Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 15 de Junio de 2006

”….observa con preocupación el Ministerio Público, que el representante de la Defensa viola no solo el contenido del articulo 172 del Código Orgánico Procesal Penal, al reseñar que la sentencia Ut Supra mencionada se refiere “a días hábiles en la fase preparatoria” ….igualmente la interposición del RECURSO DE apelaciones encuentra EXTEMPORANEO, ya que el mismo fue presentado en fecha 26-01-06, siendo dictado el auto apelado en fecha martes 17-01-2006, correspondiendo el primer día el miércoles 18-01-2006, el segundo día el jueves 19-01-2006, el tercer día el viernes 20-01-2006, el cuarto día el lunes 23-01-2006, el quinto y último día el martes 24-01-2006….por lo que con el debido respeto solicitamos SE DECLARE INADMISIBLE POR EXTEMPORANEO EL RECURSO DE APELACION DE AUTOS, interpuesto por el representante de la defensa….”

”….Establece lo siguiente el articulo 49 El debido proceso se aplicara a todas las actuaciones judiciales y administrativa….por lo que no se explican estas Representaciones Fiscales ¿ a que violación se refiere el Representante de la Defensa…..el apelante parece desconocer en que se diferencia LOS ELEMENTOS DE CONVICCION ; DE LAS PRUEBAS, y ,mas aun parece desconocer que el valor probatorio de los elementos de convicción ofrecidos como pruebas lo estima el Juez en funciones de juicio después de la evacuación de los elementos que se constituyen en la investigación en pruebas…”

Consta el la causa que a los imputados no solo se les leyeron sus derechos, sino que como prueba de ello existe la firma de cada uno del acta la cual consta que fueron impuesto de los derechos que los asisten tal y como lo prevé el articulo 125 del Código Orgánico Procesal Penal….”

En cuanto a que “no le mostraron una orden de allanamiento” cabe señalar que el allanamiento o autorización de visita domiciliaria cuando se debe registrar una morada, establecimiento comercial tal y como lo establece el articulo 210 del Código Orgánico Procesal Penal es decir cuando se practique un registro de domicilio y en el presente caso en ningún momento se registro domicilio alguno de los imputados…..”

Es necesario señalar que los imputados fueron presentados en el lapso legal hábil establecido en nuestra legislación, igualmente fueron asistidos jurídicamente por los abogados designados por los mismos y notificados de los cargos por los cuales se les investiga siendo informado de manera especifica y clara acerca de los hechos que se les imputan teniendo acceso a las catas que conforman la causa y disponiendo del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.

En todo momento el proceso han tenido los imputados el derecho de defensa material el cual tiene varios aspectos como son: imponerle un Juez (natural) y en presencia de un defensor….”

Adicionalmente a lo antes indicado solicitamos en cuanto a la solicitud de nulidad, que sea declarada SIN LUGAR, por cuanto de conformidad con lo establecido en el articulo 196 en su ultimo aparte del Código Orgánico Procesal Penal….”

Es oportuno indicar que el recurrente en la audiencia oral de presentación solicitaron la nulidad de las actuaciones, la cual fue declarada sin lugar por el tribunal a quo tal y como se evidencia en la decisión de fecha 17-01-2006, agotando la recurrente la vía jurídica a los fines de legitimar el presunto derecho compelido a fin de hacer eficaz su exigencia en atención a la norma Ut Supa…..”

Continuando con el pronunciamiento el apelante el mismo señala…denuncio la violación del articulo 250 numeral 2…en razón de lo antes indicados, el Ministerio Publico discurre en relación a lo que trata o pretende alegar el apelante en cuanto a que se incurrió en un exceso en la aplicación Medida privativa Judicial Preventiva de Libertad, respecto a los ciudadanos imputados G.G.X.A. y GUERRA M.L.E..

El juzgador es bastante claro y no genérico su pronunciamiento. El articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo el caso estamos en presencia de un hecho punible que merece pena Privativa Judicial Preventiva de libertad asimismo, existe fundados elementos de convicción para estimar que los imputados de autos ciudadanos G.G.X.A. Y Guerra M.L.E., son participes en la comisión de los delitos Ut Supra mencionado toda vez que rielan en las causa abundantes elementos de convicción que hacen presumir la participación activa de los mencionados imputados en la comisión de los delitos antes referidos, elementos estos los cuales fueron analizados, comparados, y adminiculados por la ciudadana jueza segunda de Control…”

De igual forma existe presunción de fuga, por cuanto la pena que podría llegarse a imponer oscila para el delito de secuestro el cual es del tenor siguiente: “articulo 460…..La pena del delito previsto en este articulo se elevara a un tercio cuando se realice contra niño….y para el delito de Agavillamiento el cual es del tenor siguiente “Articulo 286cada una de ellas será penada por el solo hecho de la asociación con prisión de dos a cinco años”…”

Ciudadanos magistrado, es bien sabido y así lo manifestó la jueza del control N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión el Tigre, que para presumir el peligro de fuga hay que tomar en consideración la pena que podría llegarse a imponer, la magnitud del daño causado….en ningún caso procede la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad cuando el delito imputado merezca pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su limite máximo…”

En el caso que nos ocupa opera la presunción del parágrafo primera del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que los delitos imputados establecen una pena para el delito de secuestro, de prisión de veinte año a treinta años. Pudiendo ser elevado en un tercio cuando se realice contra niño…y para el delito de Agavillamiento con prisión de dos a cinco años, excediendo en demasía lo establecido lo establecido en el parágrafo primero del precitado articulo

Se señala la vulneración del debido proceso visto que los artículos 130 de la ley adjetiva penal en concordancia tonel articulo 44 ordinal 1° de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela regulan, determinan, establecen las formas y medios para practicar una detención….la detención que padecieron los imputados no fue flagrante y ni o era producto de una orden judicial….”

