Decisión nº 1C-1925-09 de Tribunal de Control del L.O.P.N.A. Area Penal Los Teques de Miranda, de 21 de Julio de 2009
| Fecha de Resolución | 21 de Julio de 2009 |
| Emisor | Tribunal de Control del L.O.P.N.A. Area Penal Los Teques |
| Ponente | Marcy Zorelly Sosa Rausseo |
| Procedimiento | Sobreseimiento |
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
JUEZA. M.S.R.
IMPUTADO: IDENTIDAD OMITIDA
REPRESENTACIÓN FISCAL: FISCAL DÉCIMO QUINTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN ADOLESCENTES
VICTIMAS: IDENTIDAD OMITIDA
DEFENSA PÚBLICA: Dra. C.S.B.G.
SECRETARIO. Abg. M.R.
LOS HECHOS
Se inició averiguación penal en fecha 10 DE ENERO 2009, suscrita por la Prefectura Municipio Autónomo Guaicaipuro por la denuncia hecha por el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, quien manifestó que el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, lo agredió verbalmente y se enfrentaron a golpes, ocasionándole lesiones que resultaron ser de Mediana Gravedad.
Es de suma importancia, a los fines de dar cumplimiento a la posición jurisprudencial de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de mayo del 2000 en sentencia Nº 606, que expreso: “…Al declarar la prescripción de la acción penal, deben los jueces establecer con base en el análisis de los elementos existentes en autos, los hechos probados en relación al delito. Establecido el carácter punible del hecho, procede el pronunciamiento relativo a la prescripción, debiendo en tal sentido acreditarse, suficientemente, los hechos que dan cuenta del transcurso del tiempo necesario para que opere la misma.
Este Tribunal procede a explanar los hechos y elementos probatorios que constan en las actas procesales sobre la presunta la comisión del hecho punible que nos ocupa.
En este sentido se aprecia que consta denuncia realizada ante la Prefectura Municipio Autónomo Guaicaipuro e informe Médico legal que indica la presunta comisión del delito de delito de lesiones que se sigue bajo el numero 1C-1925-09, nomenclatura de este Juzgado, y el escrito del Ministerio Publico NO APORTO ACTUACIONES DE INVESTIGACION QUE INDIQUEN LA BUSQUEDA DE OTROS ELEMENTOS Y RECABAR LOS QUE FUERON ORDENADOS, requiriendo el sobreseimiento definitivo de la causa que nos ocupa.
Considera quien aquí decide que en el presente caso no es necesario la realización de la audiencia oral a la que se refiere el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto las normas sustantivas consagradas en el referido Código, prevén igualmente los recursos impugnatorios a favor de las victimas contra los fallos de esta naturaleza, la cual debe ser en todo caso notificada de toda decisión que ponga fin al proceso y el motivo sustentado por el Ministerio Publico amerita el conocimiento sin dilación ya que la competencia de su actuación no se limita, en la materia de responsabilidad penal de adolescente, a confirmar o descartar la sospecha fundada de la existencia de un hecho punible, el determinar si el adolescente incurrió en su perpetración, sino, a investigar y hacer constar los hechos que obren en su favor. En consecuencia, si bien se ha tomado en consideración la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores que señala la obligatoriedad de realización de la audiencia de que trata la norma, con carácter no vinculante, en estricto resguardo de los derechos de la victima, quien decide ha revisado las circunstancias que rodean el hecho y los elementos de convicción aportados y estima suficiente motivación para no realizar la audiencia señalada en el referido articulo 323, todo a los fines de garantizar la aplicación del valor superior de la justicia y el principio de la tutela judicial efectiva, sin dilaciones indebidas, ni formalismos inútiles, consagrados en los articulo 2 y 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que conllevan a evitar retardos procesales.
Efectivamente el quid del asunto es que el planteamiento del sobreseimiento realizado por el Ministerio Publico se hizo en base a la presunta falta de certeza y no haber la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, pero no puede esta sentenciadora obviar el criterio sustentado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Suprema de Justicia, que debe sustentarse la materialidad del hecho punible presuntamente acaecidos y la conformación documental que se ha revisado, y, observado el deficiente cúmulo probatorio de los hechos incorporado por el Ministerio Publico, a pesar de haber transcurrido mas de dos años, quien indica haber concluido su investigación mas no evidencia actos de investigación que sustenten su afirmación, aunado a que las actas arrojan que no se realizaron pruebas técnico científicas, no hay testigos identificados, y no consta informes medico legales específicos, lo que permitiría la aplicación de la norma invocada por el Ministerio Publico, pues no esta demostrada la materialidad del hecho punible, por ello considera procedente emitir una decisión en este sentido, Así se decide.
EL DERECHO
Dispone el artículo 561, en su literal “D” de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE: “Finalizada la investigación, el Fiscal del Ministerio Público deberá:
D) SOLICITAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO SI RESULTA EVIDENTE LA FALTA DE UNA CONDICIÒN NECESARIA PARA IMPONER LA SANCIÒN”
Establece el legislador patrio, que cuando FINALIZADA LA INVESTIGACIÒN, el Fiscal del Ministerio Público Deberá solicitar el sobreseimiento si falta una condición para imponer una sanción, es decir, si falta alguno de los elementos por los cuales no es posible exigir responsabilidad penal a un joven, tales serían los supuestos, como carecer de hecho punible, no poder atribuir el mismo al adolescente, la falta de imputación objetiva o de relación de causalidad entre el hecho punible y el sujeto entre otros.
La representación fiscal como titular de la acción penal y representante del Estado Venezolano, está obligado a ejercer la acción penal y debe investigar como parte de buena fe, tanto los elementos que inculpen al adolescente como los elementos que lo exculpen de los mismos.
La búsqueda de la verdad consagrada en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, es uno de los principios rectores en nuestra materia penal, es decir que la fiscalía tiene que investigar todos los hechos punibles a objeto de establecer la responsabilidad penal de los mismos y la reparación social del daño causado, lo cual no se ha verificado en esta causa.
Dispone igualmente el artículo 318 del Codito Orgánico Procesal Penal: “El sobreseimiento procede cuando:
…1.- El hecho objeto del proceso no se realizó o no pueda atribuírsele al imputado…
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El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad
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- La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada
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- A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
Asì lo establezca expresamente este Código.”
En consecuencia es pertinente SOBRESEER LA CAUSA en base al ordinal cuarto del artículo 318 del Código Orgánico procesal Penal, y Así se decide.
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos que han quedado expuestos este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, SECCIÓN ADOLESCENTES, CON SEDE EN LOS TEQUES ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, PRIMERO: DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA; seguida contra el adolescente de nombre IDENTIDAD OMITIDA, en perjuicio de el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, por el delito de LESIONES DE MEDIANA GRAVEDAD previsto en el artículo 413 del Código Penal en conformidad con lo preceptuado en el artículo 561 LITERAL “D” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el numeral 4º del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO. Cesa la condición del imputado y se decreta su libertad plena. TERCERO. Por cuanto esta decisión no fue dictada en presencia de las partes se ordena la notificación de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Cúmplase.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala del Juzgado Primero de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Sección Adolescentes, con sede en Los Teques, a los Veintiuno (21) días de Julio de 2009. Años 199º y 150º.
LA JUEZ DE CONTROL No. 1
DRA. M.S.R.
EL SECRETARIO,
Abg. M.R.
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en autos.
EL SECRETARIO,
Abg. . M.R.
Causa N° 1C-1925-09
