Decisión nº 0463 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 25 de Julio de 2005
| Fecha de Resolución | 25 de Julio de 2005 |
| Emisor | Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central |
| Ponente | Jose Alberto Yanes Garcia |
| Procedimiento | Suspencion De Efecto |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL
Exp. N° 0380
SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 0463
Valencia, 25 de julio de 2005
195º y 146º
El 02 de junio de 2005, se le dió entrada en este tribunal al recurso contencioso tributario interpuesto los ciudadanos M.E.C. y M.Z., titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.129.172 y 2.948.016, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 27.022 y 106.548 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la empresa ROLCAVA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 21 de abril de 1998, bajo el Nº 20, Tomo 26-A, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº RRc/2005-04-028 del 21 de abril de 2005, emanada de la Alcaldía del Municipio V.d.E.C..
Los recurrentes solicitan la suspensión de los efectos de los actos administrativos recurridos. A tal efecto, corresponde en esta oportunidad conocer y decidir la solicitud de suspensión de efectos planteada atendiendo al contenido del artículo 263 del Código Orgánico Tributario, sin entrar a decidir sobre el fondo de la demanda, lo cual se deja para la definitiva.
I
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO
Los apoderados judiciales de la contribuyente solicitaron se declare la suspensión de efectos de los actos administrativos recurridos atendiendo al contenido de la norma antes referida por la existencia del peligro de daño irreparable (periculum in damni) y de la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), en tal sentido alegan: “Una multa es, como se sabe, un acto sancionador, para el cual el principio general nulla poena sine iudicio impone la necesidad de que la culpabilidad del supuesto infractor sea comprobada mediante pruebas de cargo por la Administración tributaria en un juicio contradictorio”.
Siguen expresando los apoderados judiciales: “En otras palabras, es la presunción de inocencia la garantía constitucional que impone ese comportamiento. Luego, para que podamos hablar de la tutela judicial efectiva, que es otra garantía constitucional, deviene imperioso que los actos administrativos que imponen situaciones aflictivas a los administrados, entre ellas la multa, se suspendan en cuanto a su ejecutoriedad con la mera interposición de los recursos en su contra. Así nos lo precisa el eximio maestro R.P.V. (Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Marcial. Madrid 1992): “En definitiva, pues, si no se quiere infringir el principio nulla poena sine indicio es forzoso aceptar el carácter automático de la suspensión con motivo de la interposición de los recursos administrativos y jurisdiccionales...”
Los recurrentes argumentan sobre la existencia de apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y acerca de la existencia del peligro de daño irreparable en forma general aducen: “Siendo como lo es mi representada una pequeña empresa, el pago de una multa de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00), contribuiría a una descapitalización brutal. Sería casi como decretar su fin, pues el desequilibrio económico sufrido la colocaría al borde de tener que cerrar. Esto aunado a que de resultar nula la multa demandada, es un hecho notorio el mucho tiempo que tardaría y lo difícil que resulta lograr su reintegro, lo que causaría un daño económico irreparable o de difícil reparación a mi representada. ”
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II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR DE LA
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECURRIDO
En tal sentido, constata quien decide que del contenido de la norma prevista en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario se desprenden los supuestos de procedencia de dicha suspensión, los cuales se corresponden con la demostración de los graves perjuicios que podría causar al interesado la ejecución del acto impugnado (periculum in damni) y la apariencia de buen derecho evidenciada de los fundamentos de la impugnación (fumus boni iuris).
Analizando previamente el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, no basta la simple afirmación del interesado, pues haría la norma inútil, sino por el contrario el juez debe apreciar la existencia de un derecho que pueda ser verosímil. Constata este juzgador que los apoderados judiciales del contribuyente, insisten en la vulneración a una garantía constitucional en que se constituiría la ejecución inmediata del acto sancionador sub litis. (Cursiva de ellos)
Frente a tal afirmación y en virtud de los amplios poderes del juez contencioso tributario para decretar medidas cautelares cuando lo considere pertinente, se pasa a revisar la existencia del fumus boni iuris, lo cual requiere la comprobación por una parte, de la aparente existencia de un derecho o interés del recurrente en la presente acción y, por otra, la probabilidad de que los actos administrativos impugnados sean inconstitucionales o ilegales.
Con base a lo anterior, quien decide observa que la presunción de buen derecho que opera a favor de la contribuyente se desprende en primer lugar del hecho de que la misma, ejerce la actividad lucrativa de su preferencia, desde la jurisdicción local del Municipio V.d.E.C., aduciendo que la Dirección de Hacienda Pública Municipal del Municipio V.E.C., formuló un reparo fiscal a su representada, por concepto de supuestos impuestos causados y no liquidados en el ramo de Industria y Comercio, por intereses moratorios y recargos y por concepto de multa.
En cuanto a la valoración preliminar de la presunta inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos impugnados, quien decide observa, que los actos administrativos impugnados tienen como fundamento de hecho, que la contribuyente ROLCAVA, C.A. ha ejercido actividades económicas sin la obtención previa de la correspondiente Licencia de Patente de Industria y Comercio, circunstancia que constituye violación del contenido de los artículos 14, 35 y 36 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio de fecha 30/09/1993 y de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio de fecha 23/08/2000, sancionado según lo establecido en el artículo 88, ordinal 1º en ambas Ordenanzas, en consecuencia existe crédito fiscal a favor del Fisco Municipal de Valencia por concepto de impuestos causados y no liquidados.
Sin embargo, del contenido de los alegatos que sustentan el recurso interpuesto, se desprende que la manifestación de voluntad de la administración prevista en los actos impugnados, aparentemente podría encontrarse viciada en su causa por falso supuesto
En atención a tales consideraciones, este tribunal sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia, considera que a la contribuyente le rodea una apariencia de buen derecho a su favor en el ejercicio del presente recurso, por lo que se encuentra satisfecho el segundo supuesto (fumus boni iuris) previsto en la norma dispuesta en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.
En cuanto al requisito del periculum in damni, se observa que los argumentos formulados por los apoderados judiciales de la recurrente como fundamento de la solicitud de suspensión de efectos, consisten en que su representada deberá pagar impuesto, multas e intereses moratorios y recargos calculados improcedentemente.
En cuanto a tal formulación, este juzgador constata que salvo el señalamiento del daño patrimonial que supuestamente sufriría el actor en virtud del pago exigido, no se evidencia de las actas que componen el presente expediente, prueba alguna de la existencia de dicho daño en la esfera del recurrente, además de que la demandada puede ser condenada en costas en caso de ser vencida en el litigio.
A tal efecto, en opinión del sentenciador con fundamento en el criterio sostenido en la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 25 de junio de 2002, número 00874, en casos como el de autos, es imprescindible tomar en consideración la estabilidad económica del sujeto sancionado, elemento éste que no puede deducirse de meros alegatos genéricos como los planteados en el asunto bajo examen. En este sentido, quien solicite la suspensión de efectos de un acto impugnado, además de afirmar que se le han causado o se le podrían causar perjuicios irreparables o de difícil reparación, debe señalar hechos o circunstancias concretas y aportar elementos suficientes y precisos que permitan al órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del daño por la definitiva.
En razón a las consideraciones anteriores, es criterio de este Juzgador que no ha sido demostrada de manera fehaciente la existencia del periculum in damni. Así se decide.
Pasa ahora este tribunal a considerar si la existencia de uno sólo de los dos requisitos contenidos en el artículo 263 eiusdem es suficiente para que proceda la aprobación de la suspensión de los efectos del acto recurrido o no, es decir, si son concurrentes o no.
A tal efecto este juzgador considera necesario y oportuno ratificar, en esta oportunidad el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00737 dictada por la Sala Político Administrativa el 29 de junio de 2004, Caso: M.B.V., S.A, que al respecto estableció lo siguiente:
… esta Sala estima que las exigencias enunciadas en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, no deben examinarse aisladamente, sino en forma conjunta, porque la existencia de uno sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal, cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado…
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(…) Tan es así que las previsiones generales en materia de medidas cautelares contenidas en el Código de Procedimiento Civil, exigen la concurrencia de los requisitos de procedencia de tales medidas, no existiendo en el ámbito contencioso tributario como tampoco ocurren en el contencioso administrativo una razón lógica para soportar lo contrario, esto es, la procedencia de la medida cautelar de que se trata por la sola verificación de uno de los aludidos extremos…”
(…) En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de efectos procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultara favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés publico involucrado…”
Ante la ausencia de uno de los dos requisitos para que proceda la solicitud de suspensión de los efectos, el periculum in damni, este tribunal decide que al no concurrir con el fumus boni iuris, no es causa para la suspensión solicitada.
Sin embargo, y producto del análisis supra hecho por este juzgador, el hecho que el recurrente haya solicitado la suspensión de los efectos en el recurso contencioso tributario interpuesto y la administración tributaria no haya ejercido el juicio ejecutivo para hacer efectivo el acto administrativo hasta la fecha, y que si lo hace a partir de la interposición del recurso, tiene que hacerlo ante este mismo tribunal, con lo cual el juez tiene la oportunidad de decidir a la luz de los hechos y que el tribunal no encuentra necesario pronunciarse sobre una probable acción en la vía ejecutiva cuando esta no ha sido ejercida y está pendiente un recurso contencioso tributario, en el cual debe pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de las partes, a no ser que las condiciones implícitas en los hechos hagan aconsejable cualquier medida cautelar prevista en la ley durante el proceso, considera el juez que no debe suspender los efectos del acto recurrido al no existir interposición del juicio ejecutivo, por no haber concurrencia del fumus boni iuris y del periculum in mora y por considerar que en este caso sólo debe pronunciarse cuando exista concurrencia de los dos institutos jurídicos o en la eventualidad que el juicio ejecutivo sea interpuesto por la administración tributaria en el transcurso del proceso. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara:
SIN LUGAR la suspensión solicitada de conformidad con el artículo 263 del Código Orgánico Tributario por los ciudadanos M.E.C. y M.Z., titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.129.172 y V- 2.948.016, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 27.022 y 106.548 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la empresa ROLCAVA, C.A
Notifíquese a la contribuyente ROLCAVA, C.A y al Alcalde del Municipio Valencia, y con copia certificada de la presente decisión a los ciudadanos Contralor General de la República y Síndico Procurador del Municipio V.d.E.C.. Líbrense los oficios correspondientes. Cúmplase lo ordenado.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los veinticinco (25) días del mes de julio dos mil cinco (2005). Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
El Juez,
Abg. J.A.Y.G.
La Secretaria
Abg. Mitzy Sánchez
En la misma fecha se libraron oficios correspondientes. Se cumplió con lo ordenado.
La Secretaria
Abg Mitzy Sánchez.
Exp. Nº 0380
JAYG/dhtm/yg