PETITORIO

Nos adherimos en todas y cada una de las partes a la decisión emanada por el tribunal segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, extensión el Tigre….con ocasión de la realización de la Audiencia de Presentación en la cual el referido Tribunal decreto Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los imputados G.G.X.A. y GUERRA M.L. ENRIQUE….”

Se declare inadmisible por extemporáneo el Recurso de Apelación de Autos interpuesto por el Representante de la defensa abogado M.O.R. RIVERA…”

Se ratifiquen la decisión de la Jueza de Primera Instancia en funciones de Control N° 02 del Circuito Judicial penal del Estado Anzoátegui, Extensión el Tigre.

A todo evento solicitamos se declare a todo evento sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Representante de la Defensa y se ratifique la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 02 del Circuito Judicial penal del Estado Anzoátegui, Extensión el Tigre.

CAPITULO II

DE LA DECISION APELADA

El Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, mediante auto de fecha 17/01/06 emitió el siguiente pronunciamiento:

“…Vista la solicitud presentada por los abogados Y.M. AMARICUA, L.M. Y J.A. en su condición de Fiscales Auxiliar Comisionada Cuadragésima Segunda del Ministerio Publico con Competencia Plena a Nivel Nacional, Fiscal Sexto y séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui respectivamente, mediante el cual solicita se decreten MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, contra los ciudadanos X.A.G. GUTIERREZ….LUIS ENRRUQUE MARTINEZ, RONER LUIS RINCONES ODERMAN….Y RONAL MANUEL RINCONES ODREMAN…por la presunta comisión del delito de Secuestro y Agavillamiento, previsto y sancionado en el articulo 460 y 286 del Código Penal Vigente, en perjuicio de la ciudadana G.F.D.C. y el menor G.F.D.C.. Este tribunal para poder resolver sobre lo solicitado observa…en primer lugar la Representación Fiscal del Ministerio Publico Expone Pongo a disposición de este Tribunal a los ciudadanos X.A.G.G., L.E.M., R.M. RINCONEZ ODREMAN Y RONNER L.R.O., plenamente identificados en autos por la presunta comisión del delito de SECUESTRO Y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el articulo 460 y 286 del Código Penal Vigente, Realizó una enunciación de los hechos por los cuales resultaran aprehendidos los hoy imputados y solicita se decrete MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el articulo 250 ordinal 3 ello debido a la pena imponerse en sentencia definitiva por cuanto se mantenía en cautiverio a un niño menor de tres años de edad y 251 y 252 todos de Código Orgánico Procesal Penal en perjuicio de la ciudadana G.F.D.C. y el menor GIOVANNI FRIGO CATALGO….por último se le dio la palabra a la defensa abogado M.O.R., de los imputados XAVIER A GUSTO G.G.L.E.M., quien manifestó en términos generales “Solicito de este tribunal la declaración de todos y cada uno de los empleados de la panadería RIVERA…y aquellas personas que hayan sido señaladas por algunos de los imputados que se encontraban el sitio antes mencionados….igualmente solicitamos a este Tribunal se envié a la medicatura forense a los imputados antes señalado a fin de saber la lesiones que estos presentan y el grado de las mismas para determinar la responsabilidad de los funcionarios policiales que les causaron dichas lesiones y torturas tanto física como psicológicas….Solicito libertad plena de mis defendido…el abogado S.V. quien expuso…en relación a estos aspectos, concluimos en que se vulnero el debido proceso y se afectaron derechos humanos, derechos y garantía constitucionales…no consta en actas la autorización judicial para intervenciones telefónica, no consta en actas el presunto cruce de llamadas a que hizo referencia la distinguida fiscal…seguidamente y oída la exposición de las partes, en presencia de ellas y cumpliendo con todos los tramites y formalidades procesales este Tribunal de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión el Tigre administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley hace los siguientes pronunciamiento….decreta MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los imputados R.M.R.O., RONNER L.R.O., VAVIER A.G. GUTIERRE Y L.E.G.M., plenamente identificados en autos de conformidad con lo dispuesto en los 250, 251, y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal por la comisión de los delitos de SECUESTRO, AGAVILLAMIENTO previsto en los artículos 460en concordancia con el parágrafo segundo y 286 del código penal en perjuicio de la victima GIORGINA FRIGO DE CATALDO Y SU MENOR HIJO….”

CAPITULO III

DE LAS ACTUACIONES PREVIAS DE ESTA CORTE

Fueron recibidos ante esta Corte los presentes recursos en fecha 06 de Abril de 2006, dándose entrada se dio cuenta a la Juez Presidente y aceptada la distribución le correspondió la ponencia al DR. L.E. SANABRIA RODRÍGUEZ.

