Decisión nº PJ0032013000035 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 18 de Febrero de 2013

“Apelo de la decisión de fecha 29 de junio de 2012, mediante la cual el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución no canceló, ni acordó la cancelación de la cantidad condenada por el concepto de Responsabilidad Objetiva del artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, ni la indexación.”

La argumentación planteada por la representación judicial de la parte demandante en la Audiencia de Apelación sobre este primer motivo de apelación, se fundamentó en que el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio en decisión de fecha 25 de septiembre de 2007, condenó por concepto de Responsabilidad Objetiva del artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de Bs. 15.369,75 (moneda actual) y que luego de la apelación ejercida por ambas partes sobre esa decisión, este mismo Tribunal Superior Primero del Trabajo en fecha 12 de febrero de 2008, en la parte dispositiva de su decisión declaró, Sin Lugar el Recurso de Apelación ejercido por la demandada y Con Lugar el Recurso de Apelación ejercido por la parte demandante, confirmando la Sentencia Definitiva dictada en Primera Instancia y modificando solamente, el monto condenado por D.M., que fue ajustado a la cantidad de BOLÍVARES CIENTO VEINTE MIL EXACTOS (Bs. 120.000,00).

En este sentido, señaló el apoderado judicial de la demandante recurrente, que la Juez Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón, con sede en el ciudad de Punto Fijo, actuando en fase de ejecución, en fecha 29 de junio de 2012, cuando se llevó a cabo la Audiencia Conciliatoria para el cumplimiento voluntario de la sentencia, no acordó el pago de la cantidad condenada por el Juez Superior Primero del Trabajo de Bs. 15.369,75, por lo cual la sentencia no fue ejecutada de manera íntegra, solicitando en consecuencia que sea condenada la cancelación de esa cantidad restante de dinero.

Así las cosas, esta Alzada observa que ciertamente, el particular segundo del dispositivo de la sentencia de fecha 12 de febrero de 2008 emanada de este mismo Tribunal Superior, confirmó la sentencia recurrida modificando la misma en lo que respecta a la cantidad acordada por concepto de daño moral. Sin embargo, también observa esta Alzada que dicho particular del mencionado dispositivo, no se corresponde de forma alguna con la voluntad manifiesta de forma expresa e inequívoca de esta misma superioridad jurisdiccional en la mencionada sentencia definitiva del 12/02/08, que a la postre resultó la Sentencia Definitivamente Firma, ya que en la parte motiva de esa decisión este Tribunal Superior del Trabajo expresamente estableció que si bien consideraba procedente en la persona de la trabajadora demandante, el concepto indemnizatorio por responsabilidad objetiva del patrono a que se contrae el artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, no obstante, determinó que su reclamación y consecuente pago correspondía al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Para mayor inteligencia de la presente decisión, se transcribe a continuación el contenido del particular segundo del dispositivo del fallo del 12/02/08 y lo que sobre la indemnización del artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, se dispuso en esa misma sentencia:

SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia recurrida MODIFICANDOSE la misma en lo que respecta a la cantidad acordada por concepto de Daño Moral, por las razones que se explanaran en la parte motiva de esta sentencia

. (Folio 374 de la I pieza de este expediente).

Por su parte, al folio 371 de la misma pieza y formando parte de la misma decisión fechada el 12/02/08, puede leerse literalmente lo siguiente:

Entonces bien, una vez comprobada la Responsabilidad Objetiva del Patrono, en cuanto a la Indemnización Incapacidad Absoluta y Permanente establecida en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, cabe destacar que la parte demandada inscribió a la trabajadora en el Seguro Social, tal como se desprende de Planilla de Registro de Asegurado, forma 14-02, de fecha 20 de septiembre de 2004, la cual fue promovida por el demandado a la que este J. lo otorgó valor probatorio. Siendo así, la empresa demandada COSTA NORTE CONSTRUCCIONES, C.A., queda exceptuada del pago por cuanto ha sido plenamente demostrado en autos que la trabajadora goza del Seguro Social, siendo ésta indemnización de conformidad con el artículo 571 ejusdem, antes referido, una obligación que le corresponde cancelar al Seguro Social

. (Subrayado agregado a los efectos de esta decisión particular).

