Decisión nº 1E-049-08 de Tribunal Primero de Ejecución Los Teques de Miranda, de 30 de Enero de 2009

Los Teques, 30 de enero de 2009

198° y 149°

CAUSA No. 1E-049/08

JUEZ: YANETT RODRÍGUEZ CARVALHO

SECRETARIO: VÍCTOR GARCÍA

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Fiscal Décimo del Ministerio Público con competencia en régimen penitenciario y ejecución de sentencias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

PENADA: I.J.M.F., venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, nacida el día dieciséis (16) de diciembre del año mil novecientos setenta y seis (1976), hija de G.F. y J.M., titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, con grado de instrucción bachiller, de profesión u oficio estudiante, y con último domicilio en La Matica, sector Vuelta Larga, calle S.D., casa sin número, Municipio Guaicaipuro, Estado Miranda.

DEFENSA: Dr. R.A.M., adscrito a la Unidad de Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques.

DELITO: COAUTORÍA EN EL TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con el artículo 83 del Código Penal.

Visto que de la revisión de las actuaciones que integran la causa seguida en contra de la ciudadana I.J.M.F., titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, se evidencia que en cómputo de pena último practicado por este órgano jurisdiccional, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil ocho (2008) y cursante a los folios ciento sesenta y cinco (165) al ciento ochenta y cuatro (184) de la tercera pieza del expediente, se determinó, de conformidad con el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, como fecha a partir de la cual opta la precitada penada a la medida de “destino a establecimiento abierto” o “régimen abierto”, la del doce (12) de diciembre del año dos mil ocho (2008), y siendo que previo al arribo de tal data fue solicitada para su concesión u otorgamiento, por la persona de la ciudadana I.J.M.F., forma de libertad anticipada, ejerciendo así, la penada, el derecho que en tal sentido le asiste y que expresamente prevé el artículo 478 eiusdem; corresponde, por tanto, a este Tribunal de primera instancia en función de ejecución, en la facultad que le confieren los artículos 64, último aparte, 479, numeral 1, y 531, ibidem, y dado que riela a los autos la documentación necesaria para pronunciarse respecto de la procedencia o no de la ut supra mencionada medida de libertad anticipada, emitir decisión, lo cual hace previa las consideraciones siguientes:

I

DE LA CAUSA

En fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil siete (2007), ante presentación que de los ciudadanos I.J.M.F., NILVIZ R.M.C. y J.A.G.R., titulares de las cédulas de identidad personales números V-13.405.556, V-14. 850.208 y V-16.147.475, respectivamente, hiciera el Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en audiencia realizada por el Tribunal de primera instancia en función de control, No. 06, con sede en la ciudad de Los Teques, se pronunció la juzgadora calificando la flagrancia de la aprehensión que de los referidos ciudadanos practicaran funcionarios policiales, a la vez que acordó proseguir el proceso por la normativa del procedimiento ordinario, decretando, asimismo, llenos como se encontraran los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la detención judicial preventiva de los imputados en cuestión, librando, en consecuencia, las boletas de encarcelación respectivas.

En fecha veinte (20) de diciembre de igual año, presentada como fuere acusación fiscal en contra de los ciudadanos encausados, como acto conclusivo de la investigación, se llevó a cabo ante el Tribunal en función de control en comento, el acto procesal de la audiencia preliminar, siendo que en tal acto emitió pronunciamiento la Juzgadora admitiendo parcialmente la acusación del Ministerio Público, siendo que ante admisión de los hechos expresada espontánea y voluntariamente por la acusada, con solicitud consiguiente de imposición de pena respectiva, con la disminución establecida en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, procedió entonces el Tribunal, en aplicación del procedimiento especial de admisión de los hechos, a condenar a la persona de la ciudadana I.J.M.F., a la pena de cuatro (04) años de prisión, por ser coautora en el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con el artículo 83 del Código Penal, así como condenando a la ciudadana en cuestión a las penas accesorias establecidas en el artículo 16 eiusdem.

En fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil ocho (2008), definitivamente firme como quedara la referida sentencia condenatoria, este Tribunal de primera instancia en función de ejecución, No. 01, con sede en la ciudad de Los Teques, entonces a cargo del Dr. R.R.A., procediendo de conformidad con la normativa adjetiva penal patria acordó la ejecución del pronunciamiento judicial, practicando, en consecuencia, el cómputo de pena correspondiente, sin embrago, por cuanto en revisión realizada a tal cómputo de pena practicado por este órgano jurisdiccional se constató error en el mismo, particularmente en las fechas de cumplimiento de las penas, principal y accesorias, así como en las correspondientes a las opciones para la penada de concesión de medidas de libertad anticipada y conmutación del resto de la pena por confinamiento, en consecuencia, dada la obligación de corrección del error advertido y en la facultad que confieren al Tribunal de primera instancia en función de ejecución, los artículos 64, último aparte, 479 y 531, todos del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 482 eiusdem, reformó la Juez suscrita, por tanto, en data veinticinco (25) de febrero del mismo año, el cómputo de pena primeramente practicado en el caso sub exámine, precisándose en el mismo las fechas de cumplimiento de las penas, principal y accesoria, considerando para ello la fecha de detención de la condenada, a saber, el veinticuatro (24) de octubre del año dos mil siete (2007), fijando, además, las datas a partir de las cuales opta la penada en cuestión a las distintas medidas de libertad anticipada.

En fecha veintinueve (29) de julio de igual año, por cuanto ese mismo día dictó decisión este Juzgado declarando a favor de la penada en comento una redención de pena por tiempo de dos (02) meses, once (11) días y doce (12) horas, se procedió, en consecuencia, a la práctica de nuevo cómputo de pena atendida la nueva circunstancia, modificándose, por tanto, el que fuera por último elaborado, precisándose así, en el nuevo cómputo, la fecha de cumplimiento de las penas, principal y accesoria, así como las datas de opción para la condenada respecto de las distintas medidas de pre-libertad, quedando plasmado tal cómputo en los términos siguientes:

…(omissis)… Por las razones antes expuestas, este Tribunal de primera instancia en función de ejecución, No. 01, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, en la competencia que le atribuyen los artículos 64, en su último aparte, 479 y último aparte del 531, todos del Código Orgánico Procesal Penal, reforma, de conformidad con el último aparte del artículo 482 eiusdem, y en razón de nuevas circunstancias advertidas por redención de pena declarada en este día a favor de la penada, cómputo de pena practicado por este órgano jurisdiccional en data veinticinco (25) de febrero del año dos mil ocho (2008), haciéndolo en los términos siguientes:

PRIMERO: Se determina que la ciudadana I.J.M.F., titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, lleva privada de su libertad, a la fecha, y desde la data de su detención, un tiempo de NUEVE (09) MESES y CINCO (05) DÍAS, pero siendo que en el día de hoy, veintinueve (29) de julio de este año dos mil ocho (2008), de conformidad con los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, emitió pronunciamiento este órgano jurisdiccional declarando la redención de la pena de la ciudadana en cuestión por un tiempo de DOS (02) MESES, ONCE (11) DÍAS y DOCE (12) HORAS, es por lo que, adicionando ello al tiempo previamente precisado en cuanto a privación de libertad, se advierte que la persona de la condenada ha cumplido para la presente fecha, ONCE (11) MESES, DIECISEIS (16) DÍAS y DOCE (12) HORAS, faltándole por cumplir, de la pena principal de prisión de CUATRO (04) AÑOS que le fuera impuesta, TRES (03) AÑOS, TRECE (13) DÍAS y DOCE (12) HORAS, siendo entonces que la pena principal concluye en fecha doce (12) de agosto del año dos mil once (2011), a las doce horas del mediodía (12:00 M.). SEGUNDO: Habiendo resultado condenada, asimismo, la ciudadana I.J.M.F., antes identificada, a cumplir la pena accesoria de inhabilitación política durante el tiempo de la pena, prevista en el artículo 16 del Código Penal, se determina, por tanto, como fecha de culminación de la referida pena accesoria, el día doce (12) de agosto del año dos mil once (2011), a las doce horas del mediodía (12:00 M.).TERCERO: En relación a la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, desde que ésta termine, establecida en el aludido artículo 16 sustantivo penal, se desaplica la misma en estricto acato este Tribunal en función de ejecución de fallo que con carácter vinculante para todos los jueces de la República profiriera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil siete (2007), con ponencia de la Magistrada Dra. C.Z.D.M., en expediente número 03-2352 (caso: A.C.S.), en el que se introduce un cambio de criterio en relación a la doctrina asentada respecto de la desaplicación de los artículos 13, numeral 3, y 22, ambos del Código Penal, y que concierne a la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, siendo afirmado tal carácter vinculante del fallo en comento en decisión dictada por la aludida Sala en fecha veintiuno (21) de febrero del corriente año dos mil ocho (2008), con ponencia del Magistrado Dr. M.T.D.P., (caso: L.M.G.M.), en expediente número 07-1653; no queda entonces la persona de la penada, ciudadana I.J.M.F., ut supra identificada, sujeta al cumplimiento de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad por la quinta parte del tiempo de la condena una vez terminada la principal. CUARTO: Considerando que la persona de la penada I.J.M.F., titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, fue condenada a la pena principal de cuatro (04) años de prisión, con ocasión de la aplicación del procedimiento especial por admisión de los hechos establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, y siendo que el legislador patrio previó entre los requisitos para la procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, específicamente en el último aparte del artículo 493 eiusdem, que en caso de condena por aplicación de tal procedimiento especial no exceda la pena impuesta a los tres (03) años, se determina, en consecuencia, no poder optar la ciudadana I.J.M.F. a la fórmula alternativa de cumplimiento de pena de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. QUINTO: De conformidad con el encabezamiento del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, y atendidas las circunstancias particulares del caso de marras, optará la persona de la condenada, ciudadana I.J.M.F. a la forma alternativa de cumplimiento de pena de trabajo fuera del establecimiento o destacamento de trabajo, a partir del día doce (12) de agosto del año dos mil ocho (2008) a las doce horas del mediodía (12:00 M.). SEXTO: Atendido el tenor del primer aparte del artículo 500 del instrumento adjetivo penal patrio, y habiendo sido impuesta en sentencia condenatoria proferida en contra de la ciudadana I.J.M.F., titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, la pena principal de CUATRO (04) AÑOS de prisión, la tercera (1/3) parte de ésta equivale a UN (01) AÑO y CUATRO (04) MESES, por lo que, considerado este tiempo así como el que fuera redimido a la condenada a efectos del cumplimiento de pena, en decisión proferida por este Tribunal en el día de hoy, veintinueve (29) de julio del corriente año, opta la precitada condenada al beneficio de destino a establecimiento abierto o régimen abierto, a partir del día doce (12) de diciembre del año dos mil ocho (2008) a las doce horas del mediodía (12:00 M.). SÉPTIMO: De acuerdo con el segundo aparte del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, al corresponder a DOS (02) AÑOS y OCHO (08) MESES las dos terceras partes de la pena principal impuesta a la ciudadana I.J.M.F., y estimada, asimismo, la redención de pena declarada por este órgano jurisdiccional a favor de la precitada condenada, podrá optar la misma a la libertad condicional como fórmula alternativa de cumplimiento de la pena, desde el día doce (12) de abril del año dos mil diez (2010) a las doce horas del mediodía (12:00 M.). OCTAVO: Se determina que, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Código Penal y de acuerdo al lapso de tiempo de pena redimida a la ciudadana I.J.M.F., titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, en su condición de condenada, podrá la misma solicitar la conmutación del resto de la pena en la de relegación a una colonia penitenciaria por el mismo tiempo o el confinamiento por un tiempo igual al que resta de la pena, con aumento de una tercera parte, a partir del día doce (12) de agosto del año dos mil diez (2010) a las doce horas del mediodía (12:00 M.). NOVENO: En observancia y aplicación de lo dispuesto en el artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal, atendida la data de detención de la ciudadana I.J.M.F., será computado el tiempo redimido, por estudio y/o trabajo, de ser tal el caso, desde el momento en que la precitada penada comenzó a cumplir la condena, lo cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 484 ibidem, corresponde al día veinticuatro (24) de octubre del año dos mil siete (2007), quedando entendido que no podrá considerarse de nuevo el tiempo que ya fuera así estimado a efectos de la redención de pena que en el día de hoy, veintinueve (29) de julio del corriente año dos mil ocho (2008) declarara respecto de la penada I.J.M.F., este órgano jurisdiccional. DÉCIMO: En cuanto a la determinación del lugar en que debe cumplir la pena la ciudadana I.J.M.F., ut supra identificada, corresponde tal designación al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, precisando este Tribunal en función de ejecución que, de acuerdo a las actuaciones cursantes al expediente, para los actuales momentos se encuentra recluida la ciudadana en comento en el Instituto Nacional de Orientación Femenino (I.N.O.F.), ubicado en la ciudad de Los Teques…(omissis)…

En igual fecha, siendo que se advierte con las nuevas precisiones contenidas en el cómputo de pena por último practicado que la persona de la penada optaba por la medida de trabajo fuera del establecimiento desde el día doce (12) de agosto de igual año, dictó auto este órgano jurisdiccional acordando iniciar el trámite de acopio de documentación necesaria para proferir decisión de otorgamiento o no del beneficio, en consecuencia, se libró, entre otros, oficio número 866/2008 a la Directora de Reinserción Social del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia a efectos de ser evaluada la penada por equipo técnico en cuanto a su posibilidad de sujeción o no a medida de pre-libertad.

En fecha ocho (08) del mes de agosto del año en comento, en comparecencia a la sede del Tribunal, previo traslado desde el Instituto Nacional de Orientación Femenino (I.N.O.F.), fue notificada la penada en cuestión de la decisión declarando redención judicial de la pena por el trabajo, así como de cómputo de pena último practicado en el asunto seguido en su contra, así como también se hizo de su conocimiento trámite iniciado de oficio por el Tribunal en relación a su opción a medida de libertad anticipada, oportunidad en la cual la ciudadana I.J.M.F. solicitó serle concedido beneficio manifestando expreso compromiso de dar estricto y cabal acato a las obligaciones que puedan serle impuestas con ocasión del otorgamiento de la medida de pre-libertad.

En fecha seis (06) de octubre del año en mención, recibe este órgano jurisdiccional, mediante oficio librado por la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (I.N.O.F.), y signado con el número 1360/07 (sic), constancia de conducta concerniente a la persona de la ciudadana I.J.M.F., en cuyo tenor queda señalado lo que se transcribe de seguidas: “…(omissis)…Los Miembros de la JUNTA DE CONDUCTA del INSTITUTO NACIONAL DE ORIENTACIÓN FEMININA (sic), reunidos en fecha: 16/09/2008, hace constar por medio de la presente que la interna: I.J.M.F., titular de la Cédula de Identidad ó (sic) Pasaporte N° V-13.405.556, quien desde su ingreso a este establecimiento Penitenciario (sic) observándose Conducta: BUENA. Constancia que se expide a petición de parte interesada, a los Dieciséis (16) días del mes de SEPTIEMBRE de DOS MIL OCHO. Mgs. I.G. (firma ilegible) Directora. Abg. A.F. (firma ilegible) Asesora Jurídica. Lic. CLARA LOVERA (sin firma) Trabajadora Social. Dra. N.N. (firma ilegible) Psiquiatra. Pbro. M.M. (firma ilegible) Capellan. Lic. JUAN CARLOS OLIVARES (sin firma) Psicólogo…(omissis)…”

En data siete (07) de igual mes, se recibe en este Tribunal, previa solicitud realizada mediante oficio a la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, comunicación suscrita por el Jefe de tal División, y datada diez (10) de septiembre del año dos mil ocho (2008), en la que se indica en cuanto a requerimiento de registro contenido en los archivos llevados por tal Oficina, concerniente a la ciudadana I.J.M.F., titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, registrar la precitada como antecedente penal únicamente el concerniente a la condena proferida en su contra por el Tribunal de primera instancia en función de control, No. 06, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil siete (2007), mediante la cual se le impuso pena de cuatro (04) años de prisión por la comisión del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

En fecha ocho (08) del mismo mes de octubre, recibe este Tribunal de primera instancia en función de ejecución, por consignación realizada por pariente de la penada, el día cinco (05) inmediato anterior, en la Oficina de servicio de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, oferta de trabajo a la condenada en comento, realizada tal oferta por la ciudadana O.C.F., Presidenta de la sociedad mercantil “INVERSIONES NAYFRE, S.R.L.”, ofrecimiento laboral este para el desempeño de la ciudadana I.J.M.F. como secretaria, en horario de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., encontrándose ubicado el establecimiento comercial en la Parroquia San Juan, en Caracas, específicamente en el apartamento número 162, piso 16, de la Residencia Mil Centro, ubicado en la esquina Palo Grande de la Avenida San Martín.

En data doce (12) de enero del corriente año dos mil nueve (2009), mediante oficio número 005/09, el Jefe de la Oficina de servicio de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede remite a este órgano jurisdiccional, en respuesta a comisión que le fuera encomendada por la vía escrita, informe elaborado por funcionario alguacil designado para la constatación de la oferta laboral presentada a favor de la ciudadana I.J.M.F., leyéndose en el tenor del informe en cuestión haberse constatado la existencia del inmueble donde funciona la empresa “INVERSIONES NAYFRE, S.R.L.”, y de su efectiva operatividad, indicando haber sostenido entrevista con la ciudadana O.C.F., titular de la cédula de identidad número V-06.048.678, quien reconoció como suya la firma que suscribe la oferta laboral consignada al Tribunal y haber expresado mantener vigente tal ofrecimiento de trabajo por requerir de personal para la empresa.

