Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 16 de Mayo de 2007

Ratificamos en todas y cada una de sus partes y términos, el escrito libelar que riela a los folios 01 al 05 ambos inclusive, del presente expediente, radicando la pertinencia de la prueba, en primer lugar de que (sic) no fueron contradichos, ninguno de los argumentos en él esgrimidos, en el acto de contestación de la demanda, además de que (sic) en el mismo, se encuentra plasmada la voluntad y solicitud de nulidad de la venta que fraudulentamente se realizó en perjuicio del patrimonio de nuestro representado, y que pretende recuperar, mediante la presente demanda judicial, constituyendo ello, el fundamento de la presente acción.

Este Tribunal considera que estos medios de prueba efectuados en forma genérica, sin señalamiento expreso y preciso de lo que pretente demostrar, resulta inapreciable, en virtud de que coloca a quien sentencia en la situación de indagar en las actas procesales, buscando circunstancias favorables a la parte promovente, en consecuencia no se le puede otorgar valor probatorio alguno. Y así se decide.

Ratificamos en todas y cada una de sus partes y términos, el documento de venta acompañado como recaudo anexo “B” a la presente demanda, que corre agregado al folio 08 del presente expediente, que al no ser desconocido, tachado o impugnado de cualquier forma, adquiere plena validez.

Al respecto este juzgador observa que al folio 08 del presente expediente corre agregado copia debidamente certificada del documento de venta del inmueble objeto del presente litigio donde se evidencia que el ciudadano N.M.M., dio en venta al ciudadano J.A.P., y por cuanto el mismo no fue tachado ni impugnado se le otorga el valor probatorio que le corresponde a los documentos públicos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1357, 1359 y 1924 del Código Civil, para dar por demostrado que la venta hecha fue perfectamente válida. Y ASI SE DECIDE

Ratificamos e insistimos en la nulidad, falsedad, desconocimiento o tacha de la venta que consta en los documentos acompañados a la demanda que corren agregados a los folios 12 al vto. del 19 y que constituyen el fundamento de la acción propuesta en el presente juicio, documento que fuera otorgado por ante la Notaria Publica de El Vigía, anotado bajo el Nº 33, tomo 29, de los Libros de Autenticaciones llevados por ese Despacho, en fecha 16 de Abril del año 2004, toda vez que esas ventas, no están o no fueron otorgadas por el verdadero y legítimo propietario del inmueble, que no es otro que nuestro representado, ciudadano J.A.R.P. y al no ser otorgado por él como vendedor, lógicamente, es nula la venta del inmueble identificado en el citado documento.

Por cuanto consta a los folios 138 al 142 que al mencionado documento se le practicó experticia periciales, grafotécnicas y dactiloscópicas, donde se concluyó que la firma que se le atribuye al ciudadano J.A.R.P., no fue realizada por este ciudadano, en consecuencia se le da pleno valor probatorio al mencionado documento para dar por demostrado que el mismo no fue otorgado por el ciudadano J.A.R.P., declarándose la nulidad del citado documento por existir vicios en el consentimiento. Y así se decide

Solicitamos conforme al contenido de los Artículos 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se practique sendas experticias, a los documentos señalados anteriormente, es decir, al documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio A.A.d.E.M., bajo el Nº 40, Protocolo Primero, Tomo Segundo, Tercer Trimestre, de fecha 12 de Agosto del año 1998, si pertenece a su otorgante, ciudadano J.A.R.P. y no así, la firma que aparece estampada al pié del documento otorgado por ante la Notaría Pública de El Vigía, anotado bajo el Nº 33, tomo 29 de los Libros de Autenticaciones llevados por ese Despacho Notarial, en fecha 16 de Abril del año 2004; en virtud de que en esa Notaria se lleva un libro, en el que los otorgantes estampan sus huellas digito pulgares, pedimos, que para una mayor claridad de los hechos, se practique una experticia, en las huellas digito pulgares estampadas, en dicho libro y que guarda relación con el otorgamiento del documento antes señalado.

En relación a la citada prueba y como ya quedo establecido, en la valoración de la anterior prueba, a los folios 138 al 142 obra experticia periciales, grafotécnicas y dactiloscópicas, realizada sobre el documento fundamento de la presente acción de nulidad, donde se demuestra que la firma que se le atribuye al ciudadano J.A.R.P., no fue realizada por este ciudadano, en consecuencia este Tribunal le otorga pleno valor probatorio a la mencionada experticia para dar por demostrado que el citado documento no fue otorgado por el ciudadano J.A.R.P., declarándose la nulidad del mismo por existir vicios en el consentimiento. Y así se decide.