Por auto de fecha Once (11) de Abril de 2006, fue admitido el Recurso de Apelación, conforme al artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

CAPITULO IV

MOTIVACION PARA DECIDIR.

De autos se desprende que los recurrentes Abogados S.V. y M.O.R.R., manifiestan su disconformidad contra la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, dictada en contra de sus representados, y esta Corte a los fines de resolver sus pedimentos, y procurando mantener un orden al respecto, pasa a decidir en la forma siguiente:

El recurrente Abog. S.V., planeta su recurso de apelación englobándolo en tres denuncias, la primera se refiere a que hubo falta de imputación formal, toda vez que a sus representados no se les impuso detalladamente sobre los hechos; en su segunda denuncia, el incumplimiento de la instrumentalidad formal del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, exponiendo que no se cumplió con la acreditación de los supuestos 2° y 3° del citado artículo, basándola en violación de las formas sustanciales en que deben realizarse los actos dentro del proceso penal para su validez, alegando que se suscito una transgresión a los derechos humanos de sus defendidos, y por ello denuncia violentados el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Así mismo invoca la inmotivación del fallo apelado.

Siendo que el recurrente enfoca su actuación hacia esos tres puntos de impugnación, solicitando la nulidad o revocatoria del acto recurrido, esta Corte de Apelaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, basará su pronunciamiento únicamente a esos puntos de la sentencia que han sido impugnados.

Así las cosas, la imputación, o también llamada instructiva de cargos, no es otra cosa que la imposición que el Ministerio Público hace al detenido, de los hechos cuya participación le atribuye, expresándole sus circunstancias de comisión, la calificación jurídica provisional que le atribuye y el modo o forma en que se presume actuó en ellos, todo ello con la finalidad de que éste pueda ejercer efectivamente su derecho a defensa, consagrado en el ordinal 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esa información, es primordial para que el aprehendido pueda rendir esa primera declaración que se hace ante el juez de control, o también conocida como audiencia de presentación, ya que resultaría imposible enervar lo que se desconoce, entendiendo el derecho de defensa, como la posibilidad cierta y efectiva de poder alegar lo a bien considere la parte en resguardo de sus intereses, en igualdad de condiciones con el resto de las partes y en cualquier estado y grado del proceso.

Al respecto, esta Corte observa que del acta de presentación de fecha 16 de Enero de 2006, específicamente del folio 200, se puede leer que la Fiscalía en su intervención expresó lo siguiente:

se le sede el derecho de palabra al Ciudadano Fiscal del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial y expone: Pongo a disposición de este Tribunal a los ciudadanos…por la presunta comisión del delito de SECUESTRO Y AGAVILLAMIENTO…Realizó una enunciación de los hechos por los cuales resultaron aprehendidos los hoy imputados, y solicita se les decrete MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD…y por cuanto se mantenía en cautiverio a un niño menor de tres años de edad…

Acto seguido, a requerimiento del Abogado S.V., la representación fiscal amplió ese acto de información y en consecuencia imputó a los detenidos de autos de la manera siguiente: “ Que existe un cruce de llamado autorizado por el juez primero de control de este circuito judicial penal y los celulares de los imputados de la presente causa están vinculados con las actas policiales y son las personas que llamaban a pedir el dinero al ciudadano ANGELO FRIGO Y H.F., y la actuación de fecha 29-12-05, se observó un corola de color azul que le dijo que se devolviera porque la operación estaba abortada, y el mismo le manifestó a la división de Anti extorsión y secuestro que observó al toyota color azul y lo tripulaban los imputados, y los mismos portaban los teléfonos móviles, resultaban que esas llamadas se interrelacionaban con la persona a llamar y se incrimina con el hecho.”

Se desprende de ello que las Fiscales L.M. y Y.M.A., cumplieron con la obligación de imponer formalmente los hechos que se investigan, a los imputados de autos, en el acto de audiencia de presentación de los imputados, pudiendo éstos, junto con sus abogados de confianza, enterarse de las actuaciones investigativas cursantes en el expediente y, si así lo estimares conveniente, hacer uso del derecho de requerir de la vindicta pública la practica de actos de investigación que les favorecieran, tal y como lo prevé el artículo 305 del COPP, por lo que lo más ajustado a derecho es declarar sin lugar el presente motivo de impugnación al no estar acreditado la conculcación del derecho a la defensa invocado por el recurrente. Así se declara.

Con respecto al segundo motivo de impugnación del presente recurso, relativo al incumplimiento de los requisitos de instrumentalidad formales del artículo 250 del texto adjetivo penal, esta corte de apelaciones ha mantenido el criterio de que los mismos deben darse de manera acumulativa y que la falta de uno de uno de ellos hace inaplicable la medida de privación judicial preventiva de libertad a que se contrae dicha norma, a saber: La existencia de un hecho punible, que merezca penal corporal y cuya acción no se encuentra prescrita; variados elementos de convicción que hagan suponer que los detenidos o imputados hayan participado en la comisión de dicho acto delictivo y, finalmente, que exista la presunción de un peligro de fuga o de obstaculizar la investigación penal.

