Decisión de Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de Merida, de 15 de Octubre de 2009

Valor y Mérito Jurídico de todos los documentos actos y actas que constan en el expediente en todo lo que le sea favorable.

Valor y Mérito Jurídico del Documento Protocolizado por ante la oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo E.d.E.M., en fecha 13 de julio de dos mil, bajo el N° 21, documento de parcelamiento de Urbanismo de la Urbanización Padre Duque. Con esto se prueba que dicha vivienda objeto del contrato de arrendamiento, esta regida por normas de interés social y orden público.

Valor y Mérito Jurídico de todas las normas Constitucionales y Especiales de Interés Social de vivienda y hábitat y de orden público.

CAPÍTULO VII

DECISIÓN EXPRESA, POSITIVA Y PRECISA CONFORME

A LA ACCIÓN DEDUCIDA Y LAS DEFENSAS OPUESTAS

Previamente a la decisión de fondo de la presente causa, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la defensa de fondo opuesta por la parte demandada, en la oportunidad de dar contestación a la demanda , mediante la cual alega la falta de Cualidad e interés de la actora A.R.R.d.G., para intentar la demanda en su contra por no tener autorización del INFRAM para cederle en arrendamiento el inmueble objeto del arrendamiento, por no ser propietaria del mismo como lo manifiesta en el contrato de arrendamiento viciado de nulidad absoluta. No tiene la cualidad para obrar carece de legitimatio ad causam, condición referida a la titularidad del derecho sustancial, dice que es propietaria y por eso arrienda y resulta que no lo es ni estaba autorizada por ente público INFRAM. La actora se fundamenta en un contrato de arrendamiento autenticado con apariencia de estar conforme a derecho, es decir, legal en todos sus aspectos, pero está viciado de nulidad absoluta, por ser fraudulento, al atribuirse la actora la propiedad, tiene que demostrar que es propietaria. La actora no tiene autorización de ninguna clase expedida por el propietario frente a terceros, el INFRAM, ni contrato de administración otorgado por el INFRAM, no es usufructuaria, ni acreedora anticrética, ni depositaria ni poseedora (Artículos 597, 1582 y 1885 del Código Civil y 541 del Código de Procedimiento Civil) ni cuenta con autorización o poder del INFRAM para actuar en su nombre. El bien inmueble objeto del arrendamiento, es un bien de utilidad pública e interés social, es decir, se rige en todos sus aspectos por el orden público, por lo que no puede ser derogado por la voluntas de los particulares, conforme al Artículo 5, del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que r.E.S.d.V. y Política Habitacional. Que el artículo 4 en concordancia con el 29 en su ordinal 3ero y artículo 8 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que r.E.S.d.v. y Política Habitacional, obliga al adjudicatario y beneficiario del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, por haber sido seleccionado para que habite la vivienda permanentemente y cumpla con los deberes impuestos. Conforme al artículo 1920 del Código Civil debe probarse la propiedad del inmueble objeto del arrendamiento viciado de nulidad, porque ese es el carácter con que arrienda la actora. La parte actora jamás ha poseído legalmente ni materialmente dicha vivienda ni de hecho ni de derecho.

Que establece el Decreto con Rango y Fuerza de Ley que R.e.S.d.V. y Política Habitacional vigente, que no pueden darse en arrendamiento ni subarrendamiento total ni parcial los inmuebles. Que en su artículo 5, que declara la utilidad pública y de interés social, que en su artículo 4, establece el derecho al beneficio de asistencia habitacional, que en su artículo 8 parágrafo único, exige el cumplimiento de deberes por parte del beneficiario de dicha asistencia según el programa habitacional del que se trate, que el artículo 9 establece que serán considerados como sujetos de protección especial por parte del Estado. Normas de interés social establecidas también en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral vigente, en su artículo 2, que establece la protección, en el 4, que establece los derechos sociales como irrenunciables, en su artículo 9, que rige el principio del orden público y el 17, que garantiza el derecho a la vivienda y hábitat.

