Decisión nº PJ0022013000046 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo. Puerto Cabello de Carabobo, de 17 de Septiembre de 2013

Fecha de Resolución17 de Septiembre de 2013
EmisorJuzgado Superior Cuarto del Trabajo. Puerto Cabello
PonenteCesar Augusto Reyes Sucre
ProcedimientoCobro De Prestaciones Soc. Y Derechos D Jubilacion

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior del Circuito Judicial Laboral de Puerto Cabello

Puerto Cabello, diecisiete de septiembre de dos mil trece

203º y 154º

ASUNTO: GP21-R-2013-000029

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

DEMANDANTE: Ciudadano J.M.G.R., venezolano, titular de la cédula de identidad número: 7.323.207, ingeniero mecánico, domiciliado en la calle 17 entre carrera 20 y 21 N° 20-41, Yaritagua, estado Yaracuy.

APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: Abogado J.R. VARGAS SÁNCHEZ. Inscrito: Instituto de Previsión Social del Abogado Matrícula: 16.201

DEMANDADA: Sociedad Mercantil CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC). Inscrita: Originalmente en fecha 17 de octubre de 2007, por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del estado Miranda, bajo el Nº 69, Tomo 216- A Sgdo., publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.895, de fecha 25 de marzo de 2008, cuya última modificación estatutaria fue inscrita por ante el mismo Registro Mercantil, en fecha 29 de noviembre de 2010, bajo el N° 37, tomo 390-A Segundo y publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.572 de fecha 13 de diciembre de 2010, instruida su creación mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico N° 5.330 de fecha 02 de mayo de 2007, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.736 de fecha 31 de julio de 2007, reformado según Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha 23 de agosto de 2010.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: Abogados PELLEGRINO MOTTOLA, D.A.R.S., D.E.R.B., A.M.L.F., Y.M.F., M.L.G.A. y M.J.R.S.. Inscritos: Instituto de Previsión Social del Abogado matriculas: 67.527, 118.377, 54.958, 101.001, 95.533, 61.631 y 184.464 respetivamente.

MOTIVO: Cobro de diferencia de prestaciones sociales y beneficio de jubilación

ORIGEN: Recurso de Apelación contra el auto proferido por el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo - sede Puerto Cabello, de fecha 20 de mayo de 2013, mediante el cual suspende la causa por un lapso de seis (6) meses.

I

ANTECEDENTES

Suben las presentes actuaciones a esta Alzada por recurso de apelación planteado por el Abogado J.R. VARGAS S, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano J.M.G.R., en fecha 22 de mayo de 2013, contra el auto dictado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo- sede Puerto Cabello, en fecha 20 de mayo de 2013, mediante el cual acuerda lo solicitado: “…y suspende la causa por un lapso de seis (6) meses…”

La presente causa, se encuentra en fase de ejecución, de la sentencia definitiva, dictada por esta Alzada, en fecha 16 de abril de 2010, mediante la cual se ratifica parcialmente con lugar la demanda incoada, siendo acordado en dicha oportunidad:

(….)…”En 16 años, 11 mes y 20 días de servicio prestado por este trabajador, lo que nos arroja un total de 17 años, que multiplicados por 30 días por año de servicio, resulta un total de 510 días, que multiplicados por el último salario integral diario de Bs. 141,45 nos arroja la cantidad de Bs. 72.139,50, nótese de la documental que riela al folio 48 que el demandante recibió la cantidad de Bs. 57.163,67, por concepto de antigüedad, cantidad esta que se debe deducir del monto correspondiente, dando como resultado la suma de Bs. 14.975,83. Por el recargo del 60% establecido en la cláusula número 57 del Convenio Colectivo, de la revisión realizada se constató que solo le pagaron el 25% de la misma, es decir, la cantidad de Bs. 14.290,92, debiendo pagarle el 60% de la suma que le correspondía por antigüedad y que es de Bs. 72.139,50, por el recargo de 60%, da como resultado la cantidad de Bs. 43.283,70, a lo que se le deduce la cantidad pagada de Bs. 14.290,92, nos arroja una diferencia Bs. 28.992,78. Estos conceptos, ANTIGÜEDAD más RECARGO del 60%, nos arroja un total a pagar por el patrono de Bs. 43.968,61, cantidad que esta Jueza ordena pagar al demandante por la demandada, más los conceptos de intereses sobre las prestaciones sociales, e indexación salarial. Y ASÌ SE DECIDE.

Total acordado Bs. 43.968,61, al que se le adicionará el resultado de la experticia complementaria del fallo. ASÍ SE DECIDE.

En fecha 15 de mayo de 2013, la representación judicial de la CORPORACION ELECTRICA NACIONAL S.A (CORPOELEC), mediante diligencia expone; “…[su] representada (…), cuyo objeto principal son las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica, fue objeto de una intervención mediante decreto N° 21 del Ejecutivo Nacional publicado en Gaceta Oficial (…) Nº 40.153, de fecha 24 de abril de 2013 y según los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional. Destacando (…), del texto del Decreto de Intervención de CORPOELEC, entre otros “Que es deber del Estado velar por el correcto funcionamiento de los órgano (sic) y entes de la Administración Pública Nacional con el fin de contribuir a la realización de los planes sociales, tendentes a garantizar la distribución racional, justa y equitativa de los recursos potenciales del país, con el objeto de alcanzar para el pueblo venezolano, la mayor suma de felicidad posible”. Así las cosas, el Decreto de Intervención de CORPOELEC, en su artículo 5º dejó establecido que: “…El Presidente la Presidenta y los demás miembros de la Junta Directiva u órgano de dirección del ente intervenido mediante el presente Decreto, quedarán suspendidos en sus funciones al instalarse la Junta Interventora” Por las razones antes expuestas, es que [comparece] por ante [ese] Juzgado para solicitar la suspensión de la presente causa por un lapso de (…) 180 días….”

En fecha 20 de mayo de 2013, el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo - sede Puerto Cabello, suspende la causa por un lapso de seis (6) meses, decisión que fue impugnada por la parte actora.

II

AUDIENCIA DE APELACIÓN

Precisa esta Alzada, que en atención al acta de audiencia oral y pública, cursante del folio 73 al 75, y del video respectivo contentivo de dicho acto, se desprende que la parte recurrente, apela o impugna fundamentalmente basado en los siguientes argumentos que de seguida sucintamente se transcriben:

(…) Estamos en presencia de una causa inexistente, el tribunal mediante la solicitud del decreto 21, solicita la suspensión de la causa, caso ya comentado y que realmente, esa causa no estaba en curso, en este caso, en este proceso hay una sentencia definitivamente firme, con autoridad de cosa juzgada, el proceso se encuentra en ejecución de sentencia, para haber causa debía estar sujeto a una revisión conforme a los recursos que el propio ordenamiento jurídico laboral establece, ya no hay recursos porque se agotaron, habiendo sentencia firme y el Juez no tenia facultad para suspender causa alguna porque no estaba en conocimiento de causa, el de ejecución, ya que ha sido sentenciada, no hay causa que suspender, en todo caso suspender la ejecución de la sentencia, no la causa, suspendió la ejecución de la sentencia, es la segunda y última fase del proceso, la primera es demanda-sentencia, la segunda es sentencia firme y ejecución, no hay forma de suspender la causa, el tribunal estaba en ejecución de sentencia, como lo establece el artículo 181, y estas suspensiones están taxativamente establecidas en el Código de Procedimiento Civil, dos casos, la ejecución se está verificando y haya habido una prescripción, transcurridos 10 años, o en todo caso cuando los bienes no sean bienes del ejecutado, son los únicos casos para paralizar o suspender, no entiendo como el tribunal si no está en conocimiento la suspende, él mediante una competencia funcional, estaba en fase de ejecución, la fase de conocimiento de causa ya pasó, cuando él se desprende del expediente, no tiene conocimiento de la causa, la recibe solo para ejecutar la sentencia definitivamente firme, no hay forma ni se entiende el auto donde ordena la suspensión, y en el escrito de fundamentación, que sería inoficioso repetir al conocimiento del tribunal, allí establecemos jurisdicción y doctrina donde se explica claramente cada fase, de manera que no entiendo como este proceso en fase de ejecución de sentencia, fue suspendido por una solicitud que únicamente pretendía que se suspendiera una causa, no la ejecución, no hay motivos legales validos para la suspensión, por ello le llevé a conocimiento del tribunal todas la documentaciones, en razón de la seguridad jurídica y perjuicios que le causan al trabajador, deben declarar con lugar la apelación y continuar la consolidación de los derechos consagrados en la sentencia, hubo extralimitación de las funciones del tribunal.

Asimismo, la representación judicial de la parte demandada, tiene la oportunidad de contestar o contradecir el recurso intentado por su contraparte.

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En el presente asunto, primordialmente la imputación se dirige contra la decisión del a quo, de acordar la suspensión de la causa por 6 meses, en virtud de la solicitud realizada por la representación judicial de la CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL (CORPOELEC) , de conformidad con el Decreto Nº 21, de fecha 24 de abril de 2013, de la Presidencia de la República, que ordena la intervención de esta entidad mercantil, con todas las consecuencias típicas de una actuación de esta naturaleza, situación esta que se va a dilucidar de seguidas.

La ejecución, como fase o etapa final del proceso, hace que el mandato general contenido en la sentencia se cumpla, se materialice en el mundo de lo físico, ya que de otra manera se frustraría la finalidad del derecho procesal, que no es otra que la de hacer efectivo el derecho, quedando reducida la sentencia a un estudio con valor exclusivamente lógico o pedagógico, y sin eficacia práctica, si el Estado no dispusiera de los medios para hacer cumplir el fallo; de modo pues que la ejecución de la sentencia forma parte del oficio del Juez y comprendida dentro de su función jurisdiccional.

Al tratar el tema sobre la jurisdicción como función y como actividad, suele señalarse que la jurisdicción como función presenta un doble contenido: En primer término es una facultad de decisión que se manifiesta en el poder del órgano jurisdiccional para conocer de las demandas o peticiones que le sean presentadas por los particulares, proveer sobre la misma y en último caso para pronunciarse y decidir. Una segunda facultad, es facultad de coerción, imperium o ejecución.

Durante mucho tiempo se discutió si la fase de ejecución formaba o no parte del mismo proceso, e incluso si llegaba a ser actividad jurisdiccional propiamente dicha o actividad administrativa. Los proyectistas del Código de Procedimiento Civil de 1987, al tratar sobre este tema y de manera especial en la Exposición de Motivos señalan: "Mediante el sistema que se mantiene, la ejecución no es objeto de una nueva acción (actio judicati), como en otros derechos, ni da origen a una nueva relación jurídica procesal, sino que constituye el desenvolvimiento final de la única relación jurídica procesal que se constituye entre las partes desde el momento mismo en que la demanda judicial es notificada al demandado".

De modo pues que no existe lugar a dudas, la ejecución forma parte del proceso, es la etapa final del mismo, y forma parte de esa única relación procesal que se constituye desde el momento en que el demandado es notificado, en el caso del proceso laboral, a diferencia de lo que pudiera ocurrir en otros países en los cuales la ejecución no es parte del proceso, sino un nuevo proceso ejecutivo

El artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trajo, señala diáfanamente que el Juez es el rector del proceso como un todo, es decir, en toda su extensión, que obviamente abarca la fase de ejecución, como ya fue referido anteriormente.

Por otro lado, en fecha 24 de abril de 2013, la Presidencia de la República, mediante decreto Nº 21, y en atención a una serie de consideraciones desde el punto de vista del Ejecutivo Nacional, como es el crecimiento excesivo muy superior a los requerimientos reales de energía eléctrica, aunado al supuesto sabotaje de los servicios eléctricos, pero que en todo caso, requieren la adopción de medidas que coadyuven en el control y funcionamiento del servicio eléctrico nacional, se ordena la intervención de CORPOELEC, por un lapso de seis meses, prorrogable por igual periodo de tiempo, estableciéndose una junta interventora con amplias facultades, como determinación de activo y pasivo, practicas de auditorías, inventarios de documentos, datos, sistemas de información, bienes, contratos, y litigios, y una serie de amplísimas facultades complementarias, para procurar el normal funcionamiento de dicha entidad, lo que hace indispensable, incluso en protección de los trabajadores o ex trabajadores, que hubieren incoado causas judiciales en contra de la entidad intervenida, e independientemente de la fase en que se encuentre esa causa o proceso, para que dichos accionantes, puedan ver honrados sus derechos dentro de los parámetros de transparencia y viabilidad normal de una empresa saneada y que dentro de lo que es un proceso de intervención pudieran quedar frustrados, por el caos temporal, que este tipo de proceso ocasiona, de lo que se desprende la conveniencia de la suspensión acordada por el a quo, para que una vez ordenada o reordenada la estructura de la empresa intervenida, puedan continuar los procesos judiciales, en pleno respeto de los lineamientos constitucionales, y en aquellos casos que se tengan que honrar derechos laborales reconocidos por la autoridad judicial, estos sean rápidamente satisfechos.

Se hace imprescindible recordar, que la tutela judicial efectiva es un derecho humano reconocido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles"

Se instituye así esta garantía como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, toda vez, que la promulgación de la justicia como un valor constitucional se manifiesta en la naturaleza de los procedimientos contenidos en el sistema jurídico, que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 257 se deben caracterizar por su simplicidad, uniformidad y eficacia, impositivo plasmado en los términos que de seguida se trascriben:

"El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales".

En derivación, toda la normativa adjetiva del sistema jurídico venezolano se debe acoplar a estos principios, los que a su vez sirven de guía al operador de justicia en la labor de interpretación de dichas normas, no bastando, consecuencialmente con que el justiciable tenga acceso a los órganos de justicia para que se de por satisfecho su derecho, sino que es necesario que el mismo obtenga un pronunciamiento enmarcado dentro de los parámetros que las leyes establecen para garantizar un debido proceso (Artículo 49 constitucional), es decir, que dicho pronunciamiento se produzca de conformidad, no solamente con las normas sustantivas, sino con las normas adjetivas imperantes y que al mismo tiempo, se garantice su cumplimiento dentro de cuantificaciones de tangibilidad y certidumbre.

IV

DECISIÓN

En mérito de los argumentos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, sede Puerto Cabello, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

 SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por el abogado J.R. VARGAS S., actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano J.M.G.R.. Así se decide.

 CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo- sede Puerto Cabello, en fecha 20 de mayo de 2013, mediante el cual acuerda la suspensión solicitada, por un lapso de seis meses. Así se establece.

 ORDENA remitir el presente asunto al Tribunal de Origen, Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, sede Puerto Cabello, en la oportunidad correspondiente.

 No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Publíquese. Regístrese. Déjese copia para el Archivo.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, sede Puerto Cabello. En Puerto Cabello, diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013).- Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

El Juez Superior Cuarto del Trabajo,

Abg. C.A.R.S.

La Secretaria

Abg. ELIDA LISSETTE PLANCHEZ

En la misma fecha se publicó la sentencia a las 03:00 p.m., y se agregó a los autos. Se dejó copia para el Archivo.

La Secretaria

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