En el día de ayer, veintinueve (29) de enero del año dos mil nueve (2009), recibe este Tribunal en función de ejecución, procedente del Centro de Evaluación y Diagnóstico de la Coordinación Regional Integral Región Capital, de la Dirección de Reinserción Social, Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, oficio signado con el número 0103/09, fechado veintidós (22) del mismo mes, mediante el cual se remite anexo informe técnico, suscrito por la Psicólogo C.G. SERRANO, la Trabajadora Social, Y.A., y la abogada C.S., en cuanto a evaluación psico-social realizada en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil ocho (2008) a la penada, ciudadana I.J.M.F., precisándose en tal informe particulares atinentes al aspecto psico-social, diagnóstico criminológico, pronóstico, conclusiones y sugerencias, emitiendo el equipo técnico en cuestión opinión favorable para el otorgamiento de la medida de libertad anticipada a la persona de la precitada condenada, indicándose al respecto lo siguiente:

“…(omissis)…EVALUACIÓN PSICOSOCIAL:…(omissis)…es la mayor de cuatro hermanos concebidos en unión concubinaria de la progenitora. El proceso socializador transcurrió en familia estructurada, de escasos recursos económicos donde ambos padres fijaban normas y valores en forma convencional, cuando ella tenía 17 años el padre abandona el hogar y la madre asume la conducción del mismo ingresando en el área laboral como camarera en el Hospital “Domingo Luciani” (El Llanito), recibieron ayuda económica por parte de tíos maternos. A los 19 años abandonó el hogar para establecerse con su novio. Ingresa al proceso educativo a la edad reglamentaria hasta aprobar el bachillerato en Ciencias en el año 1995, realiza cursos de Contabilidad y Computación (sic). Se inicia en el área productiva a los 22 años en Centro de Comunicación en Atención al Cliente durante 4 años, posteriormente Encargada (sic) en Agencia (sic) de lotería por 2 años, luego labores del hogar al cometer el ilícito. Sostiene relación desde hace 12 años con el Sr. A.A. y 3 descendientes, relación estable, él se encarga de cuidar a los hijos. No reporta hábitos adictivos y bebidas alcohólicas en forma eventual. En relación al delito, admite su participación alegando que (vb) “estábamos necesitados de dinero…mi esposo me peleaba mucho por el dinero fácil…no pensé”. Se observa movilizada ante la sanción legal y la experiencia carcelaria manifestando (vb) “la falta que le hago a los hijos y a la familia…darle el apoyo a mi familia…amor perdido…ellos lloran mucho”. Está recluida en el I.N.O.F. desde el 24-10-07 acatando las normas y exigencias del penal, realizando actividades de Corte y Costura (sic), así mismo, es integrante de la Orquesta Sinfónica en la especialidad de violín, posee redención de 2 meses y 13 días, ha confrontado problemas de salud, Operación (sic) de seno el 27-07-08 expuesto en expediente carcelario. Posee proyecto de vida acorde con la realidad social enfocado en retomar los estudios, darle calidad a la familia y recuperar el tiempo perdido. El apoyo familiar está representado por la hermana, Sra. Yulvia Méndez, quien en todo momento se mostró solidaria con ayudar a la reinserción social de la hermana, brindándole apoyo moral, económico y habitacional. Se observa apoyo incondicional e irrestricto. Para el momento actual de la evaluación psicológica, impresiona sujeto femenino de apariencia ordenada y limpia acorde a su edad cronológica. Actitud atenta, amable y colaboradora. De conciencia vigil y orientada en los tres planos (persona, tiempo y espacio). Lenguaje espontáneo, fluido y coherente. De pensamiento espontáneo e ideas normovaloradas. Atención, concentración y memoria impresionan sin alteraciones aparentes. De ánimo y humor resonante, congruente a las manifestaciones motoras y verbales correspondientes. Impresiona capacidad de juicio y autocrítica. Nivel de inteligencia promedio normal, con capacidad de análisis y sin encerrarse excesivamente en moldes lógicos de los procesos del pensar, dejando un margen para el desarrollo de la inhibición. De flexible y adecuada adaptación a situaciones nuevas. No reporta sensopercepciones (visuales, auditivas ni táctiles). Con características de personalidad egocéntrica y tímida, tiende a inhibirse y retraerse frente al miedo actual manteniéndose cautelosa. Tiende a evadir con la fantasía resultante de querer mantener el control a través de factores externos (locus de control externo). De formación reactiva frente a marcados sentimientos de ansiedad e inadecuado manejo de los mismos. Excesivo nivel de aspiraciones y falta de control de las mismas. En ocasiones tiende a reprimirse o a responder hostilmente al medio externo que le rodea. Emocionalmente lábil en sus afectos, inmadura e insegura, tiende a responder con dificultad en sus interacciones sociales, sin lograr el adecuado equilibrio emocional, con tendencia a tolerar las frustraciones. Tiende a la búsqueda y necesidad de afectos y de protección social. Actualmente se siente inadaptada y/o rechazada, respondiendo con sentimientos de inferioridad a los requerimientos del ambiente. Busca ser más extrovertida, para la realización y logro de sus metas y deseos. No se encontraron indicadores de compromiso orgánico, ni signos de patología significativos. Presenta desajustes emocionales y perturbaciones de la personalidad que pueden ser pasajeros ocasionados por su circunstancia intramuros actual. Referente al delito, la penada muestra capacidad de autocrítica y reflexión al daño social ocasionado, lo que indica que el tiempo de reclusión ha causado el efecto reflexivo esperado parta un cambio de su comportamiento en el proceso de adaptación. IV. DIAGNÓSTICO CRIMINOLÓGICO: La evaluada se involucra en el hecho delictivo como consecuencia del bajo nivel socionormovalorativo donde prevalece el facilismo e inmediatismo sin prever las consecuencias negativas de la acción. En la actualidad se observa intimidada ante la sanción legal y está motivada al cambio conductual y evitar situaciones similares riesgosas. V. PRONÓSTICO: El Equipo Técnico emite opinión Favorable al otorgamiento de la medida solicitada, ya que ha aprendido de la experiencia, acata figura de autoridad, disposición al cambio, metas de superación y cuenta con apoyo externo consistente. VI. CONCLUSIÓN: Sobre la base del estudio psicosocial realizado, el Equipo Técnico emite opinión FAVORABLE al otorgamiento de la medida solicitada. VII. SUGERENCIAS: *Incentivarla a retomar área educativa. * Supervisar grupos de pares...(omissis)…” (resaltado del Tribunal)

En el mismo día de ayer, veintinueve (29) de enero, se apersona a la sede del Tribunal, previa citación, la ciudadana O.C.F., titular de la cédula de identidad personal número V-06.048.678, en su carácter de Presidenta de la empresa “INVERSIONES NAYFRE, S.R.L.”, informando en entrevista con la Juez suscrita haber realizado ciertamente ofrecimiento de trabajo a la penada en tal sociedad de responsabilidad limitada, aunado a precisar particulares tales como jornada laboral para la ciudadana I.J.M.F. y actividad a desempeñar, suministrando, asimismo, la persona de la ofertante, dirección exacta del lugar de funcionamiento de la Compañía y del objeto de la misma.

Y, por último, en diversos apersonamientos realizados por la Juez suscrita al Instituto Nacional de Orientación Femenino (I.N.O.F.), en cumplimiento de obligación expresa prevista en el numeral 3 del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado a sostener entrevista con la penada en comento hizo revisión de los folios contenidos en el respectivo expediente carcelario, no revelando éstos situación de conducta contraria a la normativa interna por parte de la ciudadana en cuestión, por el contrario, denota buen comportamiento, lo cual fuera ratificado en diversas ocasiones por las autoridades del recinto.

II

DE LA NORMATIVA PATRIA

Relacionadas como han sido determinadas actuaciones que rielan al presente expediente contentivo de la causa seguida a la ciudadana I.J.M.F., titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, se impone, en consecuencia, la necesidad de ser precisada la normativa vigente que regula la materia concerniente a la medida de pre-libertad a la cual, para esta fecha, opta la persona de la precitada condenada, y que debe aplicarse al caso de marras a efectos de emitir pronunciamiento este Juzgado en cuanto a la procedencia o no de la medida de “destino a establecimiento abierto” o “régimen abierto”; en tal sentido, el Código Orgánico Procesal Penal en su texto publicado en fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil seis (2006), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.536, prevé en el Libro Quinto, intitulado “De la Ejecución de la Sentencia”, disposiciones generales relativas a la competencia del Tribunal en funciones de ejecución, los derechos que asisten al condenado en esta fase de cumplimiento de pena, el procedimiento a seguir por el órgano jurisdiccional en lo que al cómputo y los incidentes que se presenten respecta, así como también contempla normas particulares atinentes a la ejecución de la pena, la fórmula alternativa de cumplimiento de la misma, las formas de libertad anticipada y la redención de la pena por el trabajo y el estudio; disposiciones que rezan lo siguiente:

Artículo 478. Defensa. El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, todos los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y reglamentos le otorgan.

En el ejercicio de tales derechos el penado podrá solicitar por ante el tribunal de ejecución la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de la pena y la redención de la pena por el trabajo y el estudio, conforme a lo establecido en este Código y en las leyes especiales que no se opongan al mismo (resaltado del Tribunal).