Conforme a lo expuesto, pasa esta Tribunal a determinar si en el caso que nos ocupa la parte actora tiene cualidad e interés para interponer la demanda que da origen a la presente causa, para lo cual se hace necesario hacer las siguientes consideraciones:

La “FALTA DE CUALIDAD”, es sinónimo de “Carencia de Acción”. Entre la Acción y el Interés Jurídico, existe un nexo de coordinación lógica y necesaria. La Acción, es un derecho específicamente procesal, conferido por la Ley, en consideración de un interés preexistente y solamente afirmado independientemente de la circunstancia de que ese interés sea reconocido luego como realmente existente en la decisión. De manera que, la cualidad activa y pasiva se deriva, en regla general, de la titularidad y sujeción, respectivamente, a un determinado interés jurídico que se afirma existente entre partes, es manifiesto que esa titularidad y sujeción afirmados son los únicos elementos externos que confieren a los litigantes el derecho de acción y la sujeción a la acción, de tal modo que existe entre ellos una perfecta correspondencia lógica. La falta de esa correspondencia lógica entre el titular de la relación o estado jurídico sustancial y el titular de la acción, considerada desde el punto de vista concreto, es lo que constituye la “falta de cualidad”, que se debe a la identidad lógica entre interés y acción. De tal manera, que al preguntarnos, ¿Tienen cualidad los actores para sostener el presente juicio? La respuesta debe plantearse en saber qué sujetos de derecho pueden y deben figurar en la relación procesal. La “cualidad”, como lo afirma el procesalista A.B. (Comentarios al Código de Procedimiento Civil. 1.924, Tomo III, Pág. 129), es el derecho o potestad para ejercitar determina acción, y es sinónima o equivalente de interés personal e inmediato, porque aunque una acción exista, sino se está directamente interesado en hacerla valer, proponiéndola por sí o en nombre de otro, cuyo interés se representa, no se puede decir que se tiene el derecho, que se tiene la cualidad necesaria para intentarla.

Sobre dicha defensa, la Sala de Casación Civil en decisión N° 252, de fecha 30 de abril de 2008, recogió la doctrina expuesta por el Tribunal Supremo de Justicia en torno a la legitimación o cualidad al señalar lo siguiente:

En ese mismo orden de idea, jurisprudencialmente se ha definido legitimidad o cualidad, y al respecto la Sala Constitucional, en expediente Nº 00-0096, sentencia Nº 102 de fecha 6 de febrero del 2001, caso: Oficina G.L., C.A., indicó: “…La doctrina más calificada, define en los siguientes términos el significado de la legitimación a la causa: “Al estudiar este tema se trata de saber cuándo el demandante tiene derecho a que se resuelva sobre las determinadas pretensiones contenidas en la demanda y cuándo el demandado es la persona frente a la cual debe pronunciarse esa decisión, y si demandante y demandado son las únicas personas que deben estar presentes en el juicio para que la discusión sobre la existencia del derecho material o relación jurídica material pueda ser resuelta, o si, por el contrario, existen otras que no figuran como demandantes ni demandados.” (Ver H.D.E.. Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I. Editorial Temis. Bogotá. 1961.Pág 489).

Por su parte, el procesalista J.G., señala:

Legitimación procesal es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio, y en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso

(subrayado de la Sala. Ver J.G., Derecho Procesal Civil. Instituto de Estudios Políticos. Gráficas González. Madrid. 1961. pág. 193).

Señala Carnelutti sobre las dos cuestiones fundamentales a las que debe responder el proceso y que, a la vez, constituyen su razón de ser: “…media una cuestión de legitimación, cuando la duda se refiere, no a si el interés para cuya tutela se actúa está en litigio, sino a si actúa para su tutela quien debe hacerlo…” (ver. Carnelutti. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo III. Uteha Argentina. Unión tipográfica Editorial Hispano América. Buenos Aires 1.944. pág 165).

Dentro de los presupuestos materiales de la sentencia de fondo, en particular de la sentencia favorable, se encuentran los presupuestos de la pretensión; a saber: a) la legitimatio ad causam; b) el interés para obrar; y c) en algunos casos, el cumplimiento de ciertos requisitos previos para que el juez pueda proveer sobre el fondo de la controversia, como podría ser, en nuestro ordenamiento procesal, algunos procedimientos especiales, tal la preparación de la vía ejecutiva.

Ahora bien, la legitimatio ad causam, es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido, y el demandado la obligación que se le trata de imputar; la falta de legitimación acarrea ciertamente que la sentencia deba ser inhibitoria; no se referirá a la validez del juicio ni a la acción, sólo será atinente a la pretensión, a sus presupuestos. Se trata pues, de una valoración que debe realizar el sentenciador sobre la pretensión, para poder proveer sobre la petición en ella contenida.

