Decisión de Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de Merida, de 8 de Julio de 2010

La cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.3.276.702,71), cantidad esta que corresponde a la diferencia que existe entre el monto pagado al demandado por mi representada, y la obra ejecutada.

La cantidad de CUATROCIENTOS CUATROMIL SETECIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.404.723,36), cantidad esta que corresponde a lo dado al demandado por mi representada para la gestión de la respectiva permisologia (sic) de construcción, la cual no fue realizada.

La cantidad de NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs.90.000,oo), por concepto de pagos realizados por mi representada, para la remoción de escombros y reparación de daños causados en el techo del edificio.

La cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs.100.000.oo), por concepto de pagos realizados por mi representada, a la ingeniero M.M., por la elaboración de informes de peritaje realizado.

La cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (300.000,00), por concepto de los daños causados tanto en los apartamentos como en el pasillo del quinto piso del referido edificio.

Las costas del presente procedimiento hasta su terminación, calculados prudencialmente por este tribunal de conformidad con el Articulo 286 del Código de Procedimiento Civil Vigente.

Estimamos la presente demanda a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 31 del Código de Procedimiento Civil Vigente por la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS BOLÍVARES CON 02 CÉNTIMOS (Bs. 4,171.426,02) (…)

En la oportunidad de dar contestación al fondo de la demanda, la Defensora Judicial de la parte demandada expuso:

En vista que mi representado judicial en este acto me ha sido imposible ubicar en la dirección aportada por la parte demandante y tal requerimiento no ha sido posible ejecutarlo, informo al Tribunal que carezco de más conocimientos de los hechos aportados y alegados por la demandante y es por ello que esta defensa no puede exponer medios idóneos como lo requiere el presente procedimiento; en razon (sic) de mi etica (sic) profesional lo cual salvaguardo explano lo siguiente: 1) Por cuanto no tengo defensa o alegatos que alegar a priori, por tanto no puedo negar ni admitir la deuda; sin embargo, a todo evento rechazo y contradigo de manera general, tanto los hechos como el derecho por la parte demandante, alegatos que hago en cumplimiento del PRINCIPIO DE LA ÉTICA PROFESIONAL como Defensor Ad-Litem (…)

CAPÍTULO IV

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO

De lo expuesto por las partes tanto en el libelo de la demanda como en la contestación, se despende que las razones de hecho y de derecho a la cual queda circunscrita la presente acción son:

Para el demandante:

Que en fecha 23 de abril de 2002, la Junta de Condominio “Residencias Los Sauces”, representada por su Presidenta, ciudadana M.T.V.L., suscribió un contrato, con el señor A.B.D., en representación de la firma personal "PROYECTOS Y CONSTRUCIONES OBRAS CIVILES".

Que el señor A.B.D., se comprometió a realizar todas las gestiones inherentes a la obtención de los respectivos permisos requeridos para la referida construcción, habiéndosele cancelado por dicha gestión la cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 404.723,36), según consta de comprobante de egreso, sin número, el cuál acompañó marcado con la letra "C".

Que el señor A.B., inició la obra como fue acordado, y por su parte la Junta de Condominio le pagó de manera sucesiva, la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.7.165.000) (sic), lo que representa el (44%) del total del monto de la obra, cumpliendo de esta manera su representada con lo establecido en el contrato, tal como se evidencia en recibos de cancelación emitidos por A.B.D., anexados marcados con las letras "D”, 'E", "F" y "G".

Que el señor A.B.D., no había cumplido con la totalidad de la obligación por él asumida, ya que a partir del mes de junio abandonó la construcción de la obra, dejando ejecutado un pequeño porcentaje de la misma, no existiendo causa que lo justificara, ni habiendo él comunicado a la Junta de Condominio el motivo de su incumplimiento, por lo que su mandante intentó establecer comunicación con el señor A.B.D., por vía telefónica y posteriormente en visitas a la residencia, cuya dirección aparece indicada al pie de los recibos de cancelación, ya anexados a esta demanda bajo las letras “D”, “E", "F" y "G", siendo imposible su ubicación.

Que la falta de cumplimiento de la obligación contraída por el señor A.B.D., al abandonar la obra, ha causado graves daños a la Junta de Condominio por ella representada, ya que ella como propietaria de la obra si cumplió al inicio de la obra con su obligación de pagar el 50% del monto convenido, y el contratista cumplió parcialmente con su obligación, es decir, que ejecutó un porcentaje de la obra, que representa un monto de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 4.883.020,65), causándole a la Junta de Condominio un perjuicio por obra no ejecutada por un valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.3.276.702,71), según se evidencia del Informe de Valuación de Obra Ejecutada, realizado por la Ing. M.M., solicitado por la Junta de Condominio, anexado marcado con la letra "L", contentivo de cinco (5) hojas, el cual tuvo un costo de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,oo).