Artículo 479. Competencia. Al tribunal de ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia, conoce de:

1. Todo lo concerniente a la libertad del penado, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena;

2. La acumulación de las penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona;

3. El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. A tales fines, entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control…(omissis)…(resaltado del tribunal)

   Artículo 482. Cómputo definitivo. El tribunal de ejecución practicará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cualquiera de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la misma y la redención de la pena por el trabajo y el estudio.

   La resolución se notificará al Ministerio Público, al penado y a su defensor, quienes podrán hacer observaciones al cómputo, dentro del plazo de cinco días.

   El cómputo es siempre reformable, aún de oficio, cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo hagan necesario (resaltado del Tribunal).

   Artículo 483. Incidentes. Los incidentes relativos a la ejecución o a la extinción de la pena, a las fórmulas alternativas de cumplimiento de la misma, y todos aquellos en los cuales, por su importancia, el tribunal lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral y pública, para la cual se notificará a las partes y se citará a los testigos y expertos necesarios que deban informar durante el debate. En caso de no estimarlo necesario, decidirá dentro de los tres días siguientes, y contra la resolución será procedente el recurso de apelación, el cual deberá ser intentado dentro de los cinco días siguientes, y su interposición no suspenderá la ejecución de la pena, a menos que así lo disponga la corte de apelaciones.

   Artículo 484. Privación Preventiva de Libertad. Se descontará de la pena a ejecutar la privación de libertad que sufrió el penado durante el proceso.

   Se descontará también la privación de libertad sufrida por el penado en el extranjero, en un procedimiento de extradición con fines de ejecución penal.

   Para los efectos del cómputo del cumplimiento de parte o de la totalidad de la pena impuesta, así como para el otorgamiento de cualquier beneficio o medida solicitada por un condenado o penado, no se tomarán en cuenta las medidas restrictivas de la libertad, sino única y exclusivamente el tiempo que haya estado sujeta realmente la persona a la medida de privación judicial preventiva de libertad, o recluido en cualquier establecimiento del Estado. En consecuencia, sólo se tomará en cuenta el tiempo que el penado hubiere estado efectivamente privado de su libertad (resaltado del Tribunal)

   Artículo 500. Trabajo fuera del establecimiento, régimen abierto y libertad condicional. El tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados que hayan cumplido, por lo menos, una cuarta parte de la pena impuesta.

   El destino a establecimiento abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta.

   La libertad condicional, podrá ser acordada por el tribunal de ejecución, cuando el penado haya cumplido, por lo menos, las dos terceras partes de la pena impuesta.

   Además, para cada uno de los casos anteriormente señalados, deben concurrir las circunstancias siguientes:

1. Que el penado no haya tenido en los últimos diez años, antecedentes por condenas a penas corporales por delitos de igual índole, anteriores a la fecha a la que se solicita el beneficio;

2. Que no haya cometido algún delito o falta sometidos a procedimiento jurisdiccional durante el cumplimiento de la pena;

3. Que exista un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, expedido por un equipo multidisciplinario encabezado, preferentemente, por un psiquiatra forense o un médico psiquiatra, integrado por no menos de tres profesionales, quienes en forma conjunta suscribirán el informe. Estos funcionarios serán designados por el Ministerio con competencia en la materia, así mismo, podrán incorporar asistentes dentro del equipo a estudiantes del último año de las carreras de derecho, psicología, trabajo social y criminología, o médicos cursantes en la especialización de psiquiatría, que a tal efecto puedan ser igualmente designados;

4. Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena otorgada al penado no hubiese sido revocada por el Juez de ejecución con anterioridad.

   Estas circunstancias se aplicarán única y exclusivamente a las fórmulas alternativas de cumplimiento de penas señaladas en este artículo (resaltado del Tribunal).

   Artículo 505. Pena impuesta. El tiempo necesario para otorgar la autorización de trabajo fuera del establecimiento, el régimen abierto y la libertad condicional, se determinará con base en la pena impuesta en la sentencia (resaltado del tribunal)

   Artículo 504. Pena impuesta. El tiempo necesario para otorgar la autorización de trabajo fuera del establecimiento, el régimen abierto y la libertad condicional, se determinará con base en la pena impuesta en la sentencia (resaltado del Tribunal)

   Artículo 506. Solicitud. La suspensión condicional de la ejecución de la pena, la autorización para trabajar fuera del establecimiento, el destino a establecimientos abiertos y la libertad condicional, podrán ser solicitados al tribunal de ejecución, por el penado, por su defensor, o acordados de oficio por el tribunal. De ser el caso, el Juez solicitará a la dirección del establecimiento los informes que prevé la ley. Cuando la solicitud la formule el penado ante la dirección del establecimiento, ésta la remitirá inmediatamente al tribunal.

   En el escrito contentivo de la solicitud, el penado, si fuere el caso, deberá señalar el lugar o dirección donde fijará su residencia y demás informaciones que posibiliten su localización inmediata, lo que deberá ser verificado por el tribunal previamente a la concesión del beneficio o a la medida.

   De ser acordada la solicitud, el penado informará previamente acerca de cualquier cambio en los datos aportados, so pena de serle revocado el beneficio o la medida (resaltado del tribunal)

   Artículo 507. Cómputo del tiempo redimido. A los fines de la redención de que trata la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, el tiempo redimido se computará a partir del momento en que el penado comenzare a cumplir la condena que le hubiere sido impuesta.

   Artículo 510. Otorgamiento. En el auto mediante el cual el tribunal otorgue cualquiera de las medidas previstas en este Capítulo, fijará las condiciones que se imponen al condenado. Éste, en el acto de la notificación, se comprometerá a cumplirlas, y recibirá una copia de la resolución.

   Asimismo, se notificará de esta decisión al Ministerio Público.

   El tribunal de ejecución vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas, las cuales serán modificables de oficio o a petición del penado (resaltado del Tribunal)

   Artículo 511. Revocatoria. Cualquiera de las medidas previstas en este Capítulo, se revocarán por incumplimiento de las obligaciones impuestas o por la admisión de una acusación contra el penado por la comisión de un nuevo delito. La revocatoria será declarada de oficio, a solicitud del Ministerio Público, a solicitud de la víctima del delito por el cual fue condenado, o de la víctima del nuevo delito cometido (resaltado del Tribunal)

   Así pues la normativa vigente, se observa que el artículo 500 del texto adjetivo penal patrio precisa, de manera expresa, requisitos de obligatoria concurrencia y de impretermitible verificación, a los fines de ser otorgado el beneficio de destino a establecimiento abierto o régimen abierto, como medida de libertad anticipada en el cumplimiento de la pena, exigiendo para ello que el penado haya cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta, que carezca, en los últimos diez años, de antecedentes penales por condenas a penas corporales por delitos de igual índole, anteriores a la fecha en que es solicitado o tramitado el beneficio, que no haya cometido algún delito o falta durante el cumplimiento de la pena respectiva, además de existir un pronóstico favorable respecto del comportamiento futuro del mismo, plasmado éste en informe psico-social previa evaluación realizada al penado por un equipo multidisciplinario encabezado, preferentemente, por un psiquiatra forense o médico forense, y no haber sido revocada por un Tribunal en función de ejecución cualquiera de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena que le hubiere sido concedida con anterioridad. Y, en este sentido, respecto de los puntuales requisitos que deben cumplirse a los fines de la procedencia de cualquiera de las medidas de libertad anticipada en referencia, a saber, trabajo fuera del establecimiento, destino a establecimiento abierto y libertad condicional, así como en relación a la finalidad u objetivo de tales formas alternativas de cumplimiento de la pena, ya el M.T. se ha pronunciado en diversas decisiones proferidas sobre estos particulares, de las cuales se encuentran, entre muchas otras, las siguientes:

   …(omissis)…Así las cosas, las restricciones establecidas por el legislador para optar a los beneficios de las medidas alternativas de cumplimiento de la pena, si bien no pretenden ir en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, intentan establecer restricciones a objeto de mantener un equilibrio entre los derechos individuales y los derechos colectivos, más aún en los casos en los que el bien jurídico protegido es la vida.

   La finalidad de nuestro sistema penitenciario es alcanzar la rehabilitación y reinserción de los penados en la sociedad, aplicando la privación de la libertad como medio de castigo al individuo que ha incurrido en un hecho delictual cuya naturaleza amerita un cierto grado represivo, a fin de generar en el colectivo un efecto preventivo y ejemplarizante ante tales conductas…(omissis)…

   (resaltado del Tribunal) (Sentencia No. 3067, expediente 05-0883, fecha 14-10-2005, Sala Constitucional, Ponente: Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO)

   …(omissis)…El artículo 272 de la Ley Máxima establece, en materia relacionada con las fórmulas alternativas del cumplimiento de penas…(omissis)…El artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal expresa lo siguiente:

   El tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados que hayan cumplido, por lo menos, una cuarta parte de la pena impuesta.

   El destino a establecimiento abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta.