Solicitamos muy respetuosamente a este Tribunal, previa las formalidades de Ley, se sirva recibir la declaración a los ciudadanos: V.R.P.P., venezolano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Mérida y titular de la cédula de identidad Nº 4.702.553. G.M.D.R., venezolana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Mérida y titular de la cédula de identidad V- 10.102.991. N.A.M., venezolano, mayor de edad, domiciliada (sic) en esta ciudad de Mérida y titular de la cédula de identidad V- 11.216.732 y NEVIS R.U.P., venezolano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Mérida y titular de la cédula de identidad Nº 9.394.839, quienes serán presentados por la parte promoverte (sic) y darán respuesta a las preguntas que a viva voz le formularemos en la fecha y lugar que a bien tenga fijar este Tribunal, y la pertinencia de la prueba, está representada, en que los señalados ciudadanos, saben y les consta que el ciudadano J.A.R.P., no ha realizado actos de disposición de sus bienes patrimoniales entre ellos el inmueble identificado en los documentos antes señalados y que forman y constituyen el fundamento de la presente acción.

El testigo V.R.P.P., rindió su declaración por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d.E.M., en fecha 22 de Febrero de 2006, folio 130 y vuelto, donde manifestó entre otros hechos lo siguiente:

A la pregunta si conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano J.A.R.P., contestó “Si lo conozco en virtud de que (sic) en una oportunidad intente hace (sic) una negociación de una parcela ubicada en El Vigía” A la pregunta si sabe y le consta que el ciudadano J.A.R.P., es propietario de dos parcelas ubicadas en el Distrito A.A. en el sector conocido como El Paraíso, contestó: “Si se y me consta porque en una oportunidad estuve interesado en comprarle esas parcelas, en el sector el paraíso en el Municipio A.A., del Estado Mérida, esas parcelas eran contiguas, estaban juntas, de aproximadamente doscientos metros cuadrados cada una fuimos al Registro a verificar los documentos y ciertamente aparecían a nombre de él, la negociación no se realizó porque no convinimos en el precio.”

La testigo G.M.D.R., rindió su declaración por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d.E.M., en fecha 23 de Febrero de 2006, folio 131 y vuelto, donde manifestó entre otros hechos lo siguiente:

A la pregunta si conoce de alguna forma al ciudadano J.A.R.P., contestó: “si”, A la pregunta si sabe y le consta que el ciudadano J.A.R.P., es propietario de dos parcelas ubicadas en el Distrito A.A. en el sector conocido como El Paraíso, contestó: “Si en una de las oportunidades que acompañe al señor Vicente para la negociación que tenían sobre una parcela de el, creo que tenia dos parcelas, de hecho fuimos al registro a verificar papeleo de los mismos y si eran de él”

El testigo N.A.M.H., rindió su declaración por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d.E.M., en fecha 01 de marzo de 2006, folios 132 al 133, donde manifestó entre otros hechos lo siguiente:

A la pregunta si conoce al ciudadano J.A.R.P., contestó: “si, si lo conozco de vista, trato y comunicación”. A la pregunta si sabe y le consta que el ciudadano J.A.R.P., es propietario de dos parcelas ubicadas en el Distrito A.A. en el sector conocido como El Paraíso, contestó: “en ese caso tuve la oportunidad de contactar al Señor Américo y conocer a raíz de que (sic) hay un amigo en el Vigia (sic) de nombre NEVIS URDANETA quien tiene residencia en El Vigia (sic) para la compra de dos parcelas que son morochas para el momento que fuimos a conocerlas tienen la misma dirección mas no recuerdo tienen doscientos metros cuadrados, y la supimos fue a través de un aviso de prensa que él me comento para la adquisición netamente comercial a través de un número CANTEV (sic) que aparecio (sic) en un aviso de prensa” A la pregunta si sabe y le consta que el Ciudadano J.A.R.P., actualmente, tiene problemas judiciales con las mencionadas parcelas, por que (sic) una persona haciendose (sic) pasar por el (sic) vendio (sic) las parcelas por ante la Notaria Pública de El vigia (sic); y de tener ese conocimiento, diga como se entero de ello?; contestó: “al momento de conocer las parcelas él hablo de un costo de diez millones cada parcela, al cual nosotros solicitamos un plazo un lapso para completar l (sic) dinero ya que para el momento no contabamos (sic) con la cantidad completa, fué (sic) como para el mes de Junio de 2004 que nosotros logramos completar el dinero lo llamamos al numero de CANTV aparecido en el diario Frontera y el nos comento que no podia (sic) negociar por que (sic) para la fecha tenia problemas con la parcela ya que supuestamente alguien se habia (sic) hecho pasar por el (sic) y habia (sic) vendido las parcelas en una notaria de El Vigía y fue hasta recientemente que él nos volvio (sic) a contactar para solicitar el testimonio nuestro que fuimos posibles compradores de las parcelas que actualmente se encuentran en disputa.”

