Decisión nº 1325 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Julio de 2011

Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas

Caracas, veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011)

201º y 152º

SENTENCIA N° 1325

Asunto Nuevo: AF47-U-2000-000017

Asunto Antiguo: 2173

En fecha 19 de noviembre de 2001, el ciudadano H.M.M.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 619.441, actuando en su carácter de propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, amparada mediante Registro y Autorización No. 032-C-57, de fecha 18 de noviembre de 1988., interpuso recurso contencioso tributario subsidiario al recurso jerárquico, contra la Resolución Nro. GJT-DRAJ-2002-A-2327, de fecha 29 de agosto de 2002, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT, a través de la cual se declaro PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente accionante contra la Resolución Nro. SAT-GRTI-RC-DF-1-1052-LIC-1300-21-00491, de fecha 27 de agosto de 1999, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); a través de la cual se le impuso la cantidad actualmente expresada de MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 1.200,00), por concepto de multa, ante el incumplimiento de deberes formales, en materia de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas.

En fecha 10 de octubre de 2003, se recibió el recurso contencioso tributario del Tribunal Superior Segundo (Distribuidor) de lo Contencioso Tributario.

En fecha 05 de noviembre de 2003, se dictó auto dándole entrada al recurso y formándose expediente bajo el N° 2.173. En este mismo auto se ordenó la notificación al Procurador, Contralor, Fiscal General de la República, Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, a los fines de la admisión o inadmisión del recurso conforme lo dispuesto en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario.

En la misma fecha se libró comisión al Juzgado Primero de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, para que practique la notificación y al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, de la entrada ante este órgano jurisdiccional del referido recurso.

Así, fueron notificadas la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT, los ciudadanos Fiscal, Contralor y Procurador General de la República, en fechas 28/11/2003, 02/12/2003, 16/12/2003, 13/01/2004, respectivamente, siendo consignadas todas las boletas el 30 de marzo de 2004.

En fecha 19 de enero de 2005, este Tribunal recibió diligencia de la abogada S.L., en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, mediante la cual solicitó se recabe la comisión conferida para la notificación del contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO.

El 02 de agosto de 2005, este Tribunal recibió la comisión librada en fecha 05 de noviembre de 2003, a los fines de notificar al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, sin efectuar en virtud de no ser competentes por la jurisdicción para practicar la notificación referida.

En fecha 23 de enero de 2006, este Tribunal recibió diligencia de la abogada Samatha Leal, ya identificada, mediante la cual solicitó se sirva decretar la perención de la instancia en la presente causa.

El 16 de febrero de 2007, este Tribunal recibió diligencia de la abogada D.C., actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, mediante la cual ratificó la diligencia presentada por la abogada S.L., en fecha 26 de noviembre de 2006, así mismo solicitó se libre cartel de notificación al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO.

En fecha 02 de abril de 2007, este Tribunal libró nueva comisión al Juzgado Primero del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de notificar al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO.

El 25 de junio de 2008, la abogada D.C., ya identificada, presentó diligencia mediante la cual solicitó se libre cartel de notificación al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, a las puertas del tribunal a los fines de darle continuidad a la presente causa.

En fecha 30 de junio de 2008, este Tribunal recibió la comisión librada al Juzgado Segundo del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante la cual se dejó constancia que no se pudo realizar la notificación del contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, ya que no se pudo localizar el local señalado.

El 08 de febrero de 2010, la abogada D.C., ya identificada presentó diligencia mediante la cual solicitó al Tribunal se sirva librar cartel a las puertas del tribunal a los fines de notificar al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO.

Así, ante la imposibilidad de notificar al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, este Tribunal en fecha 26 de febrero de 2010, dictó auto mediante el cual ordenó conforme lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, la publicación de un Cartel de notificación a las puertas del Tribunal.

II

FUNDAMENTOS DEL ACTO RECURRIDO

En fecha 29 de agosto de 2002, la Gerente Jurídico Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); dictó la Resolución N° GJT-DRAJ-2002-2327, a través de la cual declaró Parcialmente con Lugar el recurso jerárquico interpuesto en fecha 18 de abril de 2000, por el contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, bajo la siguiente argumentación.