   La libertad condicional, podrá ser acordada por el tribunal de ejecución, cuando el penado haya cumplido, por lo menos, las dos terceras partes de la pena impuesta.

   Además para cada uno de los casos anteriormente señalados, deben concurrir las circunstancias siguientes:

   1. Que el penado no tenga antecedentes por condenas anteriores por la que solicita el beneficio;

   2. Que no haya cometido algún delito o falta durante el tiempo de su reclusión;

   3. Que exista pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, expedido por un equipo multidisciplinario encabezado, preferentemente por un psiquiatra forense;

   4. Que no haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad; y

   5. Que haya observado buena conducta

   .

   2.1 En relación con el argumento que expresó el Juez de Ejecución, en que el fallo que se encuentra sometido a revisión, de que el principio non bis in idem es vulnerado con el instituto de la reincidencia, porque al procesado que ha vuelto a delinquir “se le aumenta la pena en razón del primer delito, no obstante que ha purgado la de éste, caso en el cual por el primer hecho paga una doble sanción: la impuesta en el proceso original y la que le es aplicada a título de aumento de la punibilidad en el segundo o posterior proceso”, observa la Sala que, respecto del delincuente reincidente, el legislador, a través del artículo 100 del Código Penal, lo que hizo fue considerar que la reprochabilidad era mayor, en virtud de la contumacia en la actividad delictual, que es lo que fundamenta la agravación de la responsabilidad penal atribuible al reincidente y no, como erradamente sostiene el accionante, una supuesta e inexistente nueva condena por la comisión de un delito respecto del cual su autor ya había sido castigado anteriormente. En el caso que nos ocupa, al penado no se le ha aumentado la pena; por el contrario, según el artículo 86, en concordancia con el 97, del Código Penal, aplicables al penado en razón de que el segundo delito lo cometió durante el cumplimiento de una condena previa, la pena correspondiente en el segundo proceso se limitaba a la que, para los respectivos delitos, señaló el legislador, que sería calculada conforme a las reglas sobre concurso real y, eventualmente, con la rebaja de un tercio del castigo imponible. Ello no significa, de modo alguno, doble castigo, sino la acumulación, a una pena en ejecución, de la que resulte de la nueva condena. De modo que si no existiera la regla del referido artículo 86, se le aplicarían íntegramente ambas penas a las que fue condenado. Así las cosas, esta Sala concluye que, por la razón que se examina, no existe colisión de los cardinales 1 y 4 del artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela da preferencia a la aplicación de las fórmulas de cumplimiento de penas privativas de libertad; sin embargo, es obvio que no excluyó la coexistencia de las sanciones reclusorias. La referida norma establece la existencia de dicho régimen, para el cumplimiento de penas corporales privativas de libertad, con la exigencia o garantía de que, mediante la ejecución del mismo, se asegure la rehabilitación del penado y el respeto a los derechos humanos de este último.

   Una de las fases en el cumplimiento de la pena es de carácter vindicativo o, mejor, retributivo. Retribución, en sentido penal, significa “finalidad de la pena, que trata de corresponder con el mal señalado en la ley al causado por el delincuente” (Manuel Osorio: Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 1999, p. 881). Si se admite que la pena está acompañada del carácter que se describe en este aparte, se debe concluir, entonces, que la retribución debe guardar proporción entre el daño o mal que deriva de la conducta delictiva y el que aflige legalmente al autor de tal conducta. Dicha proporcionalidad es la que dio origen a la limitación excepcional de la posibilidad de acceso a los beneficios postprocesales a los cuales se refiere el artículo 501, en los casos de aquéllas personas que, entre otras cosas, sean reincidentes (cardinal 1) o que hayan defraudado la confianza manifestada a través del otorgamiento previo de otra fórmula de alternativa de cumplimiento de pena (cardinal 4). Hay que tener en cuenta que, con excepción del derecho a la vida, los derechos no son absolutos, lo que quiere decir que pueden surgir limitaciones que respondan a razones legítimas, como lo sería, en este caso, el interés social que puede sentir justo temor de que una persona reincida –nuevamente- en la conducta delictiva. Esta limitación está en perfecta adecuación con el artículo 131 de la Constitución, de acuerdo con el cual toda persona tiene el deber de cumplir y acatar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley. Resulta en consecuencia, lógico que, ante la contumacia en la conducta delictiva, el legislador tuviera una duda razonable en cuanto a la disposición al acatamiento al ordenamiento jurídico, por parte de tales personas, lo cual derivó en la limitación que se examina, que responde a un legítimo interés de salvaguarda del interés social. Así las cosas, esta Sala concluye que, tampoco, por la razón que se examina, existe colisión del artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, con el artículo 272 de la Constitución Nacional…(omissis)…En conclusión, los cardinales 1 y 4 del artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, son normas de precisión que tienen como propósito fundamental el aseguramiento de que quienes hayan sido condenados puedan acceder a las fórmulas de cumplimiento alternativo a la pena privativa de libertad, en las mejores condiciones posibles para la preservación de la paz social, de la cual puede temerse, razonablemente, que se encuentra en riesgo más o menos grave ante la posibilidad de otorgamiento de una medida de libertad anticipada a quienes hayan demostrado una conducta delictiva contumaz; mayormente, en el caso presente, pues el penado, tal como lo reconoce la misma decisión que se revisa, defraudó la confianza que el ente social depositó en él, en la oportunidad de haberle conferido el beneficio de suspensión condicional de la pena, situación bajo la cual incurrió nuevamente en la comisión de un delito de acción pública, esto es, que fue lesivo al interés social…(omissis)… Aun cuando se advierte que la sentencia que fue sometida a revisión fue dictada con antelación a la decisión número 460 de 8 de abril de 2005, por la cual esta Sala ordenó “se apliquen en forma estricta la disposición contenida en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal”, dicha juzgadora estima que es pertinente que, en la decisión que deba dictarse como consecuencia de la reposición que de la presente sentencia, se dé estricto cumplimiento al citado pronunciamiento. (resaltado del Tribunal)(Sentencia No. 3466, expediente 05-1404, fecha 11-11-2005, Sala Constitucional, Ponente: Magistrado PEDRO RONDÓN HAAZ)

   …(omissis)…De manera que, de acuerdo con lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes que desarrollan el sistema penitenciario venezolano, toda reinserción social del penado debe ser progresiva, a través del cumplimiento de una serie de etapas que se le presentan al individuo para que se haga efectiva su retorno a la vida social.

   Ahora bien, para la consumación de esas etapas, encontramos que la misma Ley de Régimen Penitenciario, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y Estudio, le ofrecen al penado la posibilidad de obtener una serie de formas alternativas de cumplimiento de penas con el objeto de que pueda reinsertarse socialmente.

   Así pues, se precisa que el Código Orgánico Procesal Penal permite que la reinserción social pueda ser efectiva a través del trabajo fuera del establecimiento, el régimen abierto y la libertad condicional, una vez que el penado haya cumplido algunos requisitos para su obtención.

   En efecto, en el artículo 501 eiusdem, se encuentran plasmados los requisitos que debe cumplir todo condenado para optar a las anteriores formas alternativas de cumplimiento de pena, de la siguiente manera:

   El tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados que hayan cumplido, por lo menos, una cuarta parte de la pena impuesta.

   El destino a establecimiento abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta.

   La libertad condicional, podrá ser acordada por el tribunal de ejecución, cuando el penado haya cumplido, por lo menos, las dos terceras partes de la pena impuesta.

   Además, para cada uno de los casos anteriormente señalados, deben concurrir las circunstancias siguientes:

   1. Que el penado no tenga antecedentes por condenas anteriores a aquella por la que solicita el beneficio;

   2. Que no haya cometido algún delito o falta durante el tiempo de su reclusión;

   3. Que exista un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, expedido por un equipo multidisciplinario encabezado, preferentemente por un psiquiatra forense;

   4. Que no haya sido revocada cualquier formula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad; y

   5. Que haya observado buena conducta.

   De manera que, según se desprende de la anterior disposición normativa, esta Sala observa que el legislador establece, por un lado, una serie de requisitos, tomando en cuenta el tiempo de reclusión, para que todo penado pueda acceder a algunas fórmulas alternas de cumplimiento de la pena.

   Pero encontramos, igualmente, que el legislador establece otros requisitos que atienden al tipo de delito cometido por el declarado judicialmente, a los fines de que se pueda cumplir con la pena impuesta en forma distinta. Entre esos supuestos, podemos observar el contenido del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal (sobre el cual pesa actualmente una medida cautelar de suspensión de sus efectos, dictada por esta Sala).