El testigo NEBIS R.U.P., rindió su declaración por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d.E.M., en fecha 02 de marzo de 2006, folio 134, donde manifestó entre otros hechos lo siguiente:

A la pregunta si conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano J.A.R.P., contestó: “si lo conozco”, A la pregunta si sabe y le consta que el ciudadano J.A.R.P., es propietario de dos parcelas ubicadas en el Distrito A.A. en el sector conocido como El Paraíso, contestó: “Si yo tengo conocimiento que el es propietario de esas parcelas, tengo conocimiento porque a principios de diciembre del año dos mil tres AMERICO coloco un aviso en el periódico a principios de diciembre del dos mil tres no recuerdo la fecha exacta, un amigo mío N.M. me había hecho la inquietud de que (sic) quería invertir un dinero en la ciudad de El Vigía entonces mas o menos por ahí del catorce al dieciocho aproximadamente es que llamamos al aviso que se había publicado anteriormente llamamos a ese numero para el aviso de las parcelas y era el señor AMERICO el propietario de las parcelas el que las tenia en venta, nosotros le solicitamos que estábamos interesados en la compra de dichas parcelas, el estuvo en el Vigía y nos mostró las parcelas, eran dos estaban pegadas nos gustaron las parcelas y el señor AMERICO nos dijo que constaban diez millones cada una, pero en ese momento no nos pusimos de acuerdo en el precio porque no teníamos el dinero completo, entonces el señor AMERICO nos dio un plazo de seis meses como hasta junio que teníamos la primera opción de compra, manteniendo los VEINTE MILLONES como precio tope, que en dado caso que le saliera otro comprador en ese plazo de tiempo el nos llamaba para ver si nosotros siempre íbamos a comprar esas parcelas, a mediados de junio del dos mil cuatro lo llamamos y nos dijo que tenía un problema jurídico con esas parcelas, que no se podía hacer el negocio, porque tenia un problema con las parcelas que le habían hecho una estafa algo así y que hasta que no se resolviera no se podía hacer ningún tipo de negocio por el problema de la estafa, y el se comunicó conmigo y me dijo que si le podía servir de testigo y yo le dije que si, con mi socio N.M., nosotros le dijimos que si.”

Al respecto observa este juzgador que la declaración depuesta por los ciudadanos V.R.P.P., G.M.D.R., N.A.M. Y NEVIS R.U.P., plenamente identificados, aunque con diferencia de palabras fueron contestes en afirmar los hechos controvertidos en la presente causa, para dar por demostrado que el ciudadano J.A.R.P., no realizó actos de disposición de sus bienes patrimoniales, vale decir; sobre los inmuebles que constituyen el fundamento de la presente acción, motivo por el cual se le otorga el valor probatorio que le corresponde de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara

Pruebas de la parte Codemandada ciudadano J.N.T.H.:

DOCUMENTAL: El valor y mérito probatorio del Documento debidamente Registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico del Municipio A.A.d.e.M. en fecha 28 de abril del año 2004 inscrito bajo el Nº 48 protocolo primero Tomo segundo, el cual anexo al presente escrito, quedando demostrado el carácter de Propietario del inmueble identificado en autos, documento que fue otorgado con las formalidades legales correspondientes y que tiene pleno valor jurídico hasta tanto no sea demostrada su falsedad, lo cual no ha sido objeto de esta controversia.