Señala Devis Echandía:

Como se ve, la legitimación es, en realidad, un presupuesto de la pretensión contenida en la demanda, entendiendo el concepto en su verdadero sentido; es decir, que sea procedente la sentencia de fondo. Forma parte de la fundamentación de la demanda en sentido general, pero si falta es más apropiado decir que ésta es improcedente, porque así se da mejor idea de la situación jurídica que se presenta; no procede entonces resolver sobre la existencia del derecho o relación jurídica material, y el juez debe limitarse a declarar que esta inhibido para hacerlo. Y se debe hablar de demanda infundada, cuando no se prueba el derecho material alegado o cuando aparezca una excepción perentoria que lo desvirtúe o extinga.

(Ver H.D.E.. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Temis .Bogotá. 1961. pág. 539)…”

Sobre este mismo particular la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha catorce (14) de julio de dos mil tres (2003), caso P. Musso en recurso de revisión, señaló:

Anteriormente se confundían, los conceptos de legitimación de las partes, con la titularidad del derecho solicitado y con el interés personal necesario para accionar. La cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de cualidad activa.

Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho. El juez, para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma titular del derecho para que se dé la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva.

La misma Sala, en expediente Nº 02-1597, sentencia Nº 1930, de fecha 14 de julio de 2003, caso: Oficina G.L., C.A., indicó:

…Establecido lo anterior, debe esta Sala aclarar los conceptos de legitimación o cualidad para ser parte en juicio, para así establecer si la misma se refiere al fondo de la controversia o es una formalidad (esencial o no) de la consecución de la justicia. Anteriormente se confundían, los conceptos de legitimación de las partes, con la titularidad del derecho solicitado y con el interés personal necesario para accionar. La cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de cualidad activa. Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho. El juez, para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho para que se dé la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva. La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella, le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas en las cuales ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial…

En el mismo orden de ideas, la Sala Político Administrativo, en sentencia de fecha 19 de noviembre de 2003, Caso Consorcio Nacional Aeromapas Seravenca, C.A., contra La Fundación Para El Desarrollo De La Comunidad Y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), estableció lo siguiente:

(…) Ahora bien, la cualidad se define como la identidad lógica entre quien se afirma titular de un derecho y aquél a quien la ley, en forma abstracta, faculta para hacerlo valer en juicio (legitimación activa); y, en segundo lugar, entre la persona contra quien se ejerce tal derecho y aquélla a quien la ley determina para sostener el juicio (legitimación pasiva). Así, la ausencia de esta correspondencia configura la falta de cualidad pasiva o activa, según sea el caso. A lo brevemente expuesto sobre esta figura procesal, conviene añadir, que no debe confundirse el derecho que tienen las partes para plantear y sostener una controversia ante los órganos de administración de justicia, con el derecho que configura el asunto en litigio, el cual se hace valer a través de la pretensión del actor y de las defensas opuestas por el demandado y cuya titularidad sólo puede ser dilucidada en la definitiva como una cuestión de mérito (…)

Criterio que se contempla en sentencia de la Sala Político Administrativa Nº 939, de fecha 18 de abril de 2006, caso: G.G.d.P. contra Instituto Nacional de la Vivienda, hace referencia al tema, señalando:

(…) Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala que la cualidad reviste un carácter de eminente orden público (Vid. entre otras sentencia N° 00792 de fecha 03 de junio de 2003), lo que evidentemente hace indispensable su examen en aras de garantizar una sana y correcta administración de justicia. En este sentido, es unánime la doctrina y la jurisprudencia al considerar que la cualidad o legitimatio ad causam es condición especial para el ejercicio del derecho de acción. Siguiendo las enseñanzas del autor L.L., se puede afirmar que tendrá cualidad activa para mantener un juicio “toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio” y, tendrá cualidad pasiva “toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés”. Así, la cualidad no es otra cosa que la “relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la ley concede la acción o la persona contra quien se concede y contra quien se ejercita en tal manera (...) (Loreto, Luis, Ensayos Jurídicos, “Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad”, Ediciones Fabreton –ESCA, Caracas 1970.)

