Decisión nº PJ0072014000289 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Agosto de 2014
| Fecha de Resolución | 1 de Agosto de 2014 |
| Emisor | Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Ricardo Rafael Sperandio Zamora |
| Procedimiento | Cumplimiento De Contrato |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 1 de agosto de 2014
204º y 155º
ASUNTO: AH17-X-2014-000037
PARTE ACTORA: R.J.D.S.N.D.P., de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. E-82.052.864.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: O.J.G., venezolano, mayor de edad, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 145.136.
PARTE DEMANDADA: M.E.C.M., O.M.C.M., D.C.M. y J.C.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad Nros. V- 6.120.943, 6.312.712, 6.867.827 y 5.310.862.-
-I-
Corresponde a este Juzgado emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de medida cautelar esgrimida por el abogado O.J.G. en el juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoado R.J.D.S.N.D.P. contra M.E.C.M., O.M.C.M., D.C.M. y J.C.M., a tal efecto, este Juzgado advierte que la petición cautelar fue realizada bajo los siguientes términos:
…SOLICITO SE DECRETE LA MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICION DE ENAGENAR Y GRAVAR SOBRE LE BIEN INMUEBLE QUE CONSTA EN AUTOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 585 Y SIGUIENTES DEL CPC…
-II-
Planteada en los términos antes expuestos la petición cautelar procede este Tribunal a pronunciarse respecto de la misma con base a las siguientes consideraciones:
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece:
Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama
. (Énfasis del Tribunal).
De la norma transcrita ut supra se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de las medidas preventivas, destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio, y la existencia de dos (2) requisitos para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus bonis iuris y, la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo denominado periculum in mora.
Por otra parte, solo se hace imperativo decretar la medida solicitada si se encontrasen satisfechos los extremos exigidos en el mencionado artículo 585, acción esta que se encuentra respaldada por la norma contenida en el artículo 601 ejusdem, el cual establece lo siguiente:
Artículo 601: Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución...
(Énfasis añadido)
Conforme a las normas antes citadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y fummus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos.
De las razones antes expuestas observa este Juzgado que si bien es cierto las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento el órgano jurisdiccional debe dictarlas.
Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y la documentación consignada por ésta, considera este Órgano Jurisdiccional que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos, pues, por un lado, la presunción del buen derecho quedó evidenciado con la documentación traída a los autos, y por otro lado, a juicio de quien suscribe, el periculum in mora se encuentra satisfecho por virtud de un hecho constante, a saber, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada, por ello, y estando en presencia de un juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, considera quien suscribe que es forzoso decretar la medida cautelar solicitada por la parte accionante en esta etapa del proceso y ASÍ SE DECLARA.
-III-
En virtud de las razones de hecho y de derecho anteriormente esgrimidos, este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el bien inmueble que se describe a continuación: “…un inmueble constituido por un apartamento identificado con el Nro. 36-C, Piso 3, del edificio denominado “Residencias La Guairita C” dicho inmueble esta construido en una parcela de terreno denominada Lote B y C, situada en Jurisdicción del Municipio Baruta, en el lugar llamado la Guairita, Población de Baruta, (antiguo Distrito Sucre del Estado Miranda) y cuyos linderos medidas y demás características constan en el documento de condominio, dicho inmueble tiene una superficie aproximada CIENTO UN METRSO CUADRADOS CON SESENTA DECIMETROS CUADRADOS (101,60 m2) consta de un recibo comedor, tres habitaciones, dos salas de baño, una cocina y un lavadero secadero y esta comprendido dentro de los siguientes linderos Norte: Fachada Norte del edificio, Sur: Apartamento Nro. 31-C y pasillo de circulación, Este: Fachada este del Edificio, y Oeste: Pasillo de circulación y fachada oeste del Edificio, a dicho apartamento le corresponde un porcentaje de Cero como Tres Mil Centésimas Dos Millonésimas por Ciento 0,003.702, de condominio. Dicho inmueble fue adquirido por los fallecidos J.C.G. y M.G.M., titulares de las cedulas de identidad Nro. 6.207.231 y E-831.081, respectivamente tal y como se evidencia en titulo de propiedad otorgado ante el Registro Subalterno del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado M.C. en fecha veintiséis 26 de febrero de Mil Novecientos Noventa y uno 1991, quedando inserto bajo el Nro. 10, Tomo 22, Protocolo Primero, hoy Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda. Se ordena oficiar a la Oficina de Registro antes nombrada para que tome la nota marginal correspondiente.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 7º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 1 de agosto de 2014. 204º y 155º.
EL JUEZ,
R.S.Z.
LA SECRETARIA
YAMILET J. ROJAS M.
En esta misma fecha, siendo las 11:17 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA
YAMILET J. ROJAS M.