(…) Ahora bien, en el caso sub-examine, no se observa que en el acto administrativo tributario recurrido, se haya atribuido un efecto más grave que el que se produce como consecuencia de no dar cumplimiento al deber formal establecido en los artículos 103 y 126, numeral 1, literal “a” del Código Orgánico Tributario con vigencia desde el 01-07-1994, en concordancia con lo establecido en los artículos 47 de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, y 221de su Reglamento, pues la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, a los efectos de sancionar dicho incumplimiento aplicó la consecuencia desfavorable para esta infracción es decir, la sanción especifica prevista para éstos casos contenida en el artículo 106 del Código Orgánico Tributario; en consecuencia no es posible aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el numeral , segundo parte, del artículo 85, del Código Orgánico Tributario.

En efecto siendo que la infracción cometida por la contribuyente, no condujo a la aplicación de la sanción por omisión de ingresos o la pena por ocultación de los hechos que dan lugar al pago del tributo, es decir, las sanciones previstas para los casos de contravención o defraudación, respectivamente, resulta evidente, que no se configuró el supuesto de imputación de un delito más grave o más dañoso a partir del hecho referido a que la contribuyente no tenía en el establecimiento el Libro de Registro de Especies Alcohólicas, al momento de ser requeridos por el fiscal actuante, en consecuencia, no es aplicable al caso examinado la atenuante de responsabilidad penal contenida en el numeral 2, del segundo aparte, del artículo 85, del Código Orgánico Tributario. Así se declara.

En relación con la atenuante invocada por la contribuyente, referida a que no había sido sancionada anteriormente, circunstancia atenuante contemplada en el numeral 4, del artículo 85, del Código Orgánico Tributario, se estima pertinente señalar:

En el caso subjudice debemos decir que no consta en autos que la contribuyente haya cometido ninguna violación de las normas tributarias durante los tres años anteriores a aquel en que se cometió la primera infracción. De tal manera que siendo una facultad de esta autoridad administrativa, graduar la pena con fundamento en lo establecido en el artículo antes transcrito, ésta Gerencia Jurídica Tributaria, considerando que no existe agravante para la fecha 01-06-99, fecha en que se requirió el Libro de Registro de Especies Alcohólicas, en el presente caso, y que es procedente la atenuante antes indicada, por lo que se estima disminuir en un 5% la multa aplicada para dicho ejercicio, quedando esta fijada en 118,75 unidades tributarias, equivalente a Bs. 1.140.000,00. Así se declara.

V

DECISIÓN ADMINISTRATIVA

Por lo antes expuesto, quien suscribe, Gerente Jurídico Tributario (E), del Servicio Nacional Integrado Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), según P.A. N° SNT-2001-564, del 10-05-2001, publicada en Gaceta Oficial N° 37.200, de fecha 18 de mayo de 2001, dictada por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, de conformidad con las atribuciones conferidas en el articulo 139, de la Resolución N° 32, de fecha 24 de marzo de 1995, sobre la Organización Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT); publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.881, extraordinario del 29 de marzo de 1995, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente MANZO SALAS HILARIO (BAR RESTAURANT CHICHARRONERA MATAPALO), y en consecuencia, se confirma el acto administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Sanción N° SAT-GRTI-RC-DF-1-1052-LIC-1300-21-00491, de fecha 27-08-99, se ordena anular el monto, determinado por concepto de multa, así como emitir nueva planilla de liquidación en los términos de la presente decisión…

En consecuencia, en fecha 18 de septiembre de 2003, la Gerencia Jurídico Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria del SENIAT; remitió la presente causa al Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, distribuidor para esa fecha, siendo recibido por este Tribunal en fecha 10 de octubre de 2003.

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Este Tribunal antes de dilucidar el fondo de la presente controversia procede a analizar si opera la perención de la instancia en el recurso contencioso tributario (subsidiario al recurso jerárquico), interpuesto en fecha 18 de abril de 2000. A tal efecto, se observa lo siguiente:

La perención es un modo de terminación procesal, mediante la cual se castiga la inactividad de las partes, su negligencia, independientemente de que sean culpables o no, por lo que la inacción del Juez no es determinante en la ocurrencia de aquélla.