Ciertamente, la cualidad debe entenderse como la idoneidad activa o pasiva de la persona para actuar válidamente en juicio, idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito a favor o en contra. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 6.142, de fecha 09 de noviembre de 2005.)…”

De lo anterior, se desprende que la cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor o demandado en relación a la titularidad del derecho, lo que indica que basta con la simple afirmación de la titularidad del derecho, para que el juez considere la existencia de la misma, ya que para su constatación no es necesario a.l.t.d. aquel, sino la idoneidad activa o pasiva de la persona para actuar válidamente en juicio. Y es por ello, que tendrá cualidad activa para mantener un juicio toda persona que se afirme titular de un derecho, y tendrá cualidad pasiva toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés. De manera que, una vez alegada la falta de cualidad en la contestación de la demanda, tal y como lo indica nuestro legislador procesal, surge en el juez la obligación de pronunciarse en la oportunidad de dictar sentencia, respecto a su existencia, para lo cual debe limitarse a constatar si la persona que acudió al juicio se afirma titular de un interés jurídico propio, o por el contrario, si la persona contra quien se instauró la demanda es la misma contra quien se afirmó la existencia de aquel interés. (Expediente N° AA20-C-2007-000354).

Es importante destacar que la legitimación se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario, y que no se produzca la contención entre cualesquiera partes, sino entre aquellas en las cuales existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.

Así, el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, establece:

En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar. Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9º, 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas. Si el demandado quisiere proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación.

De conformidad con el precitado artículo, la falta de cualidad es una excepción que debe ser decidida en la oportunidad de dictar sentencia de fondo, así ella pueda obrar contra el derecho de acción.

Ahora bien, es importante resaltar que en fecha 17 de junio 2005 (f. 95), este Juzgado solicitó al Director del Instituto De Infraestructura del Estado Mérida (INFRAM), se le suministrara información acerca de:

(…) si el inmueble ubicado en la urbanización “Padre Duque “, calle 6, casa Nº 21, Manzano Alto, Parroquia Montalbán del Municipio Campo Elisa, pertenece en la actualidad al INFRAM ,o si existe algún documento de traspaso o adjudicación de la propiedad a alguna persona natural.

En fecha 23 de septiembre de 2005 (f. 97), se recibió comunicación del Director del Instituto MINFRA, expedida por el Arq. Heberto R Altuve U.

Ahora bien por cuanto se observa que el oficio Nº 355, fue recibido NINFRA y no por INFRAM se acordó oficiar nuevamente.

En fecha 08 de diciembre de 2005 (fs. 103-105), se recibió comunicación del Jefe de la Consultoría Jurídica del Instituto de Infraestructura del Estado Mérida (INFRAM), mediante la cual informaron a este juzgado entre otras cosas lo siguiente:

…omissis…

Para preservar el interés social, es necesario que en caso de enajenación ,arrendar , gravar el inmueble tiene que mediar una autorización expresa por parte del Instituto ,sin la cual los ciudadanos notarios y registradores públicos , deben abstenerse de autenticar o protocolizar cualquier operación legal que involucre los inmuebles propiedad de esta Institución .En el caso nos atañe y realizando consideraciones de fondo , es inaudito que haya realizado un acto de compra-venta autenticada fundamentada en una factura y sin que mediara autorización expresa de este Instituto para la venta y posteriormente para el acto de arrendamiento por parte de la ciudadana A.R.R.D.G., lo que se significa que en ningún momento la referida ciudadana a tenido relación administrativa, ni crediticia con el INFRAM , lo que a todas luces se puede considerar como una manifestación tasita de no necesitar la vivienda. En cuanto a su requerimiento el inmueble no se ha otorgado hasta la presente fecha ni por vía de autenticación ni protocolización al ciudadano A.R.A. y por otro lado la venta pautada por este ciudadano se considera irrita, por4 lo que este Instituto en el marco de potestades legales sigue siendo el legitimo propietario del inmueble en comento (…)

Observa el Tribunal que la parte actora se fundamentó en un contrato de arrendamiento, autenticado por ante la Oficina Notarial Pública Tercera del Estado Mérida, anotado bajo el Nº 98, Tomo 12, de fecha 01-04-1998, con apariencia de estar conforme a derecho, esto es, legal en todos sus aspectos, puesto que al atribuirse el actor la propiedad, tenía que demostrar que era el legítimo propietario del inmueble objeto del litigio (consistente en inmueble ubicado en la Urbanización “Padre Duque”, Parroquia Montalbán, Municipio Campo Elías, Ejido, del Estado Mérida , calle 6 casa Nº 21 Manzano Alto, dicho inmueble es producto de planes habitacionales del Estado Venezolano, regido por las normas de rango constitucional, de interés social y de utilidad pública, sin tener la parte actora autorización escrita, ni verbal del propietario [Instituto de Infraestructura del Estado Mérida (INFRAM)], para celebrar contratos de arrendamiento frente a terceros, ni de administración u otro semejante, ni cuenta con autorización o poder del Instituto de Infraestructura del Estado Mérida (INFRAM), para actuar en su nombre.

