cada 8 días ante el Tribunal y la prohibición de acercarse a la víctima. Y ASÍ SE DECLARA.-

DISPOSITIVA

Por todos los argumentos presentados, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decide: A solicitud de la defensa y la no oposición del Ministerio Público SUSTITUYE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada y le impone al imputado M.R.J.L. por las MEDIDAS CAUTELARES, prevista en el artículo 256, 3 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme a las cuales deberá presentarse cada 8 días ante el Tribunal y la prohibición de acercarse a la víctima, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal…

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Así las cosas y visto que el presente recurso pretende la revocatoria de la medida de privación judicial impuesta al ciudadano J.L.M.R. y la libertad plena del mismo, considera esta Alzada que lo que se pretendía con el recurso de apelación resulta inoficioso en este momento procesal por cuanto el mismo se le acordó una medida menos gravosa como lo es la Medida Cautelar prevista en el artículo 256, ordinales 3º y 9º, del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que lo más lógico y ajustado a derecho, es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por la Abogada Zarelly Zambrano, en su condición de Defensora Público del ciudadano J.L.M.R., contra la decisión proferida en Audiencia Preliminar celebrada en fecha 27 de Enero de 2010 y fundamentada en fecha 28 de Enero del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de su defendido, de conformidad con lo previsto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia queda CONFIRMADA la decisión recurrida. Y ASI SE DECIDE.

TITULO III.

DISPOSITIVA.

Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos:

Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por la Abogada Zarelly Zambrano, en su condición de Defensora Pública del ciudadano J.L.M.R., contra la decisión proferida en Audiencia Preliminar celebrada en fecha 27 de Enero de 2010 y fundamentada en fecha 28 de Enero del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de su defendido, de conformidad con lo previsto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

Queda CONFIRMADA la Decisión del Tribunal A quo.

La presente decisión se dicta dentro del lapso legal. Remítase el presente asunto al Tribunal de Primera Instancia correspondiente a los fines de que sea agregado al asunto principal.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Lara, a los 08 días del mes de Octubre de 2010. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

POR LA CORTE DE APELACIONES

La Jueza Profesional,

Presidenta de la Corte de Apelaciones

Y.B.K.M.

El Juez Profesional, El Juez Profesional,

J.R.G.C.R.A.B.

(Ponente)

La Secretaria,

M.P.

KP01-R-2010-000048

RAB/rmba.-