Que el daño más grave por la inejecución de la obra, es el que se le ha ocasionado a los propietarios de los apartamentos del quinto piso que se encuentran por debajo de la placa donde se debía ejecutar la obra, ya que el señor A.B.D., tuvo que romper el piso de la placa, dejando la misma sin protección contra la intemperie, por lo que en los techos y paredes de estos apartamentos las filtraciones han sido de extrema gravedad, tal como se evidencia de inspección judicial realizada por el Tribunal Tercero de los Municipios Libertador y S.M., en fecha 28-10-2002, la cual anexó marcada con la letra "N".

Fundamentó la acción en los artículos 1.264 y 1.271 del Código Civil.

Para la Defensora Judicial de la parte demandada:

Que le fue imposible ubicar al representante legal de la empresa en la dirección aportada por la parte demandante y que tal requerimiento no ha sido posible ejecutarlo.

Rechazó y contradigo de manera general, tanto los hechos como el derecho por la parte demandante, alegando que lo hizo en cumplimiento del PRINCIPIO DE LA ÉTICA PROFESIONAL como Defensor Ad-Litem.

En cuanto a los fundamentos de derecho no menciona ninguna disposición legal en la cual fundamenta su defensa, razón por la cual se debe entender que rechaza la aplicación al caso de autos de los dispositivos legales señalados por la parte actora.

CAPÍTULO V

PRUEBAS PROMOVIDAS

Pasa este Tribunal a analizar los elementos probatorios traídos por las partes para probar los hechos que resultaron controvertidos, a cuyo efecto, hacemos una relación lacónica de las pruebas que fueron aportadas por la representación judicial de la parte actora, así tenemos:

1. - Valor y mérito jurídico del contrato de obra (fs. 24-25), suscrito en fecha 23-04-2002, entre el ciudadano A.B.D., en su carácter de único propietario de la firma personal “Proyectos Construcciones Obras Civiles”, y la Junta de Condominio del Edificio Residencias “Los Sauces”.

2. - Valor y mérito jurídico del recibo de pago al señor A.B.D. (f. 26), del 08-05-2002, para probar el pago efectuado al demandado.

3. - Valor y mérito jurídico del recibo de pago al demandado A.B.D. (f. 27), del 21-02-2002, por concepto de abono del 25% del presupuesto de la construcción del techado del Edificio Residencias “Los Sauces”, por la suma de Bs. 4.065.000,00, hoy, Bs. F. 4.065,00.

4. - Valor y mérito jurídico de recibos de pago efectuados al demandado (fs. 28-30), de fechas: 21-03-2002; 24-04-2002 y 10-05-2002, por Bs. 600.000,00 (hoy Bs. F. 600,00); Bs. 2.000.000,00 (hoy Bs. F. 2.000,00); y Bs. 500.000,00 (hoy Bs. F. 500,00).

5. - Valor y mérito jurídico del Informe de la Ing. M.M.P., sobre la evaluación de la obra ejecutada por el demandado, referente a la ampliación y techado del edificio Residencias “Los Sauces” (fs. 35-39).

6. - Valor y mérito jurídico de la Inspección Judicial (fs. 42-65), practicada por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, en el inmueble objeto de la controversia.

7. - Valor y mérito jurídico al recibo de pago a la Empresa “Herrería Paraguaná” (f. 40).

   Análisis de las pruebas promovidas:

1. - En cuanto al valor y mérito jurídico del contrato de obra (fs. 24-25), suscrito en fecha 23-04-2002, entre el ciudadano A.B.D., en su carácter de representante legal de la Empresa “Proyectos Construcciones Obras Civiles”, y la Junta de Condominio del Edificio Residencias “Los Sauces”, representada por su Presidenta, ciudadana M.T.V.L.; del mismo se desprende que efectivamente las partes suscribieron un contrato de obra para la construcción de “…un Techo y Reparación de Un Techo Existente que consiste en lo siguiente: Construcción de Un techo de 383 m2, y la Reparación consiste en la colocación de nuevas canales y corregir filtraciones. El Monto de esta obra es de Dieciséis Millones Doscientos Sesenta Mil Trescientos Noventa Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 16.260.390,00)…” En tal sentido, se le da valor probatorio de documento privado, conforme a los artículos 1.368 y 1.381 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil, al no haber sido tachado ni impugnado por la contraparte en su oportunidad legal. Así se decide.