Pues bien, efectivamente, si tan sólo se realiza la lectura y revisión únicamente de la parte dispositiva de la sentencia de este Tribunal Superior del 12/02/08, la cual quedó definitivamente firme mediante decisión de fecha 21 de mayo de 2009 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, pudiera interpretarse que esta Alzada estuvo o está de acuerdo con la Indemnización que por Responsabilidad Objetiva se encuentra contenida en el artículo 571 de la derogada Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que condenó el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio por la cantidad de BOLÍVARES QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 15.369,75). No obstante, cuando se revisa a fondo esa decisión del 12/02/08, vale decir, en la integridad o totalidad de su contenido, se observa claramente que esa apreciación inicial no solo es parcial, sino que adicionalmente resulta contraria a la verdadera voluntad declarada por este Tribunal Superior del Trabajo, ya que en la parte motiva de esa decisión se evidencia, que efectivamente el Tribunal del Alzada está de acuerdo con la procedencia de la Indemnización por Responsabilidad Objetiva contenida en el artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo en beneficio de la demandante, ciudadana R.E.G., pero de igual forma establece que aún siendo procedente tal indemnización, su pago no corresponde a la demandada de autos, sino al Seguro Social, como quedó evidenciado de las transcripciones que anteceden.

Es evidente entonces, que este Tribunal Superior se separó de lo condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Juicio en relación con el concepto de Indemnización por Responsabilidad Objetiva establecido en el artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, disponiendo en consecuencia que el pago por tal concepto debía ser hecho por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I. V. S. S) y por la cantidad peticionada por la demandante en su libelo de demanda, vale decir, por la cantidad de Bs. 26.629,20. Al respecto debe advertirse que la motiva de la sentencia forma parte íntegra de la misma y no está excluida de señalarse en ella (en la parte motiva de cualquier fallo), la determinación de la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión. De hecho, en la parte motiva de la sentencia reposan los fundamentos fácticos y jurídicos que sostienen el fallo, sin los cuales la decisión carece de motivación, por lo que no debe desconocerse su contenido en forma alguna, debiendo ejecutarse la sentencia en su totalidad, todo ello en virtud del principio de unidad del fallo. Sobre este tema se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, disponiendo en la Sentencia No. 381 del 03 de marzo de 2008, con ponencia del Magistrado, Dr. O.A.M.D., lo que a continuación se transcribe:

Atendiendo al principio de autosuficiencia, toda sentencia debe contener la determinación de la cosa u objeto sobre la cual recaiga la decisión, al ser un requisito esencial para permitir la ejecución del fallo y establecer el alcance de la cosa juzgada que de éste emana.

Así, la determinación de la cosa puede estar expresada en cualquier parte de la decisión, conforme al principio de la unidad del fallo, pero debe ser posible su precisión sin necesidad de recurrir a otras actas o instrumentos del expediente, de manera tal, que su omisión comporta la nulidad de la sentencia por el vicio de indeterminación objetiva

. (N. y subrayado de este Juzgado Superior del Trabajo).

De igual forma, este criterio fue reiterado por la misma Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia No. 1.104, de fecha 10 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado, Dr. J.R.P., en la cual se indicó lo siguiente:

Los requisitos de forma que debe contener toda sentencia se encuentran recogidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el Capítulo IV, Del Procedimiento de Juicio, en los artículos 159 y 160, el primero de ellos, consagra los requisitos de la sentencia, y el segundo, los motivos por los cuales se puede declarar su nulidad, señalando entre otros, en su ordinal 1º, por faltar las determinaciones indicadas en el artículo 159 eiusdem.

El artículo 159 de la Ley Adjetiva Laboral indica que dentro de los cinco días hábiles siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, el Juez deberá reproducir, por escrito, el fallo completo, cumpliendo los siguientes requisitos: 1) redacción en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni de transcripciones de actas, ni de documentos que consten en el expediente; 2) identificación de las partes y sus apoderados, 3) los motivos de hecho y de derecho de la decisión, y, 4) la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión, esto es, la decisión misma en forma expresa, positiva y precisa, absolviendo o condenando a la parte demandada.

El principio de autosuficiencia exige que toda sentencia contenga la determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión, este requisito es esencial para permitir la ejecución del fallo y establecer el alcance de la cosa juzgada que de éste emana.

Por el principio de la unidad del fallo, la determinación de la cosa puede estar expresada en cualquier parte de la decisión, pero debe ser posible su precisión sin necesidad de recurrir a otras actas o instrumentos del expediente. Su omisión conlleva a la nulidad de la sentencia por el vicio de indeterminación objetiva.

