Decisión de Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de Anzoategui, de 14 de Mayo de 2013
| Fecha de Resolución | 14 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Mirna Mas Y Rubi Sposito |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.
Barcelona, catorce de mayo de dos mil trece
203º y 154º
ASUNTO: BP02-N-2005-000034
PARTE ACTORA: R.A.R.R.
MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.
En fecha veintitrés (23) de febrero de 2005, este Juzgado Superior recibió Recurso de Nulidad incoado por el ciudadano R.A.R.R., titular de la cédula de identidad Nº 12.137.448, asistido por la Abogada Dorllys Quiñones, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 85.160, contra la Alcaldía del Municipio F.d.M.d. estado Anzoátegui.
De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se desprende que en fecha Tres (03) de marzo de 2005, este Juzgado Superior Declinó la competencia para conocer del presente Recurso de Nulidad en la Corte de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que la pretensión de la parte demandante no es un Recurso de Invalidación contra la Alcaldía del Municipio F.d.M.d. estado Anzoátegui, sino mas bien, se trata de un Recurso de Nulidad contra la P.A. S/N dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Tigre y San Tomé del estado Anzoátegui en fecha 24 de agosto de 2004, en el expediente Nº 024-04-01-34.
En fecha seis (6) de julio de 2005, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se declaró Incompetente para conocer el presente recurso, ordenó su remisión a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que decidiera cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.
En fecha dieciséis (16) de febrero de 2006, la Sala Político Administrativa dicto sentencia mediante la cual declaró que la competencia planteada corresponde a Este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, por lo cual remitió mediante oficio Nº 2315 de fecha 09 de marzo de 2006, expediente contentivo del presente recurso de nulidad.
En este sentido, vista la declinatoria de competencia, este Juzgado Superior por auto de fecha 11 de julio de 2006, Admitió el presente Recurso y se ordenó la citación del Inspector del Trabajo de El Tigre y San Tomé del estado Anzoátegui y la notificación de la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público.
En fecha dieciséis (16) de junio de 2008, se realizó la Audiencia Oral y Pública en la presente causa, en la cual se declara la causa abierta a pruebas. En fecha treinta (30) de julio de 2011, este Juzgado Superior dicto auto en el cual hace observaciones y precisiones, en virtud que desde la iniciación de la causa se han producido cambios legales que tienen directa incidencia en las formas de trámite del asunto, en este sentido se ordeno la notificación de las partes.
Ahora bien, este Juzgado considera necesario pronunciarse sobre su Competencia, y tratándose que la misma es materia de orden público, revisable en cualquier estado y grado de la causa, debe necesariamente el Tribunal examinar si es competente para conocer de dicho recurso.
En el caso de autos, mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio del 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente de su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.
Dicho texto normativo, establece en su artículo 25 las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, entre las cuales destaca:
“….3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. “
De la anterior disposición se evidencia que, de la regla atributiva de competencia para el conocimiento de las pretensiones de nulidad que corresponden a este Juzgado Superior, el legislador estableció una excepción en dicha norma, relativa a que las acciones de nulidad interpuestas contra los actos administrativos dictados en materia de inamovilidad con ocasión a una relación de trabajo regida por la Ley Orgánica del Trabajo, no podrán ser conocidos por los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo, entendiendo que dichos actos excluidos serán aquellos dictados en ejecución del artículo 454 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo impresa en el año 1997, correspondiéndole ahora conforme al Decreto Nº 8.202, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.024, de fecha 6 de mayo de 2011, mediante el cual se dicta con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, al artículo 445 de la misma, pues tal competencia fue expresamente excluida por el legislador.
Ello así, merece especial referencia lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé:
Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.
En consecuencia, de la disposición consagrada en el artículo 25 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el principio competencial que prevé el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, permiten determinar que actualmente la competencia para el conocimiento de los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, no corresponde a la Jurisdicción (rectius: competencia) Contencioso Administrativa.
Evidentemente, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y el régimen de competencias en ella establecido, se hizo necesario por parte del Tribunal Supremo de Justicia la revisión de los criterios jurisprudenciales que anteriormente fueran reseñados con anterioridad a aquélla, relativos al conocimiento de los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo.
En ese sentido, mediante reciente pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sentencia Nº 955, de fecha 23 de septiembre del 2010, (caso: B.J.S.T., J.L.M., F.A.S.L. y otros, contra la sociedad mercantil Central La Pastora, C.A.), se estableció como criterio vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, y muy especialmente para la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Laboral, el siguiente:
En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.
Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.
Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:
1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. (Subrayado de este Tribunal)
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo.
En armonía con lo anteriormente señalado, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, visto que el criterio expuesto resulta aplicable incluso para aquellos conflictos de competencia que hubiesen surgido con anterioridad a la sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010 y siendo que el mismo es de obligatorio cumplimiento para todos los Tribunales del país, resulta entonces que los competentes para conocer la presente causa son los Juzgados Laborales, y por ello, que este Tribunal declara su Incompetencia Sobrevenida para conocer la presente causa. Y así se declara.-
En base a las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Su Incompetencia Sobrevenida para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad incoado por el ciudadano R.A.R.R., titular de la cédula de identidad Nº 12.137.448, asistido por la Abogada Dorllys Quiñones, inscrita en el IPSA bajo el Nº 85.160, contra la P.A., dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Tigre y San Tomé del estado Anzoátegui en fecha 24 de agosto de 2004, en el expediente Nº 024-04-01-34, mediante la cual declara Con Lugar la Calificación interpuesta por la Alcaldía del Municipio F.d.M.d. estado Anzoátegui contra el ciudadano antes mencionado.
Se declina la competencia para conocer del presente asunto en la Jurisdicción Laboral ordinaria.
Remítase el expediente al Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de El Tigre, en su oportunidad de conformidad con el articulo 69 del Código de Procedimiento Civil.
Déjese copia certificada.
La Juez,
Dra. M.M. y R.S.E.S..
Abg. J.A.L..-
ASUNTO: BP02-N-2005-000034
s.v.