A los fines de precisar si tales requisitos se cumplieron, de la revisión de las actas cursantes a los autos, se puede evidenciar que del acta policial de fecha 15/11/05, levantada por la Sub Delegación El Tigre Estado Anzoátegui, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en el expediente H-180.086, contentiva de la denuncia realizada por el Ciudadano C. deJ.R., así como de la orden de inicio de Investigación y del acta de entrevista tomada a los Ciudadanos C.Y.P.R., J.V.C.R., Á.H.F.R., J.F.N.C. y a la misma victima G.K.F. deC., efectivamente surge la presunción fundada de la comisión de un hecho punible, por la forma en que se produce la desaparición de la Ciudadana G.K.F. deC., y de su hijo G.C.F., al ser interceptados cuando se desplazaban en su camioneta por cuatro sujetos que conducían un vehículo de color dorado, quienes se llevaron a ambos, y su posterior rescate en fecha 14 de Enero de 2006.

De igual manera de las actas de entrevistas levantadas al los ciudadanos, J.C.R., Á.H.F.R., J.R. deF. y S.Z., se dejó constancia que recibieron múltiples llamadas telefónicas de parte de personas que decían tener en su poder a la ciudadana G.F. deC. y al menor, G.C.F., requiriendo el pago de una alta suma de dinero para su liberación, por lo que todo ello, aunado, a la localización del vehículo que le fuera despojado a la victima totalmente calcinado, así como la obtención de sus objetos personales y de las comunicaciones escritas que mantuvo con su hermano A.F.R., no deja duda alguna que estamos en presencia de la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal vigente y el de agavillamiento, tipificado en el artículo 286, eiusdem, toda vez que en su realización hubo participación de varios imputados, lo que obviamente hace necesario el concierto y acuerdo de voluntades previas para su comisión

Con ello se da por demostrado o acreditado el primer requisito de instrumentalidad exigido por el artículo 250 del texto adjetivo penal

Con respecto al de múltiples elementos de convicción, que operen en contra de los imputados de autos, de la revisión exhaustiva de las actas que componen el presente recurso, se puede observar que existe un nexo de causalidad determinante entre la detención de éstos, quienes fueron aprehendidos conjuntamente mientras se disponían a abordar el vehículo toyota corola, Color azul, placas RAB-59E y la posterior liberación de los secuestrados, es decir, no cursa en autos ningún elemento de convicción que desvirtúe el hecho plasmado en dicha acta de aprehensión, que gracias a la información dada por los detenidos fue que se pudo llegar a la finca, propiedad del padre de dos de ellos, en donde se encontraban secuestrados la ciudadana G.K.F. deC. y su menor hijo, G.C.F..

Dicho elemento, se debe concatenar con el testimonio rendido por el ciudadano A.H.F.R., cursante al folio 156 de primera pieza del expediente, de fecha 14 de enero de 2006, en la cual menciona que el día pactado par la entrega de la segunda parte del pago (Bs.800.000.000), observó un vehículo corola, azul que lo siguió durante gran parte del recorrido que había sido convenido con los secuestradores, para posteriormente recibir llamada telefónica de éstos, ordenándole que se devolviera a su negocio porque la entrega había sido abortada, por lo que cuando se dirigía al mismo, pudo observar que el vehículo antes señalado estaba parado en un puesto o alcabala móvil de la Guardia Nacional, pudiendo reconocer a su conductor, ciudadano R.R., dando parte a los funcionarios del C.I.C.P.C de tal acontecimiento.

Esa información es la que genera la búsqueda del domicilio del ciudadano R.M.R.O. y culmina con la detención del citado ciudadano y el resto de las personas que lo acompañaban en el vehículo supra señalado. Por tal razón, estos elementos mencionados por la juez a quo en su decisión, conjuntamente con muchos otros, dan por demostrados el segundo requisito de procedencia del artículo 250 del COPP.

Al respecto, ha afirmado insistentemente esta alzada, que los fundamentos a que se contrae el aludido numeral 2° del artículo 250 de la norma procesal, no significa en modo alguno que esté fehacientemente comprobada la responsabilidad penal del o los imputados, ya que en principio la investigación en esta fase del proceso es apenas incipiente, amén de que tal aseveración contraria el principio de presunción de inocencia, de modo, que basta con la presencia de pistas que vinculen al imputado o imputados con el hecho que se indaga, que permitan decretar la medida cautelar, cuya única finalidad es asegurar la presencia del imputado a los actos procesales.

Con relación al tercer requisito de procedencia, el delito de secuestro tiene asignada en nuestra legislación una pena que oscila entre 20 y 30 años de prisión, por lo que estamos en presencia de la presunción legal de peligro de fuga a que se contrae el parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, amen de los daños psicológicos que causa, el que la vida de una persona esté en peligro constante, lo que se convierte en un elemento más para considerarlo como de gran magnitud, puesto que se utiliza la amenaza de la vida humana, para obtener de sus familiares, o de la misma víctima directa, un provecho económico ilegal y repudiable por la sociedad. Es por ello, que ante la gravedad del delito de mayor entidad, de los atribuidos por la representación fiscal, este juzgador estima demostrada la presunción legal de fuga a que se contrae el artículo 250 del texto procesal penal, por lo que se desestima este segundo motivo del recurso, al estar perfectamente acreditados los tres requisitos que exige la norma adjetiva para la aplicación de la medida restrictiva de libertad. Así se declara.