Esta institución procesal regulada en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, tiene su origen en la perención prevista en el proceso civil ordinario desde el Código de Procedimiento Civil de 1916. Así, el artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable rationae temporis, señala lo siguiente:

Artículo 265. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención

. (Subrayado del Tribunal).

Como se observa, tres (3) son los requisitos que deben concurrir para aseverar que estamos en presencia de la comentada institución: una objetiva, relacionada con la no realización de actos procesales; una subjetiva, atinente a la inactividad de las partes y no del juez; y una condición temporal, en cuya virtud se exige que la pasividad de las partes exceda del plazo de un año. (Cfr. RENGEL-ROMBERG, A.,Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1987, t. II, Organización Gráficas Carriles, C.A., p. 373).

Si en la relación procesal se observa la existencia de estas tres (3) condiciones, es evidente que existe una renuncia de las partes a continuar la instancia. En efecto, el hecho de dejar transcurrir un (1) año, ejerciendo un papel de simple espectador de la inactividad judicial sin gestionar en modo alguno en el expediente, en procura de la continuación del proceso, evidencia a juicio de este Tribunal, falta de interés, por parte de la contribuyente, en obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial ante la cual ha sometido el conocimiento del asunto. De manera que, no es la inacción del Juez, per se, la que acarrea la perención de la instancia, sino que es la inactividad de las partes la que es sancionada con esta declaratoria de perención.

La desidia de los sujetos procesales por más de un año, extingue la instancia de pleno derecho, es decir, que la perención opera ex lege, pudiendo ser alegada por las partes o decretada de oficio por el Juez, quien analizará previamente que se han cumplido los presupuestos necesarios para su declaratoria.

Así, en el proceso tributario habría que analizar cada situación particular para verificar si estamos en presencia de la prenombrada figura procesal.

En efecto, cuando el recurso es interpuesto directamente ante el Tribunal Superior Contencioso Tributario competente, según el principio procesal general establecido en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, perfectamente aplicable al proceso tributario, por mandato del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, el proceso se inicia con la presentación del recurso y por ende la instancia. Dispone el comentado artículo 339:

Artículo 339. El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez

.

En este sentido se ha pronunciado nuestro M.T.d.J., retomando el criterio de la Sala Político-Administrativa Especial Tributaria (Cfr. Sentencia N° 164 del 17 de abril de 1991, según el cual, cuando el recurso es interpuesto directamente, la instancia se inicia con la entrada del recurso al Tribunal, independientemente que las partes estén o no notificadas. El criterio quedo expresado en los siguientes términos

Dilucidado lo anterior, esta Sala considera que basta para que opere la perención, que la causa haya permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, transcurrido el cual, el tribunal podrá, sin más trámites, declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte.

Se trata así, del simple cumplimiento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención.

En definitiva, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte.

Siguiendo los lineamientos anteriores expuestos, esta Sala pasa a revisar el caso de autos y constata que tal y como fue apreciada por la recurrida, desde el día 16 de septiembre de 1999, fecha en que el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario le dio entrada al recurso interpuesto, bajo el Nº 1.334 y ordenó librar las boletas de notificación a las partes, así como solicitar el respectivo expediente administrativo; hasta el día 21 de septiembre de 2000, fecha en la cual la representante del Fisco Nacional solicitó fuera declarada la perención de la instancia, transcurrió el lapso de un año previsto en el indicado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual resulta procedente declarar la perención y, en consecuencia, la extinción de la instancia en el presente proceso. Así se decide.

Efectuado el anterior planteamiento y de la revisión de la recurrida, esta Sala considera contrariamente a lo alegado por la representación de la apelante, que el fundamento de la declaratoria de perención no es la ausencia en el pago de los aranceles judiciales, sino la inactividad procesal de las partes durante el lapso de un año.