Es importante resaltar, que el bien inmueble objeto del arrendamiento, es un bien de utilidad pública e interés social, es decir, se rige en todos sus aspectos por el orden público, por lo que no puede ser derogado por voluntad de los particulares, como lo señala el artículo 5, del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que R.e.S.d.V. y Política Habitacional.

Ahora bien, el inmueble objeto del arrendamiento, actualmente es un bien propiedad de un Instituto del Estado Venezolano, como lo es el Instituto de Infraestructura del Estado Mérida (INFRAM), según consta en comunicación que aparece inserta a los folios 103 al 105 de la presente causa, de fecha 05 de diciembre 2005, y la cual ya fue transcrita parcialmente up-supra, como quedó demostrado de los autos.

Asimismo, se observa a los folios 49-63, copia fotostática de un documento Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo E.d.E.M., en fecha 13 de julio de 2000 ,registrado bajo el Nº 21, folios 113-130, Protocolo Primero, Tomo Primero, Tercer Trimestre del año en curso, al cual este tribunal le da el valor probatorio de principio de prueba por escrito, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que conforme a lo expuesto, para la interposición de la presente demanda resultaba necesario que el demandante fuese el PROPIETARIO DEL INMUEBLE PARA EL MOMENTO EN QUE APARENTEMENTE hubo insolvencia del arrendatario, pues mal podría ciertamente demandar la resolución de contrato de arrendamiento por incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento de los meses de abril 2002 hasta el 31 de noviembre 2003, inclusive y los que se sigan venciendo hasta la fecha definitiva de la entrega del inmueble, puesto que es el Instituto de Infraestructura del Estado Mérida (INFRAM), quien funge formalmente como propietario ante la Ley.

En consecuencia, al no existir cualidad activa ni pasiva del actor con la parte demandada, puesto que si bien es cierto, que la ciudadana A.R.R.D.G., dio en arrendamiento al ciudadano O.F.P.R., un inmueble ubicado en la Urbanización “Padre Duque”, de la ciudad de Ejido Estado Mérida, vía Manzano Alto calle 6 , signado con la nomenclatura Municipal Nº 21, Jurisdicción del Municipio Campo E.d.E.M., no es menos cierto que dicho inmueble le pertenece como quedó demostrado en autos, al Instituto de Infraestructura del Estado Mérida (INFRAM), por lo que dicha ciudadana carece de CUALIDAD para incoar la presente acción, en tal sentido, la demanda incoada por la parte actora debe ser desestimada, sin que se haga necesario entrar esta sentenciadora a conocer el fondo de la misma. Así se decide.

DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d.l. Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana y por autoridad de la Ley, DECLARA:

CON LUGAR la excepción de falta de cualidad esgrimida como defensa perentoria en la contestación de la demanda por el ciudadano O.F.P.R., parte demandada; en su carácter acreditado en autos.

SIN LUGAR LA DEMANDA, intentada por las abogadas, B.E.M.d.B. y D.M.A., actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana A.R.R.d.G., por resolución de contrato de arrendamiento por incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento.

Se suspende la medida de secuestro decretada por este Tribunal en fecha 22-01 2004, sobre el inmueble ubicado en la Urbanización “Padre Duque”, de la ciudad de Ejido Estado Mérida, vía Manzano Alto calle 6 , signado con la nomenclatura Municipal Nº 21, Jurisdicción del Municipio Campo E.d.E.M.; una vez quede definitivamente firme la presente decisión.

Se condena al pago de las costas procesales a la parte perdidosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por cuanto la presente Sentencia fue publicada fuera del lapso legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 233 y 174, ejusdem, se ordena la notificación de las partes y/o a sus apoderados, a cuyos efectos se ordena librar las respectivas Boletas de Notificación, haciéndoles saber a los mismos que una vez que conste en autos la última Boleta de Notificación, el día hábil de despacho siguiente, comenzará a discurrir el lapso para interponer los recursos que considere procedentes en derecho.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DEL JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D.L. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, a los quince días del mes de octubre de dos mil nueve. Años 198° de la Independencia y 150° de la Federación.

La Juez Titular,

Abg. Roraima S. M.V.

El Secretario,

Abg. J.A.M.

En la misma fecha se publica la anterior sentencia, siendo las 10:00 a.m. Déjese copia certificada de esta Sentencia por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

El Secretario,

Abg. J.A.M.

RSMV/JAM/gc.-