Decisión nº 0593 de Juzgado Superior Agrario de Cojedes, de 26 de Julio de 2010

que los ciudadanos J.R., Francisco, y J.H.A.C. y R.R.C. de Aguilar, venden pura y simplemente dos extensiones de terreno al ciudadano J.G.A.A., ubicados en jurisdicción del Distrito Falcón, el primer lote de terreno, se encuentra enmarcado dentro de los linderos siguiente Naciente: camino real cachinche, Poniente: terrenos de la posesión A.C., Norte: terrenos que son o fueron de D.C. y J.A. y Sur: terrenos que fueron de S.D., el segundo lote de terreno esta enmarcado dentro de los siguientes linderos: Naciente: Terrenos que son o fueron de M.d.H., Poniente: terrenos que son o fueron de la sucesión de J.R.A., Norte: terrenos que son o fueron de R.H. y Sur: terrenos de la misma sucesión de J.R.A..

El segundo documento, indica:

Que el Instituto Nacional de Hipódromos otorgó préstamo a la Compañía Anónima Inmuebles el Dorado, “Haras El Dorado” y que para garantizar el cumplimiento de dicha obligación la deudora constituyó a favor de Instituto Nacional de Hipódromos una hipoteca de primer grado sobre una extensión de terreno conocida como hacienda San Luís, con una extensión aproximada de cien hectáreas ubicados en los vecindarios de tamanaco y buenos aires.

Dichos recaudos, al no haber sido impugnados por la contraparte, deben tenerse como fidedigno, en atención a la regla valorativa prevista en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo los mismos debe ser desechados en virtud de que su contenido no guarda ningún tipo de relación con el hecho controvertido . Así se decide.

De igual forma, los recurrentes ratificaron el recaudo marcado D, que cursa a los folios 32 al 35 de este expediente, relativo al duplicado del escrito de alegatos que fuere presentado por la abogado M.I.S. en representación de los recurrentes por ante Oficina Regional del estado Cojedes del Instituto Nacional de Tierras, dicho recaudo contiene los fundamentos que contradicen el otorgamiento del certificado de adjudicación y registro agrario solicitado por el ciudadano H.H., también se evidencia un sello húmedo de recibido de la referida oficina, donde se lee la fecha 05/06/09. Dicho documento, debe ser apreciado sólo a los fines de demostrar que los recurrentes de autos presentaron escrito contentivo de alegatos al tener conocimiento que en terrenos que dicen ser de su propiedad se había construido una cerca por parte del ciudadano G.H., no pudiendo surtir ningún otro efecto en provecho de los recurrentes y promoventes la prueba. Así se decide.

De igual forma, promovió recaudos marcados con la letra E, contentivos de planos topográficos que obran agregados a los folios 36 al 37, sobre estas instrumentales, se observa lo siguiente: 1.) El plano que corre inserto al folio 36 hace referencia a diversos lotes de terrenos que se encuentran ubicado en el sector denominado Los Pegones Tacamahaca, en jurisdicción del Municipio F.d.e.C., que identifican a la sucesión de L.G.M., M.T., la empresa Alfrio, C.A., sin embargo, del análisis realizado se observa que tal instrumental no consta autoría de persona alguna a objeto de atribuirle el carácter privado de la misma instrumental contentiva de levantamiento topográfico que permitiera darle cumplimiento al dispositivo normativo estatuido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual este sentenciador desestima dicha probanza y consecuencialmente la desecha. Así se decide.

2. )Por lo que respecta a la instrumental promovida como prueba inserta al folio 37 de la pieza N° 1, contentiva del levantamiento topográfico de diversos lotes de terrenos que se encuentran ubicado en el sector denominado Tacamahaca y Pegones en jurisdicción del Municipio F.d.e.C., que según manifiesta el técnico J.R.J., delimitan lotes de terrenos “…cercados por el Instituto Nacional de Tierras, por la empresa Alfrio, C.A, lotes de terrenos cercado por Luís G Meier, M.T., G.M., instrumental elaborado en abril de 2009, donde consta coordenadas UTM REGVEN. Ahora bien del análisis practicado a la presente prueba documental y vista la ratificación de la misma mediante la prueba testimonial se puede constatar que el ciudadano J.R.J., titular de la cédula de identidad N° V-5.210.538, manifestó en fecha 09 de marzo de 2010, que “…es el autor del levantamiento topográfico que al efecto se le presentó y que los datos técnicos allí contenidos son fidedignos, utilizando como método de elaboración del levantamiento topográfico GPS y con apoyo documental que le fueron entregados por la empresa Alfrio y por la Sucesión Meier..” Por lo que siendo ello así y no haber sido impugnado por el adversario la referida prueba instrumental este Tribunal la aprecia en su justo valor probatorio para dar por demostrado el contenido que de ella se desprende, apreciación probatoria que se hace en atención a las reglas valorativas estatuidas en los artículos 429 y 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