En lo que referente al tercer motivo del presente recurso, relacionado con violación de los derechos de los imputados, lo que conllevaría a la nulidad de las actuaciones practicadas por los organismos policiales, pues a su entender las mismas son ilegales, pues no mediaba orden judicial y además no existía orden judicial para realizar la interceptación de las llamadas, esta Corte, después de haber revisado minuciosamente las actuaciones que llevaron a cabo los cuerpos principales de investigación intervinientes, pudo constatar que las mismas fueron llevadas a cabo, como consecuencia de la comisión de un delito continuado, como lo es el delito de Secuestro, pues es este, uno de los tipos delictivos o penales de ejecución sucesiva o permanente, mientras permanezca la persona secuestrada en manos de los perpetradores de este delito, siendo así, se encuentran facultados los cuerpos policiales principales, encargados de la investigación, bajo la supervisión siempre del Ministerio Público, a realizar los procedimientos y actuaciones tendientes a ubicar y a aprehender a los posibles autores o participes, y/o a dar con el lugar o sitio de ubicación donde permanezca la persona o sujeto pasivo.

De todo ello se extrae que al momento de producirse la detención de los imputados, estos informaron a los funcionarios acerca del lugar donde permanecía la victima secuestrada, y es cuando se produce el rescate de ella y de su hijo.

De manera pues, que no existe violación de principios de rango constitucional, en la forma como se llevaron a cabo las actuaciones policiales, pues como lo establecimos up supra, la entidad del delito, el cual se encuadra dentro de la gama de los delitos continuados o permanentes, pues hasta no dar con el paradero de la o las personas secuestradas, el delito se esta cometiendo.

En tal sentido, Considera esta alzada, que las actuaciones policiales se encuentran ajustadas a derecho por llevarse a cabo para evitar la evasión de los presuntos sujetos perpetradores y, en lo atinente a la información de las llamadas recibidas por las víctimas, esto constituye un acto de investigación propio de la facultad conferida por ley al Ministerio Público, pues al no tratarse de grabación del contenido de las mismas, lo que si lesiona el derecho a la intimidad de las conversaciones, no se hace necesaria la autorización previa del juez para saber cuales números de teléfonos se han comunicado con el número que interesa en la investigación, por lo que no queda más que declarar sin lugar la petición de nulidad absoluta esgrimida por el recurrente y así se decide.

En lo que respecta a la denuncia de inmotivación del auto apelado,, considera esta alzada que con todo lo ya establecido en los puntos de impugnación anteriormente resueltos, se ha determinado que la sentencia dista de estar inmotivada, y mucho más si nos ubicamos en que en este primer acto de proceso, como lo es la audiencia de presentación del o los imputados, debe nacer en la libre convicción del Juez de Control, una presunción fundada, de la participación o la autoría de los imputados en los hechos investigados, la cual está sustentada en la motivación con la cual se da por demostrado el segundo requisito de procedencia de la medida restrictiva de libertad, en el presente recurso.

Por ello partiendo de esa premisa, considera esta alzada que lo más ajustado a derecho en es declarar sin lugar esta denuncia y así se decide.

Finalmente, esta Corte de Apelaciones, vista la denuncia hecha por el Abogado S.V., de violación a los Derechos Humanos de sus representados, en lo atinente, a las presuntas torturas o tratos inhumanos, a que supuestamente fueron sometidos, acuerda remitir copia certificada de la presente decisión a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de este Estado, a los fines de, si así lo estima conveniente, abra la correspondiente averiguación.

Por su parte, el Abogado M.O.R., fundamenta su recurso en violación al debido proceso, al haber valorado la juez a quo, actas policiales que denunció como nulas en la celebración de la audiencia de presentación; por no estar acreditado el segundo requisito de procedencia del artículo 250 del COPP y, por último, por no haberse producido la aprehensión de sus representados de manera flagrante, en consecuencia se hacía necesaria una orden judicial previa.

Habiendo delimitado los motivos de impugnación del segundo recurso, esta Corte de Apelaciones, con respecto al primer motivo, considera que ante la petición de nulidad absoluta de las actuaciones policiales, hecha por la defensa durante la celebración de la audiencia de presentación de los imputados de autos y habiendo sido desechada la misma, no existía ningún impedimento legal para que la juez a quo, emitiera su pronunciamiento con base a los elementos de convicción que previamente había estimado válidos, por haber sido obtenidos conforme a las reglas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal y las leyes aplicables a la investigación penal, por ende revestidos de licitud.

Por ello, no existe violación alguna a la garantía constitucional del debido proceso, toda vez que lo que esta prohibido por ley es basar una decisión en pruebas o actos realizados contrario a la ley, por tanto los supuestos de nulidad absoluta establecidos en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, no se encuentra presentes en esta denuncia, por lo que la misma se debe declarar sin lugar. Así se declara.