Al citado documento se le otorga el valor probatorio que le corresponde a los documentos públicos que se desprende del artículo 429 del Código de Procedimiento de Procedimiento Civil, el de plena prueba y se le tiene por fidedigno en virtud de haber sido expedido por el funcionario competente, para dar por demostrado que el ciudadano R.A.J. vendió el inmueble objeto del presente litigio al ciudadano J.N.T.H.. Y así se declara.

La parte codemandada ciudadano R.A.J., no promovió pruebas ni por si ni por medio de su defensor judicial designado, motivo por el cual no se le otorga ningún valor probatorio. Y así se declara

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

EL artículo 1.141 del Código Civil, establece:

Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son:

1° Consentimiento de las partes

2° Objeto que pueda ser materia de contrato; y

3° Causa lícita.

Ahora bien, el artículo 1.142 del mismo código indica:

El contrato puede ser anulado:

1° Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; y

2° Por vicios del consentimiento

De la norma anteriormente transcrita se evidencia que para la existencia del contrato deben cumplirse con los elementos descritos, de manera que la falta de alguno de ellos impide la formación del contrato, vale decir, lo hace inexistente.

Ante tal circunstancia el artículo 1.146 del Código Civil, dispone que “aquel cuyo consentimiento hay sido dado a consecuencia de un error inexcusable, o arrancado por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la nulidad del contrato”; es decir, que los vicios del consentimiento son el error, la violencia y el dolo.

En el Código Civil, el legislador distingue dos grandes categorías de error, a saber: el error de derecho y el error de hecho, y este último es a su vez subclasificado en error en la sustancia y error en la persona.

A decir del Dr. E.C.B., en su obra Código Civil Venezolano, comentado y concordado, el error de derecho, “es aquel que recae sobre la existencia, la circunstancia, los efectos y consecuencias de una norma jurídica. Por ejemplo: una persona realiza un contrato para construcción de una vivienda multifamiliar ignorando la disposición de una Ordenanza Municipal que prohíba la construcción de este tipo de vivienda en la zona”; mientras que el error de hecho, “es el error que recae sobre una circunstancia fáctica, una circunstancia de hecho. Es el tipo de error más común o frecuente y afecta al contrato de nulidad relativa en los supuestos que contempla nuestro legislador en el Art. 1.148 del Código Civil. ” Dentro del error de hecho nuestro legislador distingue el error en la sustancia y el error en la persona, el primero de ellos contemplado en el artículo 1.148 del Código Civil, implica las cualidades de una cosa, tomado dicho término en su acepción objetiva o significado subjetivo. El error en la persona por su parte, esta definido como “aquel que recae sobre la identidad o las cualidades de la persona con quien se ha contratado y produce la anulabilidad del contrato, no es todos los casos, sino cuando esa identidad o esas cualidades ha sido la causa única o principal del contrato”.

Ahora bien, el error como vicio del consentimiento produce dos efectos fundamentales: La anulabilidad del contrato y la indemnización de los daños y perjuicios por la parte que incurre en el error y a favor de la otra parte contratante; lo que implica que el contrato celebrado por error de una de las partes contratantes puede ser declarado nulo a petición de la parte que incurre en el error, pues como todo contrato, es principio es válido pero puede ser anulado si se encuentra algún vicio que lo haga nulo.

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente observa quien profiere la presente decisión que el ciudadano J.A.R.P., pretende se declare la nulidad de la supuesta venta efectuada por el mencionado ciudadano con el ciudadano R.A.J., por cuanto a su decir, ni el documento ni las huellas digito pulgares estampadas en el documento autenticado por ante la Notaria Pública de El Vigía, en fecha 16 de abril de 2004, inserta bajo el número 33, tomo 29 de los libros de autenticaciones respectivos, y posteriormente registrado por ante la Oficina Subalterna del Distrito A.A.d.E.M., en fecha 20 de abril del 2004, quedando registrado bajo el N° 22, Protocolo Primero, Tomo Segundo, Segundo Trimestre del citado año, no le pertenecen.

