Decisión nº AUTODEADMISIÓN de Juzgado Superior Agrario de Zulia, de 13 de Marzo de 2015

El Tribunal Supremo de Justicia por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura quedará encargado de crear y dotar los Juzgados de Primera Instancia en materia agraria que fueren necesarios para el eficiente ejercicio de la jurisdicción especial agraria, regulada en el presente Título.

Dichos Tribunales conocerán exclusivamente de dicha competencia material.

Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en Alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido en el Capitulo II del presente Título.

La anterior disposición establece, la conformación de la Jurisdicción Agraria, la cual es la encargada de conocer lo referente a la materia que con base al principio de exclusividad agraria, regula el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Por su parte, los artículos 156 y 157 de la referida Ley establecen lo siguiente:

Artículo 156: Son competentes para conocer de los recursos que se intenten por razones de ilegalidad contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:

1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.

2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia.

Artículo 157: Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios.

De los artículos anteriormente descritos, emana la competencia de la jurisdicción agraria para conocer el Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario, cuando las demandas sean contra los Entes Estatales Agrarios, igualmente se desprende de los mismos, la atribución de competencia de esta jurisdicción al conocimiento de todas las acciones que por cualquier motivo sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, e igualmente que los Juzgados Superiores Regionales Agrarios, por la ubicación del inmueble, son competentes para conocer de las demandas contra los entes agrarios como Juzgados de Primera Instancia…OMISSIS…

Asimismo resulta importante resaltar el criterio sostenido por el doctrinario H.H.G.B., en su obra “Comentarios al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario”, que señala:

…OMISSIS…2.7.1 Todas las acciones que por cualquier causa sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria La frase “que por cualquier causa”, indudablemente da apertura a una generalidad de acciones y recursos que pueden interponerse en contra de la actividad de los entes estatales agrarios, demandas mero declarativas de certeza de propiedad hasta acciones de amparo constitucional.

Por ello, para delimitar la competencia de la materia agraria, basta que la acción o el recurso haya sido producto de la actividad u omisión de un ente estatal agrario para que el Tribunal Superior Agrario resulte competente.

En cuanto a la conducta omisiva de la administración agraria en el cumplimiento de sus potestades especificas, encontramos fundamentalmente que los denominados “recursos contenciosos administrativos por abstención o carencia”, deberán proponerse por ante el Juzgado Superior Agrario correspondiente a la ubicación del inmueble sobre el cual versa la solicitud o petición administrativa…OMISSIS…

En este sentido, conforme al artículo 156 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario “…son competentes para conocer de los recursos que se intenten por razones de ilegalidad contra cualquiera de los actos administrativos agrarios: 1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia”. Y, de acuerdo con el artículo 157 eiusdem, “las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios…”

Del contenido de las jurisprudencias y doctrina antes citadas, así como de la disposición legal, se verifica una competencia específica, que comprende el conocimiento de los recursos o acciones que se intenten contra cualesquiera de los actos administrativos agrarios dictados por los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, demandas patrimoniales, así como las omisiones presentadas por los entes publicos agrarios y demás acciones con arreglo al derecho común, en consecuencia este Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y Falcón, se declara COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo. ASÍ SE DECLARA.

En el mismo orden de ideas, es indudable que este RECURSO CONTENCIOSO DE ABSTENCIÓN O CARENCIA, se encuentra regulado dentro del contexto contencioso administrativo agrario indicado en los artículos 160, 161 y 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo. Ahora bien, fue la Sala Especial Agraria perteneciente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la que, mediante sentencia Nro. 767, de fecha primero (01) de julio del año 2005, con ponencia de la Conjuez Dra. N.V.d.E., estableció los requisitos para la interposición de un recurso de esta índole, a saber:

…OMISSIS…esta Sala considera que en caso de que el ente encargado de expedir tal acto administrativo no lo haga, y el administrado acuda a la vía jurisdiccional con la finalidad de que se le obligue a realizar el pronunciamiento al cual está obligado por mandato legal, deben verificarse cuatro requisitos básicos para la interposición de un recurso por abstención o carencia, en el contexto del contencioso administrativo agrario, siendo estos los que a continuación se explican:

1°) La efectiva y real interposición de una solicitud ante el ente administrativo facultado para dar respuesta al peticionante.