Con respecto a la falta de requisitos exigidos por el ordinal 2º del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, estima esta Corte de Apelaciones, que tal denuncia fue satisfecha con la motivación plasmada en la resolución del recurso presentado por el Abogado S.V., en donde se determinó que si existen variados y serios elementos de convicción para presumir que los detenidos de autos, tuvieron participación en los hechos imputados por la representación fiscal, por lo que se consideró que la medida restrictiva de libertad estuvo ajustada a derecho, resultando inoficioso volverse a pronunciar acerca del mismo motivo, debiéndose declarar el mismo SIN LUGAR, amparada en la fundamentación antes reseñada. Así se declara.

En cuanto al último motivo del recurso, la orden de aprehensión se hace necesaria cuando las circunstancias de la flagrancia han desaparecido o no se pueda aplicar la cuasiflagrancia, esto en los delitos donde la ejecución del mismo depende de un solo acto o de varios cometidos en un lapso de tiempo corto. No así, en el delito de secuestro, el cual ha sido definido por los juristas y por la doctrina, como de ejecución continua, vale decir, mientras no se logre la liberación del secuestrado, el mismo se está ejecutando permanentemente.

De allí, que cuando revisamos las circunstancias en las que fueron aprehendidos los imputados de autos y las unimos al hecho que, gracias a la información suministrada por ellos, se logra la liberación de los secuestrados en un lapso de horas, obviamente estamos en presencia de una detención flagrante, lo que hace inútil e innecesaria una orden previa de aprehensión, por lo que el presente motivo d impugnación debe ser declarado sin lugar. Así se declara.

En consecuencia, esta Corte de Apelaciones, con base a las fundamentaciones aquí explanadas, estima conveniente declarar SIN LUGAR los recursos de apelación presentados por los recurrentes, al estimar que la medida de privación judicial preventiva de libertad fue dictad con total apego y cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; asimismo no se evidenciaron o demostraron violaciones a los derechos y garantías de los imputados que hicieran viable la declaratoria de nulidad absoluta requerida por ellos. De igual forma se determinó que si hubo imputación de los hechos, por parte del representante de la vindicta pública y, finalmente, la detención de los imputados de autos se considera flagrante. Queda así CONFIRMADA la decisión impugnada. Así se decide.

DISPOSITIVA.

Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por, el primero por el Abogado S.V.R.; inscrito en el Inpreabogado N° 34.458, en su carácter de Defensor de Confianza de los Ciudadanos Ronner Luis y R.M.R.O., y el segundo por el Abogado M.O.R.R., Defensor de Confianza de los Ciudadanos X.A.G.G. y L.E.G.M., contra la decisión de fecha 17 de Enero de 2006, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, en la causa principal N° BP11-P-2006-000086, donde el Tribunal a quo acordó la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad a los citados Ciudadanos por estar presuntamente incursos en la comisión de los Delitos de Secuestro y Agavillamiento, cometidos en perjuicio del Ciudadano F.J.G., hoy occiso. Finalmente, vista la denuncia hecha por el Abogado S.V., de violación a los Derechos Humanos de sus representados, en lo atinente, a las presuntas torturas o tratos inhumanos, a que supuestamente fueron sometidos, acuerda remitir copia certificada de la presente decisión a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de este Estado, a los fines de, si así lo estima conveniente, abra la correspondiente averiguación.

Queda en estos términos CONFIRMADA, la decisión de Primera Instancia.

Regístrese, publíquese, déjese copia, notifíquese a las partes. Y remítase en la oportunidad correspondiente.

LOS JUECES INTEGRANTES DE LA CORTE DE APELACIONES.

EL JUEZ PRESIDENTE Y PONENTE,

DR. JAVIER VILLARROEL RODRIGUEZ.

EL JUEZ, LA JUEZ,

DR. L.E. SANABRIA RODRÍGUEZ DRA. M.G. RIVAS DE HERRERA.

LA SECRETARIA,

ABG. CELIA CHACÓN.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ANZOATEGUI.

Barcelona, 15 de Junio de 2006.

195° y 146

CAUSA N° BP01-R-2006-00082

DISIDENTE: DR. L.E. SANABRIA RODRÍGUEZ..

VOTO SALVADO

El Magistrado L.E. SANABRIA RODRIGUEZ, manifiesta su disentimiento con la mayoría de Magistrados que suscribió la antecedente decisión; por consecuencia, salva su voto con base en las siguientes razones:

El recurrente Abog. S.V., plantea su recurso de apelación englobándolo en tres denuncias la primera se refiere a la violación del principio de instrumentalidad, basándola en las formas sustanciales en que deben realizarse los actos dentro del proceso penal para su validez, alegando que se suscito una violación a los derechos humanos de sus defendidos, y por ello denuncia violentados el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, y mal pueden apreciarse estos actos realizados en contravención a lo dispuestos en el Código adjetivo penal.

En la segunda denuncia expresa que hubo falta de imputación formal de los hechos, toda vez que a sus representados no se les impuso detalladamente sobre los hechos;

Y en su tercera denuncia el incumplimiento de la instrumentalidad formal del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, exponiendo que no se cumplió con la acreditación de los supuestos 2° y 3° del citado artículo.