En cuanto al incumplimiento de las supuestas condiciones esenciales para la procedencia de la perención señaladas por la recurrente, esta Sala observa que las mismas (objetiva, subjetiva y temporal) no se encuentran dispuestas en norma legal alguna, siendo suficiente para la declaratoria de perención –tal como se avisara anteriormente-, la ausencia de actividad procesal durante el plazo previsto en la norma señalada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, independientemente de que el tribunal haya librado o no las citaciones de Ley o solicitado la remisión del expediente administrativo. Así se establece

. (Sentencia Nº 229, de la Sala Político-Administrativa de fecha 07 de febrero de 2002, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: Supermetanol, C.A., Exp. N° 2001-423) (Subrayado del Tribunal).

Otro supuesto sería, cuando el recurso contencioso tributario ha sido interpuesto subsidiariamente al jerárquico. En este caso, una vez que el Tribunal Superior Contencioso Tributario competente le da entrada, debe por mandato del artículo 264 del Código Orgánico Tributario, practicar la notificación de la recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, con el fin de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso previstos en los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Magna. Así ha quedado sentado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

(…) Visto lo anterior, debe señalarse que en el caso de autos era indispensable notificar a la contribuyente, pues la misma no se encontraba a derecho, debido a que de conformidad con el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario antes transcrito, al tratarse de un recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al jerárquico, se debe notificar a ésta en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, razón por la que no puede considerarse que la recurrente esté a derecho a partir de la interposición del recurso ante la Administración Tributaria; tal posición, se confirma mediante el auto dictado por el a quo en fecha 14 de julio de 2003, donde fueron ordenadas todas las notificaciones. Por consiguiente, no es sino hasta que conste en autos la notificación de todas las partes, el momento a partir del cual debe entenderse que se encuentran a derecho.

En este sentido, observa esta Sala que el a quo ordenó por auto del 14 de julio de 2003 la notificación de la contribuyente; sin embargo, no consta en autos su práctica y posterior consignación, cuestión que a todas luces en criterio de esta Alzada, es contrario a derecho, pues es insostenible que ante la falta de notificación a la contribuyente de la llegada del recurso contencioso tributario al órgano jurisdiccional competente, se declare la perención de la instancia por falta de actuación de la contribuyente recurrente tendiente a impulsar el proceso, cuando ella aún no estaba a derecho.

En efecto, la única forma en la cual la contribuyente pudiera haber ejercido actos que impulsaran el proceso era mediante la notificación de la boleta ordenada por el a quo, en los términos establecidos en el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario, al haberse interpuesto el recurso contencioso tributario de manera subsidiaria al jerárquico, lo cual le hubiera permitido tener la certeza de que el recurso ya se encontraba ante el órgano jurisdiccional competente, para de esta manera llevar a cabo todos los actos de procedimiento tendientes a ejercer en forma debida y efectiva su defensa, y de ese modo precisar el momento a partir del cual se establecería que las partes están a derecho, situación esta demás necesaria para que operara la perención.

Con base a lo anterior, considera esta Sala que el a quo con tal declaratoria vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la contribuyente, al no permitirle el acceso al órgano jurisdiccional competente para el ejercicio de su derecho a la defensa en la primera instancia, así mismo al debido proceso como mecanismo fundamental para la realización de la justicia, el cual tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica necesaria en la efectiva tutela judicial que la jurisdicción tiene como guía, pues ante la ausencia o falta de notificación de la llegada del recurso contencioso tributario, no se le brindó a la contribuyente las garantías suficientes para la efectiva y debida protección de sus derechos e intereses durante la tramitación del referido recurso. Así se declara

. (Sentencia N° 130 de la Sala Político-Administrativa de fecha 25 de enero de 2006, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: Petroquímica de Venezuela, S.A., Exp. N° 2005-2090).