2. - Referente al valor y mérito jurídico del recibo de pago al demandado A.B.D. (f. 27), del 21-02-2002, por concepto de abono del 25% del presupuesto de la construcción del techado del Edificio Residencias “Los Sauces”, por la suma de Bs. 4.065.000,00, hoy, Bs. F. 4.065,00; así como también a los recibos de pago efectuados al demandado (fs. 28-30), de fechas: 21-03-2002; 24-04-2002 y 10-05-2002, por Bs. 600.000,00 (hoy Bs. F. 600,00); Bs. 2.000.000,00 (hoy Bs. F. 2.000,00); y Bs. 500.000,00 (hoy Bs. F. 500,00); los cuales al no haber sido impugnados por la parte representación judicial de la parte demandada, adquirieron pleno valor probatorio, en los cual se evidencia que la empresa demandada recibió de la parte actora, las sumas señaladas y tomando en consideración que los mismos no fueron impugnados de manera alguna en su oportunidad legal, se les da el valor probatorio que les otorga los artículos 1.368 y 1.381 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil, al no haber sido tachados ni impugnados por la contraparte en su oportunidad legal. Así se decide.

3. - Referente al valor y mérito jurídico del Informe de la Ing. M.M.P., sobre la evaluación de la obra ejecutada por el demandado, referente a la ampliación y techado del edificio Residencias “Los Sauces” (fs. 35-39); al ser analizado observa el Tribunal que se trata de un documento privado, emanado de un tercero y que no fue ratificado en el proceso, en tal sentido, debe desecharse, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y así se establece.

4. - En cuanto al valor y mérito jurídico de la Inspección Judicial (extra litem) (fs. 42-65), practicada por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, en el inmueble objeto de la controversia.

   Respecto a dicha Inspección, observa el Tribunal que la misma fue practicada dentro de los presupuestos procesales del artículo 1.429 del Código Civil, y por lo tanto tienen valor de una prueba legal, tomando en consideración que en la misma hubo inmediación de la suscrita Jueza, que pudo apreciar por medio de sus sentidos, las circunstancias de una situación de hecho; cabe señalar, con respecto a las Inspecciones Judiciales extra litem, lo que ha establecido el M.T. de la República, en relación a su valoración en juicio estableció:

   (...) La inspección ocular extra litem, practicada dentro de los presupuestos procesales del artículo 1.429 del Código Civil, tiene el valor de una prueba legal cuyo mérito está obligado el juez a analizar en la correspondiente sentencia, aún cuando en ello no haya intervenido la parte contra quien ulteriormente se oponga en juicio, sin que pueda, por tanto, rechazar de plano su valor fundado en las solas razones de no ser una prueba preconstituida como la documental y de no haber intervenido en ella la parte demandada. En conclusión, sólo en determinadas circunstancias la inspección ocular extra litem tiene validez en juicio, pero, cuando es practicada dentro de los supuestos previstos en el artículo 1.429 del Código Civil, tiene eficacia probatoria y debe analizarla el juez y pronunciarse acerca de su valoración. Ha señalado la Ley y nuestra doctrina, que la inspección judicial preconstituida es procedente cuando se pretenda hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer con el transcurso del tiempo (…) (Sentencia Nº 367, de fecha 15/11/2000, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia)

   Posteriormente, en sentencia Nº 399, de fecha 30/11/2000, la misma Sala, con respecto a la Inspección Judicial extra litem, señaló: "...la inspección judicial preconstituida no necesita ser ratificada en el proceso para que surta efectos probatorios, por cuanto hubo inmediación del juez que aprecia por sus sentidos las circunstancias de una situación de hecho..."

   En razón de lo anterior, el Tribunal aprecia y valora la referida Inspección Judicial y le atribuye valor probatorio en el presente juicio, por guardar estrecha con el hecho controvertido. Y así se declara.-

5. - Valor y mérito jurídico al recibo de pago a la Empresa “Herrería Paraguaná” (f. 40); al ser analizado observa el Tribunal que se trata de un documento privado, emanado de un tercero y que no fue ratificado en el proceso, en tal sentido, debe desecharse, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y así se establece.

   Respecto al escrito de INFORMES que rielan a los folios 152 al 156, en el cual la representación judicial de la parte actora hace una relación sucinta de las actas y actos del proceso, observa este Tribunal que los mismos no aportan ningún elemento de los cuales se pueda deducir elementos probatorios a favor de la parte actora, por lo tanto, se desestiman, y así se decide.

   En cuanto a los INFORMES presentados por la Defensora Judicial de la parte demandada (f. 157), esta juzgadora no los aprecia ni los valora, pues de los mismos no se desprenden elementos probatorios a favor de su defendido. Así se establece.

   Finalmente, es importante acotar que la parte actora, en su escrito libelar en el petitorio de la acción, solicitó los pagos de:

   …omissis…

La cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.3.276.702,71), cantidad esta que corresponde a la diferencia que existe entre el monto pagado al demandado por mi representada, y la obra ejecutada.

…omissis…

La cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs.100.000.oo), por concepto de pagos realizados por mi representada, a la ingeniero M.M., por la elaboración de informes de peritaje realizado. (subrayado del Tribunal).

La cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (300.000,00), por concepto de los daños causados tanto en los apartamentos como en el pasillo del quinto piso del referido edificio (…)

Sobre el PRIMER particular, alegó la parte accionante en su libelo, que: “…causándole a la Junta de Condominio un perjuicio por obra no ejecutada por un valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.3.276.702,71), según se evidencia de informe de valuación de obra ejecutada realizado por la ingeniero M.M. solicitado por la junta de condominio, el cual anexo marcado con la letra "L", contentivo de cinco (5) hojas, el cual tuvo un costo de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs.100.000,oo)…” Y siendo que al momento de valorar dicha prueba, la misma fue desestimada, en atención a lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, resultando IMPROCEDENTES dichos pagos. Así se decide.

En lo que respecto a los particulares SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, los mismos resultan igualmente IMPROCEDENTES, en razón de haberse desestimados los medios probatorios relacionados con dichos cobros. Así se decide.

Finalmente, con respecto al particular QUINTO, la actora no trajo a los autos tales probanzas, que pudiesen haber llevado a esta juzgadora a la convicción de los gastos reclamados por tal concepto, en tal sentido, resulta igualmente IMPROCEDENTE su pago. Así se decide.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL

Del análisis que ha hecho el Tribunal y de los elementos probatorios que obran en autos, ha llegado a las siguientes conclusiones:

Que la parte actora celebró con la Sociedad Mercantil “Proyectos y Construcciones Obras Civiles”, representada por el ciudadano A.B.D., un CONTRA DE OBRA que data del día 23 de abril de 2002, relacionado con la construcción de “…un Techo y Reparación de Un Techo Existente que consiste en lo siguiente: Construcción de Un techo de 383 m2, y la Reparación consiste en la colocación de nuevas canales y corregir filtraciones. El Monto de esta obra es de Dieciséis Millones Doscientos Sesenta Mil Trescientos Noventa Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 16.260.390,00)…”

Que la parte actora no logró demostrar lo alegado en el libelo de la demanda.

Que por los razonamientos que anteceden, la demanda debe ser declarada SIN LUGAR con todos los pronunciamientos de Ley, como se hará en la parte dispositiva de este fallo.

DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d.l. Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda incoada por el abogado en ejercicio M.J.G.Q., actuando con el carácter de co-apoderado Judicial de la Junta de Condominio “Residencias Los Sauces”, representada por su Presidenta, ciudadana M.T.V.L., por COBRO DE BOLÍVARES POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA, contra la Sociedad Mercantil “Proyectos y Construcciones Obras Civiles”, representada por el ciudadano A.B.D., por las razones señaladas. Así se decide.

Se condena en costas a la parte perdidosa por haber resultada totalmente vencida, conforme lo establece el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Por cuanto la presente sentencia se publica fuera del lapso legal, se ordena notificar a las partes y/o a sus apoderados, a fin de ponerlos en conocimiento de tal decisión, haciéndoles saber que una vez que conste en autos la última notificación, al primer día hábil siguiente, comenzará a transcurrir el lapso para que ejerzan los recursos legales que estimen convenientes.

DADO, SELLADO Y FIRMADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D.L. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. En Mérida, a los ocho días del mes de julio del año dos mil diez. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

La Juez Titular,

Abg. Roraima S.M.V.

El Secretario,

Abg. J.A.M.

En la misma fecha se publica la anterior sentencia, siendo las 10:30 a.m. Déjese copia certificada de esta Sentencia por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

El Secretario,

Abg. J.A.M.

RSMV/JAM/gc.-