   Por lo tanto, esta Sala hace notar que el legislador, al desarrollar el principio de “progresividad”, que forma parte de la rehabilitación social que debe tener todo condenado, estableció unos requisitos, tomando en cuenta el tiempo de reclusión del penado o de acuerdo al delito cometido por el responsable, para que toda persona pueda acceder a las distintas fórmulas alternas de cumplimiento de pena. Esos requisitos son necesarios y en nada imposibilitan la readaptación social, sino más bien, están en consonancia con lo señalado en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Juez de Ejecución, por lo tanto, deberá analizar si dichos requisitos están cumplidos, el momento de realizar el cómputo de la ejecución de la pena, ya sea de oficio o a petición de parte…(omissis)…(resaltado del Tribunal) (Sentencia No. 1171, expediente 05-2071, fecha 12-06-2006, Sala Constitucional, Ponente: Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN)

   …(omissis)…En tal sentido, a los fines de la correcta comprensión y ejecución del alcance del dispositivo referido, precisa esta Sala, que las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, constituyen verdaderas opciones de rehabilitación de las personas contra quienes pesa una sentencia condenatoria definitivamente firme, a la vez que constituyen paliativos del rigor que comporta el cumplimiento total de la pena, cuando éstas se encuentran privadas de su libertad.

   Estas fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena -o al cumplimiento de la pena- previstas originariamente en la Ley de Régimen Penitenciario, son: el trabajo fuera del establecimiento o destacamento de trabajo, el destino a establecimiento abierto y la libertad condicional.

   La primera de dichas fórmulas, esto es, el trabajo fuera del establecimiento, conocido genéricamente como destacamento de trabajo, es la medida a través de la cual al penado recluido se le permite salir del recinto carcelario una vez cumplida una cuarta parte de la pena – junto con los otros requisitos establecidos en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal-, con la finalidad de trabajar en la localidad y debiendo pernoctar en un área del establecimiento penitenciario.

   Por su parte, el régimen abierto consiste en la permanencia del penado, llamado residente, en un Centro de Tratamiento Comunitario, siempre y cuando éste haya cumplido una tercera parte de la pena impuesta y los demás requisitos del señalado artículo 500.

   La libertad condicional -última de las fórmulas alternativas previstas en la legislación penitenciaria- consiste en el egreso definitivo del interno del establecimiento penitenciario, una vez cumplida las dos terceras partes de la pena impuestas, al igual que los demás requisitos del ya referido artículo 500 del texto adjetivo penal.

   Estas alternativas a la reclusión constituyen un importante componente del sistema penitenciario, que no anula ni criminaliza; por el contrario, podrían ser consideradas como el ejercicio del Derecho penal mínimo, si se toma en cuenta que procuran reducir los efectos nocivos que produce la privación de libertad. De allí la razón por la cual el constituyente de 1999, en su artículo 272 estableció dentro de los principios que sirven de base para el desarrollo del sistema penitenciario “las fórmulas alternativas de cumplimiento de penas no privativas de libertad”, las cuales “se aplicaran con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria”.

   El otorgamiento de una de estas fórmulas de libertad anticipada, radica en la necesidad de lograr la reinserción social del penado, a fin de hacer de él una persona capaz de dirigir su propia vida, organizarse, tomar sus propias decisiones; en fin, a valorizarse como ser humano y a asumir y cumplir en forma consciente sus responsabilidades, específicamente la responsabilidad de cumplir el contrato de libertad que comporta la alternativa del cumplimiento de pena…(omissis)…

   (resaltado del Tribunal) (Sentencia No. 907, expediente 06-1186, fecha 14-05-2007, Sala Constitucional, Ponente: Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO)

   Así pues, en justa correspondencia con lo hasta ahora señalado, a los fines del otorgamiento de la medida anticipada de libertad de destino a establecimiento abierto se requiere que la persona de la condenada haya extinguido, al menos, una tercera parte de la pena impuesta, no haya tenido en los últimos diez años antecedentes por condenas a penas corporales por delitos de igual índole, anteriores a la fecha en que se solicita el beneficio, así como no haber cometido delito o falta alguna durante el tiempo de cumplimiento de la pena, aunado a no haberle sido revocada antes a la penada alguna medida de libertad anticipada o alternativa de cumplimiento de pena que le fuere otorgada, y, por último, existir un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro de la misma, expedido éste por un equipo multidisciplinario integrado por no menos de tres profesionales y encabezado, preferentemente, por un psiquiatra forense o un médico psiquiatra; requisitos acumulativos éstos que reúne la ciudadana I.J.M.F., ut supra identificada, toda vez que, primero, de acuerdo al último cómputo de pena practicado en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil ocho (2008), cursante a los folios 165 al 184 de la tercera pieza del expediente, la ciudadana en comento lleva cumplido de la pena un tiempo superior a UN (01) AÑO y CUATRO (04) MESES, tiempo este que equivale a la tercera parte de la pena impuesta, habiendo quedado precisado en el referido cómputo que la opción de la precitada condenada respecto de la medida de pre-libertad de régimen abierto o destino a establecimiento abierto es a partir del mediodía (12:00 m.) del día doce (12) de diciembre del año dos mil ocho (2008); segundo, de acuerdo con las precisiones contenidas en el informe psico-social elaborado por el equipo técnico conformado por la Psicóloga C.G. SERRANO, la Trabajadora Social Y.A. y la abogada C.S., todas ellas adscritas al Centro de Evaluación y Diagnóstico de la Dirección de Reinserción Social, de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, las mencionadas profesionales que realizaron evaluación a la penada in commento dejaron indicado en el informe respectivo que la condenada en cuestión, en lo que respecta a su estado de internamiento en establecimiento carcelario, muestra progresividad con desempeño en actividad laboral, realizando trabajo de costura, así como ser integrante de la Orquesta Sinfónica en la especialidad de violín, ajustándose su conducta a las normas y reglas del recinto penal, lo cual, fue señalado asimismo, conllevó a decisión judicial de declaratoria de redención de la pena, - pronunciamiento este que se profirió por este Juzgado en fecha veintinueve (29) de julio del año próximo pasado, por un tiempo de dos (02) meses, once (11) días y doce (12) horas -, revelando, asimismo, la evaluación psico-social que le fuera practicada, denotar la penada I.J.M.F. un nivel de reflexión que le ha permitido extraer aprendizajes positivos de su estado de privación de libertad, proyectándose en forma asertiva hacia el futuro, teniendo proyecto de vida acorde con la realidad social, enfocado en retomar los estudios, dedicarse a su familia y recuperar el tiempo perdido, proyectando mantenerse al margen de situaciones ilícitas o irregulares, con adecuada capacidad de juicio, de autocrítica y de reflexión respecto del daño social ocasionado con el delito perpetrado, lo que indica que el tiempo de la penada en reclusión ha causado el efecto reflexivo esperado para un cambio de comportamiento en el proceso de adaptación, además de revelar el examen que la ciudadana en referencia tiene capacidad para tolerar la frustración, contando, a los fines de reforzar el proceso de rehabilitación y consecuente reinserción social, con efectivo apoyo familiar, representado el mismo, principalmente, por su hermana, ciudadana Yulvia Méndez, persona ésta que acudiera a la entrevista social realizada mostrando así disposición y compromiso como soporte efectivo a la penada, refiriendo, así mismo, las evaluadoras, en exploración realizada a la ciudadana I.J.M.F. contar la misma con las herramientas que le permitirán una adecuada reinserción social, precisando que en la actualidad se observa a aquélla intimidada ante la sanción legal, con disposición al cambio conductual evitando situaciones contrarias a la norma, además de indicarse respecto de la ciudadana en cuestión que “…ha aprendido de la experiencia, acata figura de autoridad, disposición al cambio, metas de superación y cuenta con apoyo externo consistente…”, observando que la ciudadana en cuestión denota, producto de la experiencia intra muros vivida, nivel reflexivo, lo cual, permite prever que evitará involucrarse en situaciones contrarias a la ley, considerando el equipo técnico, por tanto, contar la penada, en estos momentos, con recursos conducentes a fomentar cambios adecuados, estimando que la sanción recibida ha surtido los efectos esperados; y, en lo que concierne a la comisión del hecho punible por el cual resultó condenada, precisan las aludidas profesionales evaluadoras que la condenada se involucra en el delito como consecuencia del bajo nivel socionormovalorativo, llevándose por la obtención fácil e inmediata de medios sin medir las consecuencia conductuales, legales y sociales de tal proceder, todo lo cual se constituyó en los elementos condicionantes del comportamiento que la ciudadana tuviera al margen de la ley, revelándose actualmente, no obstante, intimidada y reflexiva, con aprendizaje de la experiencia legal vivida, apreciándose cambio conductual, con visión amplia dirigida al crecimiento personal, y dispuesta a mantenerse alejada de conductas ilícitas; en consecuencia, así la evaluación, es precisado en el informe in commento, como particular atinente al pronóstico del examen, resultar prudente conceder la medida de libertad anticipada a la penada in concreto por considerar que se ajusta la misma a los criterios de selección para aquél, basando tal afirmación en la aprehensión de elementos tales como el nivel reflexivo, de autocrítica, la progresividad carcelaria demostrada, contar con apoyo familiar comprometido en el proceso de reinserción, y en razón de la viabilidad de su proyecto de vida y la comprensión que tiene la penada de su proceso socio legal, indicándose por el equipo evaluador que ante el delito la ciudadana se muestra reflexiva y autocrítica, lo que conlleva un cambio conductual positivo con tendencia a alejarse de hechos delictivos, además de tener la penada capacidad para comprender y adaptarse a las normas dentro del contexto social, apreciándose, asimismo, disposición por parte de la condenada en obtener herramientas internas adaptativas para lograr con éxito un proceso asertivo en la solución de problemas, en consecuencia, emite el equipo técnico opinión favorable para la procedencia del beneficio o medida de pre-libertad, precisando, no obstante, como recomendaciones de consideración a efectos de garantizar una adecuada reinserción social, “…incentivarla a retomar área educativa y supervisar grupos de pares…”; tercero, carece la penada I.J.M.F.d. registro de antecedentes por condena anterior a aquella por la que es solicitada la medida de libertad anticipada, situación esta que evidencia certificación expedida por la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, cursante al folio veinticuatro (24) de la cuarta pieza del expediente, en la únicamente se encuentra registro de antecedente por sentencia condenatoria dictada en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil siete (2007) por el Tribunal de primera instancia en función de control, No. 06, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, la cual atañe al presente expediente del conocimiento de este órgano jurisdiccional en función de ejecución, con nomenclatura 1E-049/08, y por lo que se enviara a la referida División, en varias ocasiones, la última de ellas en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil ocho (2008), y mediante oficio distinguido 862/2008, copia fotostática debidamente certificada por secretaría de la sentencia en mención a efectos de su incorporación en la base de datos respectiva; cuarto, no denotan las actas cursantes al expediente que la persona de la penada, ciudadana I.J.M.F., ut supra identificada, haya cometido algún delito o falta durante el cumplimiento de la pena y que esté por ello sujeta a un proceso judicial, revelando las actas que rielan al expediente, por el contrario, haber demostrado buena conducta la persona de la penada en cuestión durante su estado de privación de libertad, lo cual viene evidenciado de constancias expedidas en tal sentido por la Junta Conducta del Instituto Nacional de Orientación Femenino (I.N.O.F.), lugar actual de reclusión de la condenada, e insertas a los folios ciento cuarenta y uno (141) de la tercera pieza del expediente y veintiuno (21) de la pieza subsiguiente, en las que se indica buena conducta de la ciudadana en comento durante su permanencia en tal establecimiento carcelario, emitiendo, por tanto, la Junta en cuestión, pronunciamiento favorable respecto del ámbito conductual de la precitada ciudadana, aunado ello a las actuaciones que revelan, de igual forma, continuo desempeño de la penada a actividades laborales en el referido recinto carcelario en el que ha permanecido en internamiento, lo cual conllevó, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil ocho (2008), a dictar pronunciamiento este Tribunal en función de ejecución, declarando un tiempo de redención de pena de dos (02) meses, once (11) días y doce (12) horas, a favor de la ciudadana I.J.M.F., situación de actividad laboral esta que pone de relieve en la penada espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad, lo cual, asimismo, fuera constatado por la Juez suscrita en diversos apersonamientos a la sede del Instituto Nacional de Orientación Femenino; quinto, no revelan las actuaciones que la persona de la condenada in commento haya estado sujeta a distinto asunto penal en el cual resultare penada y por el cual le fuera otorgada medida alternativa al cumplimiento de la pena o medida de libertad anticipada que luego se le haya revocado por la autoridad competente, así como tampoco esta ha sido la situación en el asunto in concreto donde la ciudadana I.J.M.F. ha permanecido privada de libertad en forma ininterrumpida desde el inicio del proceso, y, por el contrario, como ya quedara indicado ut supra, la precitada ciudadana no registra, de acuerdo a certificación expedida por la División de Antecedentes Penales del Ministerio para el Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, antecedentes por sentencia condenatoria distinta de la que se dictara en el proceso del caso sub exámine; y, por último, adicional a lo hasta ahora indicado, cursa en autos, a favor de la persona de la penada, oferta laboral a objeto de trabajar la misma como secretaria en la empresa “INVERSIONES NAYFRE, S.R.L.”, en la cual es Presidenta la ciudadana O.C.F., titular de la cédula de identidad personal número V-06.048.678, siendo que tal ofrecimiento de ocupación laboral fue debidamente verificado por este Juzgado a través de comisión encomendada en tal sentido a la Oficina de Servicio de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, habiendo constatado el funcionario alguacil que realizara tal labor la existencia del inmueble donde desarrolla su actividad la aludida sociedad mercantil, así como su operatividad, sosteniendo entrevista, asimismo, con quien se identificó como O.C.F., quien ratificó ofrecimiento laboral realizado a la penada I.J.M.F., aunado ello a entrevista sostenida entre tal ofertante y la Juez suscrita con ocasión de citación que se hiciera a aquélla a la sede del Tribunal, ratificando la ciudadana O.C.F. la propuesta de trabajo a la condenada y precisando como horario de la jornada, de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., así como indicando como ubicación del inmueble donde tiene sede la empresa, la siguiente: Avenida San Martín, Residencias Mil Centro, torre C, piso 16, apartamento 162, Caracas, Distrito Capital.

   De manera tal que, de acuerdo a lo hasta ahora examinado se encuentran cubiertas las exigencias de ley a efectos de la procedencia de la medida de libertad anticipada de régimen abierto a favor de la ciudadana I.J.M.F., revelando, asimismo, el informe correspondiente a la evaluación psico-social realizada a la persona de la penada, una serie de condiciones o características consideradas como fundamentales para la adaptación de aquella a régimen más indulgente que el intra muros y para su reinserción al medio social, pues cuenta la ciudadana I.J.M.F. con la motivación, disposición y aptitud necesarias para integrarse y mantenerse en una modalidad de cumplimiento de pena que responde a un tratamiento gradual y progresivo encaminado a fomentar y avivar en la persona del condenado el respeto a sí mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia sociales y la voluntad de vivir conforme a la ley, además de contar en tal objetivo o propósito de cumplimiento de las condiciones inherentes a la concesión de la forma de libertad anticipada denominada régimen abierto, con el apoyo familiar, especialmente de su hermana, lo cual se constituye en factor de importancia o herramienta idónea y sólida en aras de lograrse de manera exitosa el fin primero o fundamental de la pena a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Régimen Penitenciario, cual es, la efectiva reinserción social del penado; y caracterizándose el establecimiento abierto por la ausencia de objetos materiales contra la evasión y por un régimen basado en el sentido de autodisciplina del residente, y siendo el pronóstico de comportamiento futuro de la ut supra mencionada ciudadana acorde con las exigencias propias de tal modalidad, ha de considerarse tal situación, por esta Juzgadora, favorecedora para la penada respecto de la procedencia de otorgamiento de su destino a un Centro de Tratamiento Comunitario, máxime cuando la norma del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la preeminencia de las fórmulas de cumplimiento de pena no privativas de libertad ante aquellas a las que les es inherente la reclusión del condenado cuando prevé que “…El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos…(omissis)…En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas alternativas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria…(omissis)…”, lo que encuentra perfecta sintonía con el régimen progresivo que en materia penitenciaria ha adoptado la legislación patria, expresamente reconocido en los artículos 7 y 61 de la mencionada Ley especial, y que supone la existencia de diferentes etapas que debe ir superando la persona del condenado durante el proceso de ejecución de la pena, correspondiendo a cada etapa un grado de restricción de libertad que permita la aproximación a la libertad plena, siendo el régimen abierto una de tales fases que se caracteriza por la combinación del internamiento del penado en un establecimiento abierto en donde es orientado por un personal idóneo y la autodisciplina y sentido de responsabilidad del penado respecto a sí mismo y a la comunidad donde vive, pretendiendo esta fase que la vida del residente se desarrolle de la manera más semejante posible a la normal, siendo su único vínculo institucional con el establecimiento abierto. Por tanto, delineándose como objetivos generales del régimen abierto la reincorporación social del penado y la prevención especial dirigida a disminuir el riesgo de la reincidencia, lográndose el primero con el tratamiento integral mediante la asistencia individualizada y la promoción, orientación y formación educativa y laboral, es por lo que, al estimarse que la ciudadana I.J.M.F. además de haber cumplido la fracción de tiempo exigida por la ley respecto de la pena impuesta, ha tenido buena conducta durante su permanencia en recinto carcelario, lo cual es evidenciado a través de constancias de conducta expedidas por la Junta de Conducta del Instituto Nacional de Orientación Femenino (I.N.O.F.), además de no revelar las actuaciones del expediente que la misma haya cometido algún delito o falta durante el cumplimiento de la pena, precisiones éstas que son reforzadas por indicaciones contenidas en el aludido informe psico-social cuando señala que la evaluada ha realizado actividades laborales en el establecimiento durante su estado en reclusión –lo cual denota pronunciamiento judicial de redención de pena por el trabajo concedido a la ciudadana I.J.M.F. en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil ocho (2008)- y cursar al expediente carcelario constancia de buena conducta, adicionándose a tales considerandos carecer la penada en cuestión de registro de antecedentes por condena anterior a aquella por la que es solicitado el beneficio de libertad anticipada, situación esta que evidencia certificación expedida por la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, aunado todo ello a contar la penada con apoyo consistente de su hermana, circunstancias personal y familiar que, en definitiva, permiten prever con alta probabilidad de acierto una adecuada sujeción al régimen de prueba y subsiguiente reinserción social, máxime cuando la evaluación psico-social ha reflejado aprendizaje de la experiencia vivida, capacidad de adecuación al orden social y legal establecido, intimidación ante la sanción y disposición para el cambio conductual; indefectible y forzoso es arribar a la conclusión de que la ciudadana I.J.M.F., titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, cumple con los extremos acumulativos exigidos en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, en consecuencia, este Tribunal de primera instancia en función de ejecución, No. 01, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, en las facultades que le confieren los artículos 64, último aparte, 479, numeral 1, y 531, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por resultar procedente y ajustado a derecho al encontrarse llenos los requisitos de ley, y atendida decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha veintiuno (21) de abril del corriente año dos mil ocho (2008), distinguida con el número 635, atinente a causa signada 08-0287, otorga a la ciudadana I.J.M.F., venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, nacida el día dieciséis (16) de diciembre del año mil novecientos setenta y seis (1976), hija de G.F. y J.M., y titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el primer aparte y los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, la fórmula de libertad anticipada de destino a establecimiento abierto o régimen abierto, declarándose así, con lugar, la solicitud presentada en tal sentido por la penada; quedando obligada la persona de la condenada, ciudadana I.J.M.F. a cumplir de manera irrestricta y cabal cada una de las condiciones que de seguidas fija este órgano jurisdiccional, y respecto de cuya observancia vigilará el mismo pronunciándose acerca de eventuales modificaciones o revocatoria del beneficio, si fuera el caso, siendo tales obligaciones las puntualizadas a continuación:

1. Pernoctar todos los días de la semana en el Centro de Tratamiento Comunitario “Pbro. José María Fabian Rubio”, ubicado al final de la Avenida El Buen Pastor, Boleíta, Caracas, Distrito Capital, debiendo cumplir, una vez residenciada en el precitado Centro, con la normativa interna y las indicaciones o directrices que en tal establecimiento abierto le sean precisadas, así como participar constantemente en las terapias, entrevistas y reuniones que sean pautadas.

2. Incorporarse, a la brevedad, al área laboral que le permita mantenerse ocupada y productivo percibiendo un ingreso para su sustento, muy particularmente al trabajo que le fuera ofrecido por la ciudadana O.C.F., Presidenta de la empresa mercantil “INVERSIONES NAYFRE, S.R.L.”, debiendo consignar ante este órgano jurisdiccional, cada tres (03) meses, constancia de trabajo correspondiente, quedando en la obligación de notificar a este Juzgado en caso de verificarse cambio de lugar de trabajo.

3. Presentarse ante la sede de este Tribunal en función de ejecución con frecuencia mensual, esto es, cada treinta (30) días, debiendo consignar a efectos de ser agregados al Libro respectivo, una copia fotostática de su cédula de identidad personal y una foto reciente tipo carnet.

4. Recibir orientación psicológica que le permita adquirir herramientas dirigidas a abordar déficit de índole conductual, aumento de autoestima, relaciones interpersonales y consolidación de proyecto de vida, reforzando, asimismo, el criterio de selección en cuanto a las personas con quienes frecuente al igual que fortalecer técnicas asertivas en la solución de problemas, lo cual deberá ser acreditado al Tribunal con consignación de informes respectivos.

5. No salir de la jurisdicción del Distrito Capital y Estados Miranda y Vargas sin previa autorización emanada de este órgano jurisdiccional que vela por el correcto cumplimiento de la ejecución de la pena.

6. Cumplir con las exigencias y condiciones que le sean impuestas por el Delegado de Prueba a quien corresponda la supervisión del caso, las cuales serán oportunamente notificadas al Tribunal debiendo no contradecir lo ya determinado en esta decisión, debiendo verificarse tal supervisión en su nivel máximo, con obligación, para el Delegado de Prueba en cuestión, de presentar al Tribunal informe conductual correspondiente con periodicidad trimestral.

7. Suministrar al Tribunal dirección de domicilio de parientes más cercanos, así como números telefónicos, e informar oportunamente acerca de cualquier cambio en los datos aportados, verbigracia ocupación y lugar de trabajo;

8. Retomar su proceso educativo de acuerdo a programas autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación o aprobados por Institutos con competencia para ello, debiendo diligenciar lo conducente, con premura, a tales fines, a objeto de proseguir los estudios en cuestión, consignando al Tribunal en un lapso de tiempo no mayor a los tres (03) meses desde su notificación de la presente decisión, constancia correspondiente; y

9. Abstenerse de frecuentar personas de quienes se tenga conocimiento están relacionadas con actividades de índole delictivo, así como abstenerse de frecuentar lugares en los cuales se conozca se llevan a cabo actividades ilícitas.

   Así el pronunciamiento proferido se acuerda el libramiento de boleta de excarcelación respectiva a favor de la penada, aunado a ser la misma citada para que comparezca, el día lunes próximo, dos (02) de febrero de dos mil nueve (2009), a la sede de este órgano jurisdiccional a fin de adquirir el compromiso a que se contrae la parte in fine del encabezamiento del artículo 510 del instrumento adjetivo penal, acordándose, asimismo, oficiar a la directora del Centro de Tratamiento Comunitario “Pbro. José María Fabian Rubio”, informando de lo aquí decidido, anexando a tal comunicación copia fotostática debidamente certificada por secretaría del presente pronunciamiento, con precisión de solicitud de envío periódico de informe conductual a este Juzgado respecto del caso en concreto. Y así se decide.

   DISPOSITIVA

   Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas este Tribunal de primera instancia en función de ejecución, No. 01, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y dado que se encuentran llenos los requisitos exigidos en el primer aparte y en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, este órgano jurisdiccional en la facultad que le confieren los artículos 64, último aparte, 479, numeral 1, y 531 eiusdem, y atendida decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha veintiuno (21) de abril del corriente año dos mil ocho (2008), distinguida con el número 635, atinente a causa signada 08-0287, otorga la fórmula de libertad anticipada de destino a establecimiento abierto o régimen abierto a la persona de la penada, ciudadana I.J.M.F., venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, nacida el día dieciséis (16) de diciembre del año mil novecientos setenta y seis (1976), hija de G.F. y J.M., y titular de la cédula de identidad personal número V-13.405.556, imponiéndose a la misma determinadas obligaciones de irrestricto y cabal cumplimiento, so pena de revocatoria de la medida concedida, quedando tales condiciones debidamente precisadas en el cuerpo de la presente decisión, precisándose como Centro de Tratamiento Comunitario en el cual deberá permanecer como residente, el Centro de Tratamiento Comunitario “Pbro. José María Fabian Rubio”, ubicado al final de la Avenida El Buen Pastor, en Boleíta, Caracas, Distrito Capital.

   En estos términos proferido el pronunciamiento se acuerda el libramiento de boleta de excarcelación respectiva a favor de la penada, aunado a ser la misma citada para que comparezca, el día hábil inmediato siguiente a la verificación de su libertad, a la sede de este órgano jurisdiccional a fin de adquirir el compromiso a que se contrae la parte in fine del encabezamiento del artículo 510 del instrumento adjetivo penal, acordándose, asimismo, oficiar a la directora del Centro de Tratamiento Comunitario “Pbro. José María Fabian Rubio”, informando de lo aquí decidido, anexando a tal comunicación copia fotostática debidamente certificada por secretaría del presente pronunciamiento, con precisión de solicitud de envío periódico a este Juzgado de informe respecto del caso en concreto.

   Se declara con lugar la solicitud presentada por la penada, ciudadana I.J.M.F..

   Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente decisión y de conformidad con los artículos 175, 180 y 510 del instrumento adjetivo penal patrio vigente, notifíquese a las partes.

   LA JUEZ

   YANETT RODRÍGUEZ CARVALHO

   EL SECRETARIO

   Abg. VÍCTOR GARCÍA

   En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado publicándose, registrándose y dejándose copia autorizada de la presente decisión, librándose, asimismo, boletas de notificación al Fiscal Décimo del Ministerio Público con competencia en régimen penitenciario y ejecución de sentencias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, así como al profesional del Derecho, R.A.M., adscrito a la Unidad de Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, en su carácter de defensor de la penada, y a la persona de ésta, con libramiento, además, de boleta de excarcelación distinguida con el número 004/2009, a nombre de la ciudadana I.J.M.F., dirigida a la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (I.N.O.F.), ubicado en Los Teques, la cual se remite al establecimiento carcelario, conjuntamente con boletas de citación y notificación a la persona de la penada, mediante oficio signado 118/2009, librándose, por último, comunicación dirigida a la directora del Centro de Tratamiento Comunitario “Pbro. José María Fabian Rubio”, distinguida 119/2009, todo lo cual certifico.

   EL SECRETARIO

   Abg. VÍCTOR GARCÍA

   YRC/YRC*

   Causa 1E-049-08