Decisión nº 464 de Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo de Barinas, de 25 de Octubre de 2007
| Fecha de Resolución | 25 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo |
| Ponente | Maige Ramírez Parra |
| Procedimiento | Querella Con Madida Cautelar Innominada |
Expediente Nº 6811.07
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN DE LOS ANDES
Barinas, 25 de octubre de 2007.
197º y 148º
Mediante escrito presentado ante este Tribunal Superior, el día trece (13) de Agosto de Dos Mil Siete (2007), por la Abogada F.C.B.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 24.719, con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano R.M.M., venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad N° V- 4.113.859, domiciliado en la ciudad de San C.d.E.T., interpuso QUERELLA FUNCIONARIAL conjuntamente con MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS, contra el “Silencio Administrativo asumido por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Dirección de Personal, frente al Recurso Administrativo de Reconsideración (…) interpuesto por (su) representado el 18 de mayo de 1999, contra el acto administrativo de retiro dictado por la Directora de Personal (E) actuando por delegación del Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (…) y que fuese publicado en el ‘Diario La Nación’ de San Cristóbal, el trece (13) de abril de 1999, que contenía lo relativo a un supuesto proceso de reorganización administrativa en ese órgano ministerial, cuya nulidad también se solicita en esta Querella” (Subrayado del escrito).
Este Juzgado Superior por auto de fecha 25 de septiembre de 2007, por remisión expresa de lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública al constatar que la misma no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, admitió la presente querella funcionarial interpuesta contra el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (hoy) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.
I
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS
Solicitan los apoderados judiciales del querellante las medidas cautelares innominadas siguientes: se le ordene al Ministro del Ambiente (hoy) Ministro del Poder Popular para el Ambiente, a la Dirección de Personal Nacional y Dirección Regional del Estado Táchira: a) la reincorporación provisional de su representado en el cargo de Perito Forestal III, con el pago oportuno de las respectivas remuneraciones. b) abstenerse de efectuar cualquier actividad o acto que tienda a excluir nuevamente a su representado de esa organización administrativa pública o a trasladarlo fuera de la jurisdicción del Estado Táchira; y c) abstenerse de realizar cualquier acto, hecho o actividad que pueda desmejorar la condición funcionarial de su representado en el cargo de Perito Forestal III.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Seguidamente esta Juzgadora pasa a pronunciarse respecto a las medidas cautelares innominadas solicitadas por los apoderados judiciales del recurrente:
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, impone al Tribunal a los fines de que sea acordada la referida protección cautelar, examinar los requisitos de procedencia, a saber:
1º.- Que exista presunción grave del buen derecho (fumus boni iuris).
2º.- Que exista riesgo manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva (periculum in mora).
3º.- Que se acompañe prueba de lo anterior.
Por otra parte, el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, consagra la facultad del Juez para acordar las providencias cautelares que estime adecuadas, siempre que verificados los anteriores requisitos, exista el fundado temor de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación por la decisión que ponga final proceso.
Al respecto, resulta de interés citar sentencia Nº 00870, de fecha 05 de abril de 2006, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que sobre las medidas cautelares innominadas, dejó sentado lo siguiente:
(E)l poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar innominada sólo se concede cuando existan medios de pruebas suficientes que constituyan presunción grave del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como el derecho que se reclama (fumus boni iuris); el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra (periculum in damni).
En lo que respecta al primero de los requisitos mencionados (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar, no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
En cuanto al segundo de los requisitos (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Y en lo que se refiere al tercer requisito periculum in damni, éste se constituye en el fundamento de la medida cautelar innominada para que el tribunal pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos y adoptando las providencias necesarias para evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra
.
