Decisión nº 85 de Tribunal Tercero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Junio de 2007
| Fecha de Resolución | 15 de Junio de 2007 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Protección del Niño y Adolescente |
| Ponente | Diana Guerrero de Fernández |
| Procedimiento | Divorcio 185 - A |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO- JUEZ UNIPERSONAL No. 03
Sentencia No. 85
Expediente No. 9780
Motivo: Divorcio con fundamento en el 185-A del Código Civil.
Partes solicitantes: R.J.R.C. y Yaslenys del C.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-12.802.088 y V-15.261.710, respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Niño(s), niñas(s) y/o adolescente(s): X.
PARTE NARRATIVA
Comparecen ante este Órgano Jurisdiccional los ciudadanos R.J.R.C. y Yaslenys del C.M., anteriormente identificados, para solicitar que se declare disuelto el Matrimonio Civil que los vincula, conforme a lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil (C.C), por estar separados de hecho desde hace más de cinco (5) años.
Narran los solicitantes que contrajeron matrimonio en fecha 14 de Junio del 2000, ante el Jefe Civil de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, según se evidencia del acta de matrimonio consignada en actas signada bajo el No. 209.
Manifiestan que luego de contraído el matrimonio fijaron su domicilio conyugal en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, donde habitaron hasta que la vida conyugal fue interrumpida el 4 de Mayo del año 2001 y hasta la fecha no ha sido reanudada.
Igualmente, que durante su unión matrimonial procrearon 01 hijo(a, os, as) niño(s), niña(s) y/o adolescente(s) que lleva(n) por nombre: X, de seis (6) años de edad, según se evidencia de la(s) copia(s) certificada(s) de la(s) acta(s) de nacimiento signada(s) con el No(s). 1215. Este documento público comprueba la filiación existente entre los solicitantes y el (la) niño(s), niñas(s) y/o adolescente(s) antes identificado(s), lo cual determina la competencia de esta Sala de Juicio para conocer de la presente causa.
Fue recibida la solicitud del órgano distribuidor en fecha 26 de Abril de 2007 y el Tribunal mediante auto de fecha 03 de Mayo del mismo año, le dio entrada, la admitió por no ser contraria al orden público y a ninguna disposición expresa de la ley y ordenó la citación del Fiscal Especializado del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y Familia.
En fecha 21 de Mayo de 2007, se agregó al expediente boleta en donde se evidencia que se notificó al Fiscal Especializado del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y Familia.
Cumplidos los trámites procésales dispuestos por la Ley y llegada la oportunidad para dictar sentencia, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
Analizadas las declaraciones de los cónyuges y las pruebas documentales, es decir, el acta de matrimonio, las partidas nacimiento consignadas y copia fotostática de las cédulas de identidad, observa este Juzgador que ambos cónyuges admiten el hecho de estar separados desde hace más de cinco (5) años, circunstancia que constituye el supuesto tipificado en el artículo 185-A del Código Civil, de haber ruptura prolongada de la vida en común.
Al respecto, el artículo 185A del Código Civil establece:
Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común
.
En el caso de autos, los solicitantes fundamentan su solicitud en el artículo 185-A del Código Civil y se observa que los hechos narrados y las pruebas aportadas encuadran dentro del supuesto previsto en artículo 185-A del Código Civil, referido a la ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (5) años.
Por otra parte no existió dentro del proceso objeción por parte del Ministerio Público con respecto a lo solicitado, ni existe en actas evidencia alguna que pudiese hacer concluir en la falsedad de los hechos expuestos por los cónyuges, por lo cual se consideran verificados los extremos requeridos para que se declare disuelto el vínculo matrimonial, es decir, la existencia de la separación de hecho por más de cinco (05) años y la aquiescencia de ambos cónyuges, y por ello la solicitud planteada debe ser proveída de conformidad, a tenor de lo dispuesto en la mencionada norma sustantiva. Así se declara.
En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 351 de la LOPNA, este Juez Unipersonal No. 3 acoge lo acordado por las partes en el escrito de solicitud de divorcio basado en el artículo 185-A del Código Civil, por lo cual: la p.p. del niño (os) (as) y/o adolescentes procreados dentro del matrimonio será ejercida conjuntamente por ambos progenitores. La guarda será ejercida por la ciudadana Yasnelys del C.R.C.. Asimismo, los progenitores establecieron el siguiente un régimen de visitas abierto, a los fines de que su padre, ciudadano R.J.R.C., pueda visitar a su menor hija las veces que lo considere prudente y necesario, siempre y cuando no entorpezca en modo alguno las actividades propias que desarrolla, teniendo presente en todo momento ambos progenitores el interés superior del niño, sus derechos y los deberes que le corresponden para con ellos en su condición de padres.
Al respecto, este sentenciador advierte que el artículo 386 de la LOPNA, textualmente establece: “Las visitas pueden comprender no sólo el acceso a la residencia del niño o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado en la visita. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño o adolescente y la persona a quien se le acuerda la visitas tales como: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”.
En relación con la obligación alimentaria los progenitores establecieron: “ El padre, ciudadano R.J.R.C., se compromete a suministrarle a su la ciudadana Yaslenys del C.M., en su condición de guardadora de la menor hija habida durante el matrimonio, por concepto de pensión de alimentos la suma de Ciento Cuarenta Mil Bolívares (Bs.140.000,00), en dinero en efectivo, que se compromete a entregar por mensualidades adelantadas, los primeros (5) días de cada mes, a la ciudadana Yaslenys del C.M., para coadyuvar con los gastos de manutención de su menor hija , entendiendo como tales , todos aquellos que conforman la obligación alimentaria en sentido genérico, con excepción de los gastos de educación, pago de colegio, entre otros, atención médica, medicamentos, vacaciones y todos aquellos que surjan en la medida que la menor crezca y se incorpore a actividades escolares, deportivas, culturales, etc., los cuales serán sufragados por los padres en partes iguales. En cuanto a los gastos propios del inicio de cada año escolar, así como también aquellos que se generen en las épocas decembrinas, el ciudadano R.J.R.C., asume la obligación de proporcionar el doble de la asignación mensual establecida, vale decir la suma de Doscientos Ochenta Mil Bolívares (Bs.280.000,00), por cada concepto.
DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio - Juez Unipersonal Nº 3, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
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CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, hecha por los ciudadanos R.J.R.C. y Yaslenys del C.M., ya identificados.
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Disuelto el vínculo matrimonial que contrajeron en fecha 14 de Junio del 2000, ante el Jefe Civil de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, según se evidencia del acta de matrimonio consignada en actas signada bajo el No. 209.
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En relación con el régimen de los hijos: P.P., ejercicio de la guarda, régimen de visitas y la obligación alimentaria, el Tribunal acoge lo establecido por los progenitores de común acuerdo, ya narrado en la presente decisión.