Por lo que respecta a la instrumental contenida en el folio 38 de la pieza N1, contentiva de la Hoja signada con el N° 6545 del levantamiento aerofotogramètrico a escala 1:100.000 de la ciudad de Tinaquillo del estado Cojedes, emanado de la Dirección de Cartografía Nacional del otrora Ministerio de Obras Públicas de la Republica de Venezuela, del cual se verifican los predios de los sectores denominados Los Apamates, Los Pegones, Los Monos, del Distrito F.d.e.C.. Ahora bien, este Tribunal observa que la mencionada prueba instrumentales es emanada de un órgano de la administración pública, por que debe tenerse por cierto su contenido en virtud de que mismo goza de autenticidad salvo prueba en contrario, en atención a la regla valorativa contenida en la sentencia N° 40 de fecha 14 de enero de 2003 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual este Tribunal la aprecia en su justo valor probatorio. Así se decide

Asimismo, reprodujo el valor probatorio de los recaudos marcado F1 y F2, consignados junto al escrito recursivo, tales documentos, al no haber sido impugnados por la contraparte, debe tenerse como fidedigno su contenido, en atención a la regla valorativa prevista en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

De manera que, este Tribunal tiene como cierto el contenido del recaudo marcado F1, contentivo de copia simple de documento emanado de la entonces Oficina Subalterna del Distrito F.d.e.C., en el cual el ciudadano J.L.I. vende al ciudadano L.G.M.A. todos los derechos y acciones de las posesiones de tierras denominadas Tacamahaca y Pegones, ubicadas dentro de los linderos siguientes: Naciente: camino real conocido como camino de la Gobernación que conducía de Tinaquillo a San Carlos, desde el sitio denominado pegones, hasta la cumbre de la Guamita, Sur: de la cumbre de la Guamita línea recta hasta la desembocadura de la quebrada de “agua negra” en el rio Tinaquillo, Poniente: de dicha desembocadura aguas arriba hasta el llamado paso del gaitan y Norte: de dicho paso línea recta hasta el sitio denominado P pegones de donde comienza esta demarcación. Asimismo, se verifica de dicho documento que el ciudadano L.G.M.A., constituyó como garantía, una hipoteca de primer grado sobre los derechos y acciones objetos de la referida venta, documento protocolizado en fecha 22 de septiembre de 1972, anotado bajo el N 1, folios 102 y vto al 105, Protocolo: Primero, del Tercer Trimestre y que posteriormente dio cumplimiento efectuando la cancelación de la indicada Hipoteca y protocolizada igualmente por ante la indicada Oficina Subalterna de Registro Público en fecha 28 de Noviembre de 1979 bajo el Nª 35, folio 13 y su vto, Protocolo: Primero, cuarto trimestre. Siendo ello así, este Tribunal aprecia las indicadas instrumentales en su justo valor probatorio. Así se decide.

Asimismo, se verifica la planilla sucesoral presentada ante la Dirección General Sectorial de Rentas, Administración de Hacienda, Región Central, Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y demás R.C.d.M.d.H. folios 43 al 48 de la pieza N° 1, en virtud del fallecimiento del ciudadano quien en vida respondía al nombre de L.G.M.A., fallecido ab-intestato en fecha 1º de abril de 1990 en el estado Carabobo, agregada al cuaderno de comprobantes por ante la referida Oficina Subalterna de Registro en fecha 12 de mayo de 2008, anotado bajo el Nº 18, folio 47-1, por lo que respecta a esta instrumental, se observa que los recurrentes de autos presentaron formal declaración sucesoral de los bienes patrimoniales dejados por el causante, y en la cual se constata la manifestación de declaración del 50% de los derechos y acciones sobre unas posesiones de tierras denominadas Tacamahaca y Pegones conocida generalmente como La Malpiquera, situada en jurisdicción del Municipio Tinaquillo, Distrito Falcón (hoy Municipio Autónomo) del estado Cojedes, cuyos linderos y de mas características son las mismas que se indican en el documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito F.d.e.C. en fecha 22 de septiembre de 1972, anotado bajo el N 1, folios 102 y vto al 105, Protocolo: Primero, del Tercer Trimestre y siendo que, la que la misma es emanada de un órgano de la administración pública, debe tenerse por cierto su contenido en virtud de que mismo goza de autenticidad salvo prueba en contrario, en atención a la regla valorativa contenida en la sentencia N° 40 de fecha 14 de enero de 2003 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual este Tribunal la aprecia en su justo valor probatorio. Así se decide