2°) El transcurso y consiguiente vencimiento del tiempo que la norma indica, sin que haya habido pronunciamiento alguno por parte de la administración con respecto a la solicitud planteada.

3°) Identidad entre el solicitante por ante la administración, y quien ejerce el recurso de abstención o carencia.

4°) El poder de quien actúa en representación del accionante, en dado caso de que se ejerza el recurso a través de apoderado…OMISSIS…

Resaltado de este Superior

Igualmente, para este Juzgador resulta oportuno denotar que el auto que admite el escrito recursivo en la jurisdicción contencioso administrativa no prejuzga sobre el fondo del asunto, sino que constatados los requisitos de admisibilidad que tienen carácter de orden público se ordenará el trámite procedimental, con el fin de que en la sentencia de mérito se analice y examine todo lo referente a la acción instaurada, etapa en la que el juez en uso de los poderes conferidos por ley podrá de oficio o a instancia de parte revisar nuevamente el cumplimiento de los requisitos declarando la inadmisibilidad si lo considerare pertinente. ASÍ SE DECLARA.-

De tal modo que es fundamental aclarar que el contencioso administrativo es una jurisdicción especial, diferente a la ordinaria, cuya naturaleza jurídica está dirigida a conocer y resolver el mérito de anulación de los actos administrativos recurridos, lo que apareja el restablecimiento de los derechos subjetivos lesionados por la actividad administrativa.

Efectivamente el Juez Contencioso-Administrativo tiene plenos poderes que no están limitados ni en el inicio, ni en el desenvolvimiento del procedimiento, constituyendo poderes bastante amplios que le permiten intervenir directamente en el juicio, controlar el procedimiento, sus actos y actuar de oficio, dentro de los cuales encontramos uno muy especial del que adolece el Juez Civil, como lo es el de examinar de oficio, in limine litis, las demandas y por consiguiente rechazarlas si observa que no se cumplen los presupuestos procesales o no se llenan los requisitos de la acción.

De tal manera que la función de justicia del contencioso administrativo, consistente en procurar la seguridad jurídica constitucional del administrado, constituye la razón de ese poder. El juez contencioso administrativo, tutela que el acto administrativo no adolezca de vicios que vulneren los derechos legítimos, personales y directos del administrado en pro de la administración de justicia transparente y equitativa que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De conformidad con el criterio emanado de la Sala Especial Agraria perteneciente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y en uso de los poderes especiales conferidos por ley al Juez contencioso administrativo, siendo uno de ellos juzgar in limine las condiciones de admisibilidad de la acción que establece la Ley con el objeto, de evitar procesos inútiles, constituyéndose en una obligación que lo constriñe a desarrollar una actividad material de constatación del cumplimiento de dichas condiciones y por ende a prejuzgar sobre ellas. En ese sentido, pasa este juzgador a examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del presente RECURSO CONTENCIOSO DE ABSTENCIÓN Y CARENCIA a cuyo efecto determina:

Sobre el requisito relacionado con la efectiva y real interposición de una solicitud ante el ente administrativo facultado para dar respuesta al peticionante:

La representación judicial de la parte recurrente, acompaña el presente recurso, con escrito de solicitud consignado por ante la Oficina de Atención al Campesino del Instituto Nacional de Tierras en fecha primero (1°) de diciembre de 2014, el cual se encuentra debidamente sellado y firmado en señal de haberlo recibido por el Ente Agrario Recurrido, el mismo se encuentra marcado con la letra “B” y está inserto a los folios desde el treinta y cinco (35) hasta el cuarenta y uno (41) de las actas que acompañan al escrito recursivo.