Establecido lo anterior, este Tribunal observa que en el caso sub judice, este Tribunal en el auto de entrada de fecha 05 de noviembre de 2003, ordenó notificar al Procurador, Contralor, Fiscal General de la República, Gerencia Jurídica Tributaria (hoy denominada Gerencia General de Servicios Jurídicos) del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, librándose a tal efecto comisión al Juzgado Primero de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Así la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT, fue notificada el 28 de noviembre de 2003, el Fiscal General de la República el 02 de diciembre de 2003, el Contralor General de la República el 16 de diciembre de 2003 y la Procuradora General de la República el 13 de enero de 2004, siendo consignadas las respectivas boletas el 30 de marzo de 2004.

Con respecto a la comisión librada para practicar la notificación del contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO, la misma fue devuelta y recibida por este Órgano Jurisdiccional en fecha 02 de agosto de 2005, resultando infructuosa la notificación de la señalada contribuyente, en virtud de no ser ése el Juzgado competente por la jurisdicción para practicar dicha notificación.

En fechas 23 de enero de 2006 y 16 de febrero de 2007, se recibieron diligencias de las abogadas S.L. y D.C., identificadas anteriormente, actuando en representación del Fisco Nacional, solicitando se decrete la perención de la instancia y se libre cartel de notificación al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO; razón por la cual en fecha 02 de abril de 2007, este Tribunal dictó auto comisionando al Juez del Juzgado Primero del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de practicar la notificación; la cual fue devuelta y recibida por este Tribunal en fecha 30 de junio de 2008, a través de la cual se dejó constancia de no haber realizado la notificación de la contribuyente accionante en virtud de no haber podido localizar el local identificado.

En virtud de ser imposible la notificación de la recurrente en su domicilio fiscal y no evidenciarse del escrito recursorio, el señalamiento de su domicilio procesal, conforme lo dispuesto en el artículo 174 y ordinal 9° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal ordenó con fundamento en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, por auto de fecha 26 de febrero de 2010, tal como se evidencia en los folios del 104 al 106 del expediente judicial, la publicación de un Cartel en la puerta del Tribunal, por un término de diez (10) días de despacho vencidos los cuales se entendería que la referida contribuyente estaba a derecho, término éste que venció el 22 de marzo de 2010.

Se observa así, como el Tribunal cumplió con la obligación procesal que le impone el artículo 264 del Código Orgánico Tributario de 2001, como lo es notificar a la recurrente que el recurso contencioso tributario que ejerció en forma subsidiaria en fecha 18 de abril de 2000: en fecha 05 de noviembre de 2003, le dio entrada. En efecto, señala la citada disposición legal:

Artículo 264. Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio

. (Subrayado del Tribunal).

Así, la litis o debate procesal se instauró una vez que todas las partes se encontraron debidamente notificadas, es decir, el 23 de marzo de 2010, día siguiente al vencimiento del término de diez (10) días de despacho concedidos a la recurrente, para considerar que la misma se encontraba a derecho. Ahora bien, desde esa fecha hasta hoy 19 de julio de 2011, se observa que transcurrió más de un (1) año sin haberse realizado un acto de procedimiento, en virtud del cual se evidencie la intención o propósito de las partes de continuar el proceso.

En consecuencia, en aras de proteger el interés público reflejado en la necesidad imperiosa de evitar que los juicios se prolonguen indebidamente y en el desideratum común de descargar a la jurisdicción de causas que han sido abandonadas por falta de diligencia de las partes, quien decide, declara con fundamento en lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y 265 del Código Orgánico Tributario, que en la presente causa se consumó el lapso necesario para que perima la instancia. Así se decide.

IV

DECISIÓN

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la presente causa.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los ciudadanos Procuradora y Fiscal General de la República, a la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y al contribuyente H.M.M., propietario del fondo de comercio RESTAURANT BAR CHICHARRONERA MATAPALO.

Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro m.T.d.J. (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de cien (100) unidades tributarias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintiuno (21) días del mes de julio de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

La Jueza Suplente,

L.M.C.B.

El Secretario,

J.L.G.R.

En el día de despacho de hoy veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011), siendo las doce y cuarenta y un minutos de la tarde (12:41 p.m.) se publicó la anterior sentencia.

El Secretario,

J.L.G.R.

Asunto Nuevo: AF47-U-2000-000017

Asunto Antiguo: 2173

LMCB/JLGR/mm