(N. y subrayado de este Juzgado Superior del Trabajo).

Visto lo anterior, es evidente que al disponer este mismo Tribunal de Alzada en la parte motiva de su Sentencia Definitiva que posteriormente se convirtió en Sentencia Definitivamente Firme, que la reclamación de la indemnización a que se contrae el artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo por responsabilidad objetiva del patrono, debe exigírsele al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y no a la demandada de autos, como equivocadamente lo hizo la parte demandante, desde luego que sobre ese objeto de la pretensión hubo pronunciamiento resolutorio determinado e inequívoco por parte de esta Alzada, el cual se encuentra expresamente contenido en dicha sentencia del 12 de febrero de 2008, exactamente al folio 371 de la I pieza de este asunto, por lo que a juicio de quien aquí decide, es IMPROCEDENTE el pago de la Indemnización por Responsabilidad Objetiva del Patrono que reclama la demandante de autos contra la sociedad mercantil accionada y que acertadamente no exigió a la demandada la Juez de Ejecución en la Audiencia Conciliatoria del 29 de junio de 2012, llevada a cabo para el cumplimiento voluntario de la sentencia de mérito, por cuanto dicho concepto y su monto, únicamente fue condenado contra la empresa accionada por el Tribunal de Primera Instancia, no obstante, como se ha dicho y ha quedado suficientemente demostrado en autos, posteriormente fue declarado improcedente contra la demandada por esta Alzada en su decisión del 12/02/08, conociendo aquella decisión de Primera Instancia en apelación realizada por ambas partes. Y así se declara.

Para mayor abundancia sobre la improcedencia de este primer argumento de apelación, observa este Tribunal Superior que una vez llegadas las actuaciones al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, provenientes de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual declaró Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia dictada en esta Segunda Instancia, la representación judicial de la parte accionante solicitó muy diligentemente el embargo preventivo de bienes y activos de la empresa demandada y ahora condenada, los cuales se encontraban en poder de la Sociedad Mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., específicamente en la sede del Centro Refinador Paraguaná, como puede evidenciarse del folio 02 al 08 del Cuaderno de Medidas del presente asunto.

Sin embargo, advierte esta Alzada que en dicha solicitud de embargo de bienes y/o activos de la empresa condenada, la parte demandante y solicitante de tal medida no contempló el monto supuestamente correspondiente por concepto de indemnización alguna derivada de la responsabilidad objetiva patronal conforme al artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, pues su solicitud de embargo se limitó únicamente al monto condenado como indemnización por concepto de Daño Moral (folios 10 y 11 del Cuaderno de Medidas del presente asunto). Es decir, la demandante apelante a través de sus apoderados judiciales se restringió exclusivamente a solicitar medida de embargo que garantizara el concepto de Daño Moral por la cantidad de BOLÍVARES CIENTO VEINTE MIL EXACTOS (Bs. 120.000,00), cantidad ésta condenada por esta Alzada y que quedó definitivamente firme, lo que evidencia que el decreto de medida de embargo, así como la solicitud misma hecha por la propia demandante hoy recurrente, no incluyó cantidad de dinero alguna por la indemnización derivada de la responsabilidad objetiva del patrono no condenada y que hoy nuevamente pretende su representación judicial de forma infructuosa, a través del presente recurso ordinario de apelación, lo que resulta igualmente IMPROCEDENTE. Y así se declara.

También se observa en las actas procesales, que la parte demandante recurrente no apeló o impugnó de forma alguna, el Decreto de la Medida Preventiva de Embargo que solicitó, a pesar de no contemplar dicho decreto (insiste esta Alzada), monto alguno por concepto de la indemnización establecida en el artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, lo cual desde luego, es una muestra de su conformidad con los términos del mismo, aún cuando no comprendía el monto y el concepto que ahora nuevamente reclama, a pesar de haber sido decidido de forma negativa por esta misma Alzada, en la decisión de fecha 12 de febrero de 2008, como fue establecido. Y así se declara.