De igual forma, se tiene como cierto el contenido del recaudo marcado F2,el cual riela inserto a los folios 50 y 51 de la pieza Nº 1, contentivo de copia simple, de una copia certificada emanada del otrora Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Región Agrario de los estados Aragua Carabobo y Cojedes, que contiene actuaciones del expediente N° 561, del juicio de partición de la posesión denominada “pegones y tacamahaca”, seguida por la sucesión Duque contra la sucesión de J.d.C.F.M., M.M.D. y otros.

Del mismo, se desprende el informe del partidor, del cual emerge, que al ciudadano L.G.M. le fue adjudicado un lote de terreno de 120.000 metros cuadrados dentro de la posesión denominada la Malpiquera, sitio pegones, Tinaquillo estado Cojedes, dentro de los siguientes linderos: Noreste: línea recta partiendo del punto Y, cerca de la intercepción de las coordenadas E:573.300 con N: 1.091.500, terminada en el punto S, en sentido Noreste-Sureste, colinda por esta parte con terrenos de la comunidad de la Malpiquera; Sureste: Línea recta en sentido Noreste-sureste, de 312.50 metros que va del punto S al punto R colindando con sucesores de C.H.; Sur: dos líneas rectas en sentido Este-Oeste y Sureste y Noreste, de 202.50 metros y 125.50 metros, que van del punto R al punto K-2 y de aquí al punto X respectivamente, colinda con terrenos comunidad de la Malpiquera; Noroeste: línea recta en sentido suroeste-noreste, de 400 metros que va del punto X al punto de partida Y. Colinda con terrenos adjudicados a J.L.D., protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito F.d.e.C. en fecha 13 de agosto de 1980, anotado bajo el Nº 27, folios N° 106 al 128, Protocolo: Primero, Tomo: I, tercer trimestre; que al no haber sido impugnada por el adversario este Tribunal la aprecia en su justo valor probatorio para dar por demostrado el contenido que del mismo se desprende tal como ha quedado establecido ut supra. Asì se decide-.

Marcado F3, obra al folios 68, levantamiento topográfico donde se observa que el mismo hace referencia a diversos lotes de terrenos que se encuentran ubicado en el sector denominado Los Pegones Tacamahaca, en jurisdicción del Municipio F.d.e.C., que identifican a la sucesión de L.G.M., M.T., la empresa Alfrio, C.A., sin embargo, del análisis realizado se observa el carácter privado de las referida instrumental contentivas de levantamiento topogràficos, los cuales no fueron ratificados mediante la prueban testimonial, razón por la cual este sentenciador desestima dicha probanza y consecuencialmente las desecha Así se decide.

Marcado con la letra G, promovió el recaudo que obra a los folios 69 al 90 contentivo de copias simples de actuaciones emanadas del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Penal del Trabajo y del Transito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, relativas a un juicio de expropiación instaurado por el Instituto Agrario Nacional, el cual, en fecha 30 de marzo de 1967 fue declarado con lugar, acordándose la expropiación por una extensión de terreno constante de 795 hectáreas con 6.400 metros cuadrados, enmarcados dentro de los siguientes linderos Naciente: desde el paso del rio Tinaquillo, siguiendo por el camino real viejo, conocido antiguamente por el camino real de la Gobernación hasta el sitio denominado pegones; Sur: partiendo del sitio denominado pegones hasta el paso Gaitán en el río Tinaquillo, pasando por el embarcadero hasta el sitio denominado F.O., Norte y Poniente: Aguas arriba del río Tinaquillo hasta el paso denominado Gaitán.

