Resolución mediante la cual se establece que toda persona jurídica que pretenda prestar los servicios privados de Vigilancia y Protección de Propiedades, o de Traslado y Custodia de Valores, deberá solicitar previamente la autorización por ante la dependencia con funciones en materia de vigilancia y seguridad privada, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para tramitar la inscripción de la Correspondiente Acta Constitutiva-Estatutaria y de cualquier modificación estatutaria, en las Oficinas de Registro Mercantil, así como solicitar y obtener la autorización de funcionamiento para prestar el servicio privado solicitado.

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