Siendo que el recurrente enfoca su actuación hacia esos tres puntos de impugnación, solicitando la nulidad o revocatoria del acto recurrido, quien suscribe habiendo realizado revisión previa de la causa principal, observó:

Que del acta policial de fecha 15/11/05, levantada por la Sub Delegación El Tigre Estado Anzoátegui, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en el expediente H-180.086, contentiva de la denuncia realizada por el Ciudadano C. deJ.R., así como de la orden de inicio de Investigación y del acta de entrevista tomada a los Ciudadanos C.Y.P.R., J.V.C.R., Á.H.F.R., y a la misma victima G.K.F. deC., efectivamente surge la presunción fundada de la comisión de un hecho punible, por la forma en que se produce la desaparición de la Ciudadana G.K.F. deC., y de su hijo G.C.F., al ser interceptados cuando se desplazaban en su camioneta por cuatro sujetos que conducían un vehículo de color dorado, quienes se llevaron a ambos, y su posterior rescate en fecha 14 de Enero de 2006.

Que de las actas de entrevistas levantadas a los ciudadanos, J.C.R., Á.H.F.R. y S.Z., se dejó evidencia de todos los números telefónicos con los cuales se efectuaron llamadas a los Teléfonos Celulares de cada uno de ellos, con lo cual el Ministerio Público, ordenó la relación de llamadas desde la fecha de ocurrido los hechos en adelante, siendo practicada esta actuación de investigación según acta de investigación de fecha 09/12/05, donde se dejó constancia mediante la listas respectiva, donde se especifica fecha, hora y el móvil celular de donde se realizó la llamada.

En el caso bajo estudio, el recurrente solicita la nulidad o revocatoria de la decisión apelada, pues a su entender las actuaciones policiales son ilegales, y que su detención fue ilegal pues no mediaba orden judicial y además no existía orden judicial para realizar la interceptación de las llamadas.

En tal sentido, de las actuaciones que llevaron a cabo los cuerpos policiales intervinientes, pudo constarse que las mismas fueron llevadas a cabo, como consecuencia de la comisión de un delito continuado, como lo es el delito de Secuestro, pues es este, uno de los tipos delictivos o penales de ejecución sucesiva o permanente, mientras permanezca la persona secuestrada en manos de los perpetradores de este delito.

Siendo así, se encuentran facultados los cuerpos policiales encargados de la investigación a realizar los procedimientos y actuaciones tendientes a ubicar y a aprehender a los posibles autores o participes, y/o a dar con el lugar o sitio de ubicación donde permanezca la persona o sujeto pasivo.

De tal forma pues que la practica de la detención en todo caso se llevó a cabo bajo esa premisa, estimando el disidente que tal actuación esta amparada en la excepción contenida en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que considera que con relación a esta primera denuncia no asiste la razón al Defensor Privado recurrente.

Por todo ello, no existe violación de principios de rango constitucional, en la forma como se llevaron a cabo las actuaciones policiales, pues como lo establecimos up supra, la entidad del delito, el cual se encuadra dentro de la gama de los delitos continuados o permanentes, la excepción prevista en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, opera paralelamente, pues hasta no dar con el paradero de la o las personas secuestradas, el delito se esta cometiendo.

Prosiguiendo ahora con el Recurso de Apelación, tenemos que al Abogado S.V., expone como punto de impugnación la falta de imputación formal de los hechos a sus representados.

Al respecto, se observa que del acta de presentación de fecha 16 de Enero de 2006, específicamente del folio 200, se puede leer que la Fiscalía en su intervención expresó lo siguiente:

se le sede el derecho de palabra al Ciudadano Fiscal del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial y expone: Pongo a disposición de este Tribunal a los ciudadanos…por la presunta comisión del delito de SECUESTRO Y AGAVILLAMIENTO…Realizó una enunciación de los hechos por los cuales resultaron aprehendidos los hoy imputados, y solicita se les decrete MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD…y por cuanto se mantenía en cautiverio a un niño menor de tres años de edad…

Se desprende de ello que las Fiscales L.M. y Y.M.A., impusieron formalmente los hechos que se investigan a los imputados de autos, en el acto de audiencia de presentación de los mismos, así como lo realizó el Tribunal a quo, por lo que lo más ajustado a derecho es declarar sin lugar este segundo punto de impugnación||.

Continuando con la solución del recurso incoado, tenemos que el recurrente, en su tercer punto de impugnación, denuncia el incumplimiento de los numerales 2° Y 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, pues da por existente el hecho punible que se investiga.

En el presente caso, analizaremos tanto la causa principal como el cuaderno separado, donde encontramos la decisión recurrida, que este disidente examinará solo en los puntos que fueron impugnados, vale decir, la consideración, por parte de la recurrente, de que no existen fundados elementos de convicción, para estimar que los imputados son autores o partícipes de la comisión de los delitos de Agavillamiento y Secuestro, que se señalan cometidos en detrimento de la ciudadana G.F. deC. y su menor hijo G.C..

Habiendo delimitado lo anterior, el artículo 250 de la norma adjetiva penal venezolana, exige al Juez de Control el análisis previo de lo planteado en la audiencia para oír a la persona o personas, que estas siendo presentadas ante él, revisando si están dados los supuestos que la podrían hacer merecedora de la medida que esta siendo solicitada por el titular de la acción penal, determinado si esa medida es procedente, ante los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, de donde debe emerger su convencimiento que se cumplen los tres supuestos de la citada norma adjetiva penal, ya que de lo contrario, debe hacer prevalecer los derechos y garantías constitucionales de esa persona o personas que le están siendo presentadas.