En este mismo orden de ideas también se observa, que una vez realizado el traslado y constitución del Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución a los fines de ejecutar la medida preventiva de embargo, la representación judicial de la parte actora en dicha oportunidad solamente agregó, que al monto embargado debía sumársele el concepto (tampoco condenado por cierto), de sus honorarios profesionales (honorarios profesionales de los apoderados judiciales de la actora), los cuales estimaron en ese acto en un 30% del monto embargado, vale decir, la cantidad de BOLÍVARES TREINTA Y SEIS MIL EXACTOS (Bs. 36.000,00), monto éste que efectivamente constituye el 30% de BOLÍVARES CIENTO VEINTE MIL (Bs. 120.000,00). Nótese que en esta ocasión tampoco se hizo mención sobre cantidad de dinero alguna por concepto de indemnización derivada de la responsabilidad objetiva del patrono, conforme al artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, es decir, la cantidad de BOLÍVARES QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 15.369,75), que hoy y después de haber sido negada por esta Alzada mediante sentencia que quedó definitivamente firma y después de no haber sido reclamada en ninguna otra oportunidad posterior a dicha decisión (posterior al 12 de febrero de 2008), ni aún durante la fase de ejecución, entonces nuevamente y de forma infructuosa pretende hacer valer la representación judicial de la parte actora, lo que desde luego no puede ser declarado sino IMPROCEDENTE, resultando absolutamente coherente con la decisión de esta misma Alzada que determinó, que la demandada Sociedad Mercantil COSTA NORTE CONSTRUCCIONES, C.A., está exceptuada de pagar a la demandante de autos cantidad alguna por concepto de indemnización derivada de la responsabilidad objetiva del patrono conforme al artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo. Y así se decide.

SEGUNDO: “Apelo de la decisión de fecha 29 de junio de 2012, porque sólo fue cancelada la indexación o corrección monetaria y los intereses moratorios, hasta la fecha de la elaboración de la experticia complementaria del fallo y no hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia”.

Indica la representación judicial de la parte recurrente, que en la Audiencia de Conciliación donde se llevó a cabo la ejecución voluntaria de la sentencia de fecha 12 de febrero de 2008, dictada por este Tribunal Superior y que quedó definitivamente firme por decisión de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, no fueron pagados de forma íntegra los conceptos que por indexación monetaria e intereses moratorios en esa decisión se establecieron, por cuanto solo fueron pagados dichos conceptos hasta la fecha cuando se realizó la experticia complementaria del fallo, vale decir, hasta el 26 de febrero de 2010, siendo que la Sentencia Definitiva no fue efectivamente cumplida sino hasta el 29 de junio de 2012, por lo que reclama la cantidad en bolívares que corresponda por indexación e intereses moratorios desde el la presentación de la experticia complementaria del fallo, hasta la fecha del cumplimiento efectivo de la sentencia.

Pues bien, sobre este particular motivo de apelación, esta Alzada debe hacer varias consideraciones previas. En primer lugar, encontramos que la Experticia Complementaria del Fallo de fecha 26 de febrero de 2010, realizada por la licenciada L.J., fue “impugnada” por la representación judicial de la parte demandada. Sin embargo, debe advertirse que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicado al presente asunto no sólo por la analogía que permite el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sino por aplicación del criterio jurisprudencial reiterado y pacífico de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que la experticia complementaria del fallo podrá ser “reclamada” (término utilizado por el legislador adjetivo civil), por “que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima”. Para mayor inteligencia de la presente decisión, se transcribe a continuación el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del siguiente tenor:

Artículo 249. En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el J. no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito.

En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos. En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la estimación y de lo determinado se admitirá apelación libremente

. (Subrayado y negritas de este Tribunal Superior).

Así las cosas, se desprende de las actas procesales y de acuerdo con la norma anteriormente transcrita, que la representación judicial de la parte demandada reclamó la experticia complementaria del fallo basándose en que no se apegó a la sentencia definitiva, ya que dicho fallo no condenó el pago de monto alguno por concepto de la indemnización que dispone el artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo y que los montos fueron calculados incorrectamente al utilizar el mismo factor de cálculo para todos los meses. También reclamó la demandada el cálculo de los honorarios profesionales de la experto contable por considerarlos excesivos. Nótese que la parte demandante (hoy recurrente), no reclamó de forma alguna dicha experticia complementaria del fallo, a pesar de tener derecho a ello. Luego, con ocasión del reclamo que si hizo la parte demandada, hubo por parte del Tribunal de Ejecución una serie de nombramientos de expertos contables, a los fines de que realizaran la revisión de la Experticia Complementaria del Fallo reclamada únicamente por la demandada, los cuales no sólo resultaron infructuosos, sino considerablemente dilatorios del procedimiento de ejecución de la sentencia.

En este sentido, en fecha 11 de julio de 2011 el Tribunal A Quo dictó un auto mediante el cual dejó sin efecto todos los nombramientos de expertos realizados y señaló que, vista la dilación del proceso se ordenaba notificar a la licenciada L.J. (misma experta contable autora del informe pericial reclamado), a los fines de que aclarara todos los puntos de la experticia reclamados solamente por la demandada. Esa decisión del Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, a pesar de haber sido apelada quedó firme, visto el desistimiento tácito declarado por esta Alzada ante la incomparecencia de la parte recurrente a la Audiencia de Apelación, por lo que el Tribunal Ejecutor de Primera Instancia ordenó la notificación de la licenciada L.J., a los efectos de que aclarara los puntos reclamados de la experticia complementaria del fallo, únicamente por la parte demandada. Dicha decisión es de fecha 23 de mayo de 2012 y el Informe de Aclaratoria fue presentado por la experto contable L.J. ante el Tribunal de Ejecución, en fecha 06 de junio de 2012 (folios 111 y 112 por una parte y folios 121, 122 y 123 los que corresponden al Informe, todos de la III pieza de este expediente). Luego, el Tribunal A Quo en fecha 25 de junio de 2012 declaró definitivamente firme el auto de fecha 23 de mayo de 2012 y de igual forma, visto que había sido presentado el Informe de Aclaratoria por parte de la experto contable sobre los puntos de la experticia complementaria del fallo reclamados únicamente por la parte demandada, declaró la apertura del lapso de tres (03) días hábiles para la ejecución voluntaria de la sentencia. Finalmente observa esta Alzada, que esta decisión tampoco fue apelada de forma alguna por la parte demandante, hoy recurrente.

Ahora bien, llama la atención de este J. de Alzada, que habiendo tenido la parte demandante dos (2) oportunidades para oponerse a la supuesta omisión de una parte de la indexación y de una parte de los intereses moratorios en la experticia complementaria del fallo, sin embargo no lo hizo, demostrando así su conformidad con los términos de dicha experticia y que ahora, infructuosa y tardíamente pretende reclamar por supuestas omisiones que a su juicio presenta. Insiste esta Alzada que, una vez presentada la experticia complementaria del fallo por la licenciada L.J., la demandante de autos a través de sus apoderados judiciales no la reclamó de forma alguna, muy especialmente por considerar que estaba fuera de los límites del fallo o por mínima (como si lo considera ahora, una vez precluido el lapso procesal para hacerlo) y muy a pesar de contar con el derecho de reclamarla conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Tampoco apeló la representación judicial de la demandante, el auto del 25 de junio de 2012 (folio 125 de la III pieza de este asunto), que fijó el lapso de tres (3) días para el cumplimiento voluntario de la sentencia, con fundamento en los montos establecidos en la experticia complementaria del fallo que fue presentada en fecha 26 de febrero de 2010, por la experto contable licenciada L.J.P., la cual corre inserta del folio 27 al 31 de la II pieza del presente asunto, experticia en la cual se dispuso expresamente que “el resultado del cálculo de la indexación monetaria arrojó la cantidad de Ciento Tres Mil Doscientos Diecinueve Bolívares Fuertes con Noventa Céntimos (Bs. F. 103.219,90)”. Ahora bien, disponiendo el último aparte del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, que la decisión sobre lo reclamado (en este caso la reclamación de la experticia complementaria del fallo que únicamente hizo la demandada de autos), puede ser apelada libremente por las partes y siendo que, la parte actora no apeló la decisión que ordenó ejecutar voluntariamente la sentencia con los montos establecidos en la experticia complementaria del fallo del 26/02/10 y su aclaratoria del 06/06/12, que estableció la cantidad de Bs. 103.219,90 como monto por indexación monetaria, no puede interpretarse otra cosa que no sea su absoluta conformidad con dicho monto, que es precisamente la cantidad de dinero que recibió en el acto de ejecución voluntaria de la sentencia, conforme se evidencia del Escrito de Consignación de Cheque, como del Acta Conciliatoria en Fase de Ejecución, instrumentos éstos que respectivamente obran del folio 127 al 129 el primero y en los folios 130 y 131 el segundo, ambos de la III pieza de este expediente. Y así se declara.

En otras palabras, ¿cómo es que ahora, después de no haber aprovechado las oportunidades impugnatorias que le ofrece la Ley, precluidas como están dichas oportunidades, es entonces cuando los apoderados judiciales de la parte actora se percatan que presuntamente falta un lapso que no se indexó y pretenden su cálculo? Desde luego que tal pretensión forzosamente debe declararse IMPROCEDENTE. Y así se declara.

Para mayor abundancia de la declaración precedente conviene citar el criterio jurisprudencial conteste y reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al cual, la falta de impugnación de una decisión que a juicio de alguna de las partes afecte sus derechos e intereses, constituye un acto de subsanación del vicio que denuncia y una aceptación tácita de la decisión o del acto que lo contiene. En este sentido, en la Sentencia No. 22, de fecha 15 de febrero de 2001, con ponencia de la Magistrada Suplente, Dra. M.C.P., la Sala Social del Máximo Tribunal de la Nación dejó establecido lo siguiente:

Las nulidades que pueden declararse a instancia de parte se deben tener como subsanadas si la parte contra quien obre la falta (en este caso la demandada), no pidiere la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos. La necesidad que la parte afectada por una situación procesal irregular plantee su nulidad en la primera oportunidad de comparecencia a juicio, radica en el hecho de que es contrario al principio de protección procesal y a la lealtad y probidad procesal que un litigante retenga la opción o alternativa de aceptar o rechazar los efectos de un acto procesal, aislado o esencial al procedimiento, y hacer depender de su propia iniciativa la validez del mismo o de todo el juicio si el acto írrito es esencial al proceso

. (Subrayado de este Tribunal Superior).

De igual forma y para mayor inteligencia de esta decisión, observa este J. que la parte demandante también despreció la oportunidad impugnatoria que le ofrece el artículo 186 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual es del siguiente tenor:

Artículo 186. Contra las decisiones del J. en la fase de ejecución, se admitirá recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del acto que se impugna, la misma será decidida en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, por el Tribunal Superior del Trabajo; contra dicho fallo no se admitirá recurso de casación. La no comparecencia del recurrente a la audiencia se entenderá como el desistimiento que el mismo hace de la apelación

. (Subrayado del Tribunal).

Inclusive observa este J., que más allá de la falta de reclamo de la experticia complementaria del fallo y de su conformidad tácita con la decisión que acordó ejecutar la sentencia voluntariamente con el monto establecido en dicha experticia, observa esta Alzada que en la Audiencia de Conciliación llevada a cabo en fecha 29 de junio de 2012, la representación judicial de la parte demandante hoy recurrente, tampoco hizo oposición alguna en relación con el monto recibido por su representada por concepto de intereses moratorios o por la corrección monetaria que hoy reclama, pues su única inconformidad estuvo dirigida a las costas y costos procesales, indicando expresamente que se reservaba el derecho de reclamar tales conceptos. Por el contrario, lo que si quedó expresa y literalmente establecido en el acta respectiva que riela en los folios 130 y 131 de la III pieza de este expediente, la cual firmó la abogada L.A.S. como apoderada judicial de la demandante, en señal de conformidad, es lo que a continuación se transcribe:

La apoderada judicial de la parte actora manifiesta en este acto en nombre de su representada que recibe conforme la cantidad antes indicada (dicha cantidad es de Bs. 103.219,90), libre de apremio y coacción, plenamente facultada para ello; asimismo manifiesta expresamente que se reserva el derecho a reclamar las costas y costos procesales condenada en el presente juicio

. (Subrayado y contenido entre paréntesis agregado por este Juzgado Superior).

Como puede apreciarse, la misma representación judicial que en fecha 29 de junio de 2012 durante la Audiencia Conciliatoria en Fase de Ejecución declaró expresa y libremente que recibió en nombre de su mandante la cantidad de Bs. 103.219,90 por concepto de indexación o corrección monetaria, solicitando inclusive en comunión con su contraparte el cierre y archivo definitivo del expediente, entonces ahora manifiesta que no está de acuerdo con ese monto y pretende que se hagan nuevos cálculos actualmente. Pues tal pretensión forzosamente debe ser declarada por esta Alzada IMPROCEDENTE, puesto que todas las omisiones recursivas e inacción de los apoderados judiciales de la parte demandante recurrente, resultan coherentes con su expresa e inequívoca manifestación de voluntad posterior, conforme a la cual se encontraban conformes con la cantidad de dinero pagada por la demandada. Y así se declara.