Indicado lo anterior, considera este Juzgado Superior, que se evidencia en las actas el cumplimiento de dicho requisito. ASÍ SE DECLARA.

Sobre el requisito concerniente al transcurso y consiguiente vencimiento del tiempo que la norma indica, sin que haya habido pronunciamiento alguno por parte de la administración con respecto a la solicitud planteada.

Con relación a este requisito resulta indispensable, traer a colación lo estipulado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, específicamente en su Capítulo Primero, que trata sobre las disposiciones generales, estableciendo lo siguiente en su artículo 5:

Artículo 5°

A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública y que no requiera substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos, La administración informará al interesado por escrito, y dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, la omisión o incumplimiento por este de algún requisito.

Resaltado y Subrayado de este Tribunal

Una vez indicado el contenido del artículo citado ut supra, y de su posterior análisis, resulta constatable de lo observado en las actas del presente recurso contencioso, que, tal como se recalcó anteriormente, la solicitud fue interpuesta por ante el Instituto Nacional de Tierras en fecha primero (1°) de diciembre de 2014, siendo que el articulo 5 de la referida Ley, establece que toda petición, representación o solicitud deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación; con lo cual, al realizar un computo del calendario, desde la fecha antes indicada, se evidencia que el día veintiuno (21) de diciembre de 2014, se cumplieron veinte (20) días exactos desde la fecha en la cual el recurrente haya presentado solicitud por ante el Instituto Nacional de Tierras sin que –según sus argumentos- haya habido pronunciamiento alguno por parte del referido Ente Agrario; razón por la cual este requisito se encuentra plenamente cubierto. ASÍ SE DECLARA.

Sobre el requisito referente a la identidad entre el solicitante por ante la administración, y quien ejerce el recurso de abstención o carencia:

Del escrito solicitud presentado ante la Oficina de Atención al Campesino del Instituto Nacional de Tierras, marcado con la letra “B”, inserto del folio treinta y cinco (35) y cuarenta y uno (41) al folio, ambos inclusive, de las actas que acompañan al escrito recursivo, se constata que el mismo, fue interpuesto por los abogados C.R.M., L.J.G.G. y M.F.V., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.197.158, 12.624.647 y 3.276.527, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 82.300, 84.953 y 14.401, apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA RÍO TARRA, C.A., originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día veinticuatro (24) de enero de 1984, bajo el N° 85, Tomo 8-A-Pro, según documento autenticado por ante la Notaría Pública Vigésima Quinta del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas en fecha veinticinco (25) de junio de 2009, bajo el N° 55, Tomo 34, de los libros de autenticaciones llevados ante dicha notaría, y en fecha nueve (09) de marzo de 2014, acudieron los abogados R.E.R.P. y N.O.R.V., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.111.057 y 3.383.987 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 14.228 y 9.187 quienes también son apoderados judiciales de los recurrentes, que acuden ante este Despacho a introducir la presente demanda, en consecuencia, se verifica la existencia de la plena identidad entre los peticionantes ante el ente administrativo agrario y quienes interponen el presente recurso de abstención. ASÍ SE DECLARA.

Sobre el requisito relacionado con el poder de quien actúa en representación del accionante, en dado caso de que se ejerza el recurso a través de apoderado.

Se evidencia a los folios desde el cuarenta y dos (42) hasta el cuarenta y cinco (45), ambos inclusive, Documento Poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Vigésima de Caracas (marcada con la letra “C”). Con lo cual se constata la representación judicial de los recurrentes. ASÍ SE DECLARA.