En el caso de autos, el querellante después de exponer los alegatos y fundamentos referentes al recurso contencioso administrativo funcionarial, en lo que respecta a las medidas cautelares innominadas señala que: su representado fue retirado ilegalmente por la Administración Pública, “vapuleándose (…) ese estatus funcionarial, al no observarse los trámites administrativos que garantizaban su derecho a la estabilidad” señalando que una prueba evidente de esta aseveración lo constituye el hecho de no respetársele su lapso de disponibilidad; que el cartel de notificación publicado en el Diario La Nación de fecha 13 de abril de 1999, “representa un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se está reclamando, pues del mismo se desprende que una vez vencido el lapso contemplado en el mismo para entenderse por notificado (su) representado, fue retirado en lugar de concedérsele su lapso de disponibilidad”, igualmente, alega que “probada la condición de funcionario de carrera administrativa de (su) representado, asimismo, probado que no le fue respetado su período de disponibilidad, se ha configurado el Fumus B.J. (sic) o apariencia de buen derecho, lo cual hace procedente la solicitud de Medidas Cautelares Innominadas de conformidad con los artículos 109 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que la demora en brindarle a (su) representada una tutela cautelar efectiva no solo (sic) significa una inexplicable y continuada desprotección a su derecho a la estabilidad en el ejercicio de su cargo de Perito Forestal III a la vez que un daño patrimonial considerable al Estado venezolano, al seguir acumulándose indemnizaciones en su contra, por una actuación indebida de su parte” (Negrillas del escrito).
Ahora bien, como se ha dejado establecido anteriormente, resulta necesario la verificación de los requisitos concurrentes de procedencia, es decir, la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y el temor fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in damni), asimismo, determinar si la recurrente trajo a los autos medios de pruebas de los cuales puedan evidenciarse la procedencia de la protección cautelar solicitada.
Cursa al folio 18 del presente expediente, aviso de notificación, presentada por el querellante como prueba de presunción de buen derecho, el cual, considera quien aquí juzga, no constituye elemento probatorio de la existencia del fumus boni iuris alegado, pues del texto del mismo se evidencia que la Dirección General Sectorial de Administración y Servicios, Dirección de Personal del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (hoy) Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; retira al querellante del cargo que desempeñaba en la Dirección de Región Táchira “por haber resultado infructuosas las diligencias practicadas para lograr su reubicación”, en efecto, señala la notificación “que las gestiones realizadas para lograr su reubicación en el cargo de PERITO FORESTAL III, en este Organismo y ante otras dependencias de la Administración Pública Nacional, a través, de la Oficina Central de Personal han resultado infructuosas según consta de las memorandas (…) todas emanadas de este Ministerio (…)” lo que hace presumir sin que constituya un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, que la Administración antes de proceder al retiro del querellante realizó los trámites respectivos a su reubicación y que dada la imposibilidad de lograrlo procedió a su retiro, de allí que no se desprende el olor a buen derecho del Querellante. En cuanto al periculum in mora, no obstante de resultar innecesario el examen del mismo, por tratarse de requisitos concurrentes, observa quien aquí juzga, que el querellante no indicó ni probó que exista riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, como tampoco, demostró que existiere el temor fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, esto es, el periculum in damni. Así se decide.
Del examen del escrito libelar y del acervo probatorio aportado a los autos, observa esta Juzgadora que, el apoderado judicial del querellante, en el presente caso, se limita a exponer en su escrito libelar los alegatos referentes a la querella funcionarial sin fundamentar el cumplimiento de los extremos necesarios para la procedencia de la protección cautelar solicitada (medidas cautelares innominadas), es decir, sin proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho conjuntamente con las pruebas que sustenten su solicitud de las cuales se pueda desprender la existencia de los requisitos concurrentes necesarios, como son el fumus boni iuris, el periculum in mora y el periculum in damni siendo una carga del accionante que no puede ser suplida por este Órgano Jurisdiccional. En tal sentido, con fundamento en el criterio establecido por nuestra Jurisprudencia Patria que establece, el Juez debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos del accionante (sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nº 402, de fecha 20 de marzo de 2001, caso: M.E.S.), estima este Tribunal Superior que al no verificarse en el caso de autos, de manera concurrente, la existencia de los requisitos para la procedencia de las medidas solicitadas, las mismas deben negarse. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTES las medidas cautelares innominadas solicitadas por los abogados F.C.B.C., inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 24.719, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano R.M.M., titular de la Cédula de Identidad N° 4.113.859.
Publíquese, regístrese, expídanse las copias de Ley y notifíquese a las partes.
LA JUEZA PROVISORIA,
fdo
MAIGE R.P.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
fdo
R.A.B.
En la misma fecha de hoy, siendo las (12:02 p.m), quedó registrada bajo el Nº 464.
MRP
Expediente 6811.07
