Decisión nº 095-2010 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 3 de Junio de 2010
| Fecha de Resolución | 3 de Junio de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Contencioso Tributario |
| Ponente | Xioely Alejandra Gómez Torrealba |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
República Bolivariana de Venezuela
Poder Judicial
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario
de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, 3 de junio de 2010
Años 200° y 151°
Sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva Nº 095/2010
Asunto Nº: KP02-U-2008-000091
Parte recurrente: Restaurante y Marisquería El Castillo, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, bajo el N° 14, Tomo 2-A, de fecha 14 de abril de 1997, domiciliada en la Avenida Manaure Esquina Monzon, S/N, Coro, Estado Falcón, inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-30140147-6, representada por el ciudadano M.A.G., venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V-16.964.907, en su carácter de propietario de la firma mercantil mencionada.
Acto recurrido: Resolución Nº GGSJ/GR/DRAAT/2006-379, de fecha 21 de febrero de 2006, notificada en fecha 19 de junio de 2006, emanada de la Gerencia de Recursos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico incoado contra las Resoluciones Nº SAT-GTI-RCO-600-01596, SAT-GTI-RCO-600-01597 y SAT-GTI-RCO-600-01598, todas de fecha 19 de agosto de 1998 y sus planillas de liquidación, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Administración Tributaria recurrida: Gerencia de Recursos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
I
Se inicia la presente causa mediante oficio Nº SNAT-INTI-GRTI-RCO-DJT-ACT-2008-003213 de fecha 23 de julio de 2008, enviado por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) el 23 de julio de 2008 y distribuido a este tribunal en esa misma fecha, mediante el cual se remitió el expediente contentivo del recurso contencioso tributario subsidiario al recurso jerárquico, incoado en fecha 21 de septiembre de 1999 por el ciudadano M.A.G., venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V-16.964.907, en su carácter de propietario de la firma mercantil Restaurante y Marisquería El Castillo, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, bajo el N° 14, Tomo 2-A, de fecha 14 de abril de 1997, domiciliada en la Avenida Manaure Esquina Monzon, S/N, Coro, Estado Falcón, inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-30140147-6, en contra de las Resoluciones Nº SAT-GTI-RCO-600-01596, SAT-GTI-RCO-600-01597 y SAT-GTI-RCO-600-01598, todas de fecha 19 de agosto de 1998 y sus planillas de liquidación, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), recurso administrativo que fue declarado parcialmente con lugar mediante Resolución Nº GGSJ/GR/DRAAT/2006-379 de fecha 21 de febrero de 2006, notificada en fecha 19 de junio de 2006, emanada de la Gerencia de Recursos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
El 29 de julio de 2008, este tribunal dio entrada al recurso contencioso tributario subsidiario y se libró boleta de notificación a la firma mercantil Restaurant y Marisquería El Castillo, C.A., comisionándose al Juzgado del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón (Distribuidor).
El 22 de octubre de 2008, se le dio entrada y se agregó resulta de la comisión sin cumplir, remitida por el Juzgado Primero del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en la cual se dejó constancia de que la recurrente no existía en el lugar referido para su notificación.
El 23 de marzo de 2009, se libró cartel de notificación a la recurrente para ser publicado en la puerta del tribunal, cuya copia fue consignada en el expediente el 14 de abril de 2009, oportunidad en la cual se dejó constancia de que venció el lapso, al cual hace alusión el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, para tener por notificada a la recurrente.
En fecha 11 de mayo de 2010, la abogada C.M.M.R., titular de la cédula de identidad N° 12.435.446, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 74.967, actuando en representación de la República y por sustitución expresa de la Procuraduría General de la República, solicitó que se declarase la perención y la extinción de la instancia.
El 24 de mayo de 2010, la jueza temporal se abocó al conocimiento de la presente causa y ordenó dejar transcurrir el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
II
Consideraciones para decidir
Corresponde a este tribunal pronunciase sobre la diligencia presentada por la representación fiscal el 11 de mayo de 2010 y a tal efecto, se realizan las siguientes consideraciones:
El artículo 265 del Código Orgánico Tributario establece que “La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención...”.
En sintonía con la norma citada, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 02144 de fecha 04 de octubre de 2006, Expediente Nº 1997-13814, sostuvo que:
“(…) Del estudio concatenado de las normas transcritas, se desprende de manera clara y precisa que en los casos como el de autos, cuando se interponga el recurso contencioso tributario ante el Tribunal competente, el contribuyente estará a derecho desde el momento en que el recurso es recibido por dicho Tribunal, mientras que la Administración Tributaria lo estará a partir de la oportunidad en que conste en el expediente su notificación por parte del Tribunal de la causa. Aclarado lo anterior, corresponde precisar si en el caso objeto de análisis, es un requisito indispensable que se encontrase a derecho a los fines de comenzar a computar el lapso de un (1) año previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. A tal efecto, resulta imperativo para esta Sala ratificar el pronunciamiento emitido en sentencia Nº 00126 de fecha 19 de febrero de 2004, caso: Súper Octanos C.A., en la cual se sostuvo lo que de seguida se transcribe: “(…) En tal sentido, es necesario destacar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo para la culminación del procedimiento, en el sentido de que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material, pudiéndose interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal. Erígese entonces, el instituto procesal en referencia, como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de administración de justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe ningún tipo de interés por parte de los sujetos procesales. De esta forma, el legislador adjetivo consagró la perención de la instancia, en los siguientes términos: Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (...). De la norma transcrita supra, dimana con meridiana claridad, que el supuesto de procedencia de la figura procesal en análisis, está configurado por dos requisitos de carácter concurrentes, a saber: la inactividad de las partes y el transcurso de un año. Obsérvese, pues, que el legislador procesal omitió en el dispositivo legal antes citado, el elemento volitivo de las partes, es decir, no se requiere para que opere la perención de la instancia, precisar si la inactividad de éstas responde a un elemento que les sea imputable. Por el contrario, con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía. Tampoco es necesario a los fines de aplicar la figura procesal in commento, que todas las partes se encuentren a derecho, toda vez que existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, la perención en fase de citación, la cual opera inclusive, en un período inferior a un año, específicamente en los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones impuestas a los fines de citar al demandado (artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil). En consecuencia, la obligación del juez contencioso tributario de notificar de la existencia del recurso, establecida en el artículo 191 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, no debe ser considerada un obstáculo para que opere la perención de la instancia, constituyéndose en carga procesal del recurrente, instar las notificaciones de Ley ”(…). Conforme al fallo parcialmente transcrito, concluye este M.T. que no es necesario que se encuentre a derecho a los fines de iniciar el cómputo establecido en el ya mencionado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sino que basta haber operado la inactividad de las partes durante el transcurso de un (1) año…”
En este mismo orden de ideas, la precitada Sala, en fecha 14 de marzo de 2006, mediante sentencia Nº 00652, con ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, estableció:
...En efecto, la única forma en la cual la contribuyente pudiera haber ejercido actos que impulsaran el proceso era mediante la notificación de la boleta ordenada por el a quo, en los términos establecidos en el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario, al haberse interpuesto el recurso contencioso tributario de manera subsidiaria al jerárquico, lo cual le hubiera permitido tener la certeza de que el recurso ya se encontraba ante el órgano jurisdiccional competente, para de esta manera llevar a cabo todos los actos de procedimiento tendientes a ejercer en forma debida y efectiva su defensa, y de ese modo precisar el momento a partir del cual se establecería que las partes están a derecho, situación esta por demás necesaria para que operara la perención…
. (Vid. sentencia Nº 00130 del 25 de enero de 2006, caso: Petroquímica de Venezuela, S.A.). (Destacado de la Sala).
Así pues, como quiera que el fallo antes citado remite al artículo 264 del Código Orgánico Tributario a objeto de determinar el momento en que las partes se encuentran a derecho, como condición relevante a los efectos de la declaratoria de perención, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en dicha norma, la cual prevé lo siguiente:
“Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio. En caso que no haya sido posible la notificación del recurrente, el tribunal dejará constancia de ello en el expediente, y fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho.
Parágrafo Único: Cuando el recurso contencioso tributario no haya sido interpuesto en la forma prevista en el parágrafo primero del artículo 259 de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la Administración Tributaria, con indicación del nombre del recurrente, el acto o actos cuya nulidad sea solicitada, órgano del cual emana, y la materia de que se trate; y solicitará el respectivo expediente administrativo.
Por tanto, de acuerdo con la Sala Político Administrativa, lo que se requiere para que opere la perención es que exista inactividad procesal, que la omisión se prolongue por un año según lo dispuesto en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario y que la causa no se encuentre en estado de sentencia, no obstante, es importante destacar que el lapso para decretar la perención no comienza a correr, en los casos de recursos contencioso tributarios subsidiarios, hasta tanto se notifique a la parte recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio y de no ser posible esta notificación, se debe dejar constancia de ello en el expediente y se deberá fijar un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho, lo cual ocurrió en el presente caso, considerando que el referido lapso venció el 13 de abril de 2009 y se consignó el cartel en el expediente el 14 de abril de 2009, por lo que se considera que la recurrente se encuentra a derecho, así como también lo está la Administración Tributaria Nacional por el hecho de haber remitido el presente recurso a este tribunal, amén de haber diligenciado en fecha 11 de mayo de 2010, solicitando la declaratoria de perención.
Conforme con ello, observa este tribunal que el lapso de perención comenzó a correr desde el día siguiente a que se incorporó al expediente la resulta de la notificación del recurrente, es decir, a partir del 14 de abril de 2009, verificándose de acuerdo al cómputo realizado en este Despacho atendiendo a lo previsto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, que desde el 14 de abril de 2009 hasta el 10 de mayo de 2010, fecha anterior a la de la diligencia presentada por la representante de la República, transcurrió más de un año, sin que las partes hubiesen realizado algún acto de procedimiento para dar impulso procesal al presente asunto, por lo que resulta forzoso para este tribunal declarar la perención de la instancia, con fundamento en lo previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la perención no es renunciable por las partes según lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario. Así se decide.
III
Decisión
En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara consumada la perención y en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes, así como a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la República, de conformidad con lo previsto en los artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 12 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, en concordancia con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 277 y el artículo 278, ambos del Código Orgánico Tributario.
Déjese copia certificada de la presente decisión, conforme con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil vigente.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los tres días del mes de junio del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La jueza temporal,
Abg. Xioely A.G.T..
El secretario,
Abg. F.M..
En horas de despacho del día de hoy, 3 de junio de 2010, siendo las doce y quince de la tarde (12:15 p.m.) se publicó la presente decisión.
El secretario,
Abg. F.M..