Una vez verificados los requisitos de admisibilidad a lo hora de interponer un Recurso Contencioso de Abstención y Carencia, es necesario para este Juzgador, exponer lo siguiente:

A los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Especial Agraria, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, es pertinente realizar las siguientes consideraciones preliminares: efectivamente el Recurso Contencioso Administrativo Agrario, se encuentra establecido en el Capitulo II, artículos 156 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, enunciando su carácter extraordinario restablecedor de las presuntas situaciones administrativas infringidas, disponiendo para tal fin los principios del procedimiento agrario establecidos en el artículo 155 ejusdem, tales como: el principio de inmediación, concentración, brevedad, oralidad, publicidad y carácter social del proceso agrario, pues es evidente que las violaciones de carácter administrativo requieren ser protegidas de manera inmediata. Este recurso se encuentra consagrado y regulado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estableciéndose de esta forma los supuestos violatorios para su interposición. Dispone esta Ley la procedencia del presente recurso en contra de cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos administrativos originados por diversas situaciones acaecidas con los particulares, grupos u organizaciones, que hayan violado, violen o amenacen con violar cualquier etapa del procedimiento administrativo.

La primera labor del Juez es la de examinar si la acción que se propone se encuentra o no en alguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en las Disposiciones previstas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, capítulos II, III y IV del Titulo V de la Ley Adjetiva Agraria, y sobre dichos requisitos pronunciarse admitiéndola o rechazándola, de acuerdo al cumplimiento o no de dichos requisitos; legalidad que está llamada a garantizar el Juez Contencioso Administrativo.

De conformidad con todo lo antes razonado, y teniéndose establecido la existencia de amplios poderes especiales del Juez contencioso administrativo, siendo uno de ellos juzgar in limine las condiciones de admisibilidad de la acción que establece la Ley con el objeto, de evitar procesos inútiles, constituyéndose en una carga que lo obliga a desarrollar una actividad material de constatación del cumplimiento de dichas condiciones y por ende a prejuzgar sobre ellas, expresada la importancia del control por el Juez Contencioso Administrativo sobre la verificación de las causales de inadmisibilidad, condicionan el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa.

Igualmente, sobre lo anteriormente expuesto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se expresó en los siguientes términos:

La jurisprudencia constante y reiterada de esta Sala, ha establecido que en la jurisdicción contencioso-administrativa no puede obviarse la labor inquisitiva que debe desarrollar el juez, lo cual le impone, principalmente, preservar la legalidad de la actuación de la administración pública y la búsqueda permanente de la verdad, en virtud de lo cual debe revisar siempre el acto administrativo originalmente impugnado, con la finalidad de establecer, no sólo su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, sino además calificar o valorar si dichas actuaciones inciden de alguna manera en derechos, valores y principios de oficio, y dentro de los poderes que la Ley le ha conferido, algún pronunciamiento que responda a la necesaria protección y defensa de los mismos.

Así las cosas, en el caso bajo análisis resulta indiscutible que al haber apreciado el juez de la causa, presuntas violaciones de normas de orden público, como son todas aquellas que consagran garantías y derechos constitucionales, y que acarrean por ende la nulidad absoluta de las actuaciones administrativas que las transgreden, estaba no sólo habilitado, sino obligado, a declararla de oficio, aún en el supuesto de que las partes no lo hubiesen señalado y con preferencia a otras cuestiones alegadas.

En atención a las consideraciones precedentemente expuestas, considera la Sala que habiendo fundamentado el a quo su decisión en presuntas violaciones de índole constitucional, podía haberlas apreciado de oficio y decidir conforme a las mismas, sin incurrir en extrapetita, ni viciar su decisión por incongruente, razón por la cual se desestima la denuncia que en ese sentido hiciera la parte apelante. Así se decide

(Sentencia Nº 1070 de la Sala Político-Administrativa de fecha 10 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: J.F. Mecánica Industrial C.A., Exp. Nº 2001-774).

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estableció los motivos por los cuales el juez agrario puede negar tal admisión. En tal sentido, el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone las causas por las cuales un recurso contencioso administrativo agrario no es admisible, entre las cuales destacan:

…Artículo 162: Sólo podrán declararse inadmisibles las acciones y recursos interpuestos, por los siguientes motivos:

1. Cuando así lo disponga la ley.

2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el Tribunal competente.

3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta (60) días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción.

4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.

5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre si o cuyos procedimientos sean incompatibles.

6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda.

7. Cuando exista un recurso paralelo.

8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.