Las especificaciones y determinaciones antes señaladas, deben tenerse como fidedignas por este Tribunal, en razón de que el documento que las contiene no fue impugnado por la contraparte, además obran consignados en copia simple, todo ello, en razón a la regla valorativa contenida en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-

Del mismo modo, la parte recurrente en el capitulo II de su escrito, promovió la inspección judicial practicada por este Tribunal en fecha 07 de octubre de 2009 que cursa a los folios 32 al 67 del cuaderno de medidas.

En relación a dicha inspección judicial, se observa que este Tribunal se constituyó en el sitio denominado sector Tacamahaca y Pegones, acompañado de un experto y de un fotógrafo, dejándose constancia de los siguiente: de la existencia de las cercas internas construidas con estantillos de madera y alambre púas, se evidenció, una cantidad aproximada de 17 reses, así como una trilla en el lindero o paso de ganado en el lindero este, de igual forma, dejó constancia que el lote de terreno inspeccionado no se observó construcción o plantación de ninguna especie, se observó el acceso tanto peatonal como vehicular hacia los terrenos ocupados presuntamente por la sucesión de L.G.M.

En lo atinente a la inspección bajo análisis, se constata que fue practicada por este Tribunal en ejercicio de sus funciones y en el ámbito de su competencia, haciendo uso del principio de inmediación, toda vez que, se observó en forma directa las circunstancias y los hechos materiales de los cuales se dejó constancia en el acta que al efecto se levantó, razón mas que suficiente para tener por cierto los hechos en ella señalados, debiendo ser apreciados en su justo valor. Así se decide.

Pruebas de la parte Recurrida:

Por medio de escrito de fecha 25 de febrero de 2010, que obra al folio 188, la representación judicial de la parte recurrida, promovió como pruebas los documentos que obran agregados al expediente a los folios 19 al 22, marcados B1 y B2, los cuales ya fueron a.y.v.p. este Tribunal.

Asimismo, se observa que en audiencia oral y pública celebrada en fecha 24 de marzo de 2010, dicha representación judicial consignó una carpeta contentiva de copias certificadas de los antecedentes administrativos del caso, en relación a este recaudo, debe tenerse por cierto su contenido salvo prueba en contrario en virtud de que goza de autenticidad, en atención a lo establecido en la sentencia N° 40 de fecha 14 de enero de 2003 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual este Tribunal la aprecia en su justo valor probatorio Así se decide.

-VI-

ANALISIS DECISORIO

De conformidad con lo establecido en el ordinal 4 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Tribunal a establecer los motivos de hecho y de derecho en que fundamentará la presente decisión.

De la prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido:

Como antes quedó expresado el recurrente interpuso recurso de nulidad del acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras, en Sesión de Directorio N° 207/08, de fecha 11/11/2008, por medio del cual dicho Instituto otorgó titulo de adjudicación y carta de registro agrario a favor del ciudadano H.G.H., sobre un lote de Terreno contentivo de dieciséis hectáreas con cuatro mil doscientos setenta y dos metros cuadrados (16 ha con 4272 m2 ) ubicado en el sector Pegones, asentamiento campesino Apamates Pegones, Parroquia Tinaquillo, Municipio F.d.e.C., alinderado así: Norte Terrenos ocupados por la Empresa ALFRIO C.A. y M.M., Sur: terrenos ocupados por la empresa ALFRIO C.A., Este: terrenos ocupados por M.M., Oeste: terrenos ocupados por la empresa ALFRIO C.A., y Fundo El Botalón, por considerar que el mismo esta afectado por vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad tales como: la falta del procedimiento legalmente establecido y por falso supuesto.

Pues bien, como quiera que la denuncia de la prescindencia del procedimiento legalmente establecido atiende a quebrantamiento de normas de orden público, que en el caso concreto, afectaría la validez de los actos administrativos impugnados, deben en tanto, ser verificados preliminarmente por este Tribunal toda vez que ante la posibilidad de ser procedente, harían innecesario entrar a analizar el fondo del asunto planteado, requiriendo por tanto de decisión previa y separada, y así procede este sentenciador a resolver sobre dicho planteamiento en los siguientes términos:

Alega la representación judicial recurrente, que el vicio denunciado deviene los propios actos impugnados, cuando el Instituto Nacional de Tierras otorga una carta de registro agrario y un titulo de adjudicación sobre un lote de terreno que no le es propio, resultando evidente que no hay racionalidad en el tratamiento del procedimiento administrativo, no hay sustanciación conforme a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ni como se indica en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Arguye dicha representación que el mecanismo procesal administrativo de la adjudicación de tierras se establece entre los artículos 59 y 67 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en donde se le ordena al Instituto Nacional de Tierras a través de las oficinas regionales que debe instruir un expediente, conformado fundamentalmente con los recaudos necesarios para la plena identificación del beneficiario, la determinación de la parcela, la cual conlleva su ubicación, el área que la conforma y sus linderos, éstos últimos comprobados mediante coordenadas UPS que se deben incluir en el informe técnico que va dirigido a las condiciones de producción.

Siguen diciendo que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que de todo asunto debe formarse un expediente, manteniendo una racionalización derivada de una exigencia legal de que haya una unidad del expediente, que además en dicho expediente se deben incorporar documentos, informes y recaudos, relacionados con el asunto para que la decisión, que se tome al dictar una decisión que sea cónsona con todos los elementos que se supone deben ser examinados para evitar la nulidad del acto.

Que los procedimientos administrativos establecidos en la Ley de Tierras no pueden estar desvinculados de las previsiones garantistas impuestas por el derecho administrativo en Venezuela y algunas leyes aplicables, como la de simplificación de Trámites Administrativos e incluso la Constitución.

Que en el presente caso, es procedente lo previsto en el numeral 3° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto es imposible su ejecución en la esfera jurídica, puesto que no puede materializarse la posesión del terreno adjudicado, porque no se puede adjudicar lo que no es propio.

De manera que, la infracción constitucional delatada, se origina de la ausencia u omisión del procedimiento legalmente establecido que dio lugar al otorgamiento del Titulo de Adjudicación y a la Carta de Registro Agrario, a favor del ciudadano H.G.H., sobre un lote de Terreno contentivo de dieciséis hectáreas con cuatro mil doscientos setenta y dos metros cuadrados (16 ha con 4272 m2 ) ubicado en el sector pegones, asentamiento campesino apamates pegones, Parroquia Tinaquillo, Municipio F.d.e.C..

Así las cosas, este Tribunal observa del contexto del acto administrativo recurrido, que el objeto del mismo, fue otorgar un titulo de Adjudicación y una Carta de Registro Agrario a favor del ciudadano H.G.H. sobre el lote de terreno arriba identificado.

De manera que, ante un acto administrativo de la naturaleza arriba señalada, resulta elemental que el mismo nazca de un procedimiento administrativo previo, en el que, no solamente se garantice al administrado participar activamente en la fase de introducción del procedimiento administrativo, y se le facilite la oportunidad para probar y controlar las pruebas aportadas al proceso, alegar y contradecir lo que considere pertinente en la protección de sus derechos o intereses, sino que, también se resguarde el interés público tutelado.

Con relación al referido alegato, cabe señalar el criterio reiterado y pacifico de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en torno al vicio de ausencia total y absoluta de procedimiento:

(…) Esta Sala ha precisado en otras oportunidades (Vid: sentencia Nº 2112 de fecha 20 de noviembre de 2001), que la prescindencia total y absoluta del procedimiento legal establecido conforme al numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no se refiere a la violación de un trámite, requisito o formalidad, o de varios de ellos. El vicio denunciado sólo se justifica en los casos que no ha habido procedimiento alguno o han sido violadas fases del mismo que constituyen garantías esenciales del administrado. (…)” (Sentencia de la Sala Político Administrativo Nº 01842 del 14 de abril de 2005)

Ahora bien los artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, prevén lo siguiente:

Artículo 59. A los fines de la adjudicación de tierras, los interesados formularán una solicitud, la cual deberá estar acompañada de los siguientes recaudos:

1. Manifestación de voluntad contentiva del compromiso de trabajo de la tierra a adjudicar.

2. Identificación completa del solicitante, indicando nombre y apellido, número de cédula de identidad, lugar y fecha de nacimiento.