Dentro de los supuestos que el Juez de Control, debe verificar su cumplimiento, se encuentra primero determinar la existencia de un hecho punible cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita. Con relación a ello, este no es controvertido por el hoy recurrente, quien acepta la existencia de ese hecho, al producirse la desaparición de la Ciudadana G.F. deC. y su hijo G.C.F., tal como queda demostrado en las actas procesales.

El Otro supuesto a ser determinado es la existencia de Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible.

Con relación a este Supuesto, debe revisarse la sentencia apelada, a los fines de analizar cuales fueron esos elementos de convicción, que estudiados por el Juez a quo, hicieron nacer en él, la certeza de que los imputados de autos presuntos autores o participes del delito de Secuestro y Agavillamiento, que le son atribuidos por el Ministerio Público.

Así tenemos que en su decisión, el Juez a quo, obtuvo su determinación de una serie de elementos que fue enumerando uno a uno, hasta llegar al número 68.

Observa quien suscribe, que el Tribunal de instancia no hace mayor análisis de esos 68 actuaciones, los cuales son definidos por ese órgano, como elementos de convicción, ni expresa como cada uno de esos elementos de convicción relacionan a los imputados en los tipos penales investigados, es decir, no establece fundadamente cual de esas actuaciones policiales, la llevo a concluir que efectivamente los Ciudadanos R.M.R.O., Ronner L.R.O., X.A.G.G. y L.E.G.M., son autores o participes de los delitos antes mencionados, y de que forma o grado lo son.

En este sentido, es importante traer a colación que cuando la disposición contenida en el artículo 250 de la norma adjetiva penal venezolana, establece que el Juez de Control, competente para decidir la solicitud Fiscal de imponer a un determinado Imputado, la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, se le exige decidir fundadamente tal pedimento, ello de ningún modo quiere decir, que fundamentar o razonar, es hacer una sencilla enumeración de los elementos de convicción que acompaña el Fiscal del Ministerio Público, con su requerimiento.

Fundamentar, exige una evacuación lógica, razonada y muy bien analizada de cada situación en contrato, y en este caso en particular, comprende el análisis de esos elementos de convicción para determinar la procedencia de la medida de coerción solicitada.

Con base a lo antes expuesto, estimo que el Tribunal a quo no cumplió de forma acuciosa, con el mandato legal previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y por cuanto la inmotivación también es denunciada por ambos recurrentes, lo ajustado era declarar la nulidad del fallo atacado por INMOTIVADO.

En virtud de lo anterior, del análisis de las actas de investigación, específicamente del acta policial de fecha 14 de Enero de 2006, que corre inserta a los folios 118, 119 y 120, de la causa, en ella se deja constancia de la aprehensión de los imputados, donde los funcionarios policiales actuantes, hacen constar que estos conducían un vehículo que reunía las características de un vehículo señalado en actas anteriores, que al revisar el vehículo amparados en el artículo 207 del Código Orgánico Procesal Penal, incautándoles los móviles celulares 0414-849-79-72, 0414-041-30-86, 0414-841-81-81, 0414-826-67-45 y 0414-845-69-04, los cuales tal y como lo hace constar la comisión policial en dicha acta, resultaron ser las mismas que interrelacionan con el móvil 0414-754-56-57, incriminado en el hecho. Y además aduce la comisión policial que los aprehendidos al verse identificados como participes directos en este caso, ya en horas de la madrugada conminaron a la comisión a trasladarse hasta la finca virgen del valle propiedad del progenitor de dos de los ciudadanos detenidos, siendo este el lugar donde se produce el hallazgo de la secuestrada y su menor hijo.

Revisadas las demás actuaciones, de ellas se desprende, que los únicos elementos de convicción que relacionan a los imputados con el hecho en si, son por un lado, lo expuesto por los Funcionarios actuantes en su detención, y por otro lado el lugar del hallazgo de la Ciudadana secuestrada, pues esta Finca es propiedad del progenitor de los hermanos Rincones Odreman.

Por todo lo antes expuesto, quien suscribe estima que lo mas ajustado a derecho era anular la sentencia apelada por inmotivada al no estar fundamentada y decretar la libertad bajo medidas cautelares sustitutivas a los ciudadanos R.M.R.O., Ronner L.R.O., X.A.G.G. y L.E.G.M., imponiéndoles específicamente las medidas de presentación cada 8 días ante la Oficina de Alguacilazgo de El Tigre, prohibición de salida de la jurisdicción del Tribunal de la causa y de acercarse a la victimas del presente proceso, todo ello conforme a los Ordinales 3°, 4° y 6° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Conforme a lo decidido, considera esta quien suscribe que es inoficioso pronunciarse sobre los demás pedimentos formulados por ambos recurrentes.

Queda así planteado el voto salvado, dentro del lapso previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

LOS JUECES INTEGRANTES DE LA CORTE DE APELACIONES.

JUEZ PRESIDENTE Y PONENTE,

DR. JAVIER VILLARROEL RODRIGUEZ.

LA JUEZ EL JUEZ DISIDENTE.

DRA. M.G. RIVAS DE HERRERA DR. L.E. SANABRIARODRIGUEZ.

LA SECRETARIA

ABG. CELIA CHACON.