Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 21 de Septiembre de 2006

Con respecto a la documental cursante a los folios 3 y 4, contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, lo valora conforme a las disposiciones de los Artículos 444, 507, 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Artículos 1363 y 1364 del Código Civil, como demostrativo de lo siguiente: De la existencia del vínculo locativo entre las partes de este proceso; que dicho contrato contempló en su cláusula segunda, que el término de su duración sería por un tiempo determinado o término fijo de dos (2) años fijos improrrogables, contados a partir del día 30 de agosto de 1993, es decir, que los dos años culminaban el día 30 de agosto de 1.995; y que las regulaciones de ese contrato locativo privado, conservaron la vigencia de todas y cada una de sus cláusulas,

Con relación a la copia certificada de la sentencia definitivamente firme dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay, Estado Aragua del Recurso de Nulidad interpuesto contra la Resolución No.214-95 de fecha 15 de marzo de 1.996, emanada de la Dirección de Inquilinato de la Alcaldía del Municipio Girardot del Estado Aragua y declaró la nulidad de la Resolución dictada (acto administrativo) y nulo dicho acto. (Folios 50 al 54), se le valora conforme a las disposiciones del Artículo 429, 507, 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Artículos 1357 y 1359 del Código Civil como demostrativa de los siguiente: Que el acto administrativo de efectos particulares por medio del cual se le concedió el derecho de preferencia para continuar en el arrendamiento del inmueble objeto de este procedimiento judicial, es nulo y carente de efectos jurídicos. Por consiguiente, de él no puede derivarse ningún derecho a favor del demandado, sobre la preferencia que alegó. Y así se declara y decide.

En cuanto al Título Supletorio evacuado por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 30 de Julio de 1.998, cursante a los folios 100 y 101, este Tribunal le niega valor probatorio, con fundamento en la impertinencia del medio, toda vez que en su promoción no se indicó el objeto que estaba destinado a probar, tanto más, cuanto el proceso versa sobre el cumplimiento del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes aquí en litigio y no sobre la propiedad de las bienhechurías que presuntamente construyó el demandado de autos, más aún cuando tales hechos o circunstancias no fueron expuestas en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, en el acto de la contestación al fondo de la demanda y así se establece.

CAPITULO IV

DE LA CUESTION PREVIA OPUESTA

Con respecto a cuestión previa opuesta por la parte demandada, conforme al Ordinal 8º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a una Cuestión Prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto, fundamentado en la Solicitud de un derecho de preferencia interpuesta por el demandado ante la Dirección de Inquilinato del Municipio Girardot del Estado Aragua, y respecto a la cual dicha Alcaldía emitió Resolución de fecha 15 de marzo de 1996, en el Expediente Nº 214-95, a través de la cual declaró Con Lugar el Derecho de Preferencia; frente a la cual la parte actora interpuso Recurso de Nulidad del Acto Administrativo de efectos particulares, que fuera declarado Con Lugar por el Juzgado de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., hoy Primero de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., sentencia la cual fue confirmada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, con sede en esta ciudad, en fecha 10 de enero de 2000, lo cual –tal como lo expresó el Juzgado A Quo- desvirtúa completamente la Cuestión Previa opuesta no solo porque ya fue decidido definitivamente el asunto sino también en sentido desfavorable al oponente de la referida cuestión previa y por la fecha en la cual quedó firme dicha decisión, no le da la posibilidad al arrendatario de intentarla nuevamente o reanudar dicho procedimiento, puesto que el mismo fue derogado expresamente por el Decreto con rango y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y en consecuencia, lo procedente es declarar improcedente el recurso de apelación, confirmar la decisión apelada en los términos dichos con respecto a este punto, y declarar Sin Lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada, y así lo declarará este Tribunal enseguida. Y así se declara y decide.

CAPITULO V

ANALISIS SOBRE LA CONFESIÓN FICTA

Seguidamente entra a pronunciarse sobre la tempestividad o no de la contestación de la demanda, toda vez que la parte actora, alegó la confesión ficta de la parte demandada.