3. Ocupación y número de personas que constituyan el grupo familiar.

4. Declaración jurada de no poseer otra parcela.

5. Cualquier otro dato que estimare conveniente para ilustrar el criterio del Instituto.

6. En caso de ser poseedor de una parcela insuficiente, expresará las condiciones y características de la misma.

Artículo 60. Recibida la solicitud y sus recaudos, el Instituto Nacional de Tierras procederá a instruir un expediente que contenga:

1. Los datos del solicitante señalados en el artículo anterior.

2. La identificación del terreno cuya adjudicación solicita con su respectivo protocolo.

3. La delimitación de la parcela solicitada.

4. El estudio socioeconómico del solicitante.

5. La documentación de la cual se evidencie la condición de ciudadana cabeza de familia o ciudadano o ciudadana mayor de 18 años y menor de 25, a los efectos de la aplicación de los regímenes preferenciales aludidos en los artículos 14 y 17, numeral 7 de la presente Ley.

Artículo 61. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, el Instituto decidirá si procede o no la adjudicación. 16

Artículo 62. En el acto en que se decida otorgar la adjudicación, el Instituto deberá determinar, con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional, cuál es el proyecto de producción de la parcela adjudicada.

Artículo 63. La decisión que acuerde si se concede o no la adjudicación, deberá ser publicada en la Gaceta Oficial Agraria. Este acto agotará la vía administrativa.

Las normas que preceden, establecen los requisitos que debe consignar el administrado que pretenda la adjudicación de un lote de terreno, y a su vez, los pasos que debe seguir la Oficina Regional de Tierra respectiva y los elementos que debe recabar a los fines de tramitar la solicitud

Ahora bien, constata este Tribunal que por medio de escrito de fecha 23 de marzo de 2010, consignado en audiencia oral de informes, la representación judicial del Instituto Nacional de Tierras, acompañó al mismo, copias certificadas de las actuaciones que conforman el expediente administrativo del caso bajo estudio.

De las actuaciones que integran el expediente administrativo anteriormente mencionado, se observa que por auto de fecha 30 de mayo de 2007, la autoridad administrativa, tras proceder a sustituir el tipo de procedimiento que se habría de tramitar, ordenó al área de Registro Agrario, realizar el informe correspondiente a la determinación de la titularidad de la parcela, al área técnica, realizar el informe correspondiente para determinar la extensión, linderos, clases de suelos y demás requisitos de ley, y al área de Registro y Conservación de Suelos realizar el informe correspondiente para determinar el impacto ambiental.

De igual forma, se evidencia de los antecedentes administrativos ya indicados, que específicamente a los folios 268 al 283, el jefe de cada área, procedió a elaborar y consignar el informe que le había sido requerido por el Coordinador de la Oficina de Tierras (Cojedes), dando cumplimiento a los requisitos exigidos en los artículos 59 y 60 ejusdem.

Posteriormente a ello, mediante auto de fecha 25 de agosto 2008, los miembros de la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes, declararon terminada la sustanciación del Procedimiento, seguidamente, cursa el punto de cuenta, en el cual se decidió en forma definitiva otorgar el Titulo de Adjudicación y el Registro Agrario al ciudadano H.G.H., sobre el lote de terreno suficientemente identificado.

No obstante lo anterior, observa este Tribunal que la ficha conclusiva del informe técnico (folios 278 al 272), hace referencia a la información recabada por el técnico responsable de la ORT-Cojedes, ciudadano A.C., titular de la Cédula de Identidad N• 8.819.731, en la misma, identifica los datos personales del solicitante de la adjudicación, el lugar y ubicación del lote de terreno, entre otras cosas. Ello pone de manifiesto que el técnico designado para buscar la información necesaria efectuó una visita de campo al lote de terreno cuya adjudicación había sido solicitada por el ciudadano H.G.H..

A su vez, también se pone de manifiesto que el técnico observó la existencia de cercas perimetrales en el predio, de la cuales este Tribunal dejó constancia en la Inspección Judicial practicada en fecha 07 de octubre de 2009, y que ha sido apreciada por este sentenciador en su justo valor probatorio para dar por demostrado lo que de ella se desprende; de modo que, el funcionario tuvo que haberse percatado de que el lote de terreno inspeccionado estaba siendo ocupado por otras personas que resultaron ser los integrantes de la sucesión Meier Minguet tal y como este Tribunal lo constató en la aludida inspección judicial y no como lo refirió el funcionario administrativo en la ficha conclusiva.

La posesión de los integrantes de la sucesión Meier Minguet, sobre el lote de terreno cuya adjudicación estaba siendo solicitada, no solo se constató de la inspección judicial practicada y de los hechos que allí se hicieron constar, sino del conjunto de instrumentales aportadas al proceso que sirvieron de colorario a dicho alegato.

Por una parte, es evidente del análisis que se le hizo al plano topográfico marcado “E” (folio 37), que el lote de terreno que se describe (coordenadas) en los actos impugnados (folios 19-22) se corresponden con el lote de terreno que manifestaron los recurrentes ser de su propiedad hecho probado a través de los documentos registrados y consignados a los autos por éstos y que además coincide con el lote delimitado en el mencionado levantamiento topográfico. Así se establece.-

De igual forma, constató este Tribunal en la inspección judicial ya aludida y que fuere practicada en el lote de terreno en cuestión, la existencia de las cercas perimetrales derribadas presuntamente por el ciudadano H.G.H. e internas construidas con estantillos de madera y alambre con púas, lo que trajo como consecuencia que este Tribunal una vez analizadas las pruebas aportadas por los peticionantes de la solicitud cautelar consideró la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado ordenándole al mencionado ciudadano cesar en los actos y hechos que pudieran causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra y cesar en el levantamiento de cercas perimetrales en los predios que conforman el lote de terreno determinado en los actos administrativos. Asimismo, también se evidenció, una cantidad aproximada de 17 reses de origen desconocido, así como, una trilla en el lindero o paso de ganado en el lindero Este, y un acceso peatonal y vehicular hacia los terrenos ocupados por la sucesión de L.G.M..

Adicionalmente, el órgano administrativo agrario, no trajo a los autos elementos de convicción suficientes que corroboraran que el lote de terreno que le fue adjudicado al ciudadano H.G.H., le pertenecía en plena propiedad al Instituto Nacional de Tierras y que el mismo estuviese siendo ocupado por el tercero solicitante del título de adjudicación o no.

Por el contrario, existe una evidente contradicción en los datos registrales que se indican en los actos impugnados, pues en el Titulo de Adjudicación (marcado B1) se señala que el lote de terreno en cuestión le pertenece al Instituto Nacional de Tierras por documento (Sic): “Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público Miranda bajo el N° 05-08, Folio 08-023, Protocolo I, Tomo II, Trimestre I, Año 1961”. En la Carta de Registro (marcado B2) se indica que el terreno le pertenece al INTI por documento (Sic): Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio F.d.E.C., bajo el N° 31, Folios 68 al 89, Protocolo Primero, Tercer Trimestre, de fecha 29 de abril de 1975.

Lo anterior demuestra una notable contradicción en que incurrió la administración agraria, en relación al documento de propiedad según el cual el lote de terreno adjudicado le pertenece al Instituto, hecho éste que no fue aclarado dentro del proceso por parte de la recurrida de autos al no traer a los autos prueba contundente, que demostrase, primero, que el terreno en cuestión les pertenece y segundo que el mismo fuese ocupado por el ciudadano H.G.H..

Ahora bien, ante la circunstancia de que el lote de terreno objeto de la solicitud de adjudicación, estaba siendo ocupado por personas distintas al ciudadano H.G.H. y que además tampoco quedó demostrado que dicho predio es de la propiedad del Instituto Nacional de Tierras, mal pudo el órgano administrativo agrario haber adjudicado dicho lote de tierra sin notificar formalmente a los ocupantes actuales de la iniciación del procedimiento administrativo de adjudicación, sin atender el imperativo del artículo 49 de nuestra Carta Magna y ante la posibilidad de afectar la situación jurídico subjetiva de los mismos.

De manera que, es concluyente para este Juzgador que en el caso sometido a estudio, el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras, en Sesión de Directorio N° 207-08, de fecha 11 de noviembre de 2008, por medio del cual se le otorgó Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario, a favor del ciudadano H.G.H., sobre un lote de Terreno contentivo de dieciséis hectáreas con cuatro mil doscientos setenta y dos metros cuadrados (16 ha con 4272 m2 ) ubicado en el sector pegones, asentamiento campesino Apamates Pegones, Parroquia Tinaquillo, Municipio F.d.e.C., sin serle notificado a las personas que en la actualidad ocupan el lote de terreno en cuestión, sin permitirle acceder al expediente, ni presentar sus alegatos, promover sus pruebas etc., constituye la configuración de la prescindencia total y absoluta del procedimiento administrativo, traduciéndose en una evidente violación al debido proceso y por consiguiente una violación del derecho de defensa, lo cual, conduce a este Tribunal a declarar de pleno derecho la nulidad de los actos administrativos impugnados, referidos a que dicho Instituto otorgó titulo de adjudicación y carta de registro a favor del ciudadano H.G.H., sobre un lote de Terreno contentivo de dieciséis hectáreas con cuatro mil doscientos setenta y dos metros cuadrados (16 ha con 4272 m2 ) ubicado en el sector pegones, asentamiento campesino apamates pegones, Parroquia Tinaquillo, Municipio F.d.e.C., alinderado así: Norte Terrenos ocupados por la Empresa ALFRIO C.A. y M.M., Sur: terrenos ocupados por la empresa ALFRIO C.A., Este: terrenos ocupados por M.M., Oeste: terrenos ocupados por la empresa ALFRIO C.A., y Fundo El Botalónal tal y como se dejara expresamente establecido el la dispositiva de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

En el mismo orden de ideas, al haberse verificado en el presente caso una franca violación al debido proceso y al derecho de defensa, toda vez que fue vulnerado el procedimiento administrativo legalmente establecido, tal y como antes se dejó señalado, circunstancia ésta que llevó a declarar de pleno derecho la nulidad absoluta de los actos administrativos recurrido considera este Tribunal, que resulta inoficioso entrar a analizar los demás argumentos de impugnación con respecto al acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras, en sesión de Directorio N° 207-08, de fecha 11 de noviembre de 2008 en el cual se acordó otorgar Título de Adjudicación y Carta de Registro Agrario. Así se decide.

-VII-

DECISIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES CON COMPETENCIA EN LOS ESTADOS ARAGUA, CARABOBO Y COJEDES, CON SEDE EN SAN CARLOS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

CON LUGAR, el recurso de nulidad interpuesto por la abogado N.R.d.G., titular de la Cédula de identidad Nro: 4.270.918, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 13.026, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos R.M.D.M., C.H. MEIER M, L.M.D.S., G.M.D.T., C.M.M. y G.A.M.M., titulares de las Cédulas de Identidad Nros: 380.507, 5.386.241, 3.096.581, 3.096.580, 4.137.776, 2.838.232, respectivamente, contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras en reunión N° 207-08 de fecha 11 de noviembre de 2008, por medio del cual decidió otorgar Titulo de Adjudicación y Carta de Registro N° 91015102008RAT17233 a favor del ciudadano H.G.H., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°7.532.152, sobre un lote de terreno ubicado en el asentamiento campesino Apamates o Pegones, ubicado en el Sector Pegones, Parroquia Tinaquillo, Municipio Falcón, del estado Cojedes

LA NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras en reunión N° 207-08 de fecha 11 de noviembre de 2008, por medio del cual decidió otorgar Titulo de Adjudicación y Carta de Registro N° 91015102008RAT17233 a favor del ciudadano H.G.H., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°7.532.152, sobre un lote de terreno ubicado en el asentamiento campesino Apamates o Pegones, ubicado en el Sector Pegones, Parroquia Tinaquillo, Municipio Falcón, del estado Cojedes, dentro de los siguientes linderos: Norte: Terrenos Ocupados por le Empresa ALFRIO y M.M., Sur: Terrenos ocupados por la Empresa ALFRIO, Este: Terrenos Ocupados por m.M. y Familia Meye y Oeste: terrenos ocupados por la empresa ALFRIO y Fundo Botalon y en consecuencia inexistente y sin ninguna eficacia jurídica el indicado acto administrativo

Notifíquese a las partes de la presente decisión de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por la Secretaria de la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala donde despacha este JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES CON COMPETENCIA EN LOS ESTADOS ARAGUA, CARABOBO Y COJEDES, CON SEDE EN SAN, en San Carlos, a los veintiséis (26) días del mes de julio de (2010).- AÑOS: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-

El Juez,

Msc. D.G.P..

La Secretaria,

Abg. MARISOL W F.E.

En esta misma fecha se dictó y publicó la presente decisión, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m), quedando anotada bajo el Nº: 0593

La Secretaria,

Abg. MARISOL W F.E.

Expediente Nº:757/08.-

DGP/ mrcm