Abierta la causa a pruebas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, fue promovida por la parte actora la prueba de experticia sobre el mencionado documento, experticia que arrojo como resultado que la firma que suscribe el instrumento dubitado, otorgado por ante la Notaría Pública del El Vigia, Estado Mérida, al cual ya se ha hecho referencia y que constituye el fundamento de la presente acción, cuya autoría se le atribuye al ciudadano J.A.R.P., no fue realizada por el ciudadano J.A.R.P., plenamente identificado; asimismo la impresión dactilar correspondiente al pulgar derecho que se encuentra en el documento, tampoco le corresponde al nombrado ciudadano, circunstancia que revela a este Tribunal que el documento autenticado de fecha 16 de abril del año 2004, inserto bajo el N° 33, tomo 29 de los libros de registro y posterior registro no fue otorgado por el ciudadano J.A.R.P., plenamente identificado, maxime cuando al vuelto del respectivo documento que obra al folio 13, se observa nota suscrita por la Notario Público Interino, Abg. M.G.N. de Quintero, mediante la cual dejo constancia que por cuanto el otorgante del documento J.A.R.P., no le fue posible la presentación de su cédula de identidad ni otro documento que lo identifique, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de Notaria Pública, se identificó con dos testigos quienes se identificaron como H.D.G.S. y C.A.F.C., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V- 16.741.249 y V- 16.306.022, quienes dieron fe de conocer al otorgante y que su identidad es la que aparece en el texto; en consecuencia y por haber quedado debidamente demostrado que en la presente causa operó el error en la persona contemplado en el artículo 1.148 del Código Civil Venezolano, así como la confesión en que incurrió el codemandado R.A.J., al no contestar la demanda ni promover prueba alguna que desvirtuara los hechos controvertidos, es por lo que indefectiblemente se debe declarar con lugar la presente demanda de nulidad como será establecido en la dispositiva del presente fallo.

DECISIÓN

Por las consideraciones que anteceden este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución y sus leyes, declara:

CON LUGAR la demanda de Nulidad de Venta incoada por el ciudadano J.A.R.P., a través de sus apoderados judiciales Abogados A.S., D.M. Y N.R., contra los ciudadanos R.A.J. y J.N.T.H., todos identificados en autos. Y ASI SE DECIDE.

Como consecuencia de la anterior decisión se declara la ANULABILIDAD del documento autenticado por ante la Notaria Pública de El Vigía, en fecha 16 de Abril de 2004, inserto bajo el N° 33, Tomo 29 de los Libros respectivos y posteriormente registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo A.A.d.E.M., en fecha 20 de abril del año 2004, quedando inserto bajo el N° 22, protocolo primero, tomo segundo, segundo trimestre del citado año, así como el documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo A.A.d.E.M., en fecha 28 de Abril de 2004, inserto con el N° 48, Protocolo Primero, Tomo Segundo, Segundo Trimestre del año en curso. Y ASI SE DECIDE.

Se ordena oficiar a la mencionada Oficina Inmobiliaria de Registro Público del Municipio Autónomo A.A.d.E.M., a fin que proceda a estampar las debidas notas de anulabilidad de los documentos descritos en el numeral anterior, una vez quede firme la presente decisión, quedando con pleno efecto jurídico el documento otorgado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo A.A.d.E.M., en fecha 12 de agosto de 1998, registrado bajo el N° 40, Protocolo Primero, Tomo Segundo, Tercer Trimestre del respectivo año. Y ASI SE DECIDE.

Por cuanto se desprende que en los documentos sobre los cuales se declaro su anubilidad, existe un fraude, este tribunal de oficio ordena remitir copia debidamente certificada de todas las actuaciones que comprenden el presente expediente a la Fiscalia del Ministerio Público a quien le corresponda, para que se inicie la averiguación respectiva. Y ASI SE DECIDE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte perdidosa. Y ASI SE DECIDE

Por cuanto la presente decisión se pública fuera del lapso legal, se ordena la notificación de las partes o en su defecto de sus apoderados judiciales de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, haciéndoles saber que los lapsos para interponer los recursos que consideren convenientes comenzaran a computarse una vez conste de autos la última de las notificaciones ordenadas. Y ASI SE DECIDE.

DADO, SELLADO, FIRMADO Y REFRENDADO EN LA SALA DEL DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. AÑOS 148 DE LA INDEPENDENCIA Y 197 DE LA FEDERACIÓN. Mérida, 16 de Mayo de 2007.

EL JUEZ TEMPORAL

ABG. J.C.G.

LA SECRETARIA

ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN.

En la misma fecha se público la anterior sentencia previa las formalidades de Ley, siendo las 11 y 40 minutos de la mañana, se libraron las respectivas boletas de notificación. Conste.

LA SECRETARIA

ABG. AMAHIL ESCALANTE N.