Así el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil establece:

Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro del plazo indicado por este código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso… (omissis) ateniéndose a la confesión del demandado …..(omissis)

Es decir, la posibilidad de que el demandado rebelde, indiferente o descuidado en contestar, no pruebe algo que le favorezca, habiéndolas promovido o no, y siempre que la pretensión del demandante no fuere contraria a derecho, es decir, al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de ley, y en tales casos debe el Tribunal atenerse a la pretensión del actor y a la confesión ficta o “ficción legal” y en consecuencia, declarar con lugar la demanda.

Así, la Doctrina ha determinado los requisitos que deben darse para que estemos en presencia de la ficción legal de confesión, las cuales son a saber:

1. - Que haya un proceso contencioso, en el cual se haya ordenado la comparecencia de la parte demandada, y que tal requisito se cumplió en fecha 11 de octubre de 1.999, momento en que se admitió la presente demanda y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada.

2. - Que la parte demandada, una vez citada a comparecer, no haya dado contestación a la demanda en el lapso previsto por el Legislador, y que como consta en las actas del presente expediente, la garantía del derecho a la defensa se cumplió en todo el proceso por haber participado la parte demandada en todos los actos del mismo, salvo en el acto de la contestación a la demanda.

3. - Que no obstante lo anterior, no hay promovido pruebas para desvirtuar las pretensiones del actor o que habiéndolas promovido no hubieren alcanzado tal fin, que en el presente caso, se observa que en este caso, el demandado no probó nada que le favoreciera, como quedó determinado en el Capítulo anterior.

4. - Finalmente, que las pretensiones del actor no sean contrarias a derecho, es decir, que no sean contrarias al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de ley, y al efecto el Tribunal observa que en el auto de admisión de la demanda las pretensiones de la parte actora, cumplen con los requisitos señalados en el presente particular, pero que este tribunal analizará detenidamente en el capitulo siguiente. Y así se declara y decide.

   CAPITULO VI

   DE LA PROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES

   1. DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

   Según nuestro Código Civil:

   Artículo 1133: “El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico”.

   El Artículo 1134: “El contrato es unilateral, cuando una sola de las partes se obliga; bilateral, cuando se obligan recíprocamente”.

   El Artículo 1135: “El contrato es a título oneroso cuando una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente; es a título gratuito o de beneficencia cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente.”

   El Artículo 1140: “Todos los contratos, tengan o no denominación especial, están sometidos a las reglas generales establecidas en este Título, sin perjuicio de las que establezcan especialmente en los Títulos respectivos para algunos de ellos en particular, en el Código de Comercio sobre las transacciones mercantiles y en las demás leyes especiales.”

   El Artículo 1159: “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley.”

   Este texto sirve a un mismo tiempo –como bien lo explica JOSÉ MELICH-ORSINI-

   “... para consagrar el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de la intangibilidad del contrato, llamado también por algunos escritores “principio del contrato-ley”, en cuanto homologa la fuerza obligatoria del contrato entre las partes a la propia ley. Por lo mismo que el contrato es una expresión de la voluntad soberana de los contratantes, quienes no pueden equivocarse o cometer injusticia alguna desde el momento en que concurren los presupuestos racionales que la ley postula para que ellos generen obligaciones válidas (capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, objeto lícito, causa, etc.), se concluye que en lo que en él se estipule debe reputarse tan sagrado como la propia ley, y aún más sagrado para las propias partes que si lo estipulara el legislador, pues por tratarse de una ley particular que ellas se han dado a sí mismas y a la que se han sometido libremente, en ejercicio de su propia soberanía, resultaría una contradicción lógica admitir que su voluntad fuera sustituida por la de otro sujeto. El Principio tendría además un fundamento moral: “el respeto a la palabra dada” (pacta sunt servanda). Resulta patente que cuando se predica el respeto incondicionado a la palabra dada, la ley desarrolla más bien el principio consagrado en el Artículo 97 de la Constitución –correlativo al actual artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y dicho principio no se encuentra actualmente no derogado por no estar en contradicción- al evitar que quien tiene una legítima expectativa para contar con la buena fe o lealtad de quien le prometió algún bien o algún servicio necesario al desenvolvimiento de su propia iniciativa o actividad empresarial, puede verse defraudado o perjudicado al pretender sustraerse éste último a sus compromisos por su mero capricho. ¿ Qué otra cosa perseguimos, en verdad, cuando intentamos adelantarnos a lo porvenir y sustraernos a los ciertos cambios de la economía mediante la celebración de contratos que nos garanticen la estabilidad de los suministros y precios de los bienes, insumos o servicios, sin los cuales no podría mantenerse la empresa que hemos fundado y cuyas mismas bases de subsistencia dependen de una cierta fijeza en los datos económicos que hemos utilizado para realizar nuestros cálculos?