10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida.

11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios.

12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan de conformidad con la ley.

13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia.

Contra la decisión que declare inadmisible el recurso podrá apelarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

No se admitirá apelación contra el auto que acuerde la admisión del recurso o acción principal. En todo caso, los opositores podrán hacer valer, junto con las razones de fondo, los motivos por los cuales estimen la inadmisibilidad del mismo, los cuales serán decididos, junto a los primeros, en la sentencia definitiva…

Determinado lo anterior este juzgador pasa a analizar las causales de inadmisibilidad establecidas en el articulo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, específicamente la relativa al numeral 3, en lo referente a la caducidad del presente recurso interpuesto por la abogados R.E.R.P. y N.O.R.V., ya identificados, en representación de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA RÍO TARRA, C.A., suficientemente identicada, contra la supuesta actitud omisiva presentada por el Instituto Nacional de Tierras, al no emitir pronunciamiento alguno, sobre la solicitud realizada el día primero (1°) de diciembre de 2014, relacionado con el pago de la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES FUERTES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (BsF. 546.028.368,58), todo relacionado con un inmueble integrado por QUINIENTAS HECTÁREAS (500 Has.) ubicado en el fundo denominado “PATRICIA”, ubicado en el Sector Río Tarra, Kilómetro 24 de la carretera Machíques-Colón, Municipio J.M.S.d.E.Z.

La citada caducidad de sesenta (60) días para ejercer el recurso contencioso administrativo, está establecida, de igual forma, en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 179, el cual señala:

El lapso de caducidad de los recursos contenciosos administrativos contra cualquiera de los actos administrativos agrarios será de sesenta (60) días continuos, contados a partir de la notificación del particular o de su publicación en Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional

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Al respecto, este Tribunal observa del cómputo efectuado al Calendario Judicial de este Despacho, que, desde la fecha en la cual alega la recurrente que se cumplió el lapso previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, esto es el día veintiuno (21) de diciembre de 2014, hasta el día sábado siete (07) de marzo de 2015, transcurrió la totalidad del lapso de sesenta (60) días estipulado en el artículo 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, siendo el siguiente día de despacho el lunes nueve (09) de marzo de 2015 fecha en que se interpuso el recurso en cuestión en esta Instancia, encontrándose dentro del lapso previsto en la Ley. ASI SE DECIDE.-

De esta forma, se observa, que se cumplió a cabalidad con todos los requisitos de admisibilidad establecidos por la Sala Especial Agraria perteneciente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 767, de fecha primero (01) de julio del año 2005; y, una vez analizado lo concerniente a los artículos 162 y 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se evidencia que la presente acción no está incursa en ninguna causal de inadmisibilidad. ASÍ SE DECLARA.

Entonces ,en virtud de los razonamientos anteriores y del texto normativo supra transcrito este Órgano Superior Jurisdiccional, ADMITE EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ABSTENCIÓN O CARENCIA CUANTO HA LUGAR EN DERECHO, Y ORDENA SU CORRESPONDIENTE SUSTANCIACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto con fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Ahora bien, este Juzgado Superior Agrario, dando cumplimiento a lo preceptuado en la decisión emanada de la Sala Constitucional de fecha dieciséis (16) de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrada Dra. L.E.M.L., expediente Nº 09-0695, la cual establece:

…Por tal razón, esta Sala siguiendo los lineamientos contenidos en su sentencia Nº 1.238/06 y en orden a garantizar los principios y derechos contenidos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fija interpretación constitucionalizante del contenido del artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual deberá a los fines de su correcta aplicabilidad por los jueces competentes, asumir los siguientes principios a los fines de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso: (i) El auto que declare admisible el recurso ordenará la notificación del Procurador o Procuradora General de la República y mediante cartel a los terceros, incluyendo a quienes hayan sido notificados o participado en la vía administrativa; (ii) El cartel de emplazamiento será publicado por la parte recurrente en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, para que los interesados concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación; (iii) La parte recurrente tendrá un lapso de diez días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo y publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado y; (iv) Si la parte recurrente incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente, salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el tribunal que conoce la causa…

Consecuencialmente a lo anterior, se ordena la emisión de un CARTEL DE EMPLAZAMIENTO, dirigido a todas aquellas personas que detenten algún interés sobre el fundo denominado “PATRICIA”, suficientemente identificado, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a que conste en actas la publicación del mismo, a los fines de ejercer su defensa, exponiendo lo que a bien tengan, igualmente, una vez conste en actas la publicación de dicho cartel se procederá a notificar al DEFENSOR ESPECIAL AGRARIO competente por la ubicación del fundo, a los fines de que aperciba la defensa de los Terceros Beneficiarios, si los hubiere. Aunado a lo anterior se apercibe que la parte demandante tendrá un lapso de los DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO, contados a partir del momento en que se haya librado dicho cartel, a los fines de retirarlo, publicarlo y consignar por ante este Superior el ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado; y dado el caso que la parte demandante incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenara el archivo del expediente.

En consecuencia, con lo señalado anteriormente, este Juzgado Superior Agrario acuerda lo siguiente:

Notificar por oficio de la admisión del presente recurso al ciudadano(a) Procurador(a) General de la República Bolivariana de Venezuela, remitiéndole a tal fin, copia certificada del libelo de demanda con sus anexos y del auto de admisión; con el objeto de que sirva informar a este Juzgado Superior Agrario, si procederá a solicitar la suspensión de la presente causa por noventa (90) días continuos, tal como lo establece el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Notificar por oficio de la admisión del presente recurso al ciudadano F.F. en su condición de Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público con competencia especial Contencioso Administrativo, Tributario, Agrario y de Derechos y Garantías Constitucionales de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, remitiéndole a tal fin copia certificada del libelo de demanda con sus anexos y del presente auto.

Cítese mediante boleta al ciudadano PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, para que comparezca ante este Tribunal Superior dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de la última cualesquiera de la citación y/o notificaciones ordenadas en el presente auto de admisión, con el objeto de que proceda a oponerse al presente recurso contencioso administrativo de abstención y carencia, concediéndosele ocho (8) días continuos como término de distancia.

Para la práctica de la citación ordenada, se comisiona suficientemente al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario del Área Metropolitana de Caracas, a quien se acuerda librar oficio y despacho de comisión para su posterior remisión.

Se ordena la emisión de un CARTEL DE EMPLAZAMIENTO, una vez cumplidas todas las citaciones y notificaciones ordenadas en el presente auto, dirigido a todas aquellas personas que detenten algún interés sobre un de terreno denominado “PATRICIA”, identificado en actas, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a que conste en actas la publicación del mismo, a los fines de ejercer su defensa, exponiendo lo que a bien tengan, igualmente, una vez conste en actas la publicación de dicho cartel se procederá a notificar al DEFENSOR ESPECIAL AGRARIO competente por la ubicación del fundo, a los fines de que aperciba la defensa de los Terceros Beneficiarios, si los hubiere.

Asimismo, se ordena la notificación de la parte recurrente, en la persona de los abogados R.E.R.P. y N.O.R.V., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.111.057 y 3.383.987 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 14.228 y 9.187, en representación de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA RÍO TARRA, C.A., originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día veinticuatro (24) de enero de 1984, bajo el N° 85, Tomo 8-A-Pro, según documento autenticado por ante la Notaría Pública Vigésima Quinta del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas en fecha veinticinco (25) de junio de 2009, bajo el N° 55, Tomo 34, de los libros de autenticaciones llevados ante dicha notaría. Para el cabal cumplimiento de lo aquí ordenado se insta a la parte interesada para que consigne las copias fotostáticas correspondientes, y una vez consignadas, el Tribunal en consecuencia, librará los oficios mencionados. Cúmplase.-

EL JUEZ SUPERIOR,

ABOG. I.I.B.G.

LA SECRETARIA,

ABOG. E.A.N.M.