En otro orden de ideas y visto que dentro de la argumentación planteada por la representación judicial de la parte demandante en la Audiencia de Apelación se indicó, que el pago de los intereses moratorios y la corrección monetaria que reclama son de orden constitucional, debe necesariamente este Tribunal Superior hacer algunas consideraciones, para las cuales resulta útil transcribir el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Como puede apreciarse, los intereses de mora que se generan por el retardo en el pago del salario o de las prestaciones sociales son de rango constitucional. No obstante, debe advertirse que no todos los pagos que corresponden al trabajador con ocasión del término de la relación de trabajo constituyen prestaciones sociales que recompensen al trabajador la antigüedad en el servicio o lo amparen en caso de cesantía. Tal es el caso de la indemnización por daño moral derivada de la responsabilidad objetiva del patrono, la cual, no es un concepto prestacional que recompense a la trabajadora de autos su antigüedad en el servicio, ni la ampara por cesantía, pues tales conceptos ni siquiera fueron por ella reclamados. Se trata de un concepto eminentemente indemnizatorio que no deriva o no se produce día a día mientras se presta el servicio, sino de la llamada responsabilidad objetiva patronal y está dirigido a compensar el dolor espiritual o la afectación emocional de la trabajadora con ocasión del infortunio laboral sufrido. Luego, dicha indemnización, si bien es cierto que genera intereses moratorios, tales intereses no son de la misma naturaleza que los derivados del salario y los conceptos prestacionales propiamente dichos, ni están amparados por las mismas garantías y privilegios que dispone el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde resulta impertinente el alegato bajo estudio realizado por la representación judicial de la demandante de autos. Y así se declara.

Por último, observa esta Alzada que a pesar de lo dispuesto en la sentencia emanada de este mismo Tribunal Superior el 12/02/08 y que quedó definitivamente firme, conforme a la cual, el pago de la indemnización por responsabilidad objetiva del patrono derivada del artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo no corresponde a la empresa demandada, sino al Instituto Venezolano de los Sociales (IVSS), sin embargo, pese a esa decisión, la experticia complementaria del fallo contempló la indexación del monto condenado por tal concepto que hizo el Tribunal de Primera Instancia de Juicio, arrojando la cantidad de BOLÍVARES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 17.202,05), cantidad ésta igualmente pagada por la demandada de forma indebida, por cuanto, siendo improcedente el concepto y el monto principal (la indemnización del artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada), desde luego que también resultan improcedentes la indexación de cualquier monto derivado de ese concepto y sus intereses moratorios. Por lo que el pago que hizo la demandada de autos de Bs. 17.202,05 por concepto de indexación de la responsabilidad objetiva patronal establecida en el artículo 571 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, fue un pago que no correspondía hacer a la demandada. Y así se declara.

No obstante, esta última observación solo tiene un fin informativo y reflexivo, toda vez que dicho pago ha sido consumado con la aceptación y conformidad de la parte demandada a través de su apoderada judicial. Y así se establece.

En consecuencia, improcedentes como han sido determinados por este Juzgado Superior los alegatos de apelación de la parte demandante recurrente, lo apropiado es declarar SIN LUGAR el presente recurso de apelación. Y así se decide.

III) DISPOSITIVA:

Con fundamento en los hechos analizados, las normas aplicadas, la jurisprudencia utilizada y todos los razonamientos y motivos que anteceden, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte demandante, a través de sus apoderados judiciales L.S. y G.P.V., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 106.571 y 34.917, respectivamente, contra la sentencia de fecha 29 de junio de 2012, dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo, en el juicio que por Enfermedad Profesional tiene incoado la ciudadana ROSA EVELINDA GARCÍA, contra la Sociedad Mercantil COSTA NORTE CONSTRUCCIONES, C. A.

Se CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA en todas y cada una de sus partes.

Se ORDENA REMITIR EL PRESENTE ASUNTO al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo.

NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

P., regístrese, agréguese y notifíquese a las partes.

Dada sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil trece (2013). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR.

ABG. J.P.A.R..

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha, 18 de febrero de 2013, a las cuatro en punto de la tarde (04:00 p. m.). Se dejó copia certificada en el Copiador de Sentencias de este Tribunal. Conste, en Santa Ana de Coro, en la fecha señalada.

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..