   De modo que, como lo dice Messineo, con otras palabras, “la ejecución del contrato es definitiva, es decir, es algo irrevocable y no sujeto a ser materia de arrepentimiento. Lo que las palabras hacen en la ejecución del contrato válido, causa estado y no puede ser reducido a la nada, a menos que el contrato esté, por cualquier razón destinado a caer...”.

   Por su parte el Código Civil venezolano vigente, en el Artículo 1579, establece lo siguiente:

   El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a la aquella

   De dicho concepto se observan sus caracteres fundamentales:

   1. Se trata de un contrato bilateral en cuanto surgen obligaciones correspectivas y simultáneas para arrendador y arrendatario.

   2. Es oneroso y conmutativo, en cuanto a que las prestaciones se tienen como equivalentes.

   3. Consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de las partes.

   4. Origina obligaciones principales para arrendador y arrendatario.

   5. De tracto sucesivo, esto, es que las obligaciones correspectivas no se cumplen en un momento único.

   Ahora bien, haciendo una retrospección de las normas vigentes desde la época en que celebró el presunto Contrato de Arrendamiento hasta la presente fecha, es decir, desde el 12 de agosto de 1993, se encontraban y entraron en vigencia las siguientes leyes, reglamentos y decretos:

   La Ley de Regulación de Alquileres del 1º de agosto de 1960, Ley de Reforma Parcial de la Ley de Regulación de Alquileres del 2 de enero de 1987, Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas del 27 de septiembre de 1947, Reglamento de la Ley de Regulación de Alquileres y del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vivienda del 5 de febrero de 1972, Resolución Nº 3729 del Ministerio de Fomento del 1º de julio de 1976, Decretos Nos. 513 y 576 de fechas 6 de enero y 14 de abril de 1971, Decreto Nº 298 de fecha 15 de junio de 1989, Decreto Nº 1493 del 18 de marzo de 1987 y otras regulaciones como el Código Civil.

   Y la Ley de Regulación de Alquileres, en su Artículo 18, que encabezaba el Capítulo en el cual se ubicaba y que servía de regla interpretativa a todo régimen que dicha ley, establecía:

   Las disposiciones de esta ley son de Orden Público. Son nulas todas las convenciones contrarias a lo que la misma establece sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que dicha infracción diere lugar.

   Así indicaba la norma anteriormente transcrita, que las cargas que la ley especial impone a las partes en el contrato de arrendamiento son de obligatorio cumplimiento y que no pueden validamente concertarse acuerdos en sentido contrario, por cuanto las mismas quedan afectadas de nulidad.

   Establecido este principio rector del régimen inquilinario, se observa que sus disposiciones legales establecían:

   Artículo 1: “Los canones de arrendamiento de viviendas urbanas y suburbanas, de locales comerciales e industriales y otros destinados a fines que no sean los especificados, ya sean arrendados totalmente o por partes, y sus anexos y accesorios, quedan sujetos a regulación en los términos establecidos en esta ley.”

   Artículo 4: “Los arrendadores o sub-arrendandadores de los inmuebles a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, no podrán darlos en arrendamiento o sub-arrendamiento, en todo, o en parte, hasta tanto el Organismo competente haya hecho la fijación de los canones o pensiones de arrendamiento máximos, ni estipular o percibir mayor cantidad a la fijada.

   PARÁGRAFO ÚNICO: Aquellos inmuebles que aún no hubiesen sido regulados, podrán ser arrendados o sub-arrendados, previa autorización del Organismo encargado de la regulación, por un canon de arrendamiento convencional, sin perjuicio de las normas establecidas en materia de reintegros en el artículo 15 de esta Ley.”

   Artículo 8: “El arrendatario o sub-arrendatario no estará obligado a pagar alquileres que excedan a la cantidad máxima mensual, que haya fijado el Organismo regulador. Los pagos que el sub-arrendatario o arrendatario hagan en exceso de esa cantidad se considerarán indebidos y estarán sujetos a repetición, en los términos señalados en la presente Ley, sea quien fuere la persona que los hubiere percibido o haya de devolverlos, sin perjuicio de las penas que tal infracción acarreare a sus autores. El exceso de este pago será liquidado por los Organismos encargados de la regulación al efecto de la repetición. La resolución que se dicte en este sentido tendrá el carácter de título ejecutivo.”

   Así pues el Artículo 4 mencionado, establecía que los arrendadores no podían dar los inmuebles en arrendamiento, hasta tanto el organismo regulador competente haya hecho la fijación de los canones, siendo las consecuencias del no-cumplimiento de esta normativa: a) La nulidad de la cláusula contraria a la Ley; y b) la aplicación a los infractores de las sanciones establecidas en la Ley.

   Y la misma Ley de Regulación de Alquileres, daba la solución para los casos en que se haya omitido la regulación previa del canon máximo a cobrar y la solicitud de permiso provisional mientras se regulaba el referido canon, estableciendo su Artículo 29, lo siguiente:

   Si por ocultamiento o por cualquier otra causa imputable al arrendador o sub-arrendador no se hubiere hecho la fijación del alquiler máximo, se procederá de inmediato, a hacer dicha fijación y si resultare inferior a la que venía pagando el arrendatario o subarrendatario, éste tendrá derecho al reintegro de la diferencia entre lo fijado y lo realmente percibido por el arrendador o subarrendador. La liquidación será hecha por el Organismo Regulador.

   Ahora bien, el Decreto con rango y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, al entrar en vigencia el 01 de enero del 2000, derogó todas las disposiciones inquilinarias antes mencionadas y las que la contradigan, incluida la Ley de Regulación de Alquileres, conforme a su artículo 93.

   Pero a pesar de su derogatoria, las disposiciones del Artículo 18 de la Ley de Regulación de Alquileres, antes mencionado, coinciden con lo dispuesto en el Artículo 7 del nuevo Decreto-Ley, cuando establece:

   Los derechos que la presente Ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenunciables. Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos

   .

   De lo cual se puede colegir que todas las disposiciones de la derogada Ley de Regulación de Alquileres, y el Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios eran y son de Orden Público, respectivamente, y con base a ello, las disposiciones relativas a la fijación de canones de arrendamiento eran y son de Orden Público.

   Así el Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, establece:

   Artículo 2 “Los canones de arrendamiento o subarrendamiento de los inmuebles destinados a vivienda, comercio, industria, oficina y otros; y los accesorios que con ellos se arrienden, quedan sujetos a regulación bajo las condiciones determinadas en esta Ley.”

   Artículo 58: “En los inmuebles sometidos a regulación conforme al presente Decreto-Ley, quedará sujeto a repetición todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por los organismos competentes.”

   Artículo 60: “El reintegro se referirá a los sobrealquileres cobrados desde la fecha de iniciación del contrato hasta la fecha de la regulación que resultare definitivamente firme”

   Con respecto a estas disposiciones legales, el autor J.G. (Ley de Alquileres, páginas 5, 6, 15, 16 y 39), ha expresado:

   ... De la necesidad de regular el alquiler escapan los edificios construidos después de 1987 y las viviendas que tengan un valor superior a 12.500 unidades tributarias (ver artículo 4). Los demás inmuebles están sujetos a regulación, aunque no existe ninguna disposición en la Ley que obligue a regular el alquiler para poder alquilar un inmueble. El artículo 2 dice que los inmuebles están sujetos a regulación; pero esta declaración tan general no contiene en sí una obligación específica de regular el alquiler antes de que exista un contrato de arrendamiento, cosa que la misma ley en su artículo 60 lo presupone...

   La presente ley no trae como lo hacía anteriormente, un permiso especial para que el propietario pueda dar en alquiler su propiedad antes de obtenerse la regulación. Esto significa que tendrá que esperar mucho tiempo, inclusive meses, en algunos casos en que se presenten desacuerdos en relación con el avalúo del inmueble. Pero el artículo 60 da a entender que se puede alquilar mientras se espera el resultado de la regulación...

   Por otra parte el artículo 58 no prevé el caso de que no se haya dictado la regulación del alquiler. Si el inquilino ha ido pagando el alquiler acordado con el dueño y el apartamento resulta que no esta regulado, falta la base para pedir reintegro pues no se puede saber si el alquiler es o no excesivo. Hay que esperar a que se fije la regulación para ver cuanto tendría que devolver el arrendador (art. 60) si tal es el caso...

   Este atemperamiento surge sociológicamente en la búsqueda del equilibrio de valores fundamentales entre la figura del arrendador y el arrendatario expresadas en la Exposición de Motivos del Decreto-Ley, y jurisprudencialmente a raíz de la Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 07 de Agosto de 1.997, con ponencia de la Dra. H.R.D.S., al excluir del trámite de la previa autorización administrativa las demandas de desocupación, cualquiera que fuere el fundamento aducido, cuando el arrendamiento tuviera por objeto locales de comercio y afines, cuyo destino no sea satisfacer la necesidad de vivienda permanente del inquilino, que para esa época en forma indirecta afectaba a los arrendamientos de inmuebles “No Vivienda”, por la interpretación jurisprudencial –abandonada- de la tramitación de desocupaciones de inmuebles de uso “No Vivienda” por las previsiones del Decreto Legislativo Sobre Desalojo de Vivienda, cuyo artículo 1, exigía la “regulación previa del canon máximo de arrendamiento” para proceder.

   Es así que, en el presente caso, el arrendatario fue demandado bajo la vigencia de las leyes anteriormente mencionadas, conforme al cual no estaba amparado por el Decreto Legislativo de Desalojo de Viviendas actualmente derogado, por tratarse de un inmueble destinado al comercio, a los cuales no les era aplicable el derecho de preferencia, sino las normas generales del Código Civil y ahora el Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Y así se declara y decide

2. - DE LA RELACIÓN ARRENDATICIA Y SU TIEMPO DE DURACION:

   Siendo que en el presente caso, existe un reconocimiento expreso de la parte demandada, de que entre las partes existe una relación, vinculo o contrato de naturaleza locativa que versa sobre el inmueble objeto de la pretensión incoada por la parte actora, pero que existe divergencia en cuanto a la aplicabilidad de la norma contenida en el articulo 38 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, este tribunal considera necesario analizar tales argumentaciones, para resolver tal alegato invocado por la parte demandada, y demás pretensiones de la actora a los fines de resolver la controversia y, así se hará enseguida.

   Así se observa lo siguiente:

   Ha quedado demostrado en autos que entre las partes:

Existe un vinculo locativo que tuvo su nacimiento o génesis, en el contrato de arrendamiento celebrado en fecha 12 de agosto de 1.993, entre la ciudadana: R.A.D.A. (aquí actora) y el ciudadano A.G.P., que cursa a los folios 3 y 4 del Expediente, antes valorado.

Que dicho contrato contempló en su cláusula “SEGUNDA”, que el término de su duración sería por un tiempo determinado o término fijo de dos (2) años fijos improrrogables, contados a partir del día 30 de agosto de 1993, es decir, que los dos años culminaban el dia 30 de agosto de 1.995.

Que las regulaciones de ese contrato locativo privado, conservaron la vigencia de todas y cada una de sus cláusulas,

Que para esa fecha, la referida relación locativa se regía por dicho contrato de arrendamiento, y por las disposiciones del Código Civil, no siendo aplicables las disposiciones del Decreto legislativo Sobre Desalojo de Viviendas, por cuanto el objeto material del contrato que lo es un local para uso comercial (no vivienda) y que igualmente para dicha fecha y de la interposición de la demanda, en las referidas disposiciones legales vigentes no existía la figura de la prórroga legal (obligatoria para el arrendador u opcional para el arrendatario), como ahora a partir del 01 de enero de 2000 si lo contempla el Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (viviendas o no, urbanos o suburbanos) y que la aquí parte demandada, no alegó ni probó que la arrendadora, le hayan recibido las cantidades correspondientes a los canones de arrendamientos de los meses de noviembre de septiembre de 1993 en adelante y se le hubiere dejado permanecer (sin controversia) en el inmueble, no puede pensarse en el acaecimiento de ningún supuesto de tácita reconducción a tenor de lo dispuesto en el Artículo 1601 del Código Civil, que pudiera haber convertido el contrato en uno regido por las estipulaciones de “por tiempo indeterminado”. Y así se declara y decide.

En virtud de lo anterior resulta claro para este tribunal que la demanda fue interpuesta, por quien afirmándose titular de un derecho subjetivo establecido a su favor, en su posición de Arrendadora, contra quien a su vez menciona como arrendatario, lo cual fue reconocido por ambos, que determinado los anteriores elementos, se determina que efectivamente son los titulares de dichos derechos y que al haberse demostrado igualmente que la relación locativa lo es por tiempo determinado; que operó el vencimiento del término de duración del contrato el día 30 de Agosto de 1995, y que el demandado incumplió su obligación de entregar el inmueble en fecha 30 de Agosto de 1995, en el mismo buen estado en que lo recibió libre de personas y cosas, por lo que a su vez hace procedente la pretensión de la parte actora, quedando así determinado que la mencionada pretensión de la parte actora no es contraria al orden público y que era el último elemento antes mencionado para que se configurara la “confesión ficta” de la parte demandada. Y así se declara y decide.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

1. - SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte DEMANDADA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 06 de diciembre de 2000, apelación esta cursante al folio 74 del Expediente N° 6341 (nomenclatura interna de ese Juzgado), aquí Expediente No. 34.938.

2. - SIN LUGAR la solicitud de perención de la instancia efectuada por la parte demandada.

3. - SIN LUGAR la Cuestión Previa de Cuestión Prejudicial opuesta por la parte DEMANDADA, conforme al Ordinal 8º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

4. - CON LUGAR la demanda seguida por la ciudadana R.A.D.A., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. 3.283.649, contra el ciudadano: A.G.P., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.220.964 y de este domicilio, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO e INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, contenida en el Expediente N° 6341, nomenclatura del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, aquí Expediente N° 34.938. Queda CONFIRMADA en estos términos la decisión emanada de dicho Juzgado.

Consecuentemente, se condena a la parte demandada a:

A.- Hacer entrega inmediata e incondicional, libre de personas y cosas y; en las mismas buenas condiciones en que lo recibió el inmueble arrendado constituido por casa y terreno, ubicados en la Avenida Principal de la Urbanización El Castaño, distinguido con el Nº 299, Municipio Autónomo Girardot del Estado Aragua.

B.- Al pago de la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 35.000,oo) mensuales, como justa indemnización por la ocupación del inmueble objeto de este proceso, desde el día 30 de Agosto de 1995 hasta el día de la entrega definitiva del inmueble, conforme a la parte vigente del articulo 1.616 del Código Civil, que hasta la presente fecha han transcurridos 11 años, es decir, 132 meses a razón del monto mencionado asciende -hasta el día 30 de Agosto de 2006-, a la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 4.620.000,oo).

Por haber resultado totalmente vencida la parte demandada, se le condena al pago de las costas procesales, conforme a lo establecido en los Artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.

Conforme a lo establecido en los Artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil, notifíquese a las partes mediante boletas de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Primero de Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil seis (21-09-2006) Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

EL JUEZ,

Dr. PEDRO III PÉREZ

EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA

En la misma fecha se cumplió lo ordenado y se publicó y registró la presente decisión siendo las 02:30 p.m. y se libraron boletas